Indiscutiblemente los enfoques tradicionales han perdido la batalla contra la corrupción. ¿Qué estrategias han demostrado ser efectivas para combatir este mal?
Eduardo Lindarte**
¿Por qué existe la corrupción?
La corrupción es uno de los problemas más graves que aquejan a Colombia y al mundo hoy. En nuestro país se ha manifestado de forma más acentuada por cuenta del narcotráfico y la violencia. Algunas de sus nefastas consecuencias son la pérdida de recursos, la erosión del sentido de equidad y justicia y el desgaste de la legitimidad política y del orden democrático y social.
Entiendo como corrupción la violación de normas y principios legales ético-morales en beneficio de un interés privado. Esto puede ocurrir principalmente por dos razones: desconocimiento de las normas o indiferencia frente a su poder restrictivo.
Lo segundo puede producirse por insuficiente convencimiento sobre la validez de las normas o el convencimiento de que infringirlas no desencadenará condiciones negativas o que dichas consecuencias no serán tan significativas como los beneficios privados que se obtendrán al violarlas.
Por elemental que parezca, esta aproximación arroja claves para combatir este fenómeno. El conocimiento insuficiente sobre la validez de las normas puede ser producto de la debilidad de estas dentro de la cultural general o de una transmisión inadecuada.
En Colombia, las principales fuentes de moral y de justicia en la cultura general han sido el catolicismo y el derecho y, en menor medida, las tradiciones civilistas, las doctrinas partidistas y las influencias nativistas e indigenistas.
La profundización del capitalismo ha incentivado las formas ilegales de hacer dinero.
La primera de ellas tiene pocas posibilidades de internalización efectiva porque la estratificación social que caracteriza a nuestro territorio ha debilitado el impacto de las prédicas y, adicionalmente, Colombia ha venido experimentando una progresiva secularización en las últimas décadas.
La estratificación social tiene tantos efectos en el ámbito objetivo como en el subjetivo. En el primero, la desigualdad de recursos y oportunidades facilita que el orden social sea percibido como injusto. Además, la profundización del capitalismo ha incentivado las formas ilegales de hacer dinero, pues ha convertido al éxito económico en el criterio más importante para medir el estatus de una persona, pero no ha abierto los caminos necesarios para lograrlo dentro de la legalidad.
En el segundo, la desigualdad de méritos ha disminuido el autoestima de los grupos sociales menos favorecidos. Esto ha inhibido el emprendimiento y la innovación y también ha provocado que sus miembros perciban el orden social como excluyente, dificultando que lo respeten o se identifiquen con él.
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Teniendo en cuenta todo esto, resulta natural que emerjan contraculturas informales que realicen prácticas violentas, ilegales y corruptas. Para los miembros de esas contraculturas, la propiedad (pública y privada) luce como un botín disponible para el desalojo. Llevada al límite, esa mentalidad convierte al hombre en lobo para el hombre. No en vano, numerosos pensadores han advertido que el interés racional individual es insuficiente para que el orden social funcione.
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¿Qué hacer?
Como afirmó Albert Einstein, los problemas no pueden resolverse usando la misma mentalidad que los creó, por eso, en este caso la única salida que tenemos es que superar el egocentrismo que nos conduce a la corrupción. Para ello, es necesario que reconozcamos que no somos individuos aislados, sino que formamos parte de un colectivo.
En ese sentido, para combatir la corrupción es necesario diseñar programas de formación cívica que fomenten la empatía y permitan combatir el egoísmo. Esos programas deben partir del entendimiento de que la solidaridad es la base para una sociedad tolerante en la que se respeten las normas. Así mismo, deben incluir pedagogías que incentiven la inteligencia emocional y social y, además de ser puestas en marcha en colegios y universidades, es importante que se extiendan a otros espacios como barrios y comunidades marginales.
La solidaridad es la base para una sociedad tolerante en la que se respeten las normas.
No obstante, es importante reconocer que la evidencia demuestra que la solidaridad social se desarrolla con mayor facilidad en comunidades que comparten condiciones de relativa similitud e igualdad, lo que quiere decir que el trabajo subjetivo es importante, pero no es suficiente.
Es necesario promover el acceso equitativo a bienes básicos como la educación, la salud, la vivienda y el trabajo digno, pues solo así será posible romper la estratificación social a nivel objetivo y subjetivo. Indiscutiblemente, este es un trabajo de largo plazo, por lo cual es importante empezar cuanto antes.
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La evidencia también indica que el clientelismo y el patronazgo se alimentan de la existencia de masas marginales que carecen de educación y no se interesan en temas de índole pública porque están ocupados tratando de subsistir. Estas condiciones los hacen más propensos a responder a estímulos directos e inmediatos como la compra de votos. Por eso, es importante ofrecerles mejores condiciones de vida para que rechacen esas prácticas.
Finalmente, en el medio de estos procesos se encuentra el foco que se utiliza generalmente para abordar la corrupción: la reforma de leyes e instituciones para prevenir, identificar y sancionar con severidad a los infractores. Si bien la ley es un aspecto importante, resulta infructuoso cuando se lleva a cabo de forma aislada. Por eso, es necesario que los cambios legislativos estén acompañados de procesos sociales como los descritos anteriormente. Dicho de otro modo, para garantizar su efectividad, es ineludible diseñar y llevar a cabo proyectos dirigidos a transformar la mentalidad ciudadana.
Foto: Grove City-Ohio |
En suma, para confrontar la corrupción de forma efectiva es necesario adoptar un enfoque multidimensional que se concentre en la transformación ciudadana e incorpore estrategias de corto, mediano y largo plazo. Afortunadamente, algunos indicios electorales recientes sugieren que estamos cerca de inflexión en la materia.
* Razón Pública agradece el auspicio de la Universidad Autónoma de Manizales. Las opiniones expresadas son responsabilidad del autor.
** Economista de la Universidad Nacional, M.A en Sociología de Kansas State University, Ph.D. en Sociología de la Universidad de Wisconsin, docente y consultor a comienzos de la vida profesional, técnico y consultor de organismos internacionales en el medio, y actualmente docente y coordinador del Departamento de Ciencia Política de la Universidad Autónoma de Manizales.
