La tensión entre Colombia y Guatemala es fruto de una venganza de la élite guatemalteca contra la Comisión que denunció su corrupción, cuyas raíces a su vez se hunden en nuestra común historia de desigualdad.
Eduardo Lindarte Middleton*
La Fiscalía de Guatemala
Esta semana se informó que la Fiscalía de Guatemala abrirá una investigación sobre Iván Velásquez, actual ministro de Defensa de Colombia, pretendiendo además proferir autos de detención y solicitar extradición para otros integrantes de la antigua Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG).
Esto fue rechazado tajantemente por el presidente Petro, a lo cual el presidente guatemalteco, Alejandro Giammattei, respondió calificándolo de exguerrillero. En una contra-respuesta Petro aludió al Estado guatemalteco como mafioso.
Frente a esto hechos algunos pueden preguntarse: ¿por qué ocurrió todo esto? y ¿por qué hay virulencia en los intercambios? Exploraré acá el asunto y sus implicaciones para la lucha contra la corrupción.
¿Qué fue (CICIG)?
La Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CIGIG) fue establecida en 2007, con Iván Velásquez como su comisionado, a raíz de las preocupaciones de grupos de la sociedad civil guatemalteca, por la criminalidad y la corrupción, y por solicitud del presidente de entonces, Óscar Berger, a Naciones Unidas.
Su propósito era recolectar información y dar apoyo para que después la Fiscalía y el poder judicial guatemalteco tuviesen base para enjuiciar a los responsables. No intervenía directamente, pero podía ser co-querellante con las autoridades guatemaltecas. Operó entre ese año y el 2019, cuando el presidente en ejercicio de entonces, Jimmy Morales, de manera inconstitucional, según la Corte Suprema, no renovó su continuación e impuso a los comisionados un plazo de 24 horas para salir del país.
Durante su funcionamiento, la CICIG realizó una labor extensa. Presentó más de 120 casos al sistema de justicia guatemalteca que involucraron a 1540 personas, de las cuales 650 enfrentaron cargos o procesos legales.
Estos comprendieron unos 200 funcionarios y exfuncionarios, incluido Morales mismo con su familia, así como el expresidente Otto Pérez Morales y su vicepresidenta —estos últimos resultaron condenados—. Aproximadamente uno de cada cinco miembros del Congreso resultó salpicado. Lo mismo ocurrió con muchos miembros de la élite empresarial.
La Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CIGIG) fue establecida en 2007, con Iván Velásquez como su comisionado, a raíz de las preocupaciones de grupos de la sociedad civil guatemalteca, por la criminalidad y la corrupción, y por solicitud del presidente de entonces, Óscar Berger, a Naciones Unidas.
Adicionalmente, la CICIG ayudó a modernizar y mejorar, a largo plazo, el sistema de justicia guatemalteco. Introdujo modernas técnicas y metodologías de investigación y de manejo de cooperantes, previamente inexistentes allí; formó fiscales capaces y ayudó a introducir tribunales especiales con jueces protegidos. A lo largo de su duración, formuló 34 propuestas de reformas para mejorar las capacidades de los fiscales.
Otro efecto fue reducir las tasas de homicidios y de impunidad. Finalmente, la CIGIG ha sido un modelo para iniciativas similares, como la de Honduras.
Reacciones en Guatemala
Nada extraño es entonces que lo anterior causara una violenta oposición y muy diversos intentos de desacreditar y sabotear su actuación. El Congreso se negó a sancionar a Morales, y la poderosa alianza empresarial CACIF realizó cabildeos ante el gobierno Trump contra la CICIG, gobierno que se mantuvo tibio en su apoyo.
Pero la C omisión siempre contó con alta confianza de la sociedad civil (70 % según encuestas en 2017), la cual protestó por su salida. Además, fue reconocida por Naciones Unidas, la Unión Europea y el Congreso de Estados Unidos.
La venganza
Respecto del excomisionado Velásquez se denunció corrupción potencial relacionada con Odebrecht. De ser ciertas esas aseveraciones, con toda probabilidad, tanto Naciones Unidas como Estados Unidos las habrían conocido y considerado antes, pero de éstos la Comisión únicamente ha recibido elogios, apoyo y reconocimiento.
El perfil y la gestión del comisionado son más bien los de un fundamentalista. A lo sumo cabría considerar dificultades surgidas de decisiones potencialmente polémicas, pero inevitables y normales, en el manejo de casos y en razón de prioridades existentes, disponibilidad de información y probabilidades de éxito.
Por todo lo anterior, esta iniciativa tardía de la Fiscalía guatemalteca parece ser una patraña de venganza y descrédito contra la CICIG y sus participantes por parte de la élite guatemalteca. El mismo fiscal que anuncia la investigación fue incluido en la lista Engel de Estados Unidos como cómplice de corrupción.
Frente a esto, el presidente Giammattei afirma que todo eso forma parte de un proceso autónomo de la Fiscalía, el cual hay que respetar, pero es muy improbable que la iniciativa se hubiera tomado sin el más alto apoyo político.
Lo que no todos conocen es que Giammattei estuvo preso durante diez meses en 2010 por acusación de masacre de reos en una cárcel cuando era director del sistema penitenciario, y la CICIG fue querellante. El presidente ha expresado su desagrado con la CICIG.
Por su parte, Estados Unidos, a través del subsecretario del Departamento de Estado, Brian Nichols, manifestó preocupación y desaprobación por la iniciativa guatemalteca.
Pero el último clavo en el féretro lo puso Naciones Unidas. En días recientes le ha recordado a Guatemala que los integrantes de la CICIG disfrutaron y siguen disfrutando de inmunidad diplomática. Quizás en reconocimiento de ello, Giammattei adoptó un tono mucho más conciliador.
Las lecciones
¿Qué lecciones pueden resultar del caso? Una concierne a lo enquistada y lo institucionalizada que se halla la corrupción como medio de vida normal en Guatemala entre la clase política.
Esto, probablemente, ocurre en Colombia y otros países de América Latina, también colonizados por España. La corte española de la Conquista y la colonia era notable por su corrupción, debido sobre todo a la falta de oportunidades alternativas, que no se alcanzan a abordar acá.
La conquista de América, realizada a sangre y fuego, y las dificultades de control para la monarquía debido a la distancia, proyectaron y consolidaron los privilegios de los conquistadores frente a la población nativa. Ello, durante tres siglos, con su evolución local propia y subsiguiente en la era republicana, introdujo un antecedente poderoso.
Pero el último clavo en el féretro lo puso Naciones Unidas. En días recientes le ha recordado a Guatemala que los integrantes de la CICIG disfrutaron y siguen disfrutando de inmunidad diplomática. Quizás en reconocimiento de ello, Giammattei adoptó un tono mucho más conciliador.
Pero cabe considerar otro elemento central: la desigualdad. Especialmente, aquella que no es simplemente fáctica, sino que involucra, como ocurre en América Latina, una estigmatización de inferioridad (sobre la base de pureza de sangre, etnicidad y cultura) de los sectores sometidos (nativos, esclavizados y aún mestizos), y divide la sociedad entre quienes ejercen poder y quienes se hallan excluidos del mismo.
Estos segundos no ejercen control sobre los primeros y los primeros se consideran sin límites: “la ley es para los de ruana”. Del privilegio al abuso hay poco trecho, porque el abuso tiende a ser connatural al privilegio cuando no existen más restricciones para el abusador que los impuestos por sus pares.
En ambos aspectos, Guatemala parece calificar notablemente. La corrupción, como modo de vida de la clase política y de las organizaciones privadas, resultará extremadamente difícil de extirpar simplemente con un ataque penal frontal, por importante y necesario que ello sea.
Por otra parte, el caso bajo consideración recuerda asimismo al ataque realizado años antes por el poder judicial italiano contra la mafia de dicho país, después de un gran esfuerzo fue igualmente frustrado. Los ataques directos tenderán a ser resistidos con uñas y dientes, directa e indirectamente, por los afectados y aspirantes, más si los blancos a atacar son de origen extranjero.
Para ser eficaz a largo plazo, el ataque directo necesitará complementarse con otros cambios profundos, como el empoderamiento ciudadano y su participación en el seguimiento del tema.
También son necesarios cambios de conciencia amplios sobre la corrupción, educación pertinente, reformas legales que aumenten la transparencia de los procesos, sanciones severas y condiciones y capacidades para su aplicación, para mencionar algunos. En todo caso, el combate contra la corrupción involucrará una agenda a largo plazo, además de constituir una prioridad en lo inmediato.
