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Reforma Política versus Amnesia Colectiva

Escrito por Elisabeth Ungar
Elisabeth Ungar

Elisabeth UngarLa euforia por la liberación de Íngrid Betancourt y sus compañeros no debe hacer olvidar que la reforma política y medidas para contrarrestar la concentración del poder presidencial a raíz de la reelección mantienen toda su urgencia, escribe Elisabeth Ungar, directora del Programa Congreso Visible de la Universidad de los Andes.

Elisabeth Ungar*

El espectacular rescate de quince secuestrados mediante un operativo militar a comienzos de julio ha recibido un despliegue noticioso más que justificado, no sólo por lo que significa el regreso a la libertad de estas personas, a quienes sus captores mantenían en condiciones infrahumanas, sino por la eficacia y los rasgos cinematográficos de la operación.

La euforia, cercana al paroxismo, que produjo la liberación, de los once policías y soldados, de Ingrid Betancourt,y de los tres norteamericanos fue directamente proporcional al aumento sin precedentes en la popularidad y favorabilidad del Presidentede la República, del Ministro de Defensa, de los altos mandos militares y de las Fuerzas Armadas. Y fue además proporcional a la exaltación de los símbolos y sentimientos patrios y religiosos de la mayoría de los colombianos, una combinación que no es nueva y que infortunadamente ya fue utilizada en varios países en el pasado por regímenes de no muy grata recordación.

El entusiasmo y la alegría que invadieron todos los rincones del país también sirvieron como sedantes para las preocupaciones y las angustias de los días precedentes al rescate. En consecuencia, pasaron a un segundo plano los enfrentamientos entre el Presidente de la República y la Corte Suprema de Justicia; la condena a la ex parlamentaria Yidis Medina por el delito de cohecho durante el proceso de aprobación de la Reforma Constitucional que permitió la reelección del Presidente; la propuesta de un referendo para someter al constituyente primario decisiones judiciales que no fueron del agrado del Primer Mandatario; las demandas de algunos funcionarios y ex funcionarios del gobierno contra sus investigadores, y la continuada campaña de descrédito contra los Magistrados investigadores. Estos son apenas algunos de los hechos que solo unos pocos días antes de la Operación Jaque prendieron las alarmas sobre una crisis política que muchos no dudaron en calificar como la peor que ha vivido el país en los últimos tiempos.

La reforma que no fue

La Reforma Política que se hundió en el Congreso hace pocas semanas también parece hacer parte del inventario de esta amnesia colectiva. ¿Habrá necesidad de recordar que el objetivo de este proyecto era evitar la repetición de los hechos que, entre otras cosas, sumieron al Congreso en una de sus peores crisis de legitimidad y credibilidad de la historia?. “Hasta la primera semana de mayo, 63 congresistas en ejercicio habían sido involucrados formalmente en el proceso de la parapolítica (…) El hecho que el 23% de los parlamentarios electos en 2006 -así como algunos de sus reemplazos- estén señalados judicialmente por haber establecido alianzas con grupos paramilitares con fines electorales o, en el peor de los casos, por haber sido participes de secuestros o incluso masacres, tiene nefastas implicaciones en el sistema democrático colombiano así como en los niveles de legitimidad y confianza del Congreso” (Programa Congreso Visible, Ámbito Jurídico, No. 249, Junio 2008)

Los objetivos del Proyecto de Acto Legislativo 047 de 2007 (Cámara) y 14 de 2007 (Senado) que fue discutido en siete debates en el Congreso de la República eran profundizar el proceso de fortalecimiento de los partidos políticos iniciado con el Acto Legislativo 01 de 2003 (Reforma Política), “(…) para enfrentar la amenaza que para la democracia representan las estrategias de grupos ilegales destinadas a infiltrarse en los procesos electorales” y “mejorar su función de representación popular”.

En cuanto al régimen de partidos y movimientos políticos, el Proyecto incluia, entre otras, medidas para mejorar la disciplina partidista, controlar la doble militancia, regular las consultas internas o interpartidistas, las coaliciones, las inhabilidades, los umbrales y condiciones para otorgar personerías jurídicas la financiación de los partidos y las campañas. Estas varias medidas habrían tenido dos consecuencias prácticas importantes: reducir el número de partidos y lograr que cada partido se hiciera responsable por determinados delitos de sus representantes.

A lo largo de los debates fue evidente la “tensión (…) entre la conveniencia de racionalizar el sistema de partidos, por una parte, y la obligación de proteger los derechos de las minorías, por la otra” (PNUD-IDEA, p. 19). Y también fue evidente la tensión en torno a la iniciativa de elevar“… a rango constitucional la responsabilidad de los partidos y movimientos políticos por sus candidatos elegidos a cargos y corporaciones públicas y establecer sanciones aplicables a las organizaciones políticas que implican la pérdida de la representación obtenida, y en algunos casos la personería jurídica” (PNUD-IDEA p.8).

Concretamente, en este tema el Proyecto contemplaba lo siguiente: A los “partidos, movimientos políticos, organizaciones sociales y grupos significativos de ciudadanos que avalen candidatos elegidos y sean sujeto de medida de aseguramiento (…) por delitos relacionados con la pertenencia, promoción o financiación de grupos armados ilegales o actividades de narcotráfico, se les suspenderá provisionalmente el derecho a reemplazar la curul hasta cuando se revoque la medida de aseguramiento. La renuncia de un congresista o miembro de corporación pública a su curul con ocasión de la investigación que se adelanta en su contra por los delitos descritos anteriormente, no exime al Partido de la sanción establecida en este artículo” (Subrayados nuestros).

En el caso de cargos uninominales, el partido o movimiento no podría enviar terna para designar su reemplazo ni podría postular candidatos para la próxima elección. En el caso de los cuerpos colegiados, se establecía que la curul perdida se asignara a otro partido, según el método de la cifra repartidora, y una vez que los votos obtenidos por el destituído se hubieran descontado de su lista. Si este descuento de votos implicaba no superar el umbral establecido para la correspondiente corporación, el partido perdería la personería jurídica y sus curules serían asignadas a otros partidos conforme al sistema de cifra repartidora. Si el partido perdía más del 50% de sus miembros en el Senado o la Cámara, perdía la personería jurídica; y si los perdía en una Asamblea, un Concejo o una JAL, no tendría derecho a presentar candidatos en la siguiente elección. Por último, “para la conformación del quórum y de las mayorías, no se tendrán en cuenta los escaños que se hubieren perdido provisional o absolutamente…”.

El hundimiento

La sanción anterior fue bautizada como la “silla vacía” y fue el Florero de Llorente que definió la suerte de la reforma. El Gobierno, autor de la iniciativa, sepultó el proyecto con el apoyo de la mayoría de sus aliados en la Comisión Primera del Senado. Para justificar el hecho se invocó un argumento de muy dudosa validez ética, especialmente en vista del objetivo de la Reforma. El Ministro del Interior y de Justicia explicó que, la silla vacía, sería un golpe a la gobernabilidad porque afectaba a las mayorías gubernamentales en el Congreso en particular en la Comisión Primera, encargada de estudiar las reformas constitucionales. El Ministro no dijo que una de esas reformas bien podría ser la referente a la eventual reelección del Presidente Uribe. Tampoco dijo que la “silla vacía” afectaría más que todo a los partidos y a los congresistas (y reemplazos) que integran la coalición de gobierno. O sea, en palabras claras, que los problemas de gobernabilidad no se derivarían de la reforma sino del hecho “que la inmensa mayoría de los parlamentarios involucrados (en las investigaciones por la parapolítica) sean de la bancada del gobierno del Presidente Álvaro Uribe; que hayan apoyado los principales proyectos de la agenda legislativa presentada por el Ejecutivo tales como la Ley de Justicia y Paz y la propia reelección inmediata del Presidente de la República, y que algunos de estos hayan apoyado activamente la elección y reelección del Primer Mandatario” ( Programa Congreso Visible, Ámbito Jurídico, No. 249, Junio 2008.

No era la primera vez que los altos funcionarios del Gobierno invocaban argumento de poca validez ética. El 19 de julio de 2006, el entonces Ministro del Interior y de Justicia, Sabas Pretelt de la Vega afirmó que “Una vez elegidos, todos los congresistas tienen el mismo respeto y aprecio del gobierno colombiano (…) Si alguien tiene credencial de congresista, a esa persona hay que respetarla (…) El apoyo de todos los congresistas es bienvenido” (El Tiempo, julio 9 de 2006). Y unos meses más tarde, en el Congreso de la Federación de Cafeteros, el Presidente Álvaro Uribe sostuvo que “…mientras estén en el Congreso, abiertamente les he pedido que nos voten la agenda legislativa. (…) Les voy a pedir a todos los congresistas que nos han apoyado que mientras no estén en la cárcel, a votar las transferencias, a votar la capitalización de Ecopetrol, a votar la reforma tributaria. (…) Esa trampita de que yo no les puedo pedir el voto porque es inmoral, pero eso sí que la oposición nos deje sin aprobar esta agenda legislativa, de ninguna manera, de combate somos (sic), apreciados cafeteros.” (Sistema de Noticias de la Presidencia de la República, Noviembre 29 de 2006).

Y sin embargo no hay duda de que aún están vigentes las causas que obligaron al Gobierno a proponer una Reforma para evitar la injerencia de las fuerzas criminales en nuestra vida política Por eso la llamada “Comisión de Reajuste Institucional”, el Consejo Nacional Electoral y varios partidos están preparando propuestas de reforma política y electoral para ser presentadas al Congreso a partir del 20 de julio.

Desequilibrio de poderes

Estos cambios se necesitan, no sólo por las razones mencionadas, sino para adecuar el sistema político a las realidades resultantes de la reelección inmediata – y muy probablemente repetida- del Presidente de la República. Lo que está en riesgo es la democracia debido al incremento desmesurado del poder presidencial y a la concentración de poder en una persona. Y este riesgo ya es un hecho, con las interferencias del Ejecutivo en la actuación del Congreso, de la Justicia y de los gobiernos locales; con la descalificación y la deslegitimación de los tribunales; con el cambio de normas constitucionales al vaivén de la coyuntura y para beneficio del Primer Mandatario; con la apelación a la democracia plebiscitaria en detrimento de la democracia representativa y sus instituciones básicas (incluyendo, en contravía de la Reforma, a los partidos políticos).

Por todo esto, sería inaceptable que aduciendo razones coyunturales o rencillas personales, el Gobierno y los partidos se abstuvieran de impulsar las reformas urgentes. Un régimen de sanciones para los partidos y movimientos que postulen o elijan delincuentes para ocupar los altos puestos públicos. Y un conjunto de mecanismos para restablecer el equilibrio de poderes resquebrajado a consecuencia de la primera reelección – y más aún de la segunda- .

Ojalá que las otras reformas anunciadas, que repasamos esta semana en Razón Pública, no se vuelvan excusas para aplazar el debate. O para alimentar la amnesia colectiva que impide ver más allá del momento.

Referencias

Programa Congreso Visible, Departamento de Ciencia Política, Universidad de los Andes. “Parapolítica: ¿Qué ha pasado con la representación parlamentaria departamental?” en Ámbito Jurídico, Edición 249, 19 de mayo al 1 de junio del 2008

PNUD-IDEA. Proyecto de Acto Legislativo número 047 de 2007 Cámara y 14 de 2007 Senado. Exposición de motivos. Propuesta de modificación al articulado aprobado en la primera vuelta. Cuadro comparativo.Documento de trabajo. Proyecto Reforma Política PNUD-IDEA, 2008

*Miembro fundador de Razón Pública. Para ver el perfil del autor, haga clic aquí.

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