Pasamos de la importancia de las cifras a la importancia de las causas por las que están matando a líderes y defensores de derechos humanos. Aún no hacemos lo suficiente.
Carlos Guevara*
Sigue la violencia contra líderes
En 2019 la situación de los líderes sociales y defensores de derechos humanos tocó fondo. Aunque las investigaciones avanzan, los homicidios y amenazas contra los líderes sociales persisten. Además, la respuesta del Gobierno Nacional ha sido tardía, a veces invisible—lo cual no significa que no exista—y escasa, ante la verdadera dimensión del problema.
Hace cuatro años los conceptos de defensora o defensor de derechos humanos y de líder social eran prácticamente desconocidos para la mayoría de los colombianos. Por lo general, esos nombres se asociaban a activistas de izquierda o a personas que trabajaban en organizaciones no gubernamentales (ONG).
Los líderes sociales no tienen color político, pues su bandera es la defensa de los derechos
Después de cuatro años y más de 500 líderes asesinados, estas personas ya son reconocidas por la amplia mayoría de la ciudadanía como agentes positivos de la democracia y, aún más, como trabajadores en la construcción de paz. Hoy se entiende que los líderes sociales no tienen color político, pues su bandera es la defensa de los derechos de todas y todos.
Nadie puede negar que garantizar la vida y la integridad de estos líderes profundiza la democracia y permite que la participación de la ciudadanía pueda ser cada vez más activa. Por eso, la protección de líderes sociales se ha convertido en tema permanente en las salas de redacción y en las agendas de muchas de las entidades de las diferentes ramas del poder público.
El tema se ha puesto “de moda” en la política nacional, pero lamentablemente solo se habla de él cuando se conocen nuevos asesinatos. Eso es lo más preocupante: que el Estado solo reacciona cuando ya se han cometido las peores atrocidades, después de las temporadas de mayor violencia, como la antesala de las elecciones o el inicio de cada año. Este año, por ejemplo, ya ha cobrado la vida de al menos diez líderes en tan solo veinte días.
Los textos que documentan la barbarie
El final de 2019 y el comienzo de 2020 deja una larga estela de documentos que dan cuenta de la violencia contra líderes sociales.
Estos documentos ya no se concentran en las cifras, sino en las razones que detonan los homicidios y en las causas que estos activistas defendían. Algunos ejemplos de este tipo de textos son:
- El Informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos CIDH);
- La Misión de Paz de la Organización de Naciones Unidas (ONU);
- El Informe de la Comisión de la Verdad;
- El Informe de Seguimiento a la Alerta Temprana 026-18 de la Defensoría del Pueblo;
- Y los muchos pronunciamientos de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH).
A estos documentos de organismos nacionales e internacionales de derechos humanos se suman los seguimientos realizados tradicionalmente por las organizaciones y movimientos sociales del país, como Somos Defensores, el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (INDEPAZ), la Marcha Patriótica, Paz y Reconciliación, entre otros.
Foto: Centro Nacional de Memoria Histórica
Los liderazgos que surgieron en las calles deben seguir aunando por la protección de los líderes en las regiones.
Por su parte, los documentos del Gobierno han causado controversia, pues según ellos, las cifras de homicidios contra líderes sociales se han reducido. Como lo señaló en su momento Rodrigo Uprimny, el Gobierno llegó a esa conclusión con análisis estadísticos que se pueden poner en tela de juicio.
Le recomendamos: Gobierno sin política para proteger la vida de los líderes sociales
El reto de defender la vida
En todo caso, como mencioné, las cifras ya no son el centro (o la excusa) de la discusión. Ahora, lo principal son las causas por las que lo mejor de nuestro pueblo está muriendo en manos de sicarios, día tras día.
Al respecto, la Unidad Especial de Investigación de la Fiscalía, puesta en marcha como parte del Acuerdo de paz, ha dado luces sobre quiénes podrían ser los responsables. Si bien no se trata de una respuesta definitiva, sí es una luz en medio de tanta penumbra.
Volvimos a tener zonas en las cuales la fuerza pública no opera rápida y eficazmente.
El ente investigador señaló que “frente a los autores intelectuales de estos crímenes el panorama aún es turbio. Según la directora Mancera, un 78% obedece a la orden que dieron personas particulares y el 22% a cargo de una organización criminal”. Eso significa que muchos sectores están interesados en cercenar el trabajo de los líderes sociales y que la defensa de los derechos humanos en Colombia es un ejercicio estorboso para sectores de poder.
Por lo anterior, este año el Gobierno tiene el desafío de controlar a los grupos ilegales que quieren entorpecer el trabajo de los líderes sociales. Si bien la Política de Seguridad y Defensa y la Política Marco de Convivencia y Seguridad Ciudadana tienen como eje fundamental el control del territorio y buscan la seguridad y protección de los líderes, en la práctica volvimos a tener zonas en las cuales la fuerza pública no opera rápida y eficazmente.
Además, las instituciones encargadas de garantizar la vida de todos los colombianos vuelven a verse salpicadas por escándalos, como el de las chuzadas. Y mientras tanto, el conflicto armado no da tregua en el país. Los grupos armados organizados, los grupos de crimen organizado, la delincuencia y los poderes locales con control de rentas lícitas e ilícitas amenazan la vida de los líderes.
En la lista de los más atacados, en zonas de alta disputa e interés, están las autoridades étnicas, los activistas ambientales, los miembros de juntas de Acción Comunal y los líderes comunitarios, conectados entre sí por ser defensores de la tierra y el territorio.
Faltan acciones
Sin embargo, y muy a pesar de esta andanada de violencia y factores negativos, una nueva generación de liderazgos se está levantando.
A finales de 2019, la protesta pacífica tomó protagonismo en América Latina y Colombia. Estos nuevos liderazgos no solo se limitan a las vocerías tradicionales, sino que colman las calles en busca de que sus voces sean oídas. Se trata de líderes anónimos que levantan la cacerola para protestar y se niegan a que el asesinato y persecución de activistas sea parte del paisaje.
Foto: Centro Nacional de Memoria Histórica
Todavía estamos a tiempo de parar el desangre y la pérdida que significan las muertes de nuestros líderes sociales.
Es perentorio entender que los líderes que están siendo atacados pueden ser la llave para abrir un diálogo nacional fluido, que canalice el descontento social y pueda pensar en nuevas formas de construcción democrática.
Con el ánimo de mejorar las condiciones de seguridad de estos activistas, se han realizado innumerables llamados desde todos los sectores de la sociedad colombiana y de los países que apoyan a Colombia en su camino de transformación democrática.
Es importante mencionar que Colombia no se ha quedado de brazos cruzados. Prueba de ello son los amplios desarrollos normativos (aún sin una aplicación efectiva) que se desprendieron del Acuerdo de paz en materia de garantías para los defensores de derechos humanos. Por su parte, el Gobierno Duque creó un Plan de Acción Oportuna (PAO) para la prevención y protección de líderes sociales. También formuló líneas estratégicas de Política Pública Integral de garantía y respeto a la labor de defensa de los Derechos Humanos y firmó el Acuerdo de Escazú, que incluye disposiciones para proteger a los líderes ambientales.
Vea en Razón Pública: Amenazas se ciernen sobre Bojayá
Sin embargo, estos esfuerzos aún no dan resultados y la magnitud del problema crece cada vez más. Todo apunta a que uno de nuestros mayores activos como sociedad -nuestros liderazgos sociales y su trabajo- están en cuidados intensivos en el momento en que más los necesitamos.
Ante una debacle como esta, solo resta unir esfuerzos, vencer barreras políticas y no repetir errores del pasado, ni ver hacia otro lado sin enfrentar la realidad, como pasó en el catastrófico caso del exterminio de la Unión Patriótica. Estamos a tiempo de detener este desangre.
* Comunicador social – periodista, máster en Comunicación Política y Empresarial . Investigador en protección e incidencia para defensores(as) de DD.HH.
@barbaroja18