¿Qué nos dice el paro nacional sobre el pasado y el futuro de Colombia? - Razón Pública
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¿Qué nos dice el paro nacional sobre el pasado y el futuro de Colombia?

Escrito por Eduardo Lindarte
Eduardo Lindarte

El paro nacional puede marcar un punto de inflexión en la larga travesía de un país de súbditos a un país de ciudadanos. Pero en Colombia nos falta contestar las preguntas esenciales.

Eduardo Lindarte*

El Estado débil

En medio del intenso clima emocional y político de las últimas semanas, ha pasado inadvertido un proceso de largo aliento, que podría anunciar la llegada de un cambio en el modelo socioeconómico y en la forma de entender el papel del Estado. Veamos.

Después de la independencia propiciada por las élites criollas, la sociedad siguió siendo intensamente desigual en términos de raza, poder y riqueza, y la población siguió dividida entre superiores e inferiores. Esto conformó una sociedad de súbditos, con mínima capacidad para expresar y articular efectivamente sus demandas.

Como explica Miguel Ángel Centeno en Sangre y deuda, en toda América Latina se formaron Estados débiles con mínimo financiamiento. La mayoría de la población era pobre y las élites no buscaron la independencia para pagar más impuestos. Por eso, prefirieron limitar el financiamiento estatal a fuentes como las aduanas, las emisiones monetarias y, cuando era posible, el endeudamiento externo, como lo ejemplificó el empréstito obtenido por Santander cuando era vicepresidente de la Gran Colombia.

Como consecuencia de lo anterior, en el siglo XIX los gastos estatales se concentraron en el orden público, la burocracia y la representación del Estado en el exterior. Salvo entre 1857 y 1885, la inversión pública de fomento económico fue mínima.

Foto: Personería de Cali - Las presiones del proceso descrito conllevan a la transición además desde un estado entre autoritario, paternalista y/o neoliberal a uno de corte más social demócrata que asume mayores servicios y ayudas a sus sectores menos favorecidos

Cambios económicos y sociales

Con la llegada del siglo XX, las exportaciones de café, primero, y la industrialización, después, proveyeron nuevas fuentes de ingresos para el Estado, aunque el endeudamiento externo se mantuvo.

Pero la industrialización y la urbanización crearon, a su vez, nuevas exigencias económicas y sociales: educación, agua, electricidad, vías, vivienda, etc. Todo eso fue implicando la transición de una sociedad de súbditos a una sociedad de masas, de origen predominantemente rural, todavía con grandes dificultades para articularse y expresar demandas propias.

En toda América Latina se formaron Estados débiles con mínimo financiamiento

Con la emergencia de las capas intermedias y el mejoramiento progresivo de las condiciones de vida, las relaciones de poder cambiaron, pero las jerarquías se mantuvieron igual en lo esencial. A lo largo del siglo, las capacidades estatales –incluida la de articulación social– fue aumentando lenta pero progresivamente.

En el siglo XXI comienza a gestarse una transición social expresada en la nueva Constitución. Se trata del paso gradual de una sociedad de masas a una sociedad de ciudadanos, con toda su diferenciación de sectores y de intereses, y lo que ello implica en capacidades de articulación, expresión y presión, especialmente entre jóvenes.

Como argumentan Acemoglu y Robinson en Por qué fracasan los países, las mayorías han conseguido ampliar sus derechos utilizando diversos mecanismos. En Colombia esto ha ocurrido principalmente por la elevación del nivel educativo, la emergencia de capas sociales intermedias, las crecientes capacidades en los medios de comunicación —telefonía, télex, fax, internet, celulares y otros–, y una mayor articulación con lo internacional.

Pero en este proceso los beneficios del crecimiento económico se han distribuido de forma desigual, a causa de la globalización neoliberal concentradora y los intereses geopolíticos.

¿Hacia dónde vamos?

La pandemia y sus correlatos han intensificado estos problemas. La crisis económica, el aumento de la pobreza, la desaparición de oportunidades de empleo y de negocios y la persistencia de la corrupción han agravado el descontento.

A todo eso se sumó la torpeza del gobierno, que presentó una reforma tributaria sabiendo que el Congreso no se la iba a aprobar, y la incidencia de varios intereses políticos, geopolíticos y criminales que se aprovecharon de la inestabilidad y el vandalismo.

Pero la coyuntura actual es muestra de un cambio más profundo: los Estados, dependientes del proceso electoral, son cada vez más vulnerables a la agencia y las demandas de la sociedad civil. Por es, las ayudas económicas y otras inversiones sociales han aumentado de forma sostenida. Según Junguito y Rincón, el gasto del gobierno central pasó del 5 % del PIB en la primera mitad del siglo XX al 10 % entre 1960 y 1990, a más del 20 % entre este último año y principios del siglo XXI y a 30,9% en 2019.

La pandemia y sus efectos colaterales han acentuado esta tendencia. Esto está impulsando la transición de un Estado autoritario, paternalista y neoliberal a uno de corte más socialdemócrata, que asume mayores responsabilidades e invierte en beneficio de los menos favorecidos.

Pero, aunque son justas y deseables, las inversiones sociales necesitan financiamiento. En el caso de los países escandinavos, las políticas sociales se han sostenido en dos pilares: (i) impuestos altos; (ii) compensados con productividad y competitividad.

Acá es donde surge el dilema. Colombia sigue siendo un país pobre, con condiciones de productividad reducida y competitividad limitada, basada en productos primarios —algunos de ellos sin futuro, como el carbón–. A pesar de algunos esfuerzos, nuestros gastos en ciencia, tecnología e innovación son aún muy bajos —menos del 1% del PIB–. Aunque se ha aumentado la inversión en educación, esta sigue siendo insuficiente desde una perspectiva de calidad y no solo de cantidad. Es probable que esto no cambie en el corto ni el mediano plazo.

Aunque son justas y deseables, las inversiones sociales necesitan financiamiento. En el caso de los países escandinavos, las políticas sociales se han sostenido en dos pilares: (i) impuestos altos; (ii) compensados con productividad y competitividad.

Entonces ¿de dónde saldrán los recursos para financiar la nueva orientación socialdemócrata? ¿Estamos entrando en una era de intensos conflictos distributivos, manifestados en continuas y sucesivas reformas tributarias, con la resistencia que conllevan? Ante estas preguntas difíciles, existe un riesgo de que el gobierno recurra a emisiones monetarias con sus consecuencias inflacionarias y sus efectos social y económicamente nocivos, o a un mayor endeudamiento externo.

En todo caso, parece que inadvertidamente nos dirigimos a un cambio de modelo socioeconómico. Hay que comprender ese cambio, sus implicaciones y sus consecuencias, antes de buscar saber si será o no deseable. Y, ante todo, hay que examinar la coyuntura actual no como un proceso súbito, sino como parte de un proceso de mediano y largo plazo. Solo así se podrán desarrollar estrategias viables y efectivas para conjurar la crisis.

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