Todo indica que este año la disputa por el páramo de Santurbán tendrá algún tipo de desenlace político o jurídico.
Erwing Rodríguez-Salah*
El ser contra el deber ser
Aunque la pandemia detuvo casi todas las marchas y movilizaciones en defensa de los derechos humanos y suspendió muchos procesos y trámites administrativos y judiciales, el año pasado tuvieron lugar varios hechos relacionados con el páramo de Santurbán:
- En agosto se constituyó la Comisión Accidental del Senado para la preservación de Santurbán, coordinada por senador santandereano Jaime Durán Barrera. La comisión se propone hacer el seguimiento a las acciones del gobierno para preservar el páramo.
- En septiembre, el presidente Duque pidió ante la ONU la adopción de una estrategia global en defensa de los páramos, y ese mismo mes, designó a Carlos Eduardo Correa como ministro de Ambiente, un ministro más político que su predecesor.
- En octubre, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) archivó el trámite administrativo del proyecto Soto Norte de Minesa.
En este caso, hay una dicotomía entre el querer y el deber ser: el querer del gobierno y las empresas mineras de hacer minería en el páramo y el deber ser, su protección y su conservación, dirigida a proteger el agua y el derecho a gozar de un ambiente sano.
De esta dicotomía entre el querer y el deber ser se derivan otras, de las cuales la más importante está relacionada con la delimitación del ecosistema: el querer del gobierno y las empresas mineras de hacer una delimitación exprés y política se opone al deber ser, es decir, a una delimitación técnica y científica con estudios hidrológicos e hidrogeológicos.
La delimitación
En 2021, las discusiones sobre Santurbán seguirán girando alrededor de dos procesos interdependientes:
- La nueva delimitación del páramo que debe hacer el Ministerio de Ambiente, por orden de la Corte Constitucional; y
- el otorgamiento de licencias ambientales para la explotación minera, a cargo de la ANLA.
Este año, es probable que el Ministerio de Ambiente trate de concertar con las comunidades su “Propuesta integrada de delimitación de Santurbán”. En realidad, esta propuesta no es sino la extensión de la delimitación que ya se hizo en 2014, mediante la Resolución 2090, que la Corte Constitucional declaró viciada: una delimitación a la medida de las empresas mineras, que desconoce el concepto de integralidad del páramo.
Frente a este panorama, los accionantes de la tutela que dio origen a la sentencia T-361 de 2017 seguimos abogando por una delimitación técnico-científica, con los estudios hidrológicos e hidrogeológicos de rigor, diametralmente opuesta a la que quiere hacer el Gobierno.
Mientras que el presidente Duque dice ante la ONU que quiere proteger los páramos, en la práctica ha hecho una estrategia para su explotación.
Las licencias ambientales
Es evidente que el gobierno Duque quiere que proyectos como el de Minesa y otros similares obtengan su licencia ambiental a toda costa.
En octubre, la ANLA decidió archivar el trámite administrativo del proyecto Soto Norte de Minesa. Aunque algunos celebraron la decisión, en realidad fue simplemente otra estratagema del gobierno para dar un nuevo aire al proyecto minero, pues no se trató de un rechazo y, por lo tanto, la empresa puede volver a presentar su solicitud.
Por eso, los defensores del agua y de los páramos le solicitamos al gobierno y a la ANLA que este año rechace la licencia ambiental para Minesa. Bajo la legislación ambiental vigente, el hecho de que el proyecto de Minesa esté ubicado por encima de las bocatomas de los acueductos metropolitanos es suficiente para negar la licencia.
Hay una dicotomía entre el querer y el deber ser: el querer del gobierno y las empresas mineras de hacer minería en el páramo y el deber ser, su protección y su conservación
Por otra parte, es positivo que se haya creado una Comisión Accidental en el Senado para la preservación de Santurbán, con la participación de múltiples partidos. Si esta comisión cumple a cabalidad con sus funciones, puede tener un papel preponderante en la defensa del páramo.
El Congreso de la República, mediante un efectivo control político proveniente de todos los partidos, puede lograr que el presidente Duque se ubique del lado correcto de la historia y que piense en el bienestar de las futuras generaciones de colombianos. Así, además, evita que los ciudadanos sigamos acudiendo a los estrados judiciales para solucionar este tipo de conflictos.
Debemos exigir que el gobierno cumpla la Constitución y las leyes en materia de protección ambiental. El Congreso, como órgano de control político, tiene un papel fundamental. No podemos permitir que mientras el Congreso legisla, el ejecutivo infrinja.
En conclusión, es probable que este año la disputa por el páramo de Santurbán tenga algún tipo de desenlace político o jurídico. El presidente Duque todavía puede dar un giro de 180 grados para defender el derecho al gua y al ambiente de más de 35 millones de colombianos (más del 70 % de la población colombiana).
Si el presidente no lo hace, los ciudadanos seguiremos acudiendo a los jueces para exigir que se respeten nuestros derechos.
