Las cifras de deforestación o de asesinatos de líderes ambientales siguen siendo preocupantes. Sin embargo, el gobierno dispuso de una serie de medidas que parecen alentadoras en su agenda del cambio.
Óscar Puerta Luchini*
El asesinato de líderes ambientales
En Colombia no nos cansamos de repetir que somos una potencia mundial de la diversidad y nuestros problemas en materia ambiental son proporcionales a esa riqueza por lo que es difícil limitar el balance a un periodo anual.
Tal vez, los problemas más complejos tienen que ver con el asesinato de lideres sociales y ambientales, la deforestación, la transición energética y la adaptación al cambio climático. Los cambios requerirán persistir en los esfuerzos en un largo periodo de tiempo.
Esos problemas, sin que sean los únicos, afectan la diversidad y se manifiestan de forma violenta en el asesinato de líderes ambientalistas y defensores de derechos humanos. Este es el primer punto de análisis.
Según Global Witnees, entre 2020 y 2021, Colombia ocupó el primer y segundo puesto en el asesinato de líderes ambientales en el mundo, con 65 y 33 respectivamente. El balance en 2022 no parece ser mejor, de acuerdo con Indepaz, en 2022 han sido asesinados en Colombia 184 líderes defensores de derechos, dentro de los que se cuentan los lideres ambientales. Una cifra superior a la de los 171 asesinatos de líderes en 2021.
De aquí la importancia de que en octubre de 2022 se haya conseguido ratificar el acuerdo de Escazú, que había sido firmado en 2019, y la relevancia de su implementación para proteger a los defensores del ambiente y para acceder a la información ambiental que es un pilar para la participación y el control ciudadano.
La deforestación
La deforestación es sin duda el principal problema ambiental por su relación directa con la pérdida de biodiversidad y con la crisis ambiental global.
Sin tener las cifras oficiales de 2022, el panorama no parece ser mejor que en 2021. Según el informe del Instituto de Hidrología, Meteorología y Asuntos Ambientales (IDEAM), en 2021 se perdieron 174 mil hectáreas de bosque.
Según Global Witnees, entre 2020 y 2021, Colombia ocupó el primer y segundo puesto en el asesinato de líderes ambientales en el mundo, con 65 y 33 respectivamente. El balance en 2022 no parece ser mejor, de acuerdo con Indepaz, en 2022 han sido asesinados en Colombia 184 líderes defensores de derechos, dentro de los que se cuentan los lideres ambientales. Una cifra superior a la de los 171 asesinatos de líderes en 2021.
Ahora bien, los anuncios del gobierno en julio mostraban una disminución relativa del área deforestada en comparación con 2021. Para Global Watch, en octubre de 2022 la deforestación alcanzaba las 145 mil hectáreas —conviene aclarar que hay diferencias metodológicas en la obtención de los datos y por tanto estos no son comparables—.
En todo caso no se espera que alcancemos a reducir los niveles, también dramáticos, de deforestación a las cifras anteriores a 2016 cuya media móvil —orden 3— estaba cercana a las 125 mil hectáreas por año, y que después de ese año alcanzan valores por encima de 175 mil hectáreas.
En general, se hace un esfuerzo comunicativo para dimensionar el problema y se dice que se pierde el equivalente a 900 canchas de futbol al día de bosques. También sirve decir que se pierde un área mayor que el área del suelo urbano de Bogotá cada año.
Más de la mitad de las hectáreas deforestadas se concentran en la Amazonía. Esto provoca dos consecuencias importantes:
- la desconexión con el piedemonte Andino, con el que existe una estrecha relación a través del ciclo del agua y
- la inminencia de alcanzar un punto de inflexión en el que esa pérdida será irreversible y alteraría la relación que la Amazonia tiene con el clima del país y con el clima global.
En este sentido, el gobierno anunció la puesta en marcha de medidas alentadoras: la asignación de 220 millones de dólares anuales para la protección de la Amazonía y una gran estrategia organizativa que va más allá de la sola presencia de la Fuerza Pública en el territorio.
La transición energética
Por otro lado, en materia de transición energética, se celebra la iniciativa de prohibición del fracking y se puede resaltar la entrada de proyectos de energías renovables, el licenciamiento de proyectos con capacidad de 800 megavatios y el ingreso entre 2023 y 2024 de aproximadamente 3400 megavatios.
Sin embargo, es necesario recalcar que la transición en Colombia tiene un carácter predominantemente económico en tanto que urge reemplazar los hidrocarburos como el principal producto de exportación y asegurar la autosuficiencia en materia de combustibles.
Lo que más puede resaltarse en este cierre de año es la percepción que se tiene con el cambio de enfoque en materia ambiental por parte del gobierno y las instituciones, como la ratificación de Escazú en el Congreso de la República.
La reducción de la demanda interna de combustibles requerirá un gran esfuerzo y tiempo en materia de reemplazo del uso del vehículo particular mejorando la oferta de servicio público de transporte en las grandes ciudades y de implementación de alternativas para el transporte de carga.
Un primer paso para superar y reemplazar una economía soportada en gran parte en hidrocarburos se dio en la reforma tributaria que retira las exenciones tributarias al sector.
Pero, en materia de autosuficiencia durante el proceso de transición, no son claras las cifras que motivan la suspensión de los contratos de exploración, ni los efectos que estas pueden tener sobre las intenciones de recuperar la industria petroquímica. En este sentido se termina el 2022 con esa falta de claridad.
Medidas prometedoras
Colombia requiere medidas urgentes para proteger la biodiversidad y para desarrollar una economía no dependiente de los hidrocarburos.
Pero, sobre todo, el país requiere avanzar en medidas de adaptación al cambio climático y superar los enfoques que hasta este año han sido preponderantes y que tienen que ver, por ejemplo, con la construcción de diques y jarillones, la regularización de los cauces de los ríos y los dragados que conllevan grandes contrataciones en donde es fácil que se presente corrupción en la contratación.
Además, se debe trabajar en la adaptación de los sectores agropecuarios y productivos en temas relacionados con la disponibilidad de agua. En este sentido, conviene resaltar el trabajo de las organizaciones comunitarias locales que van consolidándose y convirtiéndose en modelos adaptables, no replicables, a otras zonas del país.
Lo que más puede resaltarse en este cierre de año es la percepción que se tiene con el cambio de enfoque en materia ambiental por parte del gobierno y las instituciones, como la ratificación de Escazú en el Congreso de la República.
También son destacables la reforma tributaria con el levantamiento de las exenciones a los hidrocarburos, aún con las dudas que la rodearon sobre el impuesto al carbono, y el anuncio de los recursos para proteger la Amazonía.
Los anuncios de la cartera ambiental en materia de reorganización de la estrategia de lucha contra la deforestación o la intención de ordenar el territorio alrededor del agua, y el efecto positivo que esto puede tener sobre la gestión del riesgo con las dificultades de recuperar las culturas anfibias ya perdidas en muchas zonas, son otras propuestas alentadoras.
En síntesis, el balance de 2022 es parecido al de los años anteriores, pero con grandes expectativas sobre los cambios gracias a los anuncios del gobierno entrante que suponen enormes retos para un equipo con grandes capacidades. Esperemos que al final de 2023 el balance indique que vamos por el camino de la adaptación.
