La oleada de asesinatos de policías y militares por parte del Clan del Golfo es un serio desafío a la “paz total” del presidente Petro. Qué pretenden y qué logran los que matan policías en Colombia.
César Alarcón Gil*
Comprar policías muertos
A pocos días de concluir el gobierno de Iván Duque, el Clan del Golfo inició una oleada de asesinatos de policías y militares en distintas regiones del país.
Por eso es bueno recordar la historia de este tipo de crímenes contra la Fuerza Pública y analizar en que consiste el desafío para la política de seguridad del gobierno que hoy comienza.
A finales de la década de 1980 se presentó un fenómeno inédito en Colombia: la oferta pública de un pago por cada policía asesinado. Eran los años de la guerra entre el Estado y el cartel de Medellín. Se le atribuye a Pablo Escobar la invención de este método que, entre 1989 y 1992, dejó más de 500 policías muertos en la ciudad de Medellín.
Desde ese tiempo quedó claro que no era obligatorio formar parte de alguno de los grupos en conflicto: cualquier persona que tuviera los medios y quisiera obtener la recompensa, sencillamente mataría al policía y pasaría la factura. Se trataba de una oferta que producía tres efectos distintos:
- Abría el abanico de posibles victimarios; cualquier bandido podría sumarse a la ofensiva criminal contra del Estado, atacando su componente más visible y vulnerable: el policía de la calle.
- Reforzaba la sensación de desamparo y terror entre los policías —y entre la población civil en general—. Sin importar si el policía iba solo o en compañía de otros, recorriendo las calles o dirigiendo el tráfico, vestidos de civil o llegando a casa: el policía caído era dinero pagado. El precio dependía del rango del difundo; no valía lo mismo un patrullero que un oficial o un integrante del Bloque de Búsqueda.
- Presionaba a quienes tomaban decisiones gubernamentales. Esta brutal demostración de fuerza obligaría a las autoridades a adoptar posturas más flexibles frente al fantasma de la extradición a Estados Unidos que despertaba ansiedad entre los narcotraficantes colombianos.
Desde entonces, esta estrategia homicida fue conocida mediáticamente como “Plan Pistola” que, en su dimensión más básica, puede ser entendida como “la orden de un grupo al margen de la ley para asesinar sistemáticamente a miembros de la Fuerza Pública, sean de la Policía o del Ejército, estando en funciones o en descanso—durante un periodo de tiempo y en lugares determinados—”.
Pablo Escobar fue dado de baja en diciembre de 1993, pero el Plan pistola no desapareció con él. Cambiaron los referentes contextuales, pero el asesinato sistemático de policías persistió como instrumento de guerra. Durante las décadas siguientes, el mecanismo presuntamente ideado por Escobar comenzó a formar parte del repertorio de prácticas que serían utilizadas por los distintos grupos armados.
De la vieja a la nueva violencia
Y mientras tanto tendrían lugar cambios de fondo en el estado de la seguridad para los colombianos:
Durante el último año del gobierno Gaviria (1990- 1994), se produjo una reforma de la Policía en busca de la transparencia, la disciplina y una mejor organización institucional. Este fue el mayor cambio importante desde la reforma de Rojas Pinilla (1953).
En medio de altibajos y reveces, este proceso se intensificaría bajo el gobierno Samper (1994-1998) y el denominado “Programa de Transformación Cultural y Mejoramiento Institucional” (1995- 1998), que produjo mejoras notables en el desempeño de la Policía (a partir sobre todo de la purga de un gran numero de agentes sospechosos de estar al servicio de los narcos).
Paralelamente se estaban dando el auge y la desaparición de las Autodefensas Unidas de Colombia (1997- 2006); la expansión, contracción y firma de la paz con las FARC (1998 -2016) y los embates oscilantes del ELN.
Diversas organizaciones delictivas irían tomando forma, con ciclos de vida cada vez más cortos, pero con la constante de la paulatina integración de ex miembros de los grupos antes mencionados —incluyendo expolicías o ex integrantes del Ejército— a sus unidades operativas.
El Plan Pistola sobrevivió entre las grietas de todas estas mutaciones, como un acto criminal con efectos políticos, psicológicos y mediáticos que, por diversas razones, ejercía presión sobre las autoridades estatales.
Las ganancias para los grupos al margen de la ley que usaban esa estrategia iban desde una señal de fortaleza, destreza operativa y control territorial, hasta la prueba de que el aparato estatal era incapaz de proteger al personal de su primera línea de defensa.
Las Autodefensas Gaitanistas de Colombia – Clan del Golfo
Tiende a olvidarse que la agrupación conocida como Clan del Golfo en gran parte es una síntesis de todos los elementos anteriores.
Conviene recordar que el gobierno fue quien utilizó el nombre Clan del Golfo para referirse al grupo que se autodenominaba como Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC).
Este segundo nombre denota la intensa contradicción desde el origen mismo del grupo: mientras que la alusión a Gaitán trata de distanciarlos del paramilitarismo, la palabra “autodefensa” reivindica su cercanía con el paramilitarismo.
Por otro lado, analizando la demografía organizacional, obtenemos más indicios. Aunque muchos integrantes del grupo no habían formado parte de ninguna organización al margen de la ley, un número creciente de ellos ha tenido experiencia de vida como exguerrillero, ex paramilitar, o ex integrante de la Fuerza Pública.
En términos de organización, es fácil darse cuenta de que las AGC han acudido sobre todos a la subcontratación de otros grupos con distintas especializaciones y con arraigo en territorios donde conocen bien los espacios donde operan.
Esta manera de funcionar, aceitada con los recursos del narcotráfico y otras rentas criminales, ha permitido el crecimiento y expansión territorial sostenida de las AGC–Clan del Golfo. Y esto pese a los esfuerzos de la administración Santos (2010-2018) y la de Iván Duque (2018-2022).
El Plan Pistola de ahora
Sobre este telón de fondo, la ejecución del Plan Pistola por parte de las AGC- Clan del Golfo debe leerse como un juego de fuerzas donde los ataques han sido recíprocos.
Ante el aumento del poder operativo de esta organización, el gobierno Santos realizó un operativo policial primero y un operativo militar después, para neutralizar a los principales cabecillas de la organización —operaciones Agamenón I y II—. Agamenón II se mantuvo durante todo el gobierno Duque, hasta lograr la captura del máximo líder, alias Otoniel.
Pero a su vez la respuesta del Clan consistió en “paros armados”, es decir en atacar a civiles residentes en poblados específicos, bloquear vías, impedir la movilidad y cerrar establecimientos comerciales. Por otra, por supuesto, se ejecutó el Plan Pistola.
Mientras que la promoción de paros armados ha sido una constante desde los primeros momentos del grupo, la frecuencia de los Planes Pistola ha aumentado particularmente desde 2017. Esto coincide con la puesta en marcha y con la vigencia de Agamenón II.
Para la primera mitad de 2022, el último año del gobierno Duque, ha sido notable el nuevo pico en el número de policías asesinados. Hasta el 28 de julio de este año, se había registrado el homicidio de 62 policías, 36, estando en servicio. Se responsabiliza a las AGC- Clan del Golfo de 18 de estas muertes.
El director de la Policía, general Jorge Luis Vargas señala que “hay una venganza criminal y narcotraficante contra la policía.” No hay duda sobre ello. Sin embargo, es conveniente situar estos homicidios en un contexto más amplio. He aquí, uno de los primeros pasos.
