Aunque las muertes siguen en aumento, las autoridades no aprenden de los errores y el Congreso tramita una reforma a la salud que agravaría el problema.
Óscar Andia, M.D.*
Las dos tragedias
El 13 de noviembre de 1985, una avalancha de lodo y piedras acabó con la población de Armero y sus alrededores. En pocas horas, la avalancha dejó entre 23.000 y 25.000 víctimas mortales.
El 13 de noviembre de 2020, el Ministerio de Salud y el Instituto Nacional de Salud anunciaron que en Colombia han muerto 33.369 personas por COVID-19, desde luego, sin contar el subregistro.
Gráfica 1. Muertes por COVID-19 en Colombia
Fuente: elaboración propia con información del Instituto Nacional de Salud.
Las autoridades sanitarias también han ofrecido otros indicadores. Con corte al 13 de noviembre de 2020, en Colombia había:
- 1.182.697 personas diagnosticadas con COVID-19;
- 1.089.340 personas recuperadas; y
- 5.652.986 muestras procesadas.
Comparar la pandemia con la tragedia de Armero sirve para comprender la magnitud de ambos hechos: el número de muertes que ha dejado la pandemia es tan alto que no podemos caer en la misma retórica de líderes políticos como Donald Trump y Jair Bolsonaro, quienes piensan que han superado la situación porque “salvaron la economía”.
El COVID-19 ya ha dejado cifras de mortalidad inéditas en Colombia: hoy, el país tiene 663 muertes por cada millón de habitantes y una tasa de letalidad del 2,82%.
En el corto plazo, el pronóstico sigue siendo sombrío: según las noticias que llegan de Europa y Estados Unidos, el riesgo de una nueva ola de contagios es inminente.
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Lecciones no aprendidas
Pero a pesar de lo anterior, nuestros líderes no parecen comprender lo que está en juego.
Volvamos a la comparación con la tragedia de Armero. Nadie duda de que un sistema de alertas tempranas, gestión de riesgo y atención de desastres hubiera reducido de manera sustancial el número de muertes.
Si, 35 años después, ese sistema se hubiera perfeccionado con la atención de otros desastres naturales y la detección y manejo de epidemias como las del dengue, el chikunguña y el zika, sin duda la tragedia del COVID-19 sería menos grave.
Lamentablemente dicho sistema no existe y el país parece estar lejos de tener instituciones locales y nacionales con capacidad de ofrecer respuestas adecuadas a este tipo de situaciones.
En marzo, el virus llegó a Colombia por el aeropuerto El Dorado, por donde transita el 59% de los viajeros internacionales. Aunque ya se sabía de los altos niveles de contagio del virus, las autoridades permitieron que algo más de 65.000 pasajeros provenientes de los países con mayor contagio llegaran al país.
Según un comunicado de prensa del 17 de marzo de la Contraloría General de la República:
- el aeropuerto El Dorado tenía apenas 6 médicos en el día y 8 en la noche;
- el 93,75% de los aeropuertos del país presentó deficiencias en los controles y medidas de contingencia;
- más del 70% de los aeropuertos colombianos no tenían protocolo para viajeros internacionales; y
- el 58% no tenía establecida una zona de cuarentena.
Sin embargo, las autoridades nacionales no cerraron El Dorado sino hasta el 23 de marzo, por presión de la alcaldesa de Bogotá y de algunos medios de comunicación.
Pero hay una diferencia con la tragedia de Armero: la prevención y el control en los aeropuertos deben hacerlos las empresas privadas. En años pasados, las autoridades han entregado la administración de los aeropuertos a consorcios que tienen demasiado poder y autonomía, con el argumento de que los operadores privados pueden hacerlo mejor.
Pero el informe de la Contraloría demuestra que esa premisa es falsa. Sin mencionar las fallas estructurales del sistema aeroportuario, la ausencia de dirección centralizada, la debilidad institucional, y la falta de mecanismos de vigilancia y control.
El problema de los aeropuertos se resolvió temporalmente con los cierres y la reapertura gradual con medidas adecuadas de bioseguridad. Pero, como no se trata de una solución estructural, quedamos en manos de funcionarios que, en plena reactivación de la pandemia en Europa y Estados Unidos, decidieron eliminar el requisito de la prueba PCR negativa para ingresar al país.
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Una reforma perjudicial
Al igual que el sistema aeroportuario, el sistema de salud colombiano está privatizado y su gestión ha sido entregada a actores con demasiado poder y autonomía.
Sin duda, nuestro sistema de salud necesita una reforma profunda. Pero, en lugar de impulsar dicha reforma, nuestros líderes propusieron un proyecto de ley con el potencial de empeorarlo todo.
Más de 300 organizaciones y personalidades del sector de la salud redactaron una carta para mostrar la inconveniencia técnica y jurídica del proyecto. Según los redactores de la carta, el proyecto de ley es ilegal e inconstitucional: “El contenido del proyecto de ley no corresponde a lo establecido por la Ley Estatutaria 1751 de 2015 y la Sentencia C-313 de 2014 de la Corte Constitucional (…). Se constituye en una profundización del negocio de la salud por medio de oligopolios y monopolios de intermediarios financieros; retoma normatividad vigente y fallida, que no ha resuelto los problemas visibilizados por la pandemia”.
Además de lo anterior, la iniciativa que cursa en el Congreso y que tiene el apoyo del gobierno nacional parece una burla, pues es superficial e intrascendente. En palabras de las agremiaciones médicas: “En cuanto a los trabajadores y trabajadoras de la salud, lo planteado es una burla a este sector poblacional en momentos de crisis, dado que la iniciativa es irrelevante, solo se ocupa de enunciados exhortativos sin carácter vinculante y recaba sobre normatividad existente, sin resolver los problemas de precarización laboral en los establecimientos públicos y privados del sector”.
Por último, en lugar de cambiar el modelo privatizador actual, el proyecto de ley lo profundiza: “En lo referente a la red de hospitales públicos (…) la iniciativa insiste en modelos privatizadores que no han funcionado en Colombia ni en el mundo. Se ignoran en el proyecto de ley, los determinantes sociales de la salud (medio ambiente, agua potable y saneamiento básico, alimentación saludable y soberanía alimentaria, que se está viendo agravada por el desempleo y la falta de ingresos asociados a la pandemia, entre otros)”.
Si esto proponen los congresistas en medio de la mayor crisis de salud pública que haya vivido el país, ¿qué podemos esperar los colombianos para el futuro?
