El Estado colombiano frente a las organizaciones criminales

Un retrato informado de dónde vienen, de lo que son y de cómo actúan las BACRIM y otros varios actores criminales. Y un análisis detenido  de cómo han tratado de responder los gobiernos a este nuevo –y este gran- desafío de Colombia.

César Alarcón Gil*

Viraje en la política de seguridad

Después de una reunión del Consejo Nacional de Seguridad el pasado 23 de abril, el presidente Santos anunció la aplicación de una “Política Integral contra las Organizaciones Criminales”.

Esta política seria adelantada por varios ministerios (incluyendo Salud y Educación), inicialmente en 10 municipios de 6 departamentos, y sus destinatarios principales  serían los miembros de las bandas criminales emergentes (BACRIM) y los grupos que trabajan para ellas.

El gobierno se propone un balance entre la prevención y el castigo, por un lado invirtiendo en infraestructura y desarrollo de capacidades institucionales, por otro lado haciendo un uso óptimo de la información de inteligencia y de acciones judiciales para capturar y sancionar a los delincuentes.

Estas iniciativas serían parte del rediseño de la estrategia de seguridad bajo el supuesto de un posconflicto cercano. Si hay acuerdos de paz, podríamos pasar de una política de seguridad orientada al control de la violencia motivada políticamente, al control de una violencia propiamente criminal. Pero la experiencia muestra que no es tan sencillo

Una realidad tozuda

El contexto colombiano es demasiado complejo como para pensar que con la desmovilización de las AUC y la hipotética firma de la paz con las FARC se esfumarán los años de aprendizaje delincuencial – y político- de los miembros de estos grupos.

De hecho, el narcotráfico ha venido catalizado aquellos aprendizajes en distintas regiones: la prueba son las BACRIM, hoy convertidas en la amenaza principal contra la seguridad de los colombianos. De modo pues que sin obstar el anuncio de Santos, sería ingenuo esperar que la realidad cambie en un futuro cercano.

¿Pasamos de una violencia letal masiva a una selectiva?

Para apreciar este punto, miremos la evolución de las BACRIM entre el final de la desmovilización de las AUC (2006- 2007) y el anuncio reciente del presidente Santos. Me ocuparé primero de que pasó con los desmovilizados y luego de cómo fue respondiendo el gobierno.

Captura de alias “H20”, “Heleno” o “Ferney”, cabecilla militar de “Los Urabeños” en el Urabá antioqueño. Foto: Policía Nacional de los Colombianos

De las AUC a las BACRIM

Tras la desmovilización de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) – una organización confederada y con mandos definidos-  se dispersaron varios contingentes armados en distintas regiones de Colombia. Los reportes de la época hablaban de 100 núcleos armados con presencia en 246 municipios. Estos núcleos tenían entre 21 y 33 denominaciones diferentes. Desvertebrados, estos grupos variaron mucho en tamaño, en especialización y en formas de acción y de inserción social.

Con el paso de los años empezó un proceso de reconfiguración centralizada que redujo el número de grupos pero los sobrevivientes aumentaron su tamaño en cantidad de integrantes. Actualmente, el Ministerio de Defensa habla de cuatro grupos consolidados: los Urabeños/Clan Usuga, los Rastrojos, el Bloque Libertadores de Vichada, y el Bloque Libertadores del Meta.

Las tres últimas organizaciones son de carácter claramente regional, y la primera tiene alcance nacional. Los Rastrojos nacieron de los aparatos de seguridad de los  narcotraficantes, y las demás organizaciones se formaron al calor del maridaje entre el paramilitarismo y el tráfico de drogas.

Estas organizaciones funcionan de manera hibrida. Combinan jerarquías y trabajo en red. En la cúpula están el líder, su familia y el personal de confianza; por  debajo se encuentran los responsables del lavado de dinero, de las relaciones públicas (soborno/corrupción), de la logística para  fabricar estupefacientes y proveer seguridad.

Por fuera de este núcleo suelden darse la subcontratación de servicios y la negociación de alianzas regionales. Aquí son protagonistas tanto los miembros de las bandas criminales como los grupos subversivos (FARC y ELN).

Las autoridades dicen que hoy existe un “outsourcing criminal” y la Fiscalía habla de alrededor de 1.200 bandas que ofrecen sus servicios al mejor postor. A estas se les ha bautizado como “organizaciones delincuenciales integradas al narcotráfico” (ODIN) y en distintas regiones del país frentes completos de las FARC o el ELN trabajan en la producción o el transporte de las drogas.

Además de estas bandas y de la vinculación de las guerrillas, hay una multiplicidad de grupos con distintas denominaciones, capacidades organizacionales y anclajes territoriales, que hacen aún más complejo el escenario tanto en entornos rurales como urbanos.

Estos muchos agentes de violencia han ejercido la dominación territorial no solo por su capacidad de matar sino por su habilidad para gestionar las prácticas sociales y extraer rentas ilegales en poblaciones que viven bajo preceptos distintos de los del Estado.

Se sostiene que la tasa de homicidio ha disminuido en el plano nacional. Pero esta reducción ¿en qué se ha transformado? ¿Pasamos de una violencia letal masiva a una selectiva? ¿Hay alguna relación entre la disminución de homicidios y la proliferación de otro tipo de violencias como la extorsión y el robo?

Respuesta del Estado

Aun antes de concluir la desmovilización de las AUC era evidente la existencia de subgrupos e individuos que se mantendrían en la ilegalidad.

Por eso el gobierno Uribe estableció el “Comité de Seguimiento de Alto Nivel”, con funcionarios de las agencias de seguridad y el acompañamiento de observadores de la OEA. Durante los años siguientes se aprobaron varias leyes y se crearon nuevas comisiones de monitoreo y coordinación contra las bandas criminales. En los dos cuadros siguientes se describen algunas de las iniciativas y operaciones principales.  

Fuente: elaboración propia.

Fuente: elaboración propia

Armamento, dinero y droga incautados durante el operativo de captura de alias “La Máquina”, vinculado a la banda criminal “Los Urabeños”. Foto: Policía Nacional de los Colombianos

Una lectura política

Aunque no se trate de una lista exhaustiva, la revisión de los cuadros anteriores permite varias inferencias sobre la evolución de las respuestas del gobierno colombiano al desafío del  crimen organizado.

Las dos primeras iniciativas del Cuadro 1 datan del final del segundo período de Uribe. Estas partieron de una fase de monitoreo y evaluación, cuando el fenómeno de las BACRIM iba en ascenso. Pero para entonces el eje estratégico en materia de seguridad era el combate contra las guerrillas. Se decía que no existía un “conflicto interno”, que Colombia libraba una guerra contra el terrorismo y que las FARC y el ELN no eran subversión sino “terroristas”.

Bajo el gobierno Santos se consolida el fenómeno de las BACRIM en diversas regiones y se reconoce su gran capacidad disruptiva. Los vacíos dejados por “extintos” grupos paramilitares fueron llenados tanto por miembros de las BACRIM como por integrantes de la guerrilla.

Sin abandonar los golpes a la guerrilla, comienza a construirse el andamiaje institucional y operativo para hacerle frente a una criminalidad organizada que vive su propio momento de fortalecimiento. Y la lectura entonces comenzó a ser otra: Santos ya había reconocido el conflicto interno y había sido expedida la Ley de Victimas. Y antes de mucho tiempo recomenzaron los diálogos con la guerrilla, de manera que las FARC y el ELN recuperaron su estatus  de grupo subversivo esto es, de interlocutor válido a  la luz del derecho internacional.

Por eso mismo comenzó el proceso de traslación del eje de la seguridad en Colombia: desde entonces son comunes las palabras del presidente Santos y otros altos funcionarios acerca del crimen organizado como  un “objetivo de alto valor”.

Todo esto explica el anuncio de una “política integral contra las organizaciones criminales” que hará particular énfasis sobre la judicialización, que estará enfocada en municipios específicos y contará con la participación de los ministerios de Educación y de Salud.

Con estos anuncios además se reconocen muchas de las limitaciones que el gobierno nacional ha identificado en desarrollo de sus propias estrategias, predominantemente basadas en la fuerza.

¿Será esta una política consistente o un capítulo más en la historia de los múltiples enfoques ensayados? ¿Podrá ella revertir los sistemas arraigados de dominación territorial violenta?
 

* Estudiante de Doctorado en Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Coautor del libro: Ciudades en la encrucijada: violencia y poder criminal en Río de Janeiro, Medellín, Bogotá y Ciudad Juárez. (2014).