El programa del Pacto Histórico aboga por proteger los páramos, pero queda por ver cómo maneja su gobierno las licencias ambientales, delimita los páramos y renegocia los TLC.
Erwing Rodríguez-Salah*
Una herencia negativa
Colombia tiene suficientes argumentos del orden legal, técnico-científico y la carencia de la licencia social, para no dar trámite a solicitudes y negar la licencia ambiental a los proyectos de megaminería en nuestros páramos y sus ecosistemas circunvecinos. Pero el nuevo gobierno heredó una Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) complaciente con la megaminería.
Por ejemplo, con la Sociedad Minera de Santander (Minesa), la ANLA:
- Dio trámite al proyecto Soto Norte, que no ampara la normatividad ambiental colombiana;
- Aceptó dos Estudios de Impacto Ambiental (EIA) —gobierno Santos (2017) y Duque (2019)— en un territorio que alcanza el páramo de Santurbán, cuando estos ecosistemas están protegidos constitucionalmente;
- Ignoró las insatisfactorias respuestas de Minesa a los requerimientos de la ANLA (83 en el 2017 y 107 en 2019);
- Aprobó un desistimiento a la multinacional, en 2018, que la habilitó para presentar un segundo EIA;
- Archivó el trámite de evaluación para el licenciamiento del proyecto en 2021, en vez de negar la licencia. Esto habilitó a la multinacional para que presente, a futuro, un tercer EIA, y
- Omitió la existencia de la Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga (CDMB), la cual negó cinco permisos a Minesa en 2019. Además, hoy sigue engavetada la investigación de la Corporación por presunto daño ambiental (2017), y sin conocerse su fallo.
Los intereses mineros aprendieron del caso Eco Oro (antes Greystar): la investigación de la Oficina del Asesor de Cumplimiento (CAO) (2016), Ombudsman del Banco Mundial (BM), base para que este retirara su inversión del proyecto de Eco Oro, tuvo muy presente la sanción que la C.D.M.B. impuso, en 2011, con altísimos costos políticos, más que económicos, para los objetivos extractivistas de la multinacional canadiense; además, aunque hubo razones de sobra político-legales, ambientales y sociales para ello, explícitas en el informe de la CAO, el BM no podía ser juez (por la demanda interpuesta por Eco Oro al Estado colombiano por US$ 736 millones, ante el Tribunal de Arbitramento del CIADI, del mismo grupo del BM) y parte a la vez, como accionista de Eco Oro. El Tribunal internacional sentenció, en 2011, que Colombia infringió el artículo 805 del TLC suscrito con Canadá (2008). Aún no se conoce su dictamen final.
En ese orden de ideas, una resolución de la investigación en contra de Minesa, que reposa en la CDMB, hace casi cinco años, sería nefasta para los intereses de esta minera.
Minería en los páramos
El gobierno de Petro recibe un problema ya avanzado, pero también el reto de restablecer el propósito de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales.
Para eso sería necesario que el Congreso adopte una ley que convierta la licencia ambiental en condición necesaria para la fase de exploración minera.
Aunque el artículo sobre las licencias ambientales ha sido reglamentado por varios decretos —el 1180/2003, 1220/2005, 2820/2010 y 2041/2014—, no se ha hecho este cambio importante para la conservación de los ecosistemas colombianos. Para ser más preciso: el Legislativo debe modificar el numeral 2º del Artículo 52º (Título VIII: sobre las licencias ambientales) de la Ley 99/1993.
El presidente Petro aspira a que los proyectos de megaminería no se hagan a expensas del abastecimiento de los acueductos metropolitanos, es decir, que no se licencien estos proyectos ubicados por encima de las captaciones (bocatomas) de aquellos. En ese sentido, comparte nuestra visión, de más de doce años, y lo ratificó el pasado 18 de mayo al firmar el pacto por el agua, la vida, los páramos y los territorios, en Bucaramanga.
Aquí, lo importante es la protección integral de las cuencas que proveen el agua a las poblaciones —en el caso Santurbán, el sistema de la Cuenca del río Suratá— bajo el concepto: “páramos, territorios del agua, no de la minería”, como lo contempla nuestra “Propuesta alternativa de Delimitación de Santurbán (Accionantes S. T-361).
La delimitación de los páramos
Una vez negadas las solicitudes para su respectivo trámite y las licencias ambientales a los proyectos de megaminería ubicados por encima de las captaciones de los acueductos metropolitanos por parte de la ANLA, amparada en la normatividad ambiental, y mientras no se modifique el mandato constitucional de la Sentencia T-361 (2017) -lo cual no es nada fácil-, providencia que exigió una nueva delimitación para Santurbán, disminuirá la presión sobre los procesos de delimitaciones de los páramos, permitiéndose que estos se hagan según el deber ser: a la luz de los estudios técnicos-científicos, entre ellos los hidrológicos e hidrogeológicos.
Pero el gobierno Duque optó por imponer, más que concertar, a las comunidades su “Propuesta integrada de delimitación de Santurbán”.
Ahora el gobierno de Petro debe revisar y modificar dicha propuesta, pues es una delimitación exprés político-minera que desvirtúa el concepto de integralidad del páramo. En esto se parece a la anterior Resolución 2090 (2014), la cual fue declarada viciada por la Corte: no cuenta con los estudios científicos suficientes y pertinentes, entre ellos los hidrológicos e hidrogeológicos.
Las Propuesta integrada de delimitación de Duque, parece más un servicio a los intereses extractivistas de particulares, que una delimitación objetiva del páramo. Nuevamente, la delimitación deja al proyecto Soto Norte de Minesa “por fuera del Páramo”.
Los estudios hidrológicos e hidrogeológicos demostrarían la conexión entre el páramo y sus ecosistemas circunvecinos, como el bosque alto andino. Por ello los gobiernos anteriores, que tenían una óptica minera, jamás se interesaron en realizar estudios de rigor científico y técnico. El otrora ministro Ricardo Lozano reconoció que el Estado no cuenta con los estudios en mención —así lo sostuvo en reunión con nosotros, los accionantes de la S-T-361, en junio de 2019—.
En noviembre de 2018, los accionantes de la tutela que dio origen a la S. T-361, presentamos una “Propuesta alternativa de delimitación de Santurbán”. Esta sí contempla el Estudio ecológico y ambiental de la Ecorregión de Santurbán, y los estudios hidrológicos e hidrogeológicos que no se han tenido en cuenta.
Los accionantes consideramos que el derecho a la participación ambiental NOS sigue siendo vulnerado. Esto lo hemos respaldado con derechos de petición radicados ante la cartera de Ambiente en el gobierno Duque.
Los Tratados de Libre Comercio
El programa de gobierno de Petro incluye revisar los Tratados de Libre comercio (TLC) vigentes, los Acuerdos Internacionales de Inversiones, y las negociaciones adelantadas por el gobierno Duque.
Entre ellos, Petro debe atender con urgencia los TLC con Canadá y Emiratos Árabes, pues ahora atentan contra los intereses del Estado colombiano, desde que la empresa Minesa se constituyó en emiratí-canadiense.
Ahora que lo sabemos, esta historia no podemos repetirla:
- Una multinacional acude al gobierno de su país para proteger sus intereses con la firma de un TLC o algún acuerdo internacional de inversión;
- El tratado es amplio para la multinacional y estrecho para el Estado colombiano;
- Entra en devaneos con las débiles y complacientes instituciones ambientales de Colombia;
- La multinacional especula por un tiempo en los mercados bursátiles mientras espera respuesta a su solicitud de licencia, y
- Ante la negativa de la licencia, la multinacional demanda al Estado colombiano cobijada por los acuerdos internacionales suscritos.
Así ocurrió con la demanda de la canadiense Eco Oro por 736 millones de dólares al Estado colombiano. El TLC suscrito con Canadá en 2008 no cobijó legal ni económicamente a Colombia.
El gobierno de Petro no puede permitir que el Estado ceda su soberanía con la firma de acuerdos internacionales onerosos para los intereses de nuestro país. Antes de suscribir acuerdos internacionales, el gobierno debe asegurar a los páramos y su principal producto ecosistémico: el agua.
El Acuerdo de Escazú ya fue ratificado por el Senado, pero falta su ratificación en la Cámara de Representantes, y como ya se citó anteriormente, se debe legislar para la obligatoriedad de la licencia ambiental para la exploración; actualmente sólo es necesaria para la fase de explotación.
El nuevo gobierno tiene una posición crítica ante este tipo de negociaciones internaciones. Al final, ¿para que los TLC y los acuerdos internacionales de inversiones, si cuando las multinacionales no ganan saqueando nuestros recursos, ganan demandando al Estado colombiano?
