Las propuestas ambientales deberían ser un eje estratégico de los planes de desarrollo del futuro gobernante. Aquí, unas ideas esenciales para suplir ese vacío.
Ernesto Guhl Nannetti*
Un desafío urgente…y ausente
Las variables y los impactos ambientales han adquirido una importancia creciente para la seguridad, la salud, la calidad de vida, la economía y el bienestar de la población. Por eso, la protección del ambiente se ha convertido en un tema sociopolítico de primer orden que debería incorporarse en todos los programas de gobierno y en todas las políticas públicas.
La gestión de los problemas ambientales necesita una visión de largo plazo, unas instituciones capaces y comprometidas y una participación social clara y amplia, además de la coordinación entre todos los actores y los recursos financieros suficientes.
A pesar de la importancia de los asuntos ambientales, en esta campaña han abundado las propuestas simplistas. Algunas de ellas pueden ser deseables, pero a menudo desconocen la realidad y la complejidad de los problemas socioecológicos del país y la interdependencia de las variables de las cuales depende su cumplimiento.
En este y en un próximo artículo trataré de suplir ese vacío de propuestas para solucionar algunos de los grandes problemas ambientales del país. Trataré de mostrar las potencialidades de la protección ambiental y la sostenibilidad territorial para crear nuevas posibilidades de empleo, educación y ciencia.
Los dos países
La meta esencial de cualquier sociedad debe ser su supervivencia y equidad y la mejora de la calidad de vida; es decir la sostenibilidad. Para lograr esta meta antes de que sea demasiado tarde, hay que dar prioridad a los asuntos más necesarios y urgentes para transformar nuestras relaciones con la naturaleza y entre nosotros mismos.
El primer paso es conocer, divulgar y conservar el potencial de nuestros ecosistemas. Colombia es más extensa de lo que se piensa: la Orinoquía, la Amazonía y la costa Pacífica abarcan cerca del 80 % de su superficie y alojan la mayoría de sus recursos renovables. Por razones de salubridad, de dificultad de acceso y de control efectivo del territorio, el país ha mirado estos grandes espacios con desprecio y con temor, sentimientos originados en la falta de conocimiento. A su vez, la población de la parte “desarrollada” del país, ha vivido encaramada en la región Andina y en el borde de la costa Caribe, dándole la espalda al resto del territorio incluyendo el mar.
A lo largo de la historia hemos construido ciudades y territorios insostenibles basados en una economía extractivista con visión de corto plazo.
Esta división de Colombia en “dos países” ha hecho que las regiones menos integradas sean las mejor conservadas y se conviertan hoy en el territorio con mayores posibilidades de alojar nuevas formas de progreso sostenible. Pero este potencial podría perderse si no se aprovecha pronto.
Educación y ciencia para la sostenibilidad
Para avanzar hacia un territorio sostenible es esencial la educación ambiental que les permita a los ciudadanos valorar el potencial ambiental de Colombia. El primer paso es formar maestros y capacitadores en asuntos ambientales y llegar hasta los niveles más altos de la ciencia y de la investigación.
El programa de educación ambiental debería ser descentralizado, abarcar todos los niveles educativos y realizarse en concordancia con las características culturales y ecológicas de las regiones. También se debe complementar con campañas de sensibilización sobre la importancia de respetar los límites y capacidades del ambiente para mantener la calidad de vida.
En el futuro, este esfuerzo debería permitir programas continuos de investigación científica avanzada para aprovechar las fortalezas naturales del país. Las tres principales potencialidades con que contamos son la megabiodiversidad, la riqueza hídrica y la radiación solar. El aprovechamiento sostenible de estos recursos es un reto inmenso y vital, que Colombia debe abordar de inmediato.
Ordenamiento sostenible del territorio
Tradicionalmente se ha mantenido una falsa dicotomía entre lo urbano y lo rural: en general, lo urbano se asocia con el progreso, la modernidad y el bienestar, mientras que lo rural se asocia con la pobreza, la baja calidad de vida y el atraso.
Pero esta dicotomía es falsa porque el territorio constituye una unidad: existe un continuo entre lo urbano y lo rural, ambos comparten el espacio y son interdependientes. Desafortunadamente, en Colombia hemos construido ciudades y territorios insostenibles basados en una economía extractivista con visión de corto plazo. La pobreza y la violencia han impulsado la migración de lo rural a lo urbano y los territorios han crecido de forma desordenada. Pero el componente urbano tiene una mayor dependencia del rural, y no en el sentido inverso, lo que ha derivado en una relación parasitaria.
A lo largo de la historia hemos construido ciudades y territorios insostenibles basados en una economía extractivista con visión de corto plazo, agravada por la migración rural-urbana impulsada por la pobreza y la violencia. Son evidentes y crecientes los casos criminales contra el territorio como la minería ilegal y la deforestación incontrolada, que destruyen y envenenan las fuentes de agua y los ecosistemas.
No tener en cuenta la interdependencia entre lo urbano y lo rural, ha hecho que las ciudades no se hayan sentido obligadas a controlar sus impactos sobre el agua, el suelo, el aire y la biodiversidad y a que impulsadas por el interés urbanizador y fiscalista, se hayan expandido sin tener en cuenta la vocación del suelo que han ocupado, incluyendo tanto zonas con los mejores suelos agrícolas y valiosos ecosistemas, como zonas de alto riesgo, en las que se asientan de manera espontánea los grupos más pobres y desprotegidos y generando fuertes impactos ambientales concentrados.
Los instrumentos normativos de ordenamiento territorial no han logrado resolver estos problemas. Los planes de ordenamiento territorial (POT) que ordenó la Ley 388 de 1997 tienen un énfasis marcadamente urbano y municipalista, por lo tanto, no pueden superar los límites de la jurisdicción municipal. Al tener un ámbito tan restringido, ignoran que los elementos estructurantes del territorio tienen una mayor amplitud espacial, los llamados “determinantes ambientales”, como la Estructura Ecológica Principal, las cuencas hidrográficas, la morfología del territorio y las relaciones entre municipios vecinos tienen un carácter supramunicipal. En Colombia el ordenamiento del territorio debería tener el agua como eje.
Por todo lo anterior, el primer paso para cambiar la situación es modificar la Ley 388 para encontrar nuevas formas de aprovechar de manera integral, el territorio de manera sostenible.
El papel del Estado
Durante el posconflicto se ha hecho evidente que la falta de presencia del Estado en los territorios previamente controlados por las FARC representa un peligro para el ambiente. Si el Estado no ejerce eficazmente sus funciones y controla estos territorios, las consecuencias para los bienes y servicios ambientales pueden ser irreparables.
Por ejemplo, en la región amazónica, que ocupa el 42 % del territorio continental y en la cual habita apenas alrededor del 1 % de la población, existe un vacío notable de poder estatal. Durante las últimas décadas, el lugar del Estado ha sido ocupado por grupos ilegales, que se han apropiado del territorio y han sometido y desplazado a la población de forma violenta. A su vez, la región amazónica es una de las zonas más afectadas en términos ambientales: en los medios hemos visto los incendios de enormes territorios en la Amazonía y la deforestación descontrolada, con la consecuente pérdida de bienes y servicios ecosistémicos muy valiosos a escala regional, nacional y planetaria.
Para cambiar esta situación, el Estado debe ejercer una presencia permanente en todo el territorio nacional, que se traduzca en inversión y en servicios sociales que mejoren la calidad de vida de la población de acuerdo con sus usos y costumbres.
La expansión incontrolada de la frontera agrícola debe contenerse mediante nuevos mecanismos y sistemas de vida: por ejemplo, reemplazando las actividades ineficientes e insostenibles, como la ganadería extensiva, por reservas campesinas basadas en la agroecología.
Además, el próximo gobierno debería adelantar tres acciones concretas que contribuirían a transformar nuestra relación con la naturaleza y proteger el ambiente en un escenario de posconflicto:
- Consolidar y ejecutar el Acuerdo de Paz, inclusive adaptando lo pactado a las nuevas realidades. Esto permitirá transitar a una nueva época de mayor presencia estatal y la protección del ambiente y de sus defensores.
- Reformular la política antinarcóticos, adoptando estrategias diferenciales en función de las características y necesidades de los muy diversos grupos humanos que componen los distintos eslabones de la cadena de valor del narcotráfico.
El objetivo debería ser reemplazar el enfoque delictivo y simplista por uno más responsable en términos sociales y ambientales. Por ejemplo, en el caso del primer eslabón de la cadena, los cultivadores, habría que adoptar programas de sustitución de cultivos eficiente y completo, con canales de apoyo en materia de agroecología, comercialización y distribución. Estos tipos de programa permitirían que los campesinos llevaran sus productos más directamente hasta los consumidores finales, con un sello que garantice el comercio justo y la protección del ambiente.
El Estado debe ejercer una presencia permanente en todo el territorio nacional, que se traduzca en inversión y en servicios sociales que mejoren la calidad de vida de la población de acuerdo con sus usos y costumbres.
- Aprovechar el amplio potencial de radiación solar para generar y distribuir energía eléctrica y térmica. Este es un gran reto, en especial en las zonas de los Llanos y de la llanura Caribe, que tienen niveles de radiación muy superiores al promedio.
También se debe tener claridad sobre la verdadera disponibilidad de energía eólica en el país. Hay que tener claro que su potencial se concentra en áreas reducidas de la Guajira y durante épocas muy marcadas a lo largo del año, cuando los alisios tienen su mayor penetración hacia el sur.
En la próxima edición de Razón Pública encontrará la continuación de este artículo en el que se abordará la necesidad transición hacia nuevos modelos económicos, la gobernanza participativa, el problema de la deforestación, la lucha contra la contaminación y el liderazgo propio en la política ambiental internacional.
Esta y otras propuestas se encuentran de forma detallada en el libro Antropoceno: la huella humana. La frágil senda hacia un mundo y una Colombia sostenibles. Próximamente en librerías.
