Los campesinos tienen menos derecho a votar en Colombia

Mientras las elecciones de 2026 se decidieron por menos de 250 mil votos, millones de campesinos siguen enfrentando obstáculos que limitan su derecho efectivo al sufragio.

La desigualdad del voto rural

La cerrada elección presidencial de 2026 obliga a discutir una desigualdad poco visible: las dificultades que enfrenta el campesinado para ejercer su derecho al voto.

La segunda vuelta presidencial de 2026 dejó un país dividido en dos mitades casi exactas. La diferencia entre las candidaturas fue inferior a 250 000 votos, sin contar el voto en el exterior. En una elección tan cerrada, cualquier obstáculo que limite la participación ciudadana deja de ser un asunto administrativo para convertirse en un problema democrático.

Desde 2014, las elecciones presidenciales —y también el plebiscito por la paz— han mostrado un patrón persistente. Los departamentos andinos suelen inclinarse hacia opciones de derecha, mientras que las regiones Caribe, Pacífica, Amazónica y de la Orinoquía respaldan con mayor frecuencia alternativas de centro o izquierda.

Pero detrás de esta división existe otra diferencia menos visible: la participación electoral es sistemáticamente más baja en las regiones periféricas. Esto no es una simple anécdota estadística. En buena parte expresa un problema poco discutido en la política nacional: la desigual garantía efectiva del derecho al voto.

La democracia supone que todos los ciudadanos tengan la misma posibilidad de participar. Sin embargo, en la práctica colombiana, las poblaciones rurales —sobre todo en la ruralidad periférica— enfrentan obstáculos sistemáticos para ejercer sus derechos políticos. La organización y distribución de los puestos de votación no responde de manera suficiente a las condiciones reales del territorio.

Como ocurre con muchos otros derechos de las comunidades rurales, principales víctimas de los conflictos del país, la discusión sobre sus derechos políticos sigue relegada. Se produce así una cinta de Moebio de exclusiones: la marginación política impide que la agenda rural ocupe el lugar que merece en el debate público.

La velocidad antes que la inclusión

Para las y los colombianos, las demoras prolongadas en los conteos electorales de otros países de la región —como ocurrió en la reciente elección presidencial de Perú— resultan extrañas frente a la rápida entrega de resultados preliminares por parte de las autoridades electorales nacionales.

Esta eficiencia no es gratuita. Responde a una sombra histórica: las elecciones de 1970, cuando la discontinuidad de la información alimentó la sospecha de fraude. Desde entonces, el sistema electoral colombiano ha convertido la rapidez del preconteo en una señal de integridad electoral.

El preconteo depende de un sistema complejo: transmisión telemática de datos, software de procesamiento y logística física para instalar puestos de votación con presencia de autoridades civiles que protejan las tarjetas electorales.

Pero esta prioridad tiene costos. La distribución de los puestos físicos depende de factores como las variaciones censales y la disponibilidad de infraestructura. Según datos de la Misión de Observación Electoral, mientras la distancia promedio entre el votante y el puesto de votación en el país es de aproximadamente 2 kilómetros, en la ruralidad aumenta hasta 3,9 kilómetros.

La diferencia es mucho mayor en algunos territorios. En 10 municipios de alta población los trayectos llegan a más de 10 kilómetros; en 51 centros superan los 20 kilómetros. Además, el voto indígena y afrocomunitario está subrepresentado: hay puestos de votación apenas en el 13,5 % de los territorios colectivos indígenas y en el 48,6 % de los territorios colectivos afro. 

Para las elecciones de 2026, la Registraduría aumentó en 160 las mesas rurales, mientras que en los cascos urbanos el aumento fue de 400.

Cuando votar implica recorrer kilómetros

La comparación internacional muestra que existen alternativas. En Perú funciona el programa de Mesas de Sufragio Inclusivas, también conocidas como mesas serie 900000, destinadas a comunidades indígenas, centros poblados no municipalizados y espacios semejantes a las veredas colombianas.

A diferencia de Colombia, el sistema electoral peruano prioriza la conducción física de las tarjetas electorales como garantía de integridad, en parte como respuesta a los fraudes en la transmisión telemática durante el régimen de Alberto Fujimori. Además, como el voto es obligatorio, el sistema tiene una obligación simbólica y práctica de facilitar el acceso.

México ofrece otro ejemplo. En las elecciones federales, las casillas de votación se ubican sobre la base de criterios censales. Su instalación no depende solo de espacios institucionales; también pueden habilitarse en lugares residenciales para asegurar proximidad.

En las zonas rurales mexicanas de difícil acceso se contempla la instalación de casillas extraordinarias: mesas ubicadas en puntos acordados con las comunidades para asegurar la mayor cercanía posible según las condiciones del territorio.

La democracia pendiente en el campo

El sistema político colombiano suele presentarse como una de las democracias electorales más estables de la región, incluso en medio de un conflicto armado prolongado. Pero todavía no asume plenamente el reto de garantizar a la población rural el derecho más básico de toda democracia representativa: votar en condiciones reales de igualdad.

Elecciones tan cerradas como la de 2026 obligan a discutir los costos políticos de esta exclusión. La pregunta es sencilla: ¿puede hablarse de igualdad política cuando para unos ciudadanos votar exige caminar pocos minutos y para otros recorrer decenas de kilómetros?

Sin representación efectiva del campesinado será imposible construir garantías reales para la salida del conflicto. Sin embargo, nuestro sistema electoral parece privilegiar la rápida transmisión de datos sobre la planeación territorial con enfoque diferencial.

En una eventual reforma electoral, los derechos políticos de la ruralidad deberían ocupar un lugar central. Solo así Colombia podrá acercarse a una democracia verdaderamente efectiva: no solo una democracia que cuente rápido los votos, sino una que haga posible que todos puedan votar.

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