El 2017 quedó marcado por las controversias en torno a la gestión de Peñalosa. Hubo inversiones y hubo logros objetivos, pero la percepción ciudadana es claramente negativa. ¿Qué hay detrás de esta aparente paradoja?
Nadia Pérez Guevara*
Una valoración pertinente
Este primero de enero el gobierno de Enrique Peñalosa atravesó la mitad de su mandato y su Plan de Desarrollo cumplió año y medio de ejecución.
Por eso es pertinente intentar una evaluación del trabajo del alcalde mayor de la ciudad capital: ¿qué ha pasado con sus propuestas y compromisos? ¿qué tan efectivas han sido sus acciones? ¿acaso la mala imagen que tiene la ciudadana corresponde a una mala gestión de gobierno?
El 2017 cerró con algunos anuncios referentes a licitaciones públicas, como los de semaforización electrónica, adjudicación del nuevo ¨esquema¨ de aseo de la ciudad, instalación de un gran número de cámaras de seguridad (que pasaron de ser 267 en 2015 a 1612 en 2017) y reducción de la tasa de homicidios de la ciudad.
A pesar de los avances presupuestales, no se ven mejoras visibles en temas de movilidad y seguridad.
A lo anterior se suman la apertura del Instituto de Protección y Bienestar Animal, la entrega de veintidós canchas sintéticas, la construcción de dos colegios nuevos y la reconstrucción o ampliación de otros nueve planteles.
Aunque los medios calificaron algunas de estas entregas como “maratónicas”, los cambios prometidos desde la campaña Peñalosa no se han concretado o no se perciben en las calles.
Después de mucho afirmar la necesidad de “poner la casa en orden”, el Alcalde y sus cercanos allegados parecen no lograr grandes avances en materias tan importantes para los ciudadanos como la seguridad y la movilidad – pues hasta ahora no han pasado de programas y proyectos estratégicos del plan de desarrollo.
Inversiones cuantiosas sin progresos visibles
 Peñalosa en obras públicas. Foto: Razón Pública |
La instalación de las cámaras de vigilancia y la creación de la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia suscitaron debates intensos porque implicaron un esfuerzo presupuestal y burocrático considerable sin que la percepción sobre la seguridad haya cambiado entre los bogotanos.
Si bien se dio un avance importante en reducir las muertes violentas –logrando el récord histórico que Juan Carlos Ruiz analiza en esta misma entrega de Razón Púbica– las cifras de hurto a personas aumentaron, un fenómeno que afecta seriamente la vida cotidiana de los capitalinos.
Respecto de la movilidad no se han tomado decisiones que se hayan traducido en mejorías efectivas del transporte público. Por ejemplo el aumento de tarifas en Transmilenio y el SITP seguramente alivió la situación financiera de la empresa y del sector, pero no ha mejorado la relación entre el ciudadano y el sistema de transporte público.
Tampoco se perciben los frutos de las medidas sobre factores que afectan la experiencia del usuario, como serían la mejoría del parque automotor y la adecuación de accesos a paraderos y estaciones. Tan solo se han visto cambios como el de las rutas fáciles o las campañas anticolados en Transmilenio.
Esto sin mencionar la falta de medidas para descongestionar y mejorar la movilidad en carro particular, las cuales se han reducido al cambio de pico y placa, a la campaña del Poder del Cono para combatir a los mal parqueados y a la mencionada semaforización inteligente que se discutía ya desde el gobierno pasado.
Sin embargo si los avances del gobierno se evalúan a partir de los porcentajes alcanzados en las metas-plan, la situación es más satisfactoria. Para el 30 de septiembre de 2017 el porcentaje de avance en las metas-plan se encontraba en un 67,87 por ciento, para un total del 37,55 por ciento de todo el plan de desarrollo; algo no desdeñable, que, sin embargo, no se refleja en la satisfacción ciudadana.
En principio se hablaría de dos elementos que pueden ayudar a comprender esta situación:
- La impopularidad del gobierno de Peñalosa, que riñe con el apoyo incondicional de algunos sectores del gobierno.
- Un modelo de ciudad funcional para específicos sectores políticos y económicos de la ciudad.
Un gobierno impopular
 Render del metro de Bogotá Foto: Alcaldía Mayor de Bogotá |
“Uno de cada cuatro bogotanos aprueba gestión de Peñalosa”, así tituló El Espectador una nota sobre los resultados de la encuesta Gallup del pasado mes de noviembre.
En otros tiempos la impopularidad del alcalde de Bogotá constituía una señal de alarma sobre el estado de la opinión pública colombiana- una opinión que incluye, además de los ciudadanos, a los medios de comunicación, a los partidos políticos y a los líderes de distintos sectores sociales y económicos-. Y sin embargo a Peñalosa no parece preocuparle este fenómeno, tal y como reiteró en su última entrevista para El Tiempo.
A pesar de la impopularidad del gobierno y las grandes señales de inconformismo, el gobierno de Peñalosa parece gozar de una imperturbabilidad conferida por altos mandatarios del gobierno.
En medio de sus frases peculiares–como aquella de que él “inventó” el uso masivo de la bicicleta en Bogotá–, dijo el alcalde que “estoy demasiado ocupado como para andar pensando en las encuestas y no me importa tomar decisiones impopulares” y que “a diferencia de los políticos tradicionales yo no le digo a la gente lo que quiere oír, sino lo que pienso”.
Lo anterior no responde a la imagen del técnico o gerente ha querido construir desde su campaña, sino al apoyo casi incondicional de esos sectores que configuran la opinión pública: los medios de comunicación, liderazgos y partidos políticos tradicionales apoyan incondicionalmente al alcalde.
Gobernabilidad a pesar de Peñalosa
Con algunas excepciones, los medios no critican las propuestas o las ejecuciones del alcalde Peñalosa. Y sin embargo su imagen construida y proyectada alrededor de lo técnico como eje fundamental en la discusión sobre la ciudad, se ha visto diluida más de una vez.
Además de algunos medios de comunicación, Peñalosa cuenta con el apoyo de liderazgos importantes que operan tanto en escenarios bogotanos como nacionales, como lo son el Concejo de Bogotá y algunos expresidentes.
El alcalde demuestra en sus proyectos urbanos un grave desconocimiento las voces de sectores ambientales y de planeación.
En el Concejo de Bogotá, Peñalosa cuenta con la coalición mayoritaria, lo cual le ha permitido sacar adelante dos cupos de endeudamiento y el proyecto de presupuesto para el 2018, que juega por fin con lo proyectado en el Plan de Desarrollo Bogotá Mejor para Todos.
En el plano nacional, Peñalosa cuenta con el apoyo de líderes importantes, como Germán Vargas Lleras, Álvaro Uribe o Carlos Fernando Galán. Todos estos son poderes partidistas que afectan la política bogotana, no solo a través del reparto burocrático, sino también por la salvaguarda de intereses a través de instituciones como el Consejo Nacional Electoral –que evidentemente ha venido dilatando el proceso de revocatoria que iniciaron distintos sectores políticos y ciudadanos–.
Lo anterior ha creado un clima de gobernabilidad para la alcaldía que, a pesar de la alta impopularidad, no sufre ninguna señal de crisis. Así, el apoyo de gran parte del gobierno colombiano ha hecho que, a pesar de los escándalos y los debates, Peñalosa siga llevando a cabo sus políticas sin ningún tipo de restricciones o reparos –¡claro! sin contar su creciente impopularidad entre la ciudadanía–.
Un modelo de ciudad
 Reserva Thomas van der Hammen. Foto: Secretaría Distrital de Ambiente |
El apoyo de grandes sectores del gobierno se enlaza con un modelo o una visión de ciudad que es funcional para ciertos sectores políticos y económicos. El debate en Bogotá ha girado alrededor de tres proyectos o temas que se han tratado, incluso, desde la propia campaña electoral:
- La expansión a través del proyecto ciudad norte, que pretende construir más de cuarenta mil viviendas a costa de urbanizar la Reserva Van Der Hammen;
- El cambio de los estudios y diseños hacia un metro elevado y la mayor proyección del sistema de Transmilenio, y
- El proyecto de movilidad por la carrera séptima, la construcción de la Avenida Longitudinal de Occidente y la del sendero ecológico en los cerros orientales.
Peñalosa ya lo ha demostrado: su objetivo es hacer realidad un modelo de ciudad a largo plazo, desconociendo las voces de sectores ambientales y de planeación urbana. Una vez más, oídos sordos a la gente del común porque lo apoyan sectores poderosos que no permiten pensar en una crisis de gobernabilidad o aún menos en la revocatoria del mandato.
Por eso creo oportuno el invitar la reflexión sobre dos temas que incluso rebasan el contexto bogotano:
La necesidad de un debate serio, abierto e incluyente sobre el modelo de ciudad que más convenga a Bogotá y que por supuesto debe ir más allá de un programa o periodo de gobierno.
La ampliación del debate sobre la gobernabilidad, para llevarla más allá del asunto de la estabilidad del gobernante.
Estos debates están planteados desde ya hace muchos años, pero por lo visto en Bogotá, sigue existiendo un gobierno sin ciudadanía.
*Politóloga de la Universidad Nacional y profesora de la Universidad Javeriana.
