Este flagelo es un fenómeno complejo e interiorizado en nuestra sociedad. Votar “sí” a la Consulta Anticorrupción es apenas el comienzo.*
Eduardo Lindarte Middleton**
Dos hipótesis
El 26 de agosto se votará la Consulta Popular Anticorrupción. Para votar de manera informada sobre los remedios hay que empezar por entender cuál es el mal y cuáles son sus causas.
Una primera posibilidad es tomar la definición de Transparencia Internacional , que entiende la corrupción como “el mal uso de poder encomendado para obtener beneficios privados”. Pero si bien esta definición es muy concreta, no tiene mayor profundidad analítica.
Las élites sintieron que nada las podía detener y que no estaban obligadas a ninguna norma.
En su forma más básica, yo propondría entender la corrupción como “la violación de una norma general en beneficio de un interés más particular”. Esta definición tiene la ventaja de poder considerar distintos tipos de normas, sean de carácter moral, legal o simplemente social.
A partir de esta concepción que creo más acertada, avanzaría dos hipótesis sobre lo que ha ocurrido en Colombia:
- Las normas morales y legales se han interiorizado solo parcialmente
- Esas normas se han degradado hasta convertirse apenas en normas sociales, de modo que se las ve apenas como obstáculos que se pueden y debe superar “estratégicamente”, y en consecuencia el violarlas se ve como algo trivial.
La formación de una élite corrupta
 La corrupción política Foto: Escuela Penitenciaria Nacional |
Algunas causas de la corrupción serían particulares de Colombia y otras serían internacionales o generales.
Entre nuestras condiciones históricas específicas se encuentra la constante concentración del poder. Desde la Conquista, la sociedad colombiana se organizó en torno a la figura de la encomienda y luego de la hacienda. Ambas instituciones permitieron establecer un orden jerárquico de dominación política, económica, social, cultural, racial y psicológica.
Así, el poder se concentró cada vez más en las élites. Otras formas de organización social salieron derrotadas y la sociedad empezó a caminar progresivamente hacia una economía capitalista de mercado.
Esta particularidad de retención continua del poder, sin grandes amenazas ni sobresaltos excesivos, les confirió a las élites colombianas un sentido de privilegio único. En otras palabras, las élites sintieron que nada las podía detener y que no estaban obligadas a ninguna norma.
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Por eso fueron escasas las normas reales y generales, que de hecho se aplicaran a todos los colombianos. En un escenario de poder casi ilimitado, la corrupción deja de ser la excepción y se vuelve la regla. Ser corrupto, por lo tanto, sería el ejercicio de una posición connatural: como quien dice, “la ley es para los de ruana y usted no sabe quién soy yo”.
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Una Colombia aparente y una real
 Musa Besaile, excongresista en varios procesos por soborno a magistrados, parapolítica y corrupción. Foto: Congreso de la República |
Pero si las élites no interiorizaban las normas, las masas tampoco.
La iglesia católica predicaba sobre valores, pero su mensaje tenía poca penetración real en la sociedad. De hecho, también la iglesia se beneficiaba del orden excluyente y jerarquizado. Paradójicamente, en esa sociedad tan elitista (y esquizofrénica) caló después el pensamiento francés, que proponía justicia e iguales derechos para todos los seres humanos.
Así, tres factores incidieron sobre la formación moral del país:
- El carácter excluyente de la sociedad;
- La tradición legalista, que se remonta hasta Santander, y
- El impacto de la iglesia Católica, comprometida a la formación moral de sus feligreses.
El cruce de estas tres fuentes originó un universo dual de realidades superpuestas: de una parte, un mundo de códigos legales y éticos; de otra parte, otro mundo de realidades y prácticas corruptas, solo restringidas en apariencia por las primeras. Obviamente otros factores también fueron importantes como la fragmentación geográfica del territorio y la debilidad de su integración, todo lo cual contribuyó a fortalecer y ocultar la dualidad señalada.
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La ausencia de condiciones apropiadas para la formación de una solidaridad real como base para constituir un orden moral compartido significó que la sociedad siguiera moviéndose desde una mentalidad esencialmente egocéntrica. Es decir, reducida a pensar solo en redes familiares y de amistad.
Desde tal nivel de conciencia, las conductas responden a una economía individualista de cálculo de incentivos, señales y oportunidades de conveniencia. Esas conductas se revisten además de un ropaje legalista para parecer apropiadas.
Recientemente han salido a la luz algunas señales de desgaste de ese ropaje, que van dejando al “emperador sin su ropa”. Por ejemplo, el desarrollo de las comunicaciones ha hecho cada vez más visibles las prácticas corruptas. También inciden el aumento de la urbanización y las mejoras educativas que han sido fuente de más y más personas con las condiciones y las capacidades de exigir una ciudadanía basada en la solidaridad moral.
En sentido contrario, pueden verse los síntomas de una degradación mayor. Parece que los corruptos ya ni siquiera se ocupan de revestir sus actividades de un ropaje aparentemente ético. Algunos, aun bajo sospecha o investigación, no aguardan para mostrar sus nuevos carros, joyas, ropa y casa en medio de la apatía y de la celebración por haber “coronado”.
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El capitalismo y la injusticia
Pero existen otras influencias que son externas e internacionales. Desde su ingreso en el siglo XIX a la división del trabajo como productor de materias primas, hasta el actual impulso a la globalización neoliberal, Colombia se ha ido formando como una economía de mercado capitalista.
El componente financiero de esta globalización en particular no solamente ha promovido la búsqueda del enriquecimiento, sino también la urgencia dentro del casino global de lograrlo en tiempos cada vez más cortos.
De una parte, un mundo de códigos legales y éticos; de otra parte, otro mundo de realidades y prácticas corruptas.
Hace cincuenta años, Robert Merton destacó desde la sociología que si una sociedad adopta como criterio de éxito un valor material como el enriquecimiento, pero por otra parte no provee a todos la oportunidad de acceder a ese valor por medios lícitos, estará creando un incentivo poderoso para buscarlo por caminos alternativos, ilícitos pero accesibles (como la corrupción, la criminalidad, el narcotráfico, etc.).
Finalmente, hay que tener en cuenta que una gran parte de la población todavía vive bajo condiciones de ignorancia, marginalidad y pobreza, lo que las hace vulnerables a la tentación del clientelismo. Hoy, el posconflicto desmonta las restricciones a una mayor apertura política y la corrupción se hace más visible en toda su magnitud.
Los mayores retos
 Luis Gustavo Moreno, exfiscal extraditado Foto: Corte Suprema de Justicia |
De cara a lo anterior, la literatura señala un conjunto de condiciones sociopolíticas, culturales e institucionales que favorecen la corrupción en Colombia. Entre ellas se destacan:
- La debilidad institucional del estado
- El clientelismo
- El narcotráfico
- La cultura del incumplimiento de normas
- Los escenarios monopólicos de producción de rentas, y
- Las modalidades de selección y contratación no competitivas ni transparentes
Cuando se habla de corrupción solemos referirnos a las prácticas de algunos funcionarios públicos, cuando en la realidad se trata de un fenómeno mucho más extendido, que abarca todas las esferas de la sociedad.
Sin embargo, los responsables de las mayores pérdidas de recursos del Estado son los estratos altos. Algunos cálculos estiman esas pérdidas en alrededor de 9 billones de pesos al año, aunque eso sea extremadamente difícil de medir por su naturaleza ilegal.
Sin importar la confiabilidad y validez de cualquier estimativo, esas cifras representarán solo la “punta del iceberg”, pues la corrupción tiene muchos otros efectos multidimensionales que no se pueden medir.
“Sí” a la Consulta Anticorrupción
Mucho se ha discutido sobre la posible efectividad, constitucionalidad, viabilidad, y pertinencia de la Consulta Anticorrupción. Dejando eso a un lado, hay un gran argumento a su favor: que la Consulta implica una pedagogía sobre el tema, así como un mandato popular que le da “dientes” al combate.
Allí es donde aparece su mayor contribución, como impulso de arranque para los largos cambios que necesitan hacerse y para el debate profundo que se requiere. Desde ese punto de vista no dudo yo de que debemos votar “sí” a sus preguntas el próximo domingo.
*Razón Pública agradece el auspicio de la Universidad Autónoma de Manizales. Las opiniones expresadas son responsabilidad del autor
**Economista de la Universidad Nacional, M.A en Sociología de Kansas State University, Ph.D. en Sociología de la Universidad de Wisconsin, docente y consultor a comienzos de la vida profesional, técnico y consultor de organismos internacionales en el medio, y actualmente docente e investigador del Departamento de Ciencia Política de la Universidad Autónoma de Manizales.
