Mientras no se modifique la T-361, este gobierno ambientalista debería delimitar correctamente las zonas que necesitan protección especial, como en el caso del páramo de Santurbán.
Erwing Rodríguez-Salah*
Exigencia de la procuraduría
Un día después de la audiencia convocada por la magistrada Solange Blanco del Tribunal Administrativo de Santander, la Procuraduría General de la Nación (PGN) instó a la ministra de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS), Susana Muhamad, a responder una serie de solicitudes sobre las demoras en delimitar el páramo de Santurbán, entre otras cosas.
Según el procurador, Gustavo Guerrero, pasó un mes sin respuesta por parte de la ministra; por eso insistió en el seguimiento a la sentencia T-361 de 2017 y exigió una pronta respuesta sobre los retrasos y/o incumplimientos de la sentencia.
Entre las peticiones a la ministra, llama la atención la de que se ajuste o reformule el cronograma detallado del cumplimiento de cada una de las fases establecidas en el Supra 19.2 de la sentencia para la nueva delimitación de Santurbán. Dice al respecto la procuraduría que la ministra “debe obedecer a la necesidad de definir con mayor brevedad la delimitación del páramo para frenar procesos de explotación ilícita de los recursos que se están agravando ante la falta de esta delimitación, lo anterior aunado a la renuencia u obstaculización de algunos actores al proceso”.
Cabe preguntarse, ¿sin nueva delimitación de Santurbán el Estado no puede controlar los procesos de explotación ilícita? ¿Acaso se necesita delimitar un páramo para frenar la explotación ilegal?
Por otro lado, la Procuraduría pide que se “informe las razones técnicas, financieras o administrativas por las cuales el cronograma presentado en la Audiencia del Tribunal Administrativo de Santander se extiende hasta el 2024”.
Sin embargo, es chocante cómo el afán y la exigencia en el cronograma esconden un interés que va en contravía de la protección ambiental. Lo que desean es apurar el proceso para otorgar permisos en las zonas en cuestión a las trasnacionales mineras.
Nueva visión estatal
Los accionantes hemos rechazado una y otra vez la forma en cómo se realiza la delimitación de páramos en el país. De hecho, cuando el gobierno Santos expidió la Resolución 2090 de 2014, que delimitó Santurbán, se interpuso una acción de tutela con el liderazgo de la Corporación Colectivo de Abogados Luis Carlos Pérez (CCALCP).
Así que cada vez que el Estado presiona los tiempos de la delimitación, en carencia de los estudios científicos suficientes y pertinentes, hace un pésimo servicio a la protección de los ecosistemas paramunos y privilegia las erradas políticas mineras de los anteriores gobiernos, así como a los proyectos de megaminería de las transnacionales.
Después, con la sentencia T-361 y con la Propuesta integrada de delimitación del gobierno Duque, fue claro para los accionantes que el MADS mantuvo gravísimos vacíos técnico-científicos ambientales procedentes de la Resolución 2090.
En efecto, no se tuvieron en cuenta los aportes que hicimos ni los derechos de petición que se radicaron ante el MADS. El nuevo proceso de delimitación siguió vulnerando el derecho a la participación ambiental.
Justamente, la cuarta solicitud de la PGN contempla la remisión de todos los derechos de petición radicados ante la cartera de ambiente.
El Ministerio Público, y en sí el aparato estatal junto al país entero, deben entender que estamos ante un nuevo contexto, un nuevo gobierno. La administración Petro está acorde con un orden ecológico y ambientalista global, que sostiene una visión conservacionista de los páramos y sus ecosistemas circunvecinos, del país.
A diferencia de los anteriores gobiernos que, subordinados a una visión minera, apoyaron los intereses de las transnacionales mineras. Estos gobiernos vieron en Santurbán una joya con fines extractivistas y quisieron explotarlos a toda costa. Por tal motivo alinearon el aparato estatal para cumplir con el fin minero, pero ahora el país cambió.
Parece como si el Estado hubiese quedado anclado en la visión minera, casi como si fuese la única opción y no quisiera dar el paso a una visión conservacionista. Por eso, el aparato estatal debe “desinstitucionalizarse” de la óptica minera que alcanzó preponderancia durante las dos pasadas décadas.
Además, es claro que las propuestas de delimitación extractivistas no han funcionado. Tanto la delimitación de Santos (Resolución 2090/2014) como la Propuesta integrada de Duque vulneraron los derechos a la participación ambiental de las comunidades afectadas. Por eso se hace tanto hincapié en la delimitación para proteger tanto a las comunidades como al ambiente.
El gobierno Duque alcanzó a concertar sólo con dos municipios (Vetas y Matanza), no pudo con California, su Propuesta integrada de delimitación de Santurbán, que es el continuismo del más grande engaño en la historia ambiental del país que representó la delimitación de la Resolución 2090, del gobierno Santos.
Ahora que el gobierno Petro recibió el país en fase de concertación de la propuesta Duque debe replantear la propuesta en su totalidad. Según la sentencia “una vez el MADS elabore el proyecto de acto administrativo que delimita el Páramo Jurisdicciones Santurbán-Berlín, esa entidad establecerá un plazo razonable para que la colectividad formule observaciones contra esa reglamentación”.
El afán de los mineros
En síntesis, las propuestas ambientales de los anteriores gobiernos son delimitaciones exprés político-mineras que desvirtúan el concepto de integralidad de los páramos. No se realizan los estudios científicos imprescindibles para la delimitación de un ecosistema, como los hidrológicos e hidrogeológicos, todo por estar al servicio de una política minera mal concebida y poner por encima los intereses de las transnacionales mineras.
A diferencia de los anteriores gobiernos que, subordinados a una visión minera, apoyaron los intereses de las transnacionales mineras. Estos gobiernos vieron en Santurbán una joya con fines extractivistas y quisieron explotarlos a toda costa. Por tal motivo alinearon el aparato estatal para cumplir con el fin minero, pero ahora el país cambió.
Una delimitación de este tipo, con una óptica minera, es una línea amañada que pone en peligro los páramos y sus ecosistemas circunvecinos, sólo para legalizar los proyectos de megaminería y enriquecer a unos pocos.
En ese orden de ideas, cada vez el Estado presiona para que se haga una delimitación exprés político-minera le está haciendo el favor a los proyectos de megaminería y promueve el detrimento del derecho al agua de las presentes y futuras generaciones de colombianos.
Ni la PGN, ni la Defensoría del Pueblo, ni ningún órgano, deben presionar al Ministerio de Ambiente para que haga una delimitación de Santurbán mal hecha; para que haga otra delimitación exprés político-minera.
Así que cada vez que el Estado presiona los tiempos de la delimitación, en carencia de los estudios científicos suficientes y pertinentes, hace un pésimo servicio a la protección de los ecosistemas paramunos y privilegia las erradas políticas mineras de los anteriores gobiernos, así como a los proyectos de megaminería de las transnacionales.
Ninguna entidad del Estado debe estar al servicio de los intereses mineros, ni dejarse presionar por ellos, en contravía del derecho al agua de todos los colombianos.
Por ello, el gobierno Petro de entrada debe negar las licencias ambientales a los proyectos de megaminería en páramos y sus ecosistemas circunvecinos, y así aliviar las presiones de los intereses particulares mineros sobre el proceso de delimitación, mientras no se modifique la T-361.
Por otro lado, el Estado debe dar una mirada integral a los demás ecosistemas de páramos del país, y no puede ignorar que, por sentencias judiciales, otras delimitaciones de páramos quedaron sin efecto, como las del Almorzadero y Cruz Verde-Sumapaz.
El gobierno Petro debe tener presente la historia reciente ambiental y las violaciones que se han ejercido para no replicarlas. A su vez debe entender que la metodología en los procesos de delimitación no es adecuada, pero que ese método se replicó en todo el país.
Sin embargo, la sentencia T-361 sentó un precedente nacional porque a través de ella han quedado sin efectos otras Resoluciones de delimitación de páramos, y hoy es referente para los subsecuentes procesos de nuevas delimitaciones.
