La Corte Constitucional ordenó expedir una nueva resolución, pero todo indica que el Gobierno insistirá en los mismos errores del pasado.
Erwing Rodríguez-Salah*
La fallida delimitación de Santurbán
2020 será fundamental para la vida del páramo de Santurbán y la de millones de habitantes del Gran Santander, pues este año el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS) deberá expedir una nueva delimitación del páramo.
Acertadamente se afirma que quien desconoce la historia está condenado a repetirla. Por eso es útil hacer un recuento de la fallida delimitación de este páramo, cuya historia está al borde de repetirse.
El 19 de diciembre de 2014, el ministro de Ambiente, Gabriel Vallejo, entregó oficialmente la delimitación de Santurbán, expedida mediante la Resolución 2090. El ministro afirmó orgullosamente que la metodología utilizada en este primer proceso de delimitación se iba a replicar en los otros treinta y seis ecosistemas paramunos del país. Aunque el proceso había sido atropellado, el presidente Santos no vaciló en decir que el resultado había sido “razonable y equilibrado”.
Pero esa delimitación fue el más grande engaño en la historia ambiental del país. Contra ella interpusimos una acción de tutela que dio origen a la sentencia T-361 de 2017 , donde la Corte Constitucional la declaró viciada por vulnerar el derecho a la participación ambiental. Por eso, se exigió al MADS una nueva delimitación de Santurbán.
En un periodo tan corto es imposible expedir una delimitación técnico-científica.
A punto de concluir su periodo presidencial, el 20 de enero de 2018, el presidente Santos anunció, como si se tratara de un triunfo, que había delimitado treinta páramos más y que antes del 7 de agosto entregaría la delimitación de los siete restantes. Es decir, Santos replicó la metodología de delimitación de Santurbán en los demás páramos, ignorando la orden de la Corte Constitucional. Por eso, las demás delimitaciones también estaban llamadas a fracasar desde el principio.
Foto: Instituto Humboldt
Las delimitaciones express comenzaron desde el gobierno Santos y ponen en grave riesgo los ecosistemas.
Dos fallos de tutela, fundamentados en el precedente que sentó la T-361 de 2017, ya confirmaron lo anterior:
- El pasado 3 de septiembre, en fallo de segunda instancia, el Tribunal Superior de Bucaramanga dejó sin efectos la delimitación del páramo del Almorzadero, que había sido establecida mediante Resolución 152 de 2018 del MADS. El Tribunal les dio la razón a algunas comunidades de El Cerrito que se sintieron excluidas durante el proceso de delimitación.
- El 11 de septiembre de 2019, el Juzgado Cuarenta Administrativo del Circuito de Bogotá dejó sin efecto la Resolución 1434 de 2017, que delimitó los páramos de Cruz Verde-Sumapaz, por considerar que dicho acto administrativo se había expedido sin la participación de la comunidad.
La Corte añadió que los criterios establecidos en la Sentencia T-361 sobre el proceso de participación ambiental deben ser respetados por el MADS en la nueva delimitación que se haga del ecosistema paramuno.
¿Otra delimitación engañosa?
En otros países existen experiencias de delimitación de ecosistemas vitales y estratégicos. El propósito de esas delimitaciones es determinar hasta dónde deben llegar la intervención humana y sus actividades económicas. En Colombia, parece que el objetivo fuera el contrario: crear un mapa para la explotación minera.
Como ya lo había comentado en Razón Pública, el proceso de la delimitación de Santurbán me permitió conceptualizar dos tipos de delimitación diametralmente opuestas: una delimitación político-minera y otra técnico-científica.
El primer tipo de delimitación, como las de Santos, no se basa en estudios científicos y se expide de forma exprés para favorecer a las grandes empresas. El segundo se basa en estudios suficientes y pertinentes, y da prioridad al agua para el consumo humano y a la protección del ecosistema.
Está en manos del presidente Duque corregir el rumbo
La primera delimitación de Santurbán fue expedida en el afán del gobierno Santos de impulsar una mal concebida “locomotora minera”. Lamentablemente, todo indica que la historia se va a repetir. En tiempos de Duque, el MADS pidió prórrogas muy cortas para expedir la nueva delimitación del páramo: la primera por ocho meses (que venció el pasado 16 de julio), y la segunda por cinco meses adicionales (que vencieron el pasado 18 de diciembre).
En un periodo tan corto es imposible expedir una delimitación técnico-científica, con los estudios hidrológicos e hidrogeológicos adecuados, que pueden tardar al menos cinco años en llevarse a cabo.
Foto: Alcaldía de Bucaramanga
La delimitación busca favorecer a las mineras.
De hecho, aunque ya pasaron diez años desde que la minera Greystar solicitó la licencia ambiental para hacer minería en Santurbán, la misma cartera del Ambiente reconoció que estos estudios no existen, en una reunión que sostuvimos los accionantes, el 7 de junio del año anterior, con el ministro Lozano en presencia de la Procuraduría.
No podemos permitir que la presión de una política minera errada, en contravía del interés general, acabe por decidir la delimitación del cual depende el suministro de agua para millones de colombianos.
Los accionantes de la tutela que dio origen a la sentencia T-361 presentamos una propuesta alternativa para la delimitación de Santurbán en noviembre de 2018. Esa propuesta parte de una concepción integral del complejo de páramo, contempla el estudio ecológico y ambiental de la ecorregión de Santurbán, con los estudios científicos requeridos, entre ellos los hidrológicos e hidrogeológicos.
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Lo que sigue
Este año comenzarán las reuniones de la fase de concertación con las comunidades, dentro del proceso de la nueva delimitación de Santurbán.
El pasado 6 de diciembre, los accionantes radicamos un derecho de petición ante el MADS con varias solicitudes. Entre otras, exigimos una respuesta técnico-científica sobre la viabilidad de nuestra propuesta alternativa de delimitación de Santurbán.
En esa misma petición solicitamos a las autoridades competentes en el cumplimiento de la T-361 rendir concepto sobre los impactos de la actividad minera en el agua superficial y subterránea de la Alta Montaña. También, pedimos a la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) y a la Agencia Nacional de Minería (ANM) negar licenciamientos y concesiones mineras en la alta montaña sustentadas en el principio de precaución.
Foto: Municipio de Bucaramanga
En otros países la delimitación de los ecosistemas se realiza para protegerlos, no para favorecer economías extractivas.
Una nueva delimitación exprés y engañosa de Santurbán traerá una avalancha de acciones legales contra los actos administrativos expedidos por las entidades del Estado que, paradójicamente, se han convertido en la principal amenaza contra nuestras aguas y páramos.
Además, estarán al orden del día nuevas demandas de las transnacionales mineras contra el Estado, al no satisfacer sus objetivos extractivistas. Es hora de que los funcionarios públicos respondan por sus actos irresponsables.
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El gobierno Santos impuso las delimitaciones fallidas y exprés de páramos. Está en manos del presidente Duque corregir el rumbo de esta historia; debemos poner fin al Teatro del Absurdo en Santurbán.
*Líder ambiental y cívico santandereano. Fue uno de los accionantes de la tutela que dio origen a la sentencia T-361 de 2017.