Decreto en favor del agua y la vida | Razón Pública 2024
Foto: Procuraduría General de la Nación

Decreto en favor del agua y la vida

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El gobierno Petro dictaminó un decreto que impulsa el deseo por proteger y conservar el agua y el ambiente. Acá algunos motivos que indican que la decisión es un paso en la dirección correcta.

Erwing Rodríguez-Salah*

Sobre la protección ambiental

El 30 de enero, el presidente Gustavo Petro, con los ministerios de Minas y Energía (Minenergía) y de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS), sancionaron el Decreto 044 de 2024. Decreto que establece criterios para declarar y delimitar reservas de recursos naturales de carácter temporal en el marco del ordenamiento minero-ambiental.

Los ministerios de MADS y Minenergía trabajan de manera conjunta y sincronizada, contrario a los gobiernos anteriores donde la cartera de Ambiente actuaba según los lineamientos de la cartera de Minas

Como era de esperarse, la decisión ocasionó gran controversia, en particular en las compañías mineras. Sin embargo, la decisión concuerda con la principal política de esta administración: la protección y conservación de los ecosistemas vitales y estratégicos, con la claridad de que se deben privilegiar el agua y la vida sobre la minería.

La política concuerda con el primer eje de transformación del gobierno, el ordenamiento del territorio alrededor del agua, que está explícito en el Plan Nacional de Desarrollo (PND): “Colombia Potencia Mundial de la Vida, y en el contexto global del cambio climático. En el gobierno del cambio, los ministerios de MADS y Minenergía trabajan de manera conjunta y sincronizada, contrario a los gobiernos anteriores donde la cartera de Ambiente actuaba según los lineamientos de la cartera de Minas; en un contexto donde imperó la visión minera sobre la visión conservacionista del ambiente, situación que ocurrió durante décadas.

Las reservas de recursos naturales de carácter temporal son áreas vitales y estratégicas para el país que obedecen a una de estas tres condiciones: ecosistemas importantes en términos de prestación de servicios ecosistémicos, áreas estratégicas para la conservación del agua que abastecen a los acueductos, pilar para la soberanía alimentaria, y áreas degradadas que requieren acciones de restauración para mantener o recuperar los servicios ecosistémicos.

Los páramos del país, como fábricas de agua por excelencia, con sus ecosistemas circunvecinos complementarios, como el bosque andino, están inmersos dentro de los tres criterios para la declaración de reservas de recursos naturales, al ser ecosistemas de gran importancia ambiental. Su principal producto ecosistémico es el agua que abastece importantes acueductos regionales, distritales y municipales, con una oferta hídrica que satisface la demanda de más del 70% de la población colombiana. Pero los procesos de degradación, a la cual no han sido ajenos, han ocasionado que requieran una intervención oportuna de parte de la autoridad ambiental. 

Soporte legal

El Decreto 044 está bien motivado. Se apoya en los artículos 79 y 80 de la Constitución, que otorgan al Estado colombiano el deber de proteger la diversidad e integridad del ambiente y conservar las áreas de especial importancia ecológica.

La Corte Constitucional, en Sentencia C-293 de 2002, declaró que con la aplicación del principio de precaución “no se violan los derechos al trabajo, propiedad y derechos adquiridos”, por lo que no afecta los intereses particulares mineros. El Estado, apalancado en el principio de precaución, tiene la facultad de suspender una obra y actividad si de esta se deriva daño o peligro para los recursos naturales o la salud humana, así no exista la certeza científica absoluta. 

Así mismo, la parte considerativa del 044 menciona cómo el Consejo de Estado dictó que no existen derechos adquiridos en materia ambiental derivados de un contrato de concesión minera. Fue reiterado por la Corte citando la Sentencia C-443 de 2009: “el contrato de concesión para la explotación de recursos naturales no limita la potestad estatal de ejercer control sobre el desarrollo de la actividad, dado que es deber del Estado lograr el uso eficiente de los recursos, su preservación, disponibilidad y aprovechamiento”. 

En esa misma dirección, la Sentencia C-035 de 2016 dictó que “el hecho de que el Estado haya celebrado un contrato de concesión minera con un particular no impide que luego se prohíba la actividad de explotación respectiva, incluso durante la vigencia del contrato ya suscrito”. También, el 044 invoca que el establecimiento de las zonas de exclusión “es una competencia exclusiva de las autoridades ambientales, para lo cual el artículo 34 del Código de Minas establece un deber de colaboración en cabeza de la autoridad minera”.

la delimitación de las zonas de protección y desarrollo de los recursos naturales renovables o del ambiente debe adelantarse con base en estudios técnicos, sociales y ambientales y que, para que pueda excluirse o restringirse la actividad minera, el acto que declare dichas áreas debe estar expresamente motivado en estudios que determinen la incompatibilidad o restricción de las actividades mineras.

La Corte Constitucional, mediante Sentencia C-339 de 2002, condicionó su constitucionalidad: “Se hace necesario para la Corte (sic) señalar que la autoridad minera tiene deber de colaborar con la autoridad ambiental, pero que este deber de colaboración no limita ni condiciona el ejercicio de la competencia de la autoridad ambiental quien es la que puede establecer las zonas de exclusión”. 

Igualmente, como el mismo artículo 34 señala: “no podrán ejecutarse trabajos y obras de exploración y explotación minera en zonas declaradas y delimitadas conforme a la normativa vigente como de protección y desarrollo de los recursos naturales renovables o del ambiente y que de acuerdo con las disposiciones legales excluyan dichos trabajos y obras”.

Además, la Corte Constitucional, mediante la Sentencia C-339 de 2002, en referencia al artículo 34, afirmó que “además de las zonas de exclusión previstas en esta Ley, pueden existir otras, ya declaradas con anterioridad o que se declaren en el futuro por la autoridad ambiental”. Y añade que la delimitación de las zonas de protección y desarrollo de los recursos naturales renovables o del ambiente debe adelantarse con base en estudios técnicos, sociales y ambientales y que, para que pueda excluirse o restringirse la actividad minera, el acto que declare dichas áreas debe estar expresamente motivado en estudios que determinen la incompatibilidad o restricción de las actividades mineras.

En caso de presentarse una falta de certeza científica absoluta frente a la exploración o explotación minera en una zona determinada, “la decisión debe inclinarse necesariamente hacia la protección de medio ambiente, pues si se adelanta la actividad minera y luego se demuestra que ocasionaba un grave daño ambiental, sería imposible revertir sus consecuencias”.

El MADS a partir de estos lineamientos “también identificará, con base en estudios preliminares, las zonas que requieren ser reservadas temporalmente, para adelantar programas de conservación o preservación hasta tanto se lleven a cabo los estudios y procedimientos requeridos para su delimitación y declaratoria definitiva”.

Nuevo ordenamiento ambiental

En la parte resolutiva el 044 contempla que “durante la vigencia de la declaratoria de reserva temporal, las autoridades ambientales no podrán otorgar permisos o licencias ambientales para la exploración o explotación de minerales hasta que exista certeza sobre la compatibilidad o incompatibilidad de las actividades mineras en el área reservada”. En esta medida se deberán adelantar los estudios técnicos necesarios y los procesos correspondientes sobre las áreas susceptibles de ser declaradas áreas protegidas u otras estrategias de conservación ambiental, bajo un enfoque participativo, y las áreas delimitadas podrán culminar con la restricción o exclusión definitiva de la minería. 

Una vez declarada y publicada el área de reserva de recursos naturales de carácter temporal, el MADS comunicará el acto administrativo a la autoridad minera, quien incorporará y/o actualizará el área en el Sistema Integral de Gestión Minera (SIGM), y estas tendrán una vigencia hasta de cinco años, prorrogable por una única vez. Dentro del término de la vigencia, las autoridades competentes harán los requerimientos respectivos y tomarán las medidas a que haya lugar y orientarán, cuando así proceda, el cierre definitivo de las operaciones mineras.

En conclusión, el Decreto 044 de 2024, sancionado por el gobierno Petro, dicta la pauta para el nacimiento de un nuevo ordenamiento ambiental minero alrededor del agua y la vida, con la protección de los ecosistemas vitales para el país y sus servicios ecosistémicos. Jurisprudencia suficiente han dictado las altas Cortes y el gobierno la está poniendo al servicio de este nuevo orden, en prevalencia del interés general sobre los intereses particulares. 

El ordenamiento del territorio alrededor del agua debe convertirse en política de Estado, es decir, no solamente debe ser una política del actual gobierno, sino que debe ser asumida y adoptada también por los gobiernos venideros. Ningún proyecto debe ser infractor del ordenamiento del territorio alrededor del agua, primer eje de transformación del PND, Colombia Potencia Mundial de la Vida, en privilegio del agua, la vida y la soberanía alimentaria.

Acerca del autor

Erwing Rodríguez-Salah

Líder referente nacional en defensa del agua y los páramos; uno de los accionantes de la tutela que dio origen a la sentencia T-361 de 2017, de la Corte Constitucional. Premio Mejores Líderes de Colombia, Revista Semana: "el defensor del páramo".

5 comentarios

Erwing Rodríguez-Salah

Escrito por:

Erwing Rodríguez-Salah

Líder referente nacional en defensa del agua y los páramos; uno de los accionantes de la tutela que dio origen a la sentencia T-361 de 2017, de la Corte Constitucional. Premio Mejores Líderes de Colombia, Revista Semana: "el defensor del páramo".

5 comentarios de “Decreto en favor del agua y la vida

  1. El ordenamiento del territorio alrededor del agua ha sido publicitado muchas veces con el ordenamiento de las cuencas hidrograficas POMCAS, pero se ha quedado en discursos o en el papel. Ojalá esta vez se convierta definitivamente en política de estado y de obligatorio cumplimiento. Esta es la única posibilidad de salir adelante !!!

  2. El tema es complejo, la ley Art 58 C. P. DECLARA LA MINERÍA como interés Público e Interés Social es decir interés general, un contrato minero entre un particular y el estado se firma por 30 años y si la norma ley minera y ambiental se oponen o se interpretan divergente y no hay reglas claras de juego para explotación minera de forma legal, dicho contrato o título minero se configura en estafa y engaño desde lo análogo de lo penal de parte de la nación hacia el titular minero contratista, es así como lo pone al titular como víctima y victimaria la NACIÓN Colombiana por la violacion de sus derechos fundamentales.

  3. En buena hora el gobierno nacional pone por encima del desarrollo económico extranjero, la biodiversidad, el bienestar y la supervivencia de los colombianos. Ojalá no conviertan está decisión en una polémica de izquierdas y derechas, alguien tenía que actuar con sensatez y lo hizo o lo está haciendo este gobierno; reconocerlo y respaldarlo en este propósito debería ser el sueño de nación que nunca hemos tenido.

  4. Si no cuidamos el agua no hay vida deberiamos de cada persona en el mundo sembrar un arbol y asi podriamos ayudar a cuidar de ella y devolverle lo que le hemos quitado a la naturaleza.Tambiem los abitantes que vivimos en las reservas naturales deberia el estado aser una reubicacion o una compra de los terrenos

  5. Dede aprovecharse para reintegrar extensas áreas sustraídas de los DRMI por parte de corporaciones regionales, que contribuyeron con interrumpir cadenas montañosas de alto valor ambiental y ordenarse su restauración. Es lo que ha pasado con los cerros de San Nicolás en La Ceja.

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