¿Por qué tanta corrupción en Colombia? El Estado como botín - Razón Pública
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¿Por qué tanta corrupción en Colombia? El Estado como botín

Escrito por Eduardo Lindarte
Corrupción en Colombia

Corrupción en Colombia

Eduardo LindarteLas élites políticas han hecho del Estado su propia fuente de recursos y alimentación de redes electorales y negocios privados. ¿De dónde viene este fenómeno, por qué ha llegado hasta un nivel tan alarmante, y que podemos hacer al respecto?*

Eduardo Lindarte Middleton**

Universidad ManizalesTres claves

Últimamente casi todos nos sentimos abrumados por la cantidad de casos de corrupción que se reportan todos los días en todos los ámbitos. Pero la modalidad de corrupción más destacada es sin duda la política o la que afecta al Estado.

¿Por qué ocurre esto? Para comprender la situación es necesario tener en cuenta tres contextos pertinentes:

  • El primero es el más general y no concierne solamente a Colombia. Cuando el éxito económico se convierte en el principal objetivo de la vida y sin embargo el acceso a los medios lícitos para alcanzar ese éxito está muy restringido, muchas personas tienden a optar por medios que no son lícitos. Esta fue la observación famosa del sociólogo Robert K. Merton, quien sin embargo no añadió que – con el  paso del tiempo y el aumento de los transgresores- estos presionan para ser aceptados y así hacer más dulce el disfrute de su éxito.
  • El segundo es el de un país en desarrollo pero con pretensiones democráticas -o donde la legitimidad de las autoridades se basa en su elección popular-. En un país como este abunda la pobreza y no es fácil que se dé la educación necesaria para que la mayoría de las personas ejerzan una ciudadanía crítica o deliberativa. Las mayorías se limitan a buscar su subsistencia individual o familiar, el interés por los bienes colectivos es muy limitado, y el voto se convierte en una fuente potencial de ingresos para las personas. Este es el caldo de cultivo ideal para la corrupción en la forma de clientelismo, patronazgo y compraventa de votos.
  • Como tercer contexto tenemos la evolución en las condiciones económicas del Estado colombiano. Según Junguito y Rincón, mientras que el gasto público en la primera mitad del siglo XX representó en promedio el cinco por ciento del Producto Interno Bruto (PIB), entre 1960 y 1990 fue del diez por ciento, para llegar más tarde a más del veinte por ciento. El enriquecimiento evidente del Estado lo convirtió en un botín o blanco potencial cada vez más atractivo para el enriquecimiento de individuos o de grupos con acceso preferencial al manejo de ese Estado.   

Un negocio redondo

Corrupción en Colombia.
Corrupción en Colombia.    
Foto: Urna de Cristal

Desde finales de la década de 1950 en la política colombiana se instaló lo que puede llamarse “el mercado de votos, puestos y contratos”, cuyo funcionamiento es bastante bien conocido: 

Desde finales de la década de 1950 en la política colombiana se instaló lo que puede llamarse “el mercado de votos, puestos y contratos”.
  • Un grupo o red de interesados apoya la candidatura de su jefe a un cargo público influyente, con el respaldo financiero necesario para asegurar su victoria. Esto incluye recursos para la publicidad pero también, en caso necesario, para la compra de votos a través de las redes de líderes locales.
  • Una vez elegido, el candidato paga los favores recibidos mediante nombramientos en otros cargos decisorios o simplemente burocráticos, y además canaliza las licitaciones hacia ciertos contratistas a cambio de jugosas comisiones. Con esto se reembolsa la inversión en la campaña y se asegura un excedente de acumulación de dineros públicos en manos privadas. Entonces la participación en política, aparte del atractivo que el poder, el reconocimiento y estatus que los altos cargos puedan traer consigo, adquiere el carácter de un negocio ventajoso.

Clase política emergente y corrupción desaforada

¿Cómo y en donde se originó el mercado de votos, puestos y contratos? Aunque no contamos con suficiente investigación histórica para responder exactamente a esta pregunta, es razonable suponer que los acuerdos y restricciones propias del Frente nacional favorecieran su desarrollo, y que el ya dicho enriquecimiento del Estado –sobre todo con la bonanza minero-energética de los últimos años- se encargó de agigantar ese mercado.  

Inclusive podría argumentarse que algunas semillas germinaron en las décadas previas al Frente Nacional, cuando el Estado comenzó a asignar subsidios para determinados sectores o actividades, lo cual conllevaba cierto estímulo para pagar por el acceso a esos subsidios. Pero hubo otros factores importantes:

A mediados del siglo pasado se aceleró el proceso de urbanización en Colombia, y con esto comenzó el agotamiento de la política tradicional, cuando las élites rurales manejaban a los campesinos sin educación ni autonomía personal alguna. Esas élites eran clientelistas pero no  corruptas – salvo en el sentido de imponer políticas que beneficiaran sus propios intereses (comenzando por la legislación sobre tierras)-, pero fueron reemplazadas por nuevos gamonales que apelaron a los votantes urbanos. Estos políticos nuevos provenían en su mayoría de las clases emergentes, para quienes el Estado representaba la única oportunidad legal de un ascenso social y económico rápido. Y así llegamos a la orgía que hoy estamos padeciendo.

¿Para dónde vamos?

Senador del partido de la U, Bernardo “Ñoño” Elías, involucrado en caso Odebrecht.
Senador del partido de la U, Bernardo “Ñoño” Elías, involucrado en caso Odebrecht.   
Foto: Conexión Capital

Algunos analistas, como Francis Fukuyama, ven el problema del clientelismo, el patronazgo y la corrupción como un fenómeno propio de las sociedades en proceso de desarrollo. Al aumentar el nivel de ingreso, este fenómeno tendería a desaparecer por dos razones: por una parte los empresarios privados se niegan  a pagar  comisiones porque éstas disminuyen sus utilidades en un mercado cada vez más competitivo; por otra parte los ciudadanos afluentes y educados ya no tiene interés ni motivos para vender sus votos.

Estos políticos nuevos provenían en su mayoría de las clases emergentes, para quienes el Estado representaba la única oportunidad legal de un ascenso social y económico rápido. 

Se supone que este ha sido el caso del Reino Unido y de Estados Unidos. Pero  ¿bastará con esas dos tendencias para que disminuya el nivel de corrupción política en Colombia? Infortunadamente es posible encontrar países con ingresos per cápita más altos que los nuestros que sin embargo – y según el mismo Fukuyama- no han podido superar este problema. Esto a su vez sugiere la incidencia de componentes histórico-culturales, donde parecería destacarse un factor común: la marcada desconfianza y la ausencia de solidaridad entre sus ciudadanos, lo que torna difícil, riesgosa, costosa e ineficiente la actuación en común.

Y a todo esto tendríamos que añadir que – más allá del patronazgo y el clientelismo- hoy asistimos al uso de metodologías sistemáticas y sofisticadas para esquilmar los recursos del Estado, tanto en el plano nacional (como en el caso de Reficar) como en el internacional (como en el caso Odebrecht).

¿Qué se puede hacer?

Control ciudadano.
Control ciudadano.  
Foto: Función Pública

De lo anterior se sigue que sin la ampliación de la conciencia ciudadana y del rechazo efectivo de las prácticas corruptas no es posible reducir de manera sustancia este flagelo. ¿Qué hacer? Al menos seis  acciones, con la advertencia de que no constituyen curas sino atenuantes:

  1. Necesitamos más investigación académica sobre el problema. Habría que identificar  las buenas prácticas en este campo y analizar de manera objetiva el grado y las razones de su eficacia. Con esto se tendría un mejor conocimiento sobre las modalidades, mecanismos y alcances de la corrupción, así como de las alternativas para su control y reducción.
  2. El periodismo de investigación sería mejor si se basara en los estudios antedichos, y si los medios mismos de comunicación se someten al debate ciudadano en cuanto a cómo se financian y cómo escogen sus denuncias (y silencios).
  3. Hay que fortalecer las veedurías ciudadanas hasta lograr que la simple indignación  se convierta en rechazo social categórico y en sanción política efectiva – es decir en que los responsables sean destituidos y en que la gente no vuelva a elegirlos.  
  4. Hay por supuesto que hacer los ajustes pertinentes en las leyes, las instituciones y las prácticas, sobre la base de la investigación científica y la experiencia nacional e internacional.
  5. Hay que fortalecer los valores colectivos y desestimular las tendencias egocéntricas. Esto pasa por el sistema educativo y la mejora de las condiciones básicas de las grandes mayorías – y como tal constituirá un proyecto de largo plazo-.  
  6. También cabría investigar más y experimentar más sobre la delegación de algunas funciones y servicios del Estado; pero en vez de la empresa privada – cuyo objetivo es el lucro privado- se apelaría más bien a las organizaciones misionales de la sociedad civil, todo ello bajo la adecuada transparencia y vigilancia tanto cívica como legal.

*Razón Pública agradece el auspicio de la Universidad Autónoma de Manizales. Las opiniones expresadas son responsabilidad del autor.  

* Economista de la Universidad Nacional, M.A en Sociología de Kansas State University, Ph. D. en Sociología de la Universidad de Wisconsin, docente y consultor a comienzos de la vida profesional, técnico y consultor de organismos internacionales en el medio, y actualmente docente y coordinador del Departamento de Ciencia Política de la Universidad Autónoma de Manizales.

 

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