Óscar Andia, autor en Razón Pública
Foto: Ese Universitaria del Atlántico

Compartir:

La escasez de medicamentos es real, pero ha sido exagerada. Es un caso que importa en sí mismo y que ayuda a entender el estado del proyecto de reforma de la salud.

Óscar Andia*

La reforma en cuidados intensivos

En vísperas de la Semana Santa, siete de catorce senadores, que después fueron nueve, presentaron ponencia de archivo del Proyecto de Reforma de la Salud. 

Muchos quedamos con la sensación de estar viendo el último round de una pelea donde el gobierno y su bancada fueron “salvados por la campana” por el evento religioso que les dio un respiro y que sería aprovechado por los técnicos de su esquina para reacomodar protectores, restablecer la visión y detener sangrados. 

Siguiendo con la analogía, se avecinan momentos difíciles para el equipo que por el momento lleva la peor parte. Aún tiene posibilidades de un empate, una victoria por puntos y hasta un triunfo por “lucky punch”. Los analistas están divididos entre los que tratan de reunir datos objetivos a favor o en contra y otros que sin mayor conocimiento parecen apoyar emocionalmente al equipo opositor. 

El tema del desabastecimiento de medicamentos permite contextualizar la situación actual del proyecto de reforma de la salud.

Foto: Radio Nacional - Durante la administración de Iván Duque, cuando Fernando Ruiz era ministro de Salud, se acabó con la posibilidad de conocer la trazabilidad de las prescripciones en la plataforma MiPres.

Le recomendamos: ¿Por qué hay una crisis de medicamentos en Colombia?

La realidad del desabastecimiento

Obviamente, debemos excluir del debate la opinión de algún alto funcionario del gobierno que negó la existencia del desabastecimiento y también ignorar las afirmaciones de la anterior representante de las EPS que habló de más de 6000 principios activos desabastecidos y la actual representante que habla de más de 1500.

El total de principios activos disponibles en el país no supera los 3000, según reportes a SISMED. Lo razonable aquí es basarnos en los datos objetivos de las páginas especializadas del INVIMA y del Ministerio de Salud, que hablan de decenas de moléculas desabastecidas o con amenaza de desabastecimiento.

Es recomendable informarse sobre este tema con profesionales ponderados, representantes de organizaciones de pacientes, académicas, científicas y gremiales, ojalá defensores del interés general y la salud pública. Quienes dramatizan exageradamente situaciones particulares o quienes desconocen el tema no son fuentes fiables, como aquel director de programa radial de gran audiencia que, sugiriendo alternativas de intercambio, dijo que Acetaminofén y Paracetamol eran similares, cuando en realidad son la misma molécula.

En las páginas especializadas del INVIMA y del Ministerio de Salud, existe un seguimiento detallado de este fenómeno desde 2019, listados especiales y mesas de trabajo desde 2022, alertas, fichas de caso y documentación desde 2014. Existen mecanismos de actualización estandarizados. Pero, todo ese esfuerzo resulta insuficiente si la información no se integra, valida, analiza y difunde adecuadamente.

La necesidad de integración con SISMED puede verse en la Gráfica 1 donde un medicamento de muy alto impacto, el Pembrolizumab, que venía reportando ventas trimestrales superiores a 90 000 millones de pesos, no reportó transacciones primarias del laboratorio importador en dos trimestres de 2023. 

Quienes dramatizan exageradamente situaciones particulares o quienes desconocen el tema no son fuentes fiables

¿Merck & Co M&D dejó de reportar más de 180 000 millones en ventas por desabastecimiento? Y si hubo desabastecimiento, ¿cómo se mantuvieron con crecimiento constante las transacciones secundarias (de los demás sectores del sistema) y las finales (recobros pagados por el sistema)? 

¿De dónde salieron los recobros extraordinarios mayores a 200 000 millones del primer trimestre de 2020? ¿La Oficina de Tecnologías de Información OTIC de MinSalud validó estos reportes? ¿Alguna instancia del Ministerio de Salud analizó estos datos? ¿Por qué ADRES no publica el microdato de los pagos que realiza? ¿Se incluyen los cobros y recobros del régimen subsidiado y los regímenes especiales? ¿Sirven para algo los datos de MedCol-Stat que llegan solo hasta 2021?

Con la ejecución de la política de precios máximos para eliminar los recobros durante la administración Duque-Ruiz, se destruyó la trazabilidad de las prescripciones en la plataforma MiPres. Con este recurso, se sabía del uso de los medicamentos por región, por EPS o por indicación, algo que actualmente no se conoce porque ni las EPS, ni MinSalud, ni la Cuenta de Alto Costo publican esa información con el detalle que podía conocerse en MiPres. 

Esto no es un asunto menor para las finanzas del sistema de salud porque en casos como el del Pembrolizumab (Keytruda de MS&D) el precio regulado de cada vial es de 12 735 981,81 COP, que con margen para prestadores puede recobrarse por 13 181 741,17 COP mientras en farmacias de Internet está en 16 981 455 COP. 

La presentación de dos viales comenzó a reportar a SISMED en 2023, no tiene precio regulado y se ofrece en Internet a 33 962 910 COP. Este medicamento se usa básicamente para combatir el cáncer de pulmón ¿Cómo es la situación real de estos pacientes en la actualidad? ¿Las entidades de vigilancia y control saben de estos niveles de desinformación?

En otras palabras, el desabastecimiento de medicamentos existe y está acentuado por variables de las cadenas de suministro que son inelásticas para un país sin soberanía en este campo, con unas dificultades de vieja data, con un conflicto de magnitud inusual por tendencias de radicalismo verbal maximalista sin el suficiente respaldo de capacidad técnica y ejecutiva. 

Todo acentuado con evidente manipulación por parte de las redes sociales y de medios tradicionales, algunos con dudosa objetividad e independencia. No se trata de minimizar los signos y síntomas de deterioro que son innegables, se trata de ser objetivos en el diagnóstico para ser más acertados en el tratamiento. 

¿Es posible una salida concertada?

Mientras la situación del sistema de salud parece agravarse cada día más, el debate parlamentario enardecido y la confrontación mediática estridente resultan cada vez más perjudiciales. Con pocas excepciones, casi todas las tendencias coinciden en que el sistema de salud necesita cambios profundos para avanzar en la consolidación de una normativa que es garantista y sin lugar a dudas avanzada en el contexto mundial. Se trata de una inusual construcción colectiva que debe preservarse y avanzar más en su ejecución y perfeccionamiento.

En dicho contexto, llegó la hora de los mejores estudios técnicos, la mejor evidencia posible, para introducir los cambios más pertinentes que reconstruyan el sistema, ojalá con el pragmatismo estratégico que los diferentes sectores mostraron en la construcción de la Ley Estatutaria de Salud.

el desabastecimiento de medicamentos existe y está acentuado por variables de las cadenas de suministro que son inelásticas para un país sin soberanía en este campo, con unas dificultades de vieja data, con un conflicto de magnitud inusual por tendencias de radicalismo verbal maximalista sin el suficiente respaldo de capacidad técnica y ejecutiva.

Como ejemplo de lo anterior, podemos citar los artículos ya aprobados en la reforma, que pueden ser objeto de perfeccionamiento, como los relacionados con el Sistema de información. El Sistema Integrado Transaccional y Distribuido de Información en Salud resolvería la mayoría de los problemas mencionados en esta nota. 

Al ser Integrado podría superar el nivel absurdo de fragmentación existente en la actualidad. Siendo Transaccional con registro directo de operaciones en línea, nos permitiría abandonar del sistema antediluviano de “reportes” que existe en la actualidad y es fuente de la mayor parte de prácticas perversas en el manejo financiero. 

Al ser Distribuido, operaría en cadenas de bloques para superar los inconvenientes de los sistemas centralizados o bases de datos relacionales. Los datos serían transparentes e incorruptibles. Se permitirían estudios con inteligencia artificial y serían técnica y científicamente sólidos, con amplia participación social, trazabilidad histórica, resultados concretos en salud y evidente optimización de recursos. Solo falta definir reglas para ejecutarla progresiva y eficientemente. 

Lea en Razón Pública: La vía reglamentaria: última esperanza de la reforma a la salud

1 comentarios

Óscar Andia

Escrito por:

Óscar Andia

* Director general del Observatorio del Medicamento (Observamed).

Foto: Facebook: Ministerio de Salud

Compartir:

El proyecto va avanzando en el Congreso, pero se ha concentrado en el problema que no es. Aquí se muestra con cifras en la mano por qué el sistema de salud está cerca del colapso y cuáles entonces deben ser los temas a debatir en las próximas semanas.

Óscar Andia*

En qué va la reforma

Falta debatir nueve artículos en plenaria de Cámara, el trámite en Senado y la revisión por parte de la Corte Constitucional.

Haciendo cálculos optimistas, faltarían dos años para completar la transición hacia el nuevo sistema y es posible que su aplicación real quede en manos del próximo gobierno —que puede ser de la oposición—.

En términos de contenido, los debates en la Cámara fueron un diálogo de sordos, polarizado, lento y conflictivo; como había previsto en esta misma revista, se enfrentaron las dos concepciones básicas acerca de la salud; aunque todos coincidieron en la urgencia de los cambios, quienes conciben la salud como un derecho fueron maximalistas e inexpertos, en tanto quienes conciben la salud como un mercancía hicieron uso de su poder mediático para transmitir la idea de “salto al vacío”.

El debate se concentró por eso en el papel de las EPS, pero dejó de lado los cambios necesarios para evitar el colapso del sistema al cual parecemos dirigirnos de manera inexorable.

Puede leer: ¿Por qué hay una crisis de medicamentos en Colombia?

Los problemas ignorados

La única manera de evitar el desastre es poner por encima el interés nacional, elevar el nivel técnico del debate y abandonar la beligerancia verbal. En este contexto, veamos un par de ejemplos de lo que está sucediendo en casos específicos de medicamentos:

1. Lo pagado por un anticuerpo monoclonal para tratar el cáncer.
1. Lo pagado por un anticuerpo monoclonal para tratar el cáncer.
Del medicamento Pembrolizumab contra el cáncer se habían vendido en Colombia 77.102 unidades por valor de 841.629 millones de pesos hasta 2022. El laboratorio acaba de introducir una presentación por dos viales que NO tiene precio regulado y presenta inconsistencias en sus informes al Sistema de Información de Precios de Medicamentos (SISMED). Su registro sanitario en la plataforma del INVIMA muestra detalles inconsistentes. La trazabilidad de sus prescripciones se perdió desde 2021 con la adopción de los Techos o Presupuestos Máximos. La Oficina de Tecnología de Información y Comunicación (OTIC) del Ministerio de Salud no valida ni analiza los reportes al SISMED. Faltan datos sobre el régimen subsidiado y la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud ​ (ADRES) no tiene o no publica el microdato de sus transacciones.
Los nuevos tratamientos para diabetes y obesidad (gliptinas, gliflozinas y glutidas) llegaron hasta 3,5 mil millones en 2022, y pasaron de 757 millones en 2021 a casi 1,3 billones en 2022 sin que MinSalud o la Cuenta de Alto Costo hayan explicado este fenómeno y su relación con las estadísticas de hipertensión arterial, complicaciones circulatorias cardíacas o cerebrales, insuficiencia renal crónica y evolución de los tratamientos con diálisis. ¿Dónde están los estudios del Instituto de Evaluación Técnica en Salud (IETS) al respecto? ¿Por qué ADRES dejó de publicar estudios de pertinencia como los que su primer director adelantó sobre las enfermedades huérfanas? ¿Por qué eliminaron esos estudios del sitio web de ADRES? ¿Para qué sirve la plataforma MedColSTAT con datos hasta 2021 apenas? ¿Porqué no existen políticas específicas para patologías crónicas de alto impacto?

Es imposible que una reforma como la que se está tramitando, produzca resultados milagrosos que ningún país del mundo ha podido lograr, dado el aumento exponencial de los costos que obedece al avance tecnológico, a los pagos de propiedad intelectual, a razones epidemiológicas y a las formas concretas de gestión de estas patologías

Medicamentos a oscuras

Todos los principios activos correspondientes a estos medicamentos y sus asociaciones son de carácter monopólico, con casos de abuso de posición dominante.

Su regulación de precios es deficiente y las moléculas más recientes tienen precios exorbitantes. Al igual que la mayoría de los productos de alto impacto, sus informes al SISMED presentan múltiples inconsistencias. Su registro sanitario en la plataforma del INVIMA muestra detalles erróneos. La OTIC de MinSalud no valida ni analiza los datos de sus reportes. Faltan datos para el régimen subsidiado, y ADRES no tiene o no publica el microdato de las transacciones específicas de cada producto.

Al igual que los demás medicamentos incluidos en la “Unidad de pago por capitación adicional” que creó el gobierno Duque con su política de “todo el poder a las EPS”. la trazabilidad de las prescripciones del grupo se perdió desde 2021, tal como se puede ver en los gráficos por región y por EPS:

(A propósito: en este último gráfico se aprecia la posición privilegiada de la Nueva EPS y la inclusión de Sura, hechos estos que sugieren la posible repetición de los problemas que tuvo Sanitas).

La quiebra que se avecina

Los dos ejemplos anteriores son apenas la punta del iceberg de está cerca de enfrentar el sistema de salud colombiano.

Reforma de la salud
Foto: Alcaldía de Baranoa - El Ministerio de Salud y la Cuenta de Alto Costo no han explicado suficientemente por qué en 2022 el costo de los tratamientos para la diabetes y la obesidad tuvieron un gran aumento. Tampoco han hecho estudios de la relación de estas condiciones con otras como la hipertensión arterial.

El nuevo sistema de información debe ser integrado para corregir el nivel absurdo de fragmentación que existe en la actualidad.

Dada el nivel de costos que maneja, dada la vida de los pacientes en juego y dada la responsabilidad política y moral que los asiste, los debates faltantes en el Congreso deben referirse a estos problemas de fondo, sobre la base de mejores diagnósticos y con la clara intención de enfrentar las dificultades que se avecinan de la mejor manera posible.

Ante la imposibilidad de formular aquí propuestas específicas sobre el proyecto de reforma, vuelvo a los dos gráficos iniciales de esta nota para examinar una sola de las cifras que contiene la explicación de motivos del proyecto:  al presentar el “escenario de factibilidad” que preparó el Ministerio de Hacienda, bajo el subtítulo “Gastos y balance del sector salud con reforma para el período 2024-2033”, en la Tabla 4 y en el rubro 2 (“Mediana y alta complejidad”) se presenta   una cifra muchas veces inferior a la que implicarían lo solos medicamentos que examiné más arriba.

Es imposible que una reforma como la que se está tramitando, produzca resultados milagrosos que ningún país del mundo ha podido lograr, dado el aumento exponencial de los costos que obedece al avance tecnológico, a los pagos de propiedad intelectual, a razones epidemiológicas y a las formas concretas de gestión de estas patologías

El sistema de información

Al margen de lo anterior, hay un artículo ya aprobado en la reforma que podría conducir a una mejor solución: el Sistema Único e Integrado de Información en Salud (que también resumí en este medio).

En la nueva versión del proyecto, este sistema es caracterizado como “público e interoperable”; mejor sería reemplazar estas características obvias por otras tres que son fundamentales: integrado, transaccional y distribuido.

  • El nuevo sistema de información debe ser integrado para corregir el nivel absurdo de fragmentación que existe en la actualidad.
  • Debe ser transaccional o con registro directo de operaciones en línea, abandonando el sistema antediluviano de “reportes” que es fuente de la mayoría de las prácticas perversas que abundan en la actualidad.
  • Debe estar distribuido u operar en redes distribuidas o cadenas de bloques para superar las limitaciones de los sistemas centralizados y bases de datos relacionales.

De esta manera los datos serían transparentes e incorruptibles, técnica y científicamente sólidos, permitirían estudios con inteligencia artificial, serían fruto de amplia participación social, tendrían trazabilidad histórica y permitirían mejor resultados en salud y un mejor uso de los recursos. A todo lo cual se añadiría el avance de la solvencia ética de las prescripciones con la posibilidad de control permanente y vitalicio que permite esta tecnología.

Lea en Razón Pública: El San Juan de Dios: una lucha por la salud digna

¿Por qué vivir ahogado en un mar de desinformación? Razón Pública te ofrece análisis rigurosos y sin restricción como este. Súmate a esta labor a través de una donación.

5 comentarios

Óscar Andia

Escrito por:

Óscar Andia

* Director general del Observatorio del Medicamento (Observamed).

Foto: Hospital Universitario del Caribe

Compartir:

La reforma de salud que Colombia necesita comienza por el cambio en los sistemas de información. Por eso importa conocer el Sistema Único e Integrado de Información en Salud.

Óscar Andia*

Un cambio drástico en los sistemas de información

En este año, el sistema de salud colombiano se enfrentará inexorablemente con la necesidad de cambios drásticos en sus sistemas de información.

Los cambios que se propongan en la reforma integral al sistema de salud afectarán a todos los subsistemas de información existentes, y el éxito o fracaso de la reforma dependerán de la pertinencia y coherencia técnica, política y económica de los cambios.

La Federación Médica Colombiana (FMC) y el Observatorio del Medicamento (OBSERVAMED) participarán en este proceso, con la misma proactividad y experticia que mostraron en el diseño de la Política Farmacéutica Nacional de 2003, cuando presentaron su propuesta de Sistema Único de Información de Medicamentos SUIM al Ministerio de Protección Social de esa época.

Y si sus propuestas no son incluidas en las versiones oficiales (como ocurrió hace 20 años), ejecutarán alternativas en defensa del interés de la salud pública. Ese fue el caso del Sistema Integrado de Información de Medicamentos SIIM, que se desarrolló como versión viable de la mayor base de datos “relacional” que integra información farmacológica, regulatoria y económica de medicamentos disponibles en Colombia —ver Gráfica 1—.

Lea en Razón Pública: Escasez de medicamentos en Colombia

Obviamente, estas nuevas bases de datos tendrán que ser distribuidas en cadenas de bloques “BlockChain” e incorporarán diversas opciones de analítica con inteligencia artificial, es decir que llevarán a la práctica los puntos fundamentales de la propuesta del Sistema Único e Integrado de Información en Salud SUIIS.

Fuente: Federación Médica Colombiana (FMC), Colegio Médico de Cundinamarca y Bogotá (CMCB).
Fuente: Federación Médica Colombiana (FMC), Colegio Médico de Cundinamarca y Bogotá (CMCB).

Los cambios que se propongan en la reforma integral al sistema de salud afectarán a todos los subsistemas de información existentes, y el éxito o fracaso de la reforma dependerán de la pertinencia y coherencia técnica, política y económica de los cambios.

Durante 2023 replantearemos los contenidos de documentos como los que se enlazan a continuación, resumiendo veinte años de reflexiones, propuestas y realizaciones de la FMC y OBSERVAMED sobre Política Farmacéutica Nacional y Sistemas de Información de Medicamentos y del sistema de salud:

Subsistemas de información en salud

La Gráfica 2 sirve para resumir los principales subsistemas de información existentes en el sistema de salud.

Aparecen en azul los creadores de datos públicos o privados, en rojo el Sistema Integrado de Información de Medicamentos y sus fuentes, en negro los entes de control, en café las entidades público-privadas que interactúan con el Sistema y en verde las funciones que podrían crearse para mejorar la salud pública. Los flujos de información y recursos se resaltan con vectores de color azul, rojo y amarillo.

Fuente: https://www.observamed.org/PLUS/ReformaSistemaSalud/SUIIS_Motivaciones.htm
Fuente: https://www.observamed.org/PLUS/ReformaSistemaSalud/SUIIS_Motivaciones.htm
  1. BDUA: Base de Datos Única de Afiliados del Sistema General de Seguridad Social en Salud BDUA-SGSSS en el sitio web de ADRES. Brinda información sobre afiliados del Régimen Contributivo y el Régimen Subsidiado, según reportes de las Empresas Promotoras de Salud EPS.

Esta base de datos, si bien es oficial y única, hoy está operada y controlada por las EPS y se limita a informar si cada usuario está registrado y con cuál EPS. Este registro administrativo debe pasar a ser operado directamente por el ente rector y servir para la identificación única, precisa y portable de usuarios y nunca convertirse en barrera administrativa de acceso a las prestaciones del sistema de salud.

  1. SISPRO: Sistema Integrado de Información de la Protección Social. Ofrece datos para facturación electrónica e Indicadores generales del gasto ​​en atenciones de salud, además de
  1. Información de Prestadores de Servicios con los Subsistemas REPS ​​​​​​​​​​​Registro Especial de Prestadores de Servicios de Salud, RETHUS Registro de Talento Humano en Salud, SIHO Sistema de Gestión Hospitalaria, MIPRES Aplicativo para la prescripción de tecnologías en salud no financiadas con recursos de la UPC o servicios complementarios, RUAF Registro Único de Afiliados (Protección Social), CMS Consulta Masiva de Supervivencia y Mi Vacuna para consulta de personas priorizadas.
  2. Información de financiamiento con Indicadores generales del gasto ​​en atenciones en salud como Apoyo a las regiones y Empresas Sociales del Estado ESE, Indicadores generales del gasto ​​en salud, Variables presupuestales de la red pública, Recaudos al sistema de seguridad social integral y parafiscales y Valor de la compensación.
  3. Salud Ambiental con ​​​​​​​​Salud nutricional, información de la inspección, vigilancia y control del INVIMA, Bancos de sangre con sus requerimientos, ​​​​​Establecimientos certificados en Análisis de Peligros y Puntos Críticos de Control (APP​CC o HACCP por sus siglas en inglés), ​​​​​​Establecimientos de alimentos y bebidas alcohólicas con buenas prácticas de manufactura.
  4. Mi Seguridad Social con Tramites y Servicios, RUAF Registro Único de Afiliados, PILA Planilla Integrada de Liquidación de Aportes y
  5. Gestión del conocimiento con Prestaciones, Vacunación No COVID, Aseguramiento y Fichas departamental y municipal. El SISPRO presenta deficiencias evidentes en validación de datos, interoperatividad con los demás subsistemas y análisis de resultados en salud. Debe garantizarse la exactitud, integridad, consistencia y pertinencia de sus datos, así como la obligatoriedad de mecanismos de validación y análisis periódico de resultados en salud, transparencia y acceso al microdato.

El SUIIS estará basado en la nueva tecnología Distributed Ledger Technology (DLT) o “Tecnología de Libro Mayor Distribuido” que ofrece las ventajas de inmutabilidad de los datos y disponibilidad de información. La DLT es distribuida, con copias de la información que se encuentran simultáneamente en todos los participantes del sistema.

Foto: Gobernación de Cundinamarca Los datos financieros y administrativos de la pandemia todavía no se han hecho públicos, por lo cual, deberán presentarse en el subsistema Vacunación contra COVID-19.
  1. INS, SIVIGILA COVID-19: portales con toda la información sobre enfermedades de interés en Salud Pública y la provisión sistemática y oportuna de información sobre los eventos que afecten o puedan afectar la salud de la población colombiana. El INS y SIVIGILA tienen publicaciones periódicas con la información que recolectan.

Aunque se notifican enfermedades huérfanas, aún no existen informes adecuados. Los reportes corresponden solo a Unidades Primarias Generadoras de Datos UPGD y Unidades Informadoras (UI).

A este subsistema no se reportan patologías no infecciosas ni datos de miles de profesionales independientes. Este sistema es bueno en su coherencia interna y su relación con los prestadores y entidades territoriales, por lo que debe incluirse el seguimiento de patologías no infecciosas de alto efecto en la salud pública y garantizarse el reporte universal de prestadores, incluyendo los profesionales independientes.

  1. PAI y Vacunación Covid19: el Programa Ampliado de Inmunizaciones para el control y erradicación de enfermedades inmunoprevenibles y disminuir las tasas de mortalidad y morbilidad en la población menor de cinco años. La página de Vacunación Covid19 hace el seguimiento estadístico global del Plan Nacional de Vacunación.

Los datos del manejo financiero y administrativo durante la pandemia finalmente no se hicieron públicos en la anterior administración, por lo tanto, debe garantizarse la transparencia y el acceso universal al microdato en éste y los demás subsistemas.

  1. MedCol-STAT: es el aplicativo estadístico sobre tendencias de prescripción, consumo y gasto en prestaciones farmacéuticas del plan de beneficios con cargo a la unidad de pago por capitación del régimen contributivo —ver descripción y funciones del aplicativo 2018—.

En agosto de 2021 presentó información de 2014 a 2019, es decir, a quince meses de declarada la pandemia de COVID-19. Este aplicativo no presenta datos de lo sucedido con las prestaciones farmacéuticas de las EPS del régimen contributivo durante la pandemia.

Por ello y porque apenas muestra datos del régimen subsidiado, no permite acceso al microdato y puede decirse que su utilidad es muy limitada. MedCol-STAT es parcial y está tan desactualizado que MinSalud tiene que «solicitar» a las EPS otro reporte especial con los datos necesarios para definir la suficiencia de la UPC.

  1. POS Pópuli: Es la herramienta que permite consultar tecnologías, servicios y medicamentos financiados o no con recursos de la Unidad de Pago por Capitación UPC. Después de cinco años de la Ley 1751 de 2015 Estatutaria de Salud que incluye todo lo que no esté excluido del Plan de Beneficios, aún no existe aplicación real de este principio y los mecanismos de exclusión no se perfeccionaron aún.

Sobre el Sistema Único e Integrado de Información

El SUIIS estará basado en la nueva tecnología Distributed Ledger Technology (DLT) o “Tecnología de Libro Mayor Distribuido” que ofrece las ventajas de inmutabilidad de los datos y disponibilidad de información. La DLT es distribuida, con copias de la información que se encuentran simultáneamente en todos los participantes del sistema.

Una DLT es como el ADN, cada célula tiene una copia idéntica de todas las instrucciones o bloques y mientras exista así sea una sola célula, siempre podremos conocer la información que contiene su ADN. Además, a diferencia del ADN, el uso de criptografía avanzada hace que sea imposible tener un mecanismo equivalente a CRISPR que modifique los bloques de una o más células.

El uso de algoritmos de consenso permite añadir información al ADN de todas las células de forma simultánea validando la integridad de dicha información. Por lo tanto, la DLT es la solución ideal para el SUIIS porque

  1. todos los participantes están plenamente identificados;
  2. todas las interacciones de cada uno de ellos con el SUIIS quedan registras de forma permanente e indeleble;
  3. todos los participantes pueden ver las interacciones de los demás participantes, y
  4. la información privada se protege con criptografía avanzada post-cuántica.

Con el Sistema Único e Integrado de Información en Salud con DLT los datos se crearán progresivamente en el momento de las transacciones, en línea —cadena de bloques específica— sin intermediación y sin necesidad de los reportes en archivos planos con mallas de validación deficientes o inexistentes como sucede en la actualidad.

Los datos serán transparentes e incorruptibles, se permitirían estudios con inteligencia artificial y serán técnica y científicamente sólidos, con amplia participación social, trazabilidad histórica, resultados concretos en salud y evidente optimización de recursos.

Le recomendamos: El sistema de salud: ¿serán posibles los cambios de fondo?

0 comentarios

Óscar Andia

Escrito por:

Óscar Andia

* Director general del Observatorio del Medicamento (Observamed).

Foto: Facebook: Ministerio de Salud

Compartir:

Qué hay detrás de los ataques a la ministra de Salud y qué nos dicen las hojas de vida de los funcionarios del nuevo gobierno sobre la dirección y el alcance de las reformas.

Óscar Andia*

Una sola pregunta

El sistema de salud colombiano es tan complejo que el espacio de esta nota podría agotarse con la lista traducida de los acrónimos y los neologismos que se han ido añadiendo a lo largo de las últimas tres décadas.

Por eso me limitaré a analizar el “desgaste mediático” que está sufriendo la ministra de Salud ante las críticas de la oposición y a esbozar una mirada a los antecedentes de algunos de los funcionarios que acaban de tomar las riendas del sector, para imaginar posibles cambios de fondo en las políticas de salud que intentará desarrollar este gobierno.

Operación “desgaste mediático”

La notoria agresividad de la oposición y sus medios de comunicación contra la ministra Carolina Corcho se resume en la intervención del parlamentario “experto” en salud que presentó los motivos para la citación de audiencia pública en la Comisión Séptima: el congresista no presentó ningún hecho de real importancia para el diagnóstico o tratamiento de la crisis del sistema de salud.

Lea en Razón Pública: El plan de Corcho para la salud

El promotor de la citación se limitó a anunciar el envío de certificados de Cámara de Comercio a la Procuraduría, porque las renuncias ya presentadas por la ministra y sus funcionarios están en trámite burocrático y aún no se reflejan en dichos documentos. “Denunció” asesorías técnicas de funcionarios que —en su condición de directivos de centros de estudio con prestigio internacional— prestaron a otros gobiernos. Mostró videos con declaraciones de la ministra, descontextualizando su contenido.

El no haber afirmado nada serio sobre la crisis de la salud o sobre alguna medida concreta de la ministra basta para demostrar que estamos ante una “operación desgaste” o una maniobra mediática para deteriorar la imagen de la funcionaria y debilitar su capacidad de negociación o de presentar propuestas de reforma

Los sectores más lúcidos de la oposición saben lo que se viene, conocen las debilidades estructurales de su poder, ya están en guerra mediática y saben que la confrontación será dura. Saben que el sistema de comunicaciones del ministerio corregirá sus debilidades y pronto difundirá mensajes correctos en forma correcta y las organizaciones de la sociedad civil entrarán en acción.

Mientras tanto, la encuesta de INVAMER muestra que la favorabilidad de la ministra va en 15,1 %, es decir, la séptima entre las personalidades del gobierno y la tercera entre los miembros del gabinete.

La ministra Carolina Corcho comienza con una favorabilidad del 15,1 %
La ministra Carolina Corcho comienza con una favorabilidad del 15,1 %

La pelea de fondo

Toda confrontación mediática obedece a una confrontación socioeconómica.

El no haber afirmado nada serio sobre la crisis de la salud o sobre alguna medida concreta de la ministra basta para demostrar que estamos ante una “operación desgaste” o una maniobra mediática para deteriorar la imagen de la funcionaria y debilitar su capacidad de negociación.

Por eso estamos asistiendo a una nueva fase de la confrontación entre dos tendencias fundamentales con sus respectivos extremos: quienes ven la salud como negocio versus quienes la defienden como derecho fundamental.

Entre los actores que ven la salud como negocio, están los que tienen poder político, económico y mediático, es decir las multinacionales farmacéuticas, el capital financiero, la tecnocracia administrativa que sirve a esos intereses, las organizaciones sociales cooptadas por ellos y una multitud de médicos o pacientes.

En pleno Siglo XXI estos actores se aferran a leyendas o imaginarios atávicos, como el de la mayor eficiencia de las privatizaciones, la mejor calidad de los medicamentos ligada a la “marca comercial” sin diferenciar siquiera su carácter de pionero o competidor, etc.

En el extremo de esta tendencia se encuentran los fundamentalistas pragmáticos que normalizaron sus prácticas perversas y se vinculan con diversas modalidades de corrupción.

Entre los actores que ven la salud como un derecho, están la Corte Constitucional, altas cortes y jueces honestos, centros de investigación académica formal y no formal, agremiaciones médicas y asociaciones de pacientes que no fueron cooptadas por el interés comercial. Además, la tecnocracia administrativa coherente, los médicos que prescriben sobre la base de evidencia científica independiente y los pacientes que entienden el derecho fundamental a la salud y no se prestan para abusos contra el sistema público y el bien común.

En el extremo de esta tendencia se encuentran fundamentalistas utópicos que caen en desviaciones como el mesianismo, el sectarismo o el infantilismo.

La confrontación entre estas tendencias ha sido permanente:

  • Puede decirse que la tendencia dominante hasta 2011 fue la comercial, con el crecimiento exponencial de los recobros durante el “octenio” de la desregulación, y oscuridad sobre la destinación de los recursos de la salud.
  • Bajo el octenio Santos hubo un ambiente favorable al cambio, apoyo a la expedición de la Ley Estatutaria de Salud, avances regulatorios en precios, más transparencia y acceso a cubos como SISMED y MiPres, Decreto de apertura de competencia con Biotecnológicos, creación de ADRES, y faltó poco para la entrada en vigencia de la Circular de precios a la entrada y por valor terapéutico.
  • En la administración Duque hubo una regresión evidente y apoyo a la tendencia de la salud como negocio, con la política de “todo el poder y los recursos hacia las EPS”.

Por último y ya en 2022, el solo anuncio de la ministra sobre ajustes en la intermediación financiera y el “semiaseguramiento” por las EPS generó el pánico que estamos presenciando.

Foto: Commons Wikimedia: EEIM - La tensión entre quienes ven la salud como un negocio y quienes la ven como un derecho es permanente.

Le recomendamos: El debate sobre las reformas en materia de salud

¿Quiénes, qué y cómo?

Casi al día siguiente de la posesión del presidente Duque en 2018, el gremio de las farmacéuticas multinacionales AFIDRO exigió públicamente al ministro Juan Pablo Uribe, neutralizar al Decreto de apertura de  competencia con biotecnológicos, la declaratoria de interés público con fines de licencia obligatoria de antivirales de acción directa para Hepatitis C y la Circular de precios a la entrada y por valor terapéutico (frenado pocos días antes del cambio de gobierno). Estas exigencias fueran cumplidas a cabalidad por todos los ministros del gobierno anterior.

Entre los actores que ven la salud como negocio, están los que tienen poder político, económico y mediático, es decir las multinacionales farmacéuticas, el capital financiero, la tecnocracia administrativa que sirve a esos intereses, las organizaciones sociales cooptadas por ellos y una multitud de médicos o pacientes.

En 2022, transcurridos los cien primeros días de gobierno, la página de regulación de precios de MinSalud apenas muestra la reapertura de la plataforma de SISMED para reportes extemporáneos (obviamente para corregir inconsistencias importantes de reportes anteriores) y una encuesta de percepción sobre la regulación de precios, seguramente para hacer cambios.

Dados los antecedentes de los nuevos funcionarios, es de suponer que este silencio se debe a un cuidadoso análisis de los cambios que deban adelantarse. Y menciono el ejemplo de la página de regulación de precios, precisamente por su importancia para todos los actores del sistema y porque allí se concentrarán las exigencias de la sociedad civil.

Para entender por qué se necesitan y para dónde van los cambios que este gobierno se propone adelantar sugiero a los lectores  que repasen las calidades humanas y profesionales de la Doctora Corcho en la entrevista que hace cinco años le hizo el doctor Germán Fernández (por esos días presidente del CMCB), sus escritos en la revista Ideas Verdes de la Corporación Latinoamericana Sur que dirigió y múltiples documentos de respuesta a los requerimientos de la Sala de seguimiento a la Sentencia T760-CSR, de la que hizo parte, al igual que los actuales Viceministro de Protección Social Luis Alberto Martínez, Director de la ADRES Félix León Martínez, Superintendente Nacional de Salud Ulahy Beltrán y Director del INVIMA Francisco Rossi.

Naturalmente existe gran expectativa por saber lo qué harán en función de gobierno quienes se destacaron como defensores de la salud como derecho fundamental: la doctora Corcho que coordinó el Comité impulsor de la Cumbre Social y Política por la Reforma Estructural al Sistema de Salud, el doctor Martínez que a la cabeza de ACESI y junto con doce gremios denunció a la administración Duque y las EPS ante la Corte Constitucional por violación sistemática de la Ley Estatutaria de Salud, el doctor Martínez que a la cabeza de FEDESALUD estudió las redes de salud y conoce muy bien el caso de las Empresas de Medicina Prepagada y el doctor Rossi que desde IFARMA buscó la Declaratoria de interés público con fines de licencia obligatoria de Kaletra, Glivec (Imatinib) y Antivirales de acción directa contra el virus de la Hepatitis C, caso tramitado con la doctora Claudia Vargas (hoy Directora de Medicamentos) y “embolatado” hasta finalizar la administración Duque.

0 comentarios

Óscar Andia

Escrito por:

Óscar Andia

* Director general del Observatorio del Medicamento (Observamed).

Foto: Alcaldía de Bogotá - Ocupación UCI

Compartir:

Oscar Andia

No estamos en un “pico” sino en una “meseta” sostenida de casi 600 muertes diarias. Por eso aquí se identifican cinco medidas factibles y eficaces para evitar una tragedia de mayores dimensiones.

Oscar Andia M.D.*

Una situación dramática

El pasado viernes 11 de junio completamos un año y tres meses desde la declaratoria de pandemia por COVID-19, y el balance para Colombia es realmente muy desalentador:

  • El 13 de junio volvimos a superar el récord de muertes diarias, con 586 fallecimientos, y así llegamos a un total de 95.778 fallecimientos debidos a la pandemia.
  • En cifras absolutas, Colombia es el tercer país hispanoparlante con más defunciones, después de México con 230.097 y Perú con 188.443.
  • El siguiente gráfico del Instituto Nacional de Salud (INS) muestra un hecho contundente: el llamado tercer pico es en realidad una meseta —mejor dicho, un altiplano —donde los fallecimientos se mantienen en cantidades inéditas, con una duración desesperantemente prolongada.

Gráfico 1. Reporte diario de fallecidos en 15 meses de pandemia COVID-19

Fuente: INS, datos al 21 de junio.
Desde esta perspectiva —y a riesgo de parecer tremendistas— debemos reconocer que la situación es dramática. Las medidas que se están adoptando no parecen ser las más acertadas. Urgen las propuestas concretas para caracterizar mejor la situación y contribuir con soluciones posibles, algo que intentaré hacer en este artículo.

  1. Dejémonos de eufemismos

La sugerencia aquí es observar en el gráfico de abajo la evolución del indicador “Muertes diarias por millón de habitantes”, donde se compara didácticamente la forma como aumentan las muertes diarias en Colombia, mientras que ellas descienden en el resto del mundo (Estados Unidos, la Unión Europea y los países asiáticos).

Gráfico 2. Evolución del indicador “Muertes diarias por millón de habitantes” (hasta el 3 de junio de 2021)

Fuente: la ilustración fue preparada por el Dr. César Cortés de la Junta Directiva del Colegio Médico de Cundinamarca y Bogotá. La versión completa se puede consultar en el siguiente video y el siguiente sitio web. Las anteriores imágenes traducen algo que se detalla en numerosos artículos que no difunden los grandes medios y pueden verse por ejemplo en https://bit.ly/3gtHY6H, https://bit.ly/3wlpOL3, https://bit.ly/35cwyiq, https://bit.ly/2Snk58V y https://bit.ly/35dAsYe.
“Dejémonos de eufemismos y efectismos” es un llamado a reconocer la gravedad de la situación, abstenernos de ver lo que prefieren mostrarnos los “asesores de imagen” y buscar información confiable.

  1. Miremos a Bogotá

El gráfico siguiente no necesita explicación:

Gráfico 2. Bogotá: nivel de ocupación de UCIs Covid-19 y Total hasta el 11 de junio

Fuente: Observatorio de Salud de Bogotá
El gráfico anterior es casi exactamente igual al de las otras grandes y al de muchas medianas o pequeñas ciudades de Colombia: los servicios de urgencias están sobresaturados a niveles nunca vistos y en la práctica la ocupación de camas UCI ya llegó al 100%.

Colombia es el tercer país hispanoparlante con más defunciones, después de México con 230.097 y Perú con 188.443

Negar esta realidad con artificios semánticos no resolverá el problema. Llegó la hora de debatir y ejecutar los ajustes de fondo que el sistema de salud necesita con urgencia.

Puede leer: En qué va la pandemia: análisis de los datos más recientes

  1. Contemos con los que saben

Pero además de ver esas imágenes, si se trata de apoyarnos en información confiable debemos hacer lo que no hizo el Ministerio de Salud inexplicablemente: consultar la opinión de 140 organizaciones representativas del sector salud.

El documento “Declaración pública de la comunidad científica, académica, gremial y otras organizaciones del sector salud” publicado el 7 de junio de este año, a propósito de la Resolución 777 del Ministerio de Salud plantea un conjunto de advertencias, recomendaciones y propuestas que resultan más coherentes y se basan en mejor evidencia que la invocada por la Resolución.

El documento comienza con esta frase: “Colombia atraviesa la peor crisis sanitaria, social y humanitaria, sin precedentes en las últimas décadas”. Después describe la situación tocante a la pandemia: “La población colombiana padece el impacto de un crecimiento progresivo del tercer pico de pandemia causada por la COVID-19, con altos índices de muertes y contagios, colapso de la red hospitalaria, desabastecimiento de oxígeno e insumos, crisis del talento humano y riesgo para la sostenibilidad del sistema sanitario.

Ante la gravedad de la crisis, los firmantes ofrecen su concurso para ayudar a que el gobierno adopte las medidas adecuadas: “La comunidad científica, académica, gremial y otras organizaciones del sector salud, comprometidos en la defensa del derecho fundamental a la salud y bajo principios éticos profesionales y de responsabilidad social, consideramos pertinente aportar datos y elementos técnicos para generar acciones concretas basadas e informadas en la evidencia científica para enfrentar la pandemia.” Por eso “manifestamos nuestra disposición a contribuir con soluciones basadas en datos y evidencia científica, pragmáticas y viables, para enfrentar los desafíos de salud pública que atraviesa Colombia y el colapso del sistema sanitario, permitiendo una reapertura económica segura, escalonada y programada y, sobre todo, que no ponga en grave riesgo el derecho fundamental a la salud y la vida de los ciudadanos.

Después añade el documento que “La reapertura en los términos señalados en la resolución 777, va a implicar que la población no pueda contar con la atención en salud requerida, lo cual es totalmente previsible en las condiciones actuales.” Advierte que “Es urgente contar con medidas oportunas y concertadas con la academia, sociedades científicas y las agremiaciones de la salud, que evitarían las muertes que resultan inminentes ante la implementación de la mencionada resolución.

Los firmantes proponen una ruta concreta para lograr lo anterior: “Convocamos al Ministerio de Salud y Protección Social a realizar una reunión, a más tardar el 9 de junio a partir de las 9 de la mañana, con la finalidad de crear un espacio de trabajo conjunto para profundizar en los asuntos que se consignan en esta Declaración…En esta reunión se deben construir alternativas viables con otros sectores sociales, económicos y empresariales para encontrar salidas que nos permitan avanzar como país.

  1. Rectificar el tamizaje y el aislamiento

Colombia adoptó la Estrategia de Pruebas, Rastreo y Aislamiento Selectivo Sostenible (PRASS) para frenar la pandemia y utiliza la formula DAR (“Detecto, Aíslo y Reporto”) para orientar a las personas que se crean afectadas por el virus.

Pues bien: en entrevista televisada, el presidente del Colegio Médico de Cundinamarca y Bogotá, Leonardo García, planteó una rectificación que puede ser clave para mejor contener la pandemia y disminuir más la presión sobre los servicios de urgencia y la disponibilidad de las camas UCI: aplicar el PRASS y el DAR de modo más adecuado y añadirles el componente de tratamiento precoz a domicilio.

La estrategia DAR es insuficiente en la práctica y está dirigida a pacientes que nada pueden hacer ante la inoperancia del sistema de salud. Por eso la estrategia debe transformarse en DART — “Detecto, Aíslo, Reporto y Trato oportunamente” — y debe pasar a cargo de las EPS, que recibieron prácticamente todos los recursos y están negando servicios de diagnóstico y tratamiento precoz y suficiente. El servicio de las EPS es absurdamente fragmentado en lugar de ser integrado y coordinado por las autoridades territoriales.

De igual forma y en el plano nacional la estrategia PRASS es muy insuficiente y se dirige a pacientes que nada pueden hacer ante la negación de servicios por parte de las EPS. Debería convertirse en PRASST “Pruebas, Rastreo, Aislamiento Selectivo Sostenible y Tratamiento oportuno”, dirigido a las EPS que recibieron los recursos y en la práctica niegan servicios de diagnóstico y tratamiento eficiente presencial y/o los reemplazan con sistemas robóticos de respuesta telefónica.

Foto: Alcaldía de Bogotá - Estamos en el peor momento de la pandemia y haciendo las cosas muy mal.

Le recomendamos: ¿Nos gobierna el movimiento natural de la pandemia?

5. Un sistema decente de información epidemiológica y económica

Todo lo anterior se reduce a una utopía si se mantiene el sistema de información fragmentado, inconexo, repleto de inconsistencias, con muy limitado acceso público y opacidades evidentes que favorecen la corrupción y todo tipo de prácticas perversas.

La estrategia PRASS es muy insuficiente y se dirige a pacientes que nada pueden hacer ante la negación de servicios por parte de las EPS.

Llegó la hora de cumplir los mandatos de la Ley 1751 de 2015, Estatutaria de Salud, en lugar de evadirlos con todo tipo de propuestas violatorias de su esencia. Y en relación específica con el sistema de información, es hora de asimilar los avances tecnológicos y adoptar mecanismos y procedimientos para que las decisiones del sistema de salud se basen en la evidencia, respondan de inmediato al curso de la pandemia en la ciudad o región y en el país como un todo, garanticen el trabajo conjunto entre los agentes del sistema y atiendan la angustiosa demanda de salud con un enfoque de equidad y de determinación social de la salud.

Por todo eso la información debe ser accesible para la población, por diferentes medios, con el fin de fortalecer la participación y el control social en todo el territorio nacional.

0 comentarios

Óscar Andia

Escrito por:

Óscar Andia

* Director general del Observatorio del Medicamento (Observamed).

Alcaldía de Bogotá Trabajadores de la salud durante la pandemia

Compartir:

Oscar Andia

El personal de salud fue el héroe y fue la víctima del primer año de la pandemia, pero los siguen tratando como villanos. ¿Cuáles son las condiciones laborales de estos “héroes” que en realidad no son reconocidos como tales?

Óscar Andia, M.D.*

La víctima

El 11 de marzo culminó el primer año de la pandemia en Colombia.

El 10 de marzo El Espectador publicó un informe especial donde resalta el sacrificio del personal de salud. Hasta el 5 de marzo se tenía conocimiento de 43.399 casos positivos y 216 fallecimientos entre el personal médico, de enfermería, de servicios y el personal administrativo por la COVID-19.

El informe del 11 de marzo del Instituto Nacional de Salud confirmó que los casos llegaron a 50.232 y las muertes a 227: 73 médicos, 39 auxiliares de enfermería, 22 encargados de radiología, 16 miembros del personal administrativo, 15 de enfermería y menos de 10 personas en las demás actividades. Un costo jamás visto en las tragedias del país.

Pero las organizaciones médicas rechazan los datos oficiales, puesto que parece existir un subregistro, especialmente en el número de fallecimientos. Para los médicos, no puede haber 73 fallecidos al 11 de marzo si dos meses antes, para el homenaje organizado por el Colegio Médico Colombiano, se tenían documentadas las muertes de 86 colegas.

Reconocimiento insuficiente

Colombia es el tercer país latinoamericano con más muertes: 60.000. Se ubica detrás de México que lleva un total de 194.490 fallecimientos y de Brasil que ocupa el primer puesto en Latinoamérica y el segundo en el mundo con 277.216 muertes.

El gobierno no fue exitoso en el manejo de la pandemia y ni siquiera es capaz de reconocer el sacrificio de los trabajadores la salud. El subregistro de los casos positivos y los fallecimientos oculta el padecimiento que viven los trabajadores. En estos momentos, los países deben reconocer a las personas que se sacrificaron en su defensa. Miles de heroicos trabajadores ofrendaron sus vidas para salvar a sus pacientes. Como mínimo, sus nombres deben registrarse en el libro de honor, en vez de someterse a semejante negación estadística.

Para los médicos, no puede haber 73 fallecidos al 11 de marzo si dos meses antes, para el homenaje organizado por el Colegio Médico Colombiano, se tenían documentadas las muertes de 86 colegas

Hay ejemplos de estas iniciativas en algunas partes del mundo. Desde el primero de abril Medscape registra el nombre de los trabajadores que murieron por la COVID-19 o por la presión que produjo la pandemia. El 9 de marzo tenía 2.965 nombres registrados.

Otro ejemplo es la investigación de The Guardian y Kaiser Health News. Además de registrar las muertes de los trabajadores de la salud en Estados Unidos, el reportaje se pregunta sobre la inevitabilidad de estas tragedias y abre el debate sobre la necesidad de cambiar el sistema de salud en ese país.

Es crucial formular esta pregunta en Colombia, ya que el gobierno parece empecinado en aprobar el proyecto de Ley 10 de 2020 que culminará la política de entrega del sistema de salud a las EPS, es decir al sector privado; el responsable del desastre sanitario en Estados Unidos.

Lea en Razón Pública: Ser médico en tiempos de pandemia: un sacrificio poco valorado

Hospitales, empleo y educación

Durante el primer pico de la pandemia Juan Gossaín describió con acierto la situación del personal de salud en Colombia:

“Los aplauden, les mandan besos con las manos, los califican de héroes, ángeles de la guarda, mártires, valientes, paladines, emprendedores. Todo eso es justo y merecido. Pero ¿se ha preocupado alguien por averiguar la verdadera situación de los médicos en Colombia? ¿Cuál es la realidad de sus vidas? ¿Se les reconoce el valor de su trabajo, su esfuerzo personal, su dedicación?”.

El costo de los estudios de medicina, los salarios que pagan las clínicas y los hospitales, la vida de los trabajadores y las condiciones en las que trabajan son aspectos que muchas veces pasan desapercibidos.

En su columna, Gossain plasmó una conversación que sostuvo con el entonces procurador general de la nación, Fernando Carillo Florez, quien resaltó que los médicos y el personal de salud eran “tratados como ciudadanos de segunda clase en la garantía de sus derechos”.

En muchas ocasiones los médicos firman contratos engañosos que no les aseguran prestaciones sociales, planes de cesantías ni periodo de vacaciones. Pero además de los contratos, tampoco tienen el equipo necesario para trabajar. Desde el comienzo de la pandemia, las compañías aseguradoras no suministraron los elementos de protección necesarios y esto ocasionó el contagio o la muerte de muchos trabajadores.

Miles de heroicos trabajadores ofrendaron sus vidas para salvar a sus pacientes y no deben someterse a la negación estadística

La crisis sanitaria acabó por exponer los demás problemas del sistema de salud: “hospitales derruidos, sin equipos mínimos ni medicamentos, con inmensas deudas salariales con sus médicos, enfermeras, personal administrativo y de laboratorios”.
Foto: Región Central Los trabajadores de la salud han puesto en riesgo su vida a pesar de tener, muchos, pésimas condiciones salariales para enfrentar la pandemia.

Razón Pública le recomienda: ¿Hay déficit de especialistas médicos en Colombia?

Gossain también publicó las declaraciones del Dr. Roberto Baquero, presidente del Colegio Médico Colombiano. Baquero precisó que en Colombia suele usarse la ‘vocación profesional’ como una herramienta para explotar a los trabajadores.

Los estudiantes de medicina solían pagar diez semestres de matrícula y después tenían un año de práctica remunerada, recibían un seguro de salud, alimentación y equipo de trabajo. “Un año después iniciaba (sic) un auténtico servicio social obligatorio, que se conoce entre los colombianos como ‘año rural’. (…) Entonces, por primera vez, le hacían un contrato formal de trabajo, que incluía no solo un salario sino todas las prestaciones legales”.

La especialización llegaba después y duraba entre tres y cinco años. Los estudiantes ya no tenían un salario, pero se mantenían las demás ayudas. Sin embargo, las universidades decidieron que los internos eran estudiantes y así comenzaron a cobrar una matrícula durante este periodo de práctica.

Aunque hubo protestas por este abuso, “en 1992, el Congreso Nacional aprobó la ley 30, sobre la educación en Colombia, y al año siguiente la reforma del sistema de salud, la famosa Ley 100”. Con esta ley desaparecieron los internos y residentes; únicamente había estudiantes. Desde ese momento la salud se convirtió en un negocio.

El resultado fue que las universidades cobraron matrículas excesivas, mientras que las clínicas y los hospitales usaron a los estudiantes como reemplazo de los especialistas para reducir los sueldos que pagaban.

Por si fuera poco, este sistema permitió que los hospitales arrendaran a sus pacientes. Algunas universidades no tienen hospitales, por eso deben firmar convenios para asegurar la educación de sus estudiantes. Por eso es posible ver “estudiantes de una universidad atendiendo pacientes en una clínica de 7 a 9 de la mañana, pero de 9 a 11 los mismos enfermos quedan en manos de alumnos de otras universidades, y así el día entero”.

Sin darse cuenta, los estudiantes de medicina financian los hospitales con su trabajo, mientras pagan cantidades excesivas de dinero a las universidades. Ojalá puedan aprender sin ser explotados.

Al final los héroes de la pandemia tienen que enfrentarse a los contratos engañosos, la escasez de suministros, las pésimas condiciones laborales e incluso la pérdida de su empleo. Muchos trabajadores tuvieron que renunciar después de esperar en vano su sueldo. Esto no puede pasar en condiciones normales, mucho menos en medio de una pandemia.

Como dijo el oftalmólogo Durfay Campiño, “eso es lo que está matando a los colombianos (…) no es la enfermedad; es el maltrato a los médicos y personal de salud, lo mal que les pagan y la falta de ética del sistema de salud”

0 comentarios

Óscar Andia

Escrito por:

Óscar Andia

* Director general del Observatorio del Medicamento (Observamed).

Foto: Presidencia de la República Coronavirus en Colombia

Compartir:

Oscar Andia

Aunque las muertes siguen en aumento, las autoridades no aprenden de los errores y el Congreso tramita una reforma a la salud que agravaría el problema.

Óscar Andia, M.D.*

Las dos tragedias

El 13 de noviembre de 1985, una avalancha de lodo y piedras acabó con la población de Armero y sus alrededores. En pocas horas, la avalancha dejó entre 23.000 y 25.000 víctimas mortales.

El 13 de noviembre de 2020, el Ministerio de Salud y el Instituto Nacional de Salud anunciaron que en Colombia han muerto 33.369 personas por COVID-19, desde luego, sin contar el subregistro.

Gráfica 1. Muertes por COVID-19 en Colombia

Fuente: elaboración propia con información del Instituto Nacional de Salud.

Las autoridades sanitarias también han ofrecido otros indicadores. Con corte al 13 de noviembre de 2020, en Colombia había:

  • 1.182.697 personas diagnosticadas con COVID-19;
  • 1.089.340 personas recuperadas; y
  • 5.652.986 muestras procesadas.

Comparar la pandemia con la tragedia de Armero sirve para comprender la magnitud de ambos hechos: el número de muertes que ha dejado la pandemia es tan alto que no podemos caer en la misma retórica de líderes políticos como Donald Trump y Jair Bolsonaro, quienes piensan que han superado la situación porque “salvaron la economía”.

El COVID-19 ya ha dejado cifras de mortalidad inéditas en Colombia: hoy, el país tiene 663 muertes por cada millón de habitantes y una tasa de letalidad del 2,82%.

En el corto plazo, el pronóstico sigue siendo sombrío: según las noticias que llegan de Europa y Estados Unidos, el riesgo de una nueva ola de contagios es inminente.

Puede leer: Colombia y la COVID-19: un balance regional

Lecciones no aprendidas

Pero a pesar de lo anterior, nuestros líderes no parecen comprender lo que está en juego.

Volvamos a la comparación con la tragedia de Armero. Nadie duda de que un sistema de alertas tempranas, gestión de riesgo y atención de desastres hubiera reducido de manera sustancial el número de muertes.

Si, 35 años después, ese sistema se hubiera perfeccionado con la atención de otros desastres naturales y la detección y manejo de epidemias como las del dengue, el chikunguña y el zika, sin duda la tragedia del COVID-19 sería menos grave.

Lamentablemente dicho sistema no existe y el país parece estar lejos de tener instituciones locales y nacionales con capacidad de ofrecer respuestas adecuadas a este tipo de situaciones.

En marzo, el virus llegó a Colombia por el aeropuerto El Dorado, por donde transita el 59% de los viajeros internacionales. Aunque ya se sabía de los altos niveles de contagio del virus, las autoridades permitieron que algo más de 65.000 pasajeros provenientes de los países con mayor contagio llegaran al país.

Según un comunicado de prensa del 17 de marzo de la Contraloría General de la República:

  • el aeropuerto El Dorado tenía apenas 6 médicos en el día y 8 en la noche;
  • el 93,75% de los aeropuertos del país presentó deficiencias en los controles y medidas de contingencia;
  • más del 70% de los aeropuertos colombianos no tenían protocolo para viajeros internacionales; y
  • el 58% no tenía establecida una zona de cuarentena.

Sin embargo, las autoridades nacionales no cerraron El Dorado sino hasta el 23 de marzo, por presión de la alcaldesa de Bogotá y de algunos medios de comunicación.

Pero hay una diferencia con la tragedia de Armero: la prevención y el control en los aeropuertos deben hacerlos las empresas privadas. En años pasados, las autoridades han entregado la administración de los aeropuertos a consorcios que tienen demasiado poder y autonomía, con el argumento de que los operadores privados pueden hacerlo mejor.

Pero el informe de la Contraloría demuestra que esa premisa es falsa. Sin mencionar las fallas estructurales del sistema aeroportuario, la ausencia de dirección centralizada, la debilidad institucional, y la falta de mecanismos de vigilancia y control.

El problema de los aeropuertos se resolvió temporalmente con los cierres y la reapertura gradual con medidas adecuadas de bioseguridad. Pero, como no se trata de una solución estructural, quedamos en manos de funcionarios que, en plena reactivación de la pandemia en Europa y Estados Unidos, decidieron eliminar el requisito de la prueba PCR negativa para ingresar al país.

Foto: Presidencia de la República Las autoridades no han hecho lo suficiente para salvar vidas en medio de la pandemia.

Lea en Razón Pública: Colombia y la COVID-19: ¿lo hemos hecho bien?

Una reforma perjudicial

Al igual que el sistema aeroportuario, el sistema de salud colombiano está privatizado y su gestión ha sido entregada a actores con demasiado poder y autonomía.

Sin duda, nuestro sistema de salud necesita una reforma profunda. Pero, en lugar de impulsar dicha reforma, nuestros líderes propusieron un proyecto de ley con el potencial de empeorarlo todo.

Más de 300 organizaciones y personalidades del sector de la salud redactaron una carta para mostrar la inconveniencia técnica y jurídica del proyecto. Según los redactores de la carta, el proyecto de ley es ilegal e inconstitucional: “El contenido del proyecto de ley no corresponde a lo establecido por la Ley Estatutaria 1751 de 2015 y la Sentencia C-313 de 2014 de la Corte Constitucional (…). Se constituye en una profundización del negocio de la salud por medio de oligopolios y monopolios de intermediarios financieros; retoma normatividad vigente y fallida, que no ha resuelto los problemas visibilizados por la pandemia”.

Además de lo anterior, la iniciativa que cursa en el Congreso y que tiene el apoyo del gobierno nacional parece una burla, pues es superficial e intrascendente. En palabras de las agremiaciones médicas: “En cuanto a los trabajadores y trabajadoras de la salud, lo planteado es una burla a este sector poblacional en momentos de crisis, dado que la iniciativa es irrelevante, solo se ocupa de enunciados exhortativos sin carácter vinculante y recaba sobre normatividad existente, sin resolver los problemas de precarización laboral en los establecimientos públicos y privados del sector”.

Por último, en lugar de cambiar el modelo privatizador actual, el proyecto de ley lo profundiza: “En lo referente a la red de hospitales públicos (…) la iniciativa insiste en modelos privatizadores que no han funcionado en Colombia ni en el mundo. Se ignoran en el proyecto de ley, los determinantes sociales de la salud (medio ambiente, agua potable y saneamiento básico, alimentación saludable y soberanía alimentaria, que se está viendo agravada por el desempleo y la falta de ingresos asociados a la pandemia, entre otros)”.

Si esto proponen los congresistas en medio de la mayor crisis de salud pública que haya vivido el país, ¿qué podemos esperar los colombianos para el futuro?

0 comentarios

Óscar Andia

Escrito por:

Óscar Andia

* Director general del Observatorio del Medicamento (Observamed).

Compartir:

Oscar Andia

El número de contagiados y fallecidos por COVID-19 sigue en aumento. ¿Cuál es la mejor medida para evitar una catástrofe?

Óscar Andia, M.D.*

Todo puede empeorar

En Colombia y en el mundo, las cifras del COVID-19 siguen en aumento.

  • Esta semana, Colombia superó los 190.000 casos de COVID-19 y los 6.500 fallecidos por causa del virus;
  • Estados Unidos lleva más de 3.500.000 casos detectados y 130.000 fallecidos;
  • Brasil cuenta con más de 2.000.000 casos y 76.500 fallecidos;

Sin embargo, los líderes políticos no están a la altura de la situación. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se ha ufanado de tener una de las tasas de mortalidad más bajas del mundo —de “tan solo” 423 muertos por millón de habitantes—; mientras que el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, ha dicho que la Organización Mundial de la Salud (OMS) “exagera”. En ambos países se han perdido más de 200.000 vidas, pero para algunos eso no es tan grave si se trata de pobres, latinos, negros, ancianos o enfermos.

En este contexto, no hay razón para minimizar el caso colombiano. Como lo muestra la Gráfica 1, estamos en la fase ascendente del pico epidemiológico y todo puede empeorar.

Gráfica 1. Muertes diarias durante diez días de julio

Fuente: Ministerio de Salud de Colombia.

Los casos de cuatro países vecinos

Si bien las medidas de aislamiento han servido, no han sido suficientes.

Hoy, la capacidad de atención en Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) está saturada y todo indica que los días que restan de julio, agosto y septiembre serán catastróficos en Colombia y en la región.

En la Gráfica 2 se muestran las muertes diarias confirmadas durante tres días consecutivos en cuatro países vecinos: Perú, Ecuador, Venezuela y Colombia.

Gráfica 2. Promedio de muertes diarias en tres días consecutivos, en cuatro países vecinos

Fuente: Our Word in Data.

Como se ve en la imagen, Ecuador tuvo dos grandes picos en abril y mayo, que nos recuerdan los fallecidos en las calles de Guayaquil. Eso muestra, además, que los casos importados han sido un peligro mayor, que no debe ignorarse hoy, cuando se plantea reabrir los aeropuertos.

La curva de Perú —que ya empieza a aplanarse— nos muestra que las muertes pueden seguir aumentando, hasta tanto no se adopten las medidas más adecuadas. Y la curva de Colombia muestra un comienzo tardío del crecimiento de casos —atribuible a las medidas de aislamiento— y un avance inexorable hacia la saturación de UCIs.

Entonces, ¿qué se puede hacer para evitar una catástrofe en el país?

Foto: Embajada de Estados Unidos en Brasil Trump y Bolsonaro han llevado a que en sus países el coronavirus cause estragos lamentables.

Le recomendamos: La pandemia: ¿qué sabemos del contagio en Colombia?”

La mejor forma de contener el virus

Aunque la cuarentena total y estricta tiene un alto costo social, puede ser una medida coherente en este momento, cuando más puede servir para evitar el colapso del sistema de salud.

Sin embargo, es deseable focalizar mejor —geográfica y funcionalmente— las medidas de aislamiento para que sean sostenibles. Nos falta contener más la propagación del virus. En ese sentido, es relevante mencionar el caso de Bogotá —un ejemplo de lo avanzado en otras regiones del país—. Aunque la capital multiplicó sustancialmente los exámenes realizados, es necesario aumentarlos aún más.

Los equipos de atención médica domiciliaria son esenciales, porque reducen la presión sobre hospitales y UCIs. En Bogotá, estos equipos pasaron de 3 a 250 —de los cuales 100 son de la Secretaría de Salud y 150 de las EPS—. La Secretaría de Salud está contratando 100 más, pero obviamente se necesitan muchos más para proteger la ciudad.

Pero además de contener la propagación del virus, deben contenerse las prácticas perversas de actores con poder que están apropiándose de los recursos destinados a la salud, el alivio de la crisis y la atención de los pacientes. Es inadmisible que se nieguen servicios a pacientes de otras patologías bajo la excusa de que se da prioridad a los contagiados por COVID-19.

Y no podemos dejar de mencionar la urgencia de políticas públicas de apoyo al avance de las investigaciones y los proyectos nacionales de ciencia y tecnología. Sin embargo, en el caso concreto de la pandemia, es necesario identificar la falsa innovación tecnológica —medicamentos que no tienen ningún sustento científico para tratar la COVID-19— y no caer en esas falsas ilusiones.

Lea en esta edición: El peligro de la automedicación para tratar la COVID-19

A la fecha, el sistema de salud ha derrochado billonarios recursos en medicamentos biotecnológicos, oncológicos, vitales no disponibles y no vitales monopólicos, en lugar de dirigir esos recursos a soluciones propias, en este caso, como los sueros hiperinmunes de pacientes que superaron la enfermedad.

Necesitamos tu ayuda para seguir realizando un cubrimiento responsable de la COVID-19.
Apóyanos con tu donación y suscríbete a nuestro boletín. ¡Muchas gracias!

0 comentarios

Óscar Andia

Escrito por:

Óscar Andia

* Director general del Observatorio del Medicamento (Observamed).

Foto: Pixabay El coronavirus ha provocado un tsunami informativo.

Compartir:

Oscar AndiaGuía completa para entender (y prevenir) el virus que amenaza con convertirse en pandemia.

Oscar Andia* Continue reading «Todo lo que debemos saber sobre el Coronavirus»

0 comentarios

Óscar Andia

Escrito por:

Óscar Andia

* Director general del Observatorio del Medicamento (Observamed).

Compartir:

Oscar AndiaLos gremios piden que esta industria se incluya en el Plan Nacional de Desarrollo, pero también está en juego la salud de todos los colombianos. ¿Qué debe hacer el gobierno?

Oscar Andia*

Continue reading «¿Qué pasa con la industria farmacéutica en Colombia?»

0 comentarios

Óscar Andia

Escrito por:

Óscar Andia

* Director general del Observatorio del Medicamento (Observamed).

ISSN 2145-0439

Razonpublica.com se encuentra bajo una Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 3.0 Unported. Basada en una obra en razonpublica.com.