Nombró a Carrasquilla ministro de ambiente ad hoc para el proceso de licenciamiento de Minesa y en dos meses se expedirá una nueva delimitación del Páramo. ¿Qué esperar?
Erwing Rodriguez-Salah*
Dos riesgos
La semana pasada, ambientalistas y defensores del Páramo de Santurbán se concentraron en la Plaza de Bolívar de Bogotá para exigirle al presidente Iván Duque la protección de ese ecosistema frente a la posibilidad de que se apruebe el proyecto de explotación minera a la empresa Minesa, conocido como Soto Norte. Y es que el páramo de Santurbán, y con él nuestra agua, hoy están en más peligro que nunca. Enfrentan dos riesgos inminentes y gravísimos:
- Que el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS) vuelva a hacer una delimitación político-minera de Santurbán y,
- Que la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) otorgue licencias para la explotación minera en Santurbán o en sus ecosistemas circunvecinos complementarios, por encima de las bocatomas del acueducto metropolitano de Bucaramanga.
¿Una nueva delimitación político-minera?
Aunque habría de esperarse que la delimitación de un ecosistema se hiciera para su protección, este no ha sido el caso de Santurbán. De ahí que el fallido proceso mediante la Resolución 2090 (2014) del MADS me llevó a diferenciar entre dos tipos posibles de delimitación de los ecosistemas de Colombia:
- Una delimitación de tipo político-minero; se realiza en beneficio de una política minera mal concebida o al servicio de los intereses particulares de las empresas mineras. Va en detrimento de nuestra agua y ecosistemas paramunos y acaba siendo reducida a un mapa para la explotación minera.
- Una delimitación técnico-científica acorde con el rigor científico y los estudios técnicos suficientes y pertinentes; entre ellos, los hoy inexistentes estudios hidrológicos e hidrogeológicos, que pueden durar al menos cinco años en realizarse. En últimas, es una delimitación garantista que da prioridad al agua para el consumo humano, y vela por el ecosistema paramuno.
El mejor ejemplo de una delimitación político-minera es la que expidió el gobierno Santos mediante la ya dicha Resolución 2090 y que la Corte Constitucional —en la Sentencia T-361 de 2017— declaró viciada por vulnerar el derecho de la participación ambiental, exigiendo al MADS una nueva delimitación. De hecho, la delimitación de la R. 2090 es muy defendida por los intereses mineros, entre ellos por Minesa, porque deja la demarcación de su proyecto “por fuera del páramo”.
El plazo del MADS para expedir la nueva delimitación de Santurbán vence en dos meses —el 18 de diciembre, exactamente cinco años después de la delimitación de la R. 2090—. Como este tiempo tampoco le alcanzará a la cartera de Ambiente para hacer una delimitación técnico-científica, se percibe la intención de hacer otra delimitación político-minera, otro gran engaño, ahora bajo la administración del presidente Duque.
El gobierno actual puede intentar ratificar la Resolución 2090.
Incluso, para poner a Santurbán a los pies de las empresas mineras, el gobierno actual puede intentar ratificar la Resolución 2090. Como el derecho que la alta Corte consideró vulnerado fue el de la participación ambiental, el gobierno puede pensar que se trata de “echarles el mismo cuento a más personas”, ignorando las peticiones que los accionantes hemos hecho frente a los ministros de ambiente de turno.
El Gobierno también puede hacer una delimitación muy similar a la de la R. 2090, y hasta incluir un mayor número de hectáreas para disimular el nuevo engaño. Las posibilidades de favorecer a las mineras son infinitas si solo se trata de correr una cerca y darle el nombre de “páramo” a lo que esté en su interior.
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La ANLA y la licencia ambiental a Minesa
Otorgar licencias ambientales para la explotación minera en Santurbán y en sus ecosistemas circunvecinos complementarios iría en contravía de indebatibles argumentos técnico-científicos e infringiría la legislación ambiental vigente, como lo expresé en un artículo anterior de Razón Pública.
Hace pocos días el presidente Duque designó al ministro Carrasquilla como ministro de Ambiente ad hoc para emitir concepto vinculante en el interior del Consejo Técnico Consultivo de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, ANLA, dentro del proceso de licenciamiento de Minesa (Decreto Presidencial 1787/4-octubre/2019).
Foto: Alcaldía de Bucaramanga |
Hemos manifestado nuestro rechazo a la designación de Carrasquilla, e incluso solicitamos al Gobierno reconsiderar su decisión. Sin embargo, no podemos quedarnos en este punto, so pena de sumergirnos en un sofisma de distracción.
El tema central aquí es la exigencia al gobierno para que no otorgue la licencia ambiental para la explotación minera al proyecto Soto Norte de la empresa árabe emiratí Minesa, ni a ningún proyecto de este tipo que se ubique por encima de las bocatomas de nuestro acueducto metropolitano, en Santurbán o en sus ecosistemas circunvecinos complementarios. De aprobarse, se afectaría nuestra agua en calidad y cantidad.
Carrasquilla únicamente llevará la voz y la decisión del presidente Duque en el seno del Consejo Técnico, de modo que en la práctica el ministro escogido es lo de menos.
El concepto técnico de la CAR de Bucaramanga
El pasado 9 de septiembre, nuestra CAR, la Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga, emitió un concepto técnico sobre el uso y aprovechamiento de los recursos naturales dirigido a la ANLA. Aunque este es un concepto no vinculante dentro del proceso de licenciamiento de Minesa, y no se trata de la máxima autoridad ambiental del país, la cartera del Ambiente debe tenerlo en cuenta.
El concepto técnico de la CDMB niega todos los permisos —cinco en total— solicitados por Minesa: tres de ellos hacen parte del acápite Componente Abiótico-Recurso Hídrico —concesión de aguas, vertimientos y ocupación de cauces—, decisión acorde con la necesidad de dar prioridad al agua para el consumo humano que venimos recalcando. Los otros dos permisos negados por la CDMB a Minesa son el de emisiones atmosféricas y el de aprovechamiento forestal, por obvias razones que están explícitas en el documento.
Carrasquilla únicamente llevará la voz y la decisión del presidente Duque.
Sobre el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) de Minesa, la CDMB es categórica en afirmar que “presenta información que no permite identificar la conectividad hidrogeológica del páramo con la zona del proyecto en relación con la geología presente”. Esto coincide con la solicitud de estudios hidrológicos e hidrogeológicos que los accionantes hemos presentado para la nueva delimitación de Santurbán.
Por otra parte, aunque la CDMB fue acuciosa al negar los permisos a Minesa con todos los soportes científicos, no ha llevado con diligencia el proceso de investigación ambiental “que vincula a la empresa MINESA como presunto infractor por incumplimiento a la normatividad ambiental y afectación de recursos naturales en el túnel de exploración minera denominado “El Gigante”, en el municipio de California”.
Esta investigación la conocimos a través de su portal web el 21 de noviembre de 2017, lo que quiere decir que está próxima a cumplir los dos años y aun no vemos sus avances. El nombre “El Gigante” habla por sí mismo de la magnitud del túnel, y su reciente cambio a “El Emboque” no es atenuante para los hallazgos que puede encontrar la CDMB. Aunque la mona se vista de seda, mona se queda.
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Un llamado a las instituciones
Apelamos pues a los organismos de control del Estado —Procuraduría General y Defensoría del Pueblo— para que estén atentos al curso de esta investigación. Igualmente, para que consideren el oficio que el director de la ANLA, Rodrigo Suarez Castaño, remitió en mayo de este año a la Secretaría de Transparencia sobre la existencia de posibles hechos de corrupción alrededor de la solicitud de licencia ambiental de Minesa.
Por su parte, el presidente Duque debe reafirmar y honrar su compromiso con Santander, cuando como candidato presidencial, en visita a Bucaramanga, se declaró defensor de Santurbán, y cumplir con su palabra evitando otorgar licencias ambientales a este tipo de proyectos.
Foto: CDMB |
Ante la contundencia de los hechos, el Gobierno no puede tapar el sol con las manos. Las entidades del Estado no pueden convertirse en verdugos del derecho al agua de nuestros hijos. Siempre que exista la posibilidad de afectaciones negativas, el beneficio de la duda debe ser a favor del agua y de los ecosistemas, no de las empresas mineras. Son estas últimas quienes deben asumir la carga de la prueba y demostrar que no van a atentar contra aquellos. Y esto es algo que nunca han podido hacer en Santurbán.
Paradójicamente, el mayor riesgo para el agua y los páramos actualmente procede de las decisiones del Estado, debido a la errada legislación que expide en materias ambientales y mineras. Hoy estas medidas están representadas en la nueva delimitación de Santurbán y el otorgamiento de licencias por parte de la ANLA.
*Líder cívico y ambiental santandereano. Uno de los accionantes de la tutela que dio origen a la S. T-361 de la C.C. que exige una nueva delimitación de Santurbán. Cofundador del Comité para la Defensa del Agua y del Páramo de Santurbán.