La epidemia de malaria y el grave caso de Chocó

Condiciones climáticas, pobreza y –sobre todo- abandono del Estado, conflicto armado, presión de otras urgencias, olvido de los medios de comunicación y mal manejo de los pocos recursos disponibles se suman para explicar esta otra injusticia.

Óscar Andia*

La malaria en Colombia

El Cuadro siguiente muestra la evolución del número de casos de malaria no complicada (es decir, “sin signos de severidad o evidencia de disfunción de un órgano vital”) en diez entidades territoriales, ordenadas según el número de casos reportados al Sistema de Vigilancia en Salud Pública (SIVIGILA). Tomo las cifras del Boletín Epidemiológico Semanal:

Debe notarse la evidente focalización de la epidemia en Chocó. Con 38.790 casos hasta el 27 de agosto de 2016, este departamento concentra el 63,3 por ciento de los casos ocurridos en el país, y supera por más del doble los registrados en 2014 allí mismo. Naturalmente, se encuentra en alerta roja.

Nariño, que muestra cifras estables, y Antioquia, que incluso disminuyó en relación con 2014, se encuentran en alerta naranja. Llama la atención el caso de Buenaventura que no aparece en los registros departamentales de 2014 y 2015, pero aparece en 2016 con 2.123 casos.

Las seis entidades territoriales restantes pueden considerarse -igual que el resto del país- en alerta amarilla, dado que la enfermedad mantiene su comportamiento endémico.

La evolución de los casos de malaria complicada es similar. De 1.126 casos notificados – procedentes de 29 entidades territoriales y 158 municipios- el 51,6 por ciento corresponde al Chocó y el 23,9 por ciento a su capital, Quibdó. Este municipio es también la mayor fuente de casos de malaria no complicada, porque 11.227 casos de los 38.790 del departamento, corresponden a su capital.

El silencio general

Parásito productor de la Malaria.  Foto: Wikimedia Commons

El 23 de agosto pasado -el mismo día que Colombia celebraba el Acuerdo Final entre las FARC y el gobierno- el Comité Cívico por la Dignidad y la Salvación del Chocó (CCDSC) anunció el levantamiento del paro cívico que duró una semana.

Para vías se destinaron 720.000 millones de pesos. En materia de salud, el acuerdo al que llegaron el Comité y el gobierno incluyó 37.000 millones para sanear el Hospital de San Francisco de Asís y el compromiso de construir un hospital de tercer nivel y tres centros de segundo nivel en las regiones de Darién, Pacífico y San Juan.

Pero no se sabe cuánto se destinó para el control de la epidemia de malaria. Este asunto no fue parte de las reivindicaciones planteadas por el CCDSC, y el hecho es llamativo porque sugiere que la crisis económica y social del Chocó es tan aguda que una epidemia ni siquiera califica como urgente o prioritaria.

Chocó tiene el índice más alto de necesidades básicas insatisfechas.

También llama la atención que el cubrimiento mediático del último paro cívico no hubiese incluido datos ni análisis sobre la epidemia, y que no se habalara de los indicadores sociales que explicarían sus orígenes y su progresividad.

Al finalizar el paro ningún medio de alcance nacional publicó los diez puntos del acuerdo, y en relación con las condiciones sociales solo un medio incluyó la epidemia de malaria junto con los problemas -como desnutrición infantil, desempleo, aumento de suicidios en jóvenes indígenas y desplazamiento por el conflicto armado- que afectan a este departamento.

Qué hay detrás de la epidemia

Con respecto a la epidemia de malaria, algún medio mencionó la proliferación de excavaciones de minería ilegal que dejaba depósitos de agua que facilitaban la reproducción de mosquitos Anopheles, que transmiten la enfermedad. Pero esto no explica la mayor incidencia de la enfermedad en Quibdó.

Como causa es más creíble la influencia de las inundaciones que periódicamente sufre la región, que es reconocida como de las más húmedas del mundo (el municipio de Lloró compite con Puerto López el privilegio de ser el lugar más húmedo del planeta).

Pero algunos indicadores de desarrollo social son más contundentes.

El departamento del Chocó es el más desigual de Colombia, tiene el peor índice de pobreza monetaria (62,8 por ciento) y graves problemas de acceso a salud y educación, entre otras cosas. Un informe de 2014 de la Defensoría del Pueblo expone graves problemas de desnutrición infantil, salubridad pública e inasistencia en salud, además de la precaria cobertura, calidad educativa y los daños al ecosistema. Además, Chocó tiene el récord de ser el departamento de Colombia con el índice más alto de necesidades básicas insatisfechas (NBI), con el 79,19 por ciento de la población afectada en el departamento y el 81,94 por ciento en Quibdó, mientras la media nacional de NBI es del 27,78 por ciento. Todo lo anterior puede explicar el hecho de que tradicionalmente la mayor incidencia de malaria -complicada y no complicada- se encuentra en ese departamento.

Pero algo más tiene que estar sucediendo para que los casos hayan aumentado como lo hicieron de un año a otro.  El  Cuadro sobre la evolución de la malaria muestra un contraste notorio entre Antioquia -que redujo la incidencia de la enfermedad de 9.304 casos en 2014 a 5.392 casos en el primer semestre de 2016- y el Chocó que pasó de 18.228 a 38.790 en los mismos años. Parte de la explicación puede estar en que los recursos de programas con apoyo internacional, como el Proyecto Malaria Colombia (PMC) para el “uso de la inteligencia epidemiológica con participación social para fortalecer la gestión del programa, mejorar el acceso al diagnóstico y tratamiento y ejecutar intervenciones eficaces para la prevención y control de la malaria”, no tengan una mejor focalización de acuerdo con la realidad epidemiológica de esta enfermedad en el país.

A la distribución inequitativa de recursos que implica lo anterior, probablemente se añade la falta de coordinación entre las instituciones que manejan la parte diagnóstica (como el Sistema Nacional de Vigilancia en Salud Pública que, pese a algunos problemas, cumple satisfactoriamente su labor) y las que se encargan de la asignación de prioridades y recursos para lo profiláctico y lo terapéutico.

Por otra parte, una mirada a los medios que hablan de donaciones de toldillos impregnados con insecticida de acción prolongada por parte de la Cruz Roja Internacional, o a las gestiones de Médicos sin Fronteras (MSF) sugiere que existen funciones informativas y asistenciales que no están siendo asumidas como debe ser y por quienes deben hacerlo.

¿Casos más graves?

Acuerdos entre el Gobierno Santos y las FARC.  Foto: Facebook Juan Manuel Santos

La nota de Ana Zaratiegui, la responsable médica de las operaciones de MSF en América Latina, afirma que el 98 por ciento de los casos de malaria fueron simples: 60 por ciento debidos a Plasmodium falciparum, 35 por ciento a Plasmodium vivax y 3 por ciento a coinfección. Estos datos coinciden con los del último Boletín Epidemiológico Semanal.

Organizaciones de la sociedad civil muestran una capacidad de solución superior a la del Estado. 

Zaratiegui también dice que por el momento se desconoce la causa del cambio en el patrón de la malaria, y es muy preocupante lo que afirma al respecto: “El cambio en el patrón de la malaria de este año sorprendió también al Ministerio de Salud colombiano, que no tenía suficientes tratamientos para la malaria falciparum y no tenía opción de conseguirlos hasta al cabo de más de tres meses, siguiendo el mecanismo establecido por el Fondo Mundial para la Lucha contra la Malaria, el Sida y la Tuberculosis. Por esta razón, MSF les donó a finales de mayo 20.000 tratamientos para los casos simples y 400 para complicados, los cuales fueron distribuidos por los trabajadores sanitarios locales en las zonas más afectadas. Nuestros equipos también distribuyeron mosquiteras en ciertas zonas de Chocó para tratar de reducir en lo posible el número de nuevas infecciones”.

Sin duda, algo no está marchando como debe ser cuando organizaciones de la sociedad civil muestran una capacidad de solución superior a la del Estado.

Malaria, conflicto y proceso de paz

Una página, también de Médicos Sin Fronteras, nos indica lo difícil que es aislar los temas de salud de las implicaciones del conflicto armado que ha vivido Colombia. La nota es antigua, se refiere al desplazamiento de civiles del año 2008, y no menciona los hechos más cruentos de la guerra, como la tragedia de Bojayá. Pero dice mucho sobre los obstáculos y objetivos que plantea la guerra, tanto para las acciones de salud pública como para las simplemente humanitarias.

Chocó y Quibdó se movilizaron para lograr conquistas en salud que pueden considerarse urbanas, como los hospitales de tercer y segundo nivel de complejidad. Si los movimientos sociales se ajustaran a lógicas objetivas, deberían movilizarse ahora por el fin de una guerra que solo les produjo muertes, epidemias y abandono.

* Vicepresidente de Política Farmacéutica Nacional (FMC) y director general del Observatorio del Medicamento (Observamed).