Eutanasia en Colombia: lo que debe saberse - Razón Pública
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Eutanasia en Colombia: lo que debe saberse

Escrito por Óscar Andia
El Ministerio de Salud y Protección Social en Bogotá

El Ministerio de Salud y Protección Social en Bogotá

Oscar AndiaLa reglamentación de la eutanasia fue producto de una larga deliberación por parte de las autoridades competentes para decidir sobre este complejo asunto.  ¿Pesará la ley menos que la posición de la Iglesia y del procurador al respecto?

Óscar Andia*

Eutanasia, muerte digna y homicidio por piedad

En cumplimiento de la Sentencia T-970 de 2014 de la Corte Constitucional, la Resolución 1216 de 2015 del Ministerio de Salud y Protección Social reglamentó el funcionamiento de los "Comités Científicos Interdisciplinarios Para el Derecho a Morir con Dignidad" (CCIPDMD), en los términos definidos por la Sentencia C-239 de 1997.

Pero la decisión del ministro Alejandro Gaviria desató una polémica sin precedentes.

Y el tema por supuesto es muy polémico. Lo fue  incluso en la Sentencia C-239, donde 102 de las 127 páginas están  dedicadas a los salvamentos de voto, las aclaraciones especiales y un incidente de nulidad.

La anterior observación puede aplicarse a toda la literatura sobre el particular. Son evidentes la multiplicidad y la complejidad de los criterios y argumentos, como los que se ven en la propia Sentencia C-239 o en algunas publicaciones didácticas del Dr. Fernando Guzmán, expresidente de la Federación Médica Colombiana (FMC) y hoy presidente del Tribunal Nacional de Ética Médica, y del Dr. César Prieto, vicepresidente general de la FMC.

Este ejercicio teórico es sin duda necesario. Pero finalmente ha de llegarse a decisiones o medidas concretas como prohibir la eutanasia o permitirla bajo ciertas condiciones, que es lo que hacen las sentencias de la Corte y la Resolución 1216. Es decir, en algún momento los debates deben llevarnos a consensos que, al convertirse en normas, definan las reglas de convivencia y definan el tratamiento que las autoridades deben darle a cada asunto.

La fortaleza institucional de los países se traduce en la fortaleza de sus leyes, los beneficios que estas significan para sus ciudadanos y el respeto que todos profesan por esa legitimidad.

Desde esta perspectiva, la debilidad institucional de Colombia podría atribuirse a su volatilidad constitucional, al exceso de polémica y al alto grado de polarización que nos llevan a discusiones estridentes, incluso por parte de personajes que tendrían que hacer gala de serenidad.

En este contexto, las promesas de una “batalla campal” del procurador y la Iglesia para impedir que se cumplan las órdenes de la Corte Constitucional y algunas señales de que los excesos de las partes pueden llegar a límites de ilegalidad, constituyen amenazas reales para los pacientes que pretendan ejercer su derecho a morir con dignidad y para los médicos dispuestos a ayudarles.

Al respecto, pacientes y médicos estamos frente a una situación muy compleja: la legislación protege nuestros derechos, pero quienes deben defendernos por mandato legal o por piedad religiosa parecen empeñados en imponer sus propios criterios antes que el respeto por la ley.

Además están las barreras administrativas reales, conocidas por los pacientes que las soportan directamente y por quienes les acompañamos a diario en el trasegar con la enfermedad, el dolor y la muerte.

Por lo tanto, para defender nuestro derecho a un acto de piedad ante un grado extremo de sufrimiento no tenemos otro camino que expresar inequívocamente que esa es nuestra voluntad, mantenernos férreamente en esa posición durante el proceso administrativo y apelar  a todos los recursos legales disponibles para superar las barreras funcionales que se incluyeron en la norma y aquellas que seguramente se incluirán en la práctica.

No solo debemos superar fanatismos impíos, sino además conocer perfectamente la ley y luchar para que sea respetada.

La Sentencia C-239 de 1997

El Ministro de Salud Alejandro Gaviria Uribe.
El Ministro de Salud Alejandro Gaviria Uribe.
Foto: Ministerio de Salud y Protección Social

Esta sentencia define el homicidio por piedad (pietístico o eutanásico) como distinto de homicidio eugenésico, y establece el principio de no acción sin culpa, así como las consideraciones subjetivas y elementos objetivos del homicidio por piedad. Además, establece los principios de dignidad, solidaridad, asunción responsable y autónoma de decisiones personales.

Esta Sentencia también define el valor constitucional de la vida, los límites de la protección estatal, el respeto a la autonomía y dignidad de las personas y los límites al deber de garantizarlos. Es decir, ofrece precisiones conceptuales útiles para defender este derecho.

El texto del artículo 326 del Código Penal que fue demandado decía: "Homicidio por piedad. El que matare a otro por piedad, para poner fin a intensos sufrimientos provenientes de lesión corporal o enfermedad grave o incurable, incurrirá en prisión de seis meses a tres años".

La Corte, luego de analizar los argumentos de la demanda y registrar las intervenciones del defensor del Pueblo, el ministro de Justicia y del Derecho, el fiscal general y el procurador general, definió su competencia y aclaró los puntos esenciales de la regulación:

“1. Verificación rigurosa, por personas competentes, de la situación real del paciente, de la enfermedad que padece, de la madurez de su juicio y de la voluntad inequívoca de morir.

2. Indicación clara de las personas (sujetos calificados) que deben intervenir en el proceso.

3. Circunstancias bajo las cuales debe manifestar su consentimiento la persona que consiente en su muerte o solicita que se ponga término a su sufrimiento: forma como debe expresarlo, sujetos ante quienes debe expresarlo, verificación de su sano juicio por un profesional competente, etc.

4. Medidas que deben ser usadas por el sujeto calificado para obtener el resultado filantrópico.

5. Incorporación al proceso educativo de temas como el valor de la vida y su relación con la responsabilidad social, la libertad y la autonomía de la persona, de tal manera que la regulación penal aparezca como la última instancia en un proceso que puede converger en otras soluciones”.

Y en la parte resolutiva estableció:

“Primero: Declarar EXEQUIBLE el artículo 326 del decreto 100 de 1980 (Código Penal), con la advertencia de que en el caso de los enfermos terminales en que concurra la voluntad libre del sujeto pasivo del acto, no podrá derivarse responsabilidad para el médico autor, pues la conducta está justificada.

Segundo: Exhortar al Congreso para que en el tiempo más breve posible, y conforme a los principios constitucionales y a elementales consideraciones de humanidad, regule el tema de la muerte digna”.

Exhortar al Congreso para que regule este tema “en el tiempo más breve posible” no se hizo hasta que la Corte Constitucional, como punto 4° de la Sentencia T-970 de 2014, ordenó al Ministerio de Salud "que en el término de 30 días, emita una directriz y disponga todo lo necesario para que los Hospitales, Clínicas, IPS, EPS y, en general, prestadores del servicio de salud, conformen el comité interdisciplinario del que trata esta sentencia y cumplan con las obligaciones emitidas".

Una solicitud de ampliación del plazo fue rechazada por la Corte y se ratificó el plazo otorgado.

La Resolución 1216 de 2015

El Procurador General, Alejandro Ordóñez.
El Procurador General, Alejandro Ordóñez.
Foto: Procuraduría General de la Nación

En cumplimiento de lo anterior, el Ministerio de Salud y Protección Social expidió la Resolución 1216, la cual establece las directrices para la organización y funcionamiento de los CCIPDMD de acuerdo con los 5 puntos esenciales fijados por la Sentencia C-239.

Esta Resolución establece claramente que:

1. Los pacientes deben ser mayores de edad,

2. Deben padecer una enfermedad terminal y

3. Expresar inequívocamente su voluntad de tener una muerte asistida.

Después, define los requisitos concretos para anticipar la muerte en casos de enfermedad terminal, la forma de garantizar que al paciente se le ofrezcan cuidados paliativos, y cómo el médico tratante determinará las condiciones de enfermedad terminal y presentará evidencia a un Comité interdisciplinario definido por la institución prestadora de servicios de salud (IPS) que, a su vez, verificará que las condiciones se cumplan, confirmará la voluntad del paciente y ordenará aplicar el procedimiento, según la ruta estipulada por la norma.

Los Comités tendrán 10 días de plazo para verificar la información y después de confirmar la voluntad del paciente de morir de forma asistida tendrán 15 días para aplicar el procedimiento en la fecha que el paciente lo indique. Inicialmente, los Comités se establecerán en las IPS de mayor complejidad en el país, donde se tratan pacientes oncológicos o donde funcionan unidades capacitadas para este tipo de tratamiento.

El articulado de la Resolución 1216 determina la forma en que se conformarán los Comités y especifica sus 12 funciones, la forma en que se convocará, instalará y sesionará, así como las funciones de su Secretaría Técnica, de la IPS y de la EPS (en relación con los Comités y con los pacientes) y la forma en que debe presentarse la solicitud y el trámite que debe seguir.

La Resolución permite la objeción de conciencia del profesional de la salud, pero no permite la objeción de conciencia de las instituciones. El artículo 17 de la Resolución establece que el paciente puede desistir del procedimiento en cualquier momento del proceso.

En conclusión, como se dice en latín: dura lex sed lex (dura es la ley, pero es la ley). Pacientes y médicos debemos conocer las normas vigentes y esforzarnos al máximo para que se respeten.

Como pacientes, tenemos ahora una vía legal para ejercer este derecho, por difícil y tortuoso que sea el camino. Y como médicos, podremos ayudar a nuestros pacientes sin ser penalizados por homicidio o podremos negarnos a hacerlo alegando objeción de conciencia.
 

* Vicepresidente Política Farmacéutica Nacional – FMC y Director General del Observatorio del Medicamento -Observamed-.

 

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