Agua vs. TLC: el verdadero problema de la minería en los páramos
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Agua vs. TLC: el verdadero problema de la minería en los páramos

Escrito por Erwing Rodríguez-Salah
minería en los páramos en el 2022

Con la venta del 20 % del proyecto de oro Soto Norte a la multinacional Aris Gold, renace la tensión sobre las licencias ambientales en el páramo de Santurbán. Este es el problema de fondo, y esta es la solución que debe darle el gobierno.

Erwing Rodríguez-Salah*

Venta de páramos

Este 21 de marzo, un día antes de celebrarse el día mundial del agua, Aris Gold publicó el acuerdo con Minesa —propiedad del Fondo Mubadala de Emiratos Árabes Unidos—, donde adquiere el 20% del proyecto de megaminería Soto Norte, en Santurbán. Además anunció que este acuerdo abre la posibilidad de comprar hasta el 50% del proyecto.

La noticia anterior es preocupante porque reanuda la solicitud de licencias ambientales para la explotación del oro en el páramo de Santurbán. Si recordamos, esta solicitud fue archivada por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) en enero de 2021. No obstante, archivar este trámite no es negar ni aprobar la licencia. Así que las empresas mineras ahora pueden reformular el proyecto para su aprobación ante la ANLA.

Al parecer, la adjudicación de licencias ambientales para explotar los páramos colombianos no es un impedimento para la inversión.

En el comunicado, Aris Gold destaca los factores que hacen del proyecto aurífero en Soto Norte una muy buena inversión. Asegura inclusive que este “es uno de los proyectos en etapa de factibilidad más grandes del mundo con reservas minerales de alta ley, baja intensidad de capital, bajos costos operativos y potencial a escala de distrito”.

Al parecer, la adjudicación de licencias ambientales para explotar los páramos colombianos no es un impedimento para la inversión.

¿Colombia maniatada?

En Colombia los páramos son las fábricas de agua por excelencia. Santurbán, por ejemplo, provee el agua de los departamentos de Santander y Norte de Santander (el Gran Santander). Esto debería ser suficiente para no ponerlos al servicio de los especuladores en los mercados bursátiles del mundo.

Sin embargo, los últimos gobiernos han querido avalar proyectos de megaminería en los páramos de Colombia y sus ecosistemas próximos. Las razones: por un lado, la mala administración y complacencia del gobierno nacional, y, por el otro, la suscripción de los Tratados de Libre Comercio (TLC).

Esos dos elementos se retroalimentan, pues, cuando el gobierno defiende los páramos y no atiende la presión extractivista de las multinacionales, éstas demandan al Estado colombiano por incumplimiento de los Tratados de Libre Comercio. Por eso, los TLC mal negociados debilitan la soberanía del Estado colombiano ante los tribunales internacionales.

Entonces, además de poner en riesgo el derecho al agua de más del 70% de la población colombiana, esta óptica minera desangra las finanzas del Estado.

Aunque la situación del gobierno parece difícil, es momento de tomas las mejores decisiones. Colombia se beneficia del recurso hídrico producido en sus 37 ecosistemas paramunos, y la legislación ambiental vigente basta para defenderlos. Por eso es necesario no dar trámite a los permisos ambientales que permitirían la explotación de los páramos.

Ya hay antecedentes

No debemos olvidar el caso de la minera canadiense Eco Oro, la cual demandó a Colombia por 736 millones de dólares porque no pudo desarrollar su proyecto de megaminería.

Mediante la resolución 1015 del 31 de mayo de 2011 del Ministerio de Ambiente, el gobierno Santos negó la licencia ambiental al proyecto de la minera canadiense para explotar a cielo abierto en Santurbán. Para esta demanda, Eco Oro se amparó en el TLC que Colombia había firmado con Canadá el 21 de noviembre de 2008.

Además,  el pasado 10 de septiembre un Tribunal Arbitral del CIADI (Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones) determinó que aunque Colombia no infringió el Artículo 811, sí transgredió el Artículo 805 que se refiere al trato justo y equitativo hacia los inversionistas extranjeros.

Como vemos, esta situación expone al país a un riesgo jurídico y al posible desembolso de una suma que puede alcanzar cientos de millones de dólares.

Bien se dice: “quien no conoce la historia, está condenado a repetirla”. Ahora que Colombia comenzó negociaciones con Emiratos Árabes, es importante recordar las consecuencias de la firma de un TLC.  Por eso no debemos descuidar las últimas decisiones del presidente Duque, quien, al parecer, quiere dejar firmado un nuevo acuerdo antes de concluir su gobierno.

Quiénes ganan con los TLC

La firma de TLC inequitativos es la puerta de entrada para que las multinacionales entablen cuantiosas demandas —con alta probabilidad de éxito— contra del Estado colombiano.

Estamos, entonces, bajo la ley del embudo: lo ancho para los países que tienen el capital, lo angosto para Colombia. Este es el escenario que encuentra cualquier multinacional minera que entra al país:

  1. Solicita y obtiene un título minero en concesión de la Agencia Nacional de Minería —que le da facultades para la exploración—;
  2. Especula por un tiempo en el mercado bursátil;
  3. Entra en devaneos con las débiles instituciones ambientales de Colombia, sin desconocer el contexto de corrupción del país;
  4. Espera la aprobación o negativa de la licencia ambiental para la explotación de parte de la ANLA;
  5. Si la licencia es aprobada, extrae los recursos de los páramos, y
  6. Si la licencia es negada, demanda al Estado colombiano por falsas expectativas ocasionadas por el gobierno en turno, y supuestos derechos adquiridos con el TLC.

En otros términos, ganan con el saqueo de los recursos, o ganan con una demanda bajo la égida de los TLC. Así, los TLC son el “as bajo la manga” de las multinacionales mineras, pues siempre ganan a costa del Estado colombiano.

minería en los páramos en el 2022
Foto: CAR - El Gobierno al dar trámite a proyectos de mega minería se enfrenta a una nueva dicotomía.

Qué debe hacer el gobierno

Dado ese panorama, el gobierno se enfrenta a un dilema cada vez que da trámite a proyectos de megaminería:

  • Si concede licencias ambientales para la explotación minera pone en alto riesgo el agua de los colombianos,
  • Y si niega las licencias ambientales, se enfrenta a cuantiosas demandas por parte de las mineras insatisfechas.

De lo anterior se sigue que, en principio, el gobierno no debería dar trámite a dichos proyectos. Debemos exigir a la ANLA, entidad adscrita al Ministerio de Ambiente, que ni siquiera dé trámite a este tipo de proyectos de megaminería

Además de poner en riesgo el derecho al agua de más del 70% de la población colombiana, esta óptica minera desangra las finanzas del Estado.

No es necesario ser profeta para anticipar una demanda de Minesa —que será mitad emiratí y mitad canadiense—. Así mismo, en un futuro cercano, estarán  vigentes los TLC con Canadá (vigente) y Emiratos Árabes (en negociaciones). Es decir, las mineras seguirán doblemente aseguradas contra del Estado colombiano que, en su ineptitud, firma tratados internacionales onerosos para sus propios intereses.

Causa temor imaginar la sinergia jurídica que habrá entre Emiratos Árabes y Canadá, ante la negativa de una licencia de explotación minera. Ellos defenderán los intereses de sus conglomerados —Fondo Mubadala y Aris Gold— (dueños de Minesa) ante los Tribunales de Arbitramento Internacional.

Por esta razón habrá que estudiar con lupa las nuevas negociaciones de Colombia con Emiratos Árabes para la suscripción del TLC. Así como apoyar la voluntad de los colombianos que jamás darán la licencia social a estos proyectos de marras.

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