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El exterminio social: una violencia escondida y mal nombrada

Escrito por Eduardo Lindarte

Panorámica nocturna de la ciudad de Cúcuta.

Eduardo LindarteCasi cinco mil personas han sido víctimas de la mal llamada “limpieza social” durante  las últimas décadas en Colombia. ¿A qué se debe esta aterradora forma de violencia y qué se puede hacer para mitigar el impacto que aún hoy sigue teniendo?

Eduardo Lindarte*

Universidad ManizalesElites nacionales y elites regionales

Uno de los hallazgos más escabrosos de la reciente intervención en el Bronx de Bogotá fueron las llamadas “casas de pique”, áreas para el homicidio por desmembración de personas consideradas indeseables por diferentes razones. Este horror se ha registrado también en La Dorada y en algunos otros centros urbanos del país.

¿Cómo es posible un drama semejante en Colombia? Para entenderlo es preciso desenrollar una madeja complicada de diferentes tipos de violencia.

La dispersión o fragmentación del poder en Colombia no ha sido un secreto para quienes estudian nuestra historia. Muchos analistas coinciden en la conclusión de que en lugar de un poder nacional unificado hemos tenido un sistema de alianzas entre élites nacionales y élites locales. En virtud de estas alianzas las elites nacionales, a cambio del apoyo político de las regiones, conceden un margen amplio de discrecionalidad en el manejo de las jurisdicciones. Esta es la raíz de todas nuestras violencias.

Por razones geográficas, políticas e históricas, no se dio en Colombia la evolución completa hacia la democracia, hacia la centralización política o el control de todo el territorio nacional por parte del Estado, hacia la vigencia plena del Estado de derecho, ni hacia la responsabilidad clara de los gobernantes para con sus ciudadanos.

El resultado de todo esto ha sido una alta permisividad del Estado central frente al ejercicio más o menos encubierto de la violencia contra diversos grupos o personas en el plano regional. Este problema se ha agravado progresivamente durante el último siglo y ha dado origen al reclamo generalizado por la ausencia del Estado.

El exterminio primitivo

Operativo en la Calle del Bronx en Bogotá.
Operativo en la Calle del Bronx en Bogotá.
Foto: Alcaldía Mayor de Bogotá

Entre las varias modalidades de violencia que ha permitido ese sistema de alianzas figura una que -aunque no permanece enteramente oculta- sí tiende a hacerse parcialmente invisible para la opinión nacional. Es la violencia de la mal llamada “limpieza social”, a veces etiquetada como una forma de “justicia” primitiva.

El homicidio por desmembración de personas consideradas indeseables por diferentes razones. 

Esta forma de violencia surge de las alianzas ocultas entre poderes locales, organismos de seguridad (o algunos de sus miembros) y paramilitares o actores criminales. Se caracteriza, entre otras cosas, por el silencio y a veces por la complicidad del Estado, de los responsables e incluso -con frecuencia- de las propias víctimas.

Si bien no resulta fácil estudiar este fenómeno (porque está sumergido bajo otras formas de violencia), el Centro Nacional de Memoria Histórica estima que entre 1988 y 2013 la limpieza social produjo 4.928 homicidios en 356 municipios del país, sin contar los casos numerosos de tortura, lesiones personales o amenazas.

Este tipo de violencia se ha ensañado generalmente contra opositores al orden social establecido (estudiantes, profesores, sindicalistas, guerrilleros, políticos), homosexuales, prostitutas, delincuentes, dementes, mendigos, recicladores y viciosos.

En cada uno de trece departamentos (contando a Bogotá) se registraron más de cien homicidios durante este período; la lista fue encabezada por el Valle del Cauca, con 857 asesinatos y por Antioquia, con 769. Y a estas cifras viene a añadirse el hecho de que muchas veces la “limpieza social” se esconde pues se considera que es producto de conflictos entre delincuentes.

El 75 por ciento de los casos y de las víctimas se dieron en 56 ciudades y el resto de ellos se produjo en 300 poblados (aglomeraciones con menos de 100.000 habitantes). Cali, Cúcuta, Medellín y Bogotá encabezaron la lista de ciudades, con más de 300 víctimas cada una; solo 11 ciudades producen más de la mitad de los homicidios. Chinchiná y Aguachica, cada una con 32 víctimas, encabezan los poblados pequeños con el mayor número de asesinatos por exterminio social. Según quienes fueran sus autores:  

  • El 77 por ciento de los homicidios son atribuibles a los llamados “grupos de limpieza social”,
  • El 18 por ciento a paramilitares, y
  • El 5 por ciento corresponde a los demás actores del conflicto.

El número de muertes atribuibles a la limpieza social muestra tres picos históricos que coinciden con los momentos más violentos en la historia de Colombia:  

  1. En 1992, con 481 víctimas,
  2. En 2002, con 376 muertes,  
  3. En 2009, con 183 difuntos.

Las causas

La limpieza social es el reflejo de vacíos institucionales, así como de una cultura de profunda intolerancia. Pero ante todo muestra la ausencia de una justicia efectiva, en cuya ausencia la sociedad es dejada sola para manejar el problema de sus perturbadores locales. Por eso se le llama “justicia primitiva”.

Quienes respaldan este tipo de “justicia” no solo ignoran las obvias deformaciones de valor que ella implica sino los daños adicionales que conlleva. Una deformación evidente es la arbitrariedad de sus procedimientos: sin debido proceso y partiendo de la culpabilidad del acusado, se procede a eliminar personas sin trámites en una sociedad donde legalmente no existe la pena de muerte.

Se caracteriza, entre otras cosas, por el silencio y a veces por la complicidad del Estado.

Esta arbitrariedad también se extiende a sus víctimas: además de delincuentes reales o siquiera presuntos, semejante “justicia” se aplica  sin más ni más a indeseables, a disidentes  o a otras personas que han sufrido de condiciones sociales adversas.

Varios contextos sociales inciden sobre esta práctica criminal. Uno de ellos es la violencia generalizada en nuestra sociedad; por ejemplo en ciertos barrios marginales de Bogotá el extermino social se inscribe dentro de la lucha o el despojo de tierras para lotes de vivienda. Otro factor agravante es la falta de oportunidades legales efectivas para grandes sectores de la población, para quienes la ilegalidad parece ser la única opción factible. También contribuye la falta de políticas y mecanismos efectivos para ayudar a recuperar a personas que han caído en la tentación y la práctica de la ilegalidad.

Parecen ser cuatro las razones o motivos de estigmatización que llevan a las acciones de exterminio, a ser:

· La supuesta amenaza a la seguridad por parte de la víctima,

· El consumo de drogas u otras sustancias indeseables,

· La vagancia o improductividad del individuo en cuestión, y  

· La orientación o actividad sexual de los indeseables.   

Esta intolerancia se ve con claridad en el texto de un volante que circuló en algún barrio de Bogotá y que consta en el estudio mencionado del Centro de Memoria: “Llegó la hora de la limpieza social. Ahora le toca el turno a las malparidas putas bazuqueras y sidosas, vendedores de drogas, ladrones, violadores callejeros y apartamenteros, jaladores de carros, secuestradores y jóvenes consumidores… No estamos jugando gonorreas, perros asquerosos”.

Las soluciones

Localidad de Usme al sur de Bogotá.
Localidad de Usme al sur de Bogotá.
Foto: Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático

Habría mucho que hacer para resolver este problema, aunque es cierto que será difícil avanzar si no se dan las soluciones necesarias para las otras causas de la violencia: una mayor presencia efectiva del Estado, el fortalecimiento de una clase media independiente en las zonas afectadas, y la creación de oportunidades educativas, laborales y de rehabilitación para la mayoría.

Pero urge llamar la atención y concentrar los esfuerzos para ponerle coto a esta tragedia social, comenzando por crear la conciencia ciudadana y lograr la condena inequívoca de este tipo de prácticas criminales por parte de toda la ciudadanía y en especial por parte de los jóvenes. A esto pueden contribuir mucho las asociaciones comunitarias y diversas ONG que se ocupan del asunto. También necesitamos campañas de concientización, motivación y formación de culturas de convivencia, tolerancia y legalidad. Y no menos, hacen falta más estudios de campo sobre el tema para entender mejor sus contextos y sus lógicas,  así como las posibilidades y oportunidades para combatirlo.

Si los ciudadanos del común no actuamos, el espiral de la violencia seguirá su curso. Como señalan los analistas que han estudiado el mundo árabe (aunque sea un contexto muy distinto del nuestro), ISIS, Al-Qaeda y los numerosos grupos del Salafi-Jihadi surgieron  del entrecruce entre condiciones de pobreza, de ignorancia, de intolerancia y de celebración de la violencia desbordada. Y esta es quizás la lección más importante: las sociedades que no se dedican a ofrecer oportunidades y horizontes atractivos para todos acaban por abrazar a violencia generalizada como un modo de vida.

Las realidades sociales son construidas por cada sociedad: no son calamidades naturales o inevitables. Por eso, o se construye abundancia y oportunidad para los muchos, o los muchos con muy poco serán objeto de una creciente depredación por parte de los pocos.

 

* Razón Pública agradece el auspicio de la Universidad Autónoma de Manizales. Las opiniones expresadas son responsabilidad del autor.

*** Economista de la Universidad Nacional, M.A en Sociología de Kansas State University, Ph.D. en Sociología de la Universidad de Wisconsin,  docente y consultor a comienzos de la vida profesional, técnico y consultor de organismos internacionales en el medio, y actualmente docente y coordinador del Departamento de Ciencia Política de la Universidad Autónoma de Manizales.   

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