La competitividad de los partidos es el análisis más común de las elecciones. Aunque es necesario, el voto en blanco, la participación de las mujeres y la violencia son aspectos que merecen mayor atención pues indican grandes cambios.
Camilo Cruz Merchán*
Más allá de un plebiscito
Las recientes elecciones locales pueden tener varias lecturas, muchas de ellas fundamentadas en el análisis de la competitividad de partidos y candidaturas. Incluso se ha afirmado que se trataban de un plebiscito al mandato del presidente Gustavo Petro. En otras palabras, una expresión de que los partidos tradicionales y las fuerzas políticas de derecha podían reorganizarse o una prueba de que el Pacto Histórico ha tenido dificultades para competir a nivel nacional.
Sin embargo, prefiero analizar otra perspectiva y resaltar ciertos elementos que hacen pensar que el sistema de partidos subnacional se está transformando: los porcentajes de votos en blanco, nulos y no marcados; la variación en el acceso de mujeres a cargos de elección popular; los tipos de carreras políticas subnacionales; y el problema de la legitimidad de decisiones administrativas sobre el registro de candidaturas. Estos elementos merecen especial atención.
Un descontento con las candidaturas
El comportamiento del voto en blanco, nulo o no marcado ya ha sido analizado en esta revista. Conocer por qué tantos votantes deciden no marcar una preferencia despierta gran interés, especialmente cuando la cantidad de candidaturas para cargos locales ha aumentado progresivamente.
Los datos agregados muestran que los votos en blanco, nulos o no marcados generalmente son más altos para las elecciones a cuerpos colegiados que para las elecciones a cargos ejecutivos. Además, suelen ser más altos para cargos a nivel departamental que para las elecciones municipales.
la representación de las mujeres ha sido fuertemente afectada por la fragmentación de las fuerzas políticas. Y es que el 30 % exigido por la ley representa una cuota muy débil que pierde efectividad en un contexto de dispersión electoral.
La variación de los datos entre 2019 y 2023 expone un ligero aumento de la incidencia de los votos en blanco, nulos y no marcados para las elecciones a gobernación y asamblea, y una disminución en la incidencia en las elecciones de cargos municipales.
Cuadro 1. Comparativo de votos en blanco, nulos y no marcados para cargos ejecutivos subnacionales 2019 y 2023
| Gobernación | Alcaldía | Asamblea | Concejo | |
| 2019 blanco | 9,90% | 4,86% | 13,82% | 7,54% |
| 2023 blanco | 10,18% | 4,44% | 14,94% | 7,15% |
| 2019 no
marcado |
9,21% | 2,64% | 11,57% | 4,23% |
| 2023 no
marcado |
8,48% | 2,27% | 12,24% | 4,31% |
| 2019 nulos | 2,25% | 1,81% | 3,93% | 3,45% |
| 2023 nulos | 2,15% | 1,74% | 3,41% | 2,79% |
Fuente: elaboración propia a partir de datos de Registraduría Nacional del Estado Civil y Pachón y Fuerte (2022)
Al revisar los datos desagregados de votos en blanco o no marcados para las elecciones a la gobernación, se observa que en siete de los 32 departamentos el voto en blanco fue superior al 10 %. De estos valores, los registros más altos están en Guaviare con un 16,51 %, y Valle con un 27,61 % de votos en blanco. Valores que expresan la inconformidad del electorado con las opciones habilitadas en estos departamentos.
Cuadro 2. Porcentaje parcial de votos en blanco y nulos para gobernación en 2023
| Blanco | No Marcado | |
| Amazonas | 2,56% | 2,56% |
| Antioquia | 9,94% | 8,75% |
| Arauca | 4,88% | 5,21% |
| Atlántico | 11,43% | 11,94% |
| Bolívar | 12,68% | 15,77% |
| Boyacá´ | 4,19% | 3,73% |
| Caldas | 7,88 | 6,72 |
| Caqueta | 4,13% | 5,07% |
| Casanare | 2,63% | 1,51% |
| Cauca | 9,35% | 11,96% |
| Cesar | 4,35% | 6% |
| Chocó | 2,97% | 9,78% |
| Córdoba | 4,31% | 10% |
| Cundinamarca | 12,76% | 6,28% |
| Guainía | 0,99% | 1,85% |
| Guaviare | 16,51% | 6,52% |
| Huila | 8,49% | 8,08% |
| La guajira | 6,16% | 10,71% |
| Magdalena | 6,81% | 11,33% |
| Meta | 7,51% | 3,93% |
| Nariño | 6,73% | 9,16% |
| Norte de Santander | 7,64% | 7,34% |
| Putumayo | 4,25% | 4,69% |
| Quindío | 12,50% | 6,43% |
| Risaralda | 9,37% | 6,62% |
| San Andrés | 2,94% | 2,05% |
| Santander | 7,05% | 5,44% |
| Sucre | 5,59% | 10,38% |
| Tolima | 10,52% | 9,75% |
| Valle | 27,61% | 8,11% |
| Vaúpes | 0,95% | 1,85% |
Fuente: elaboración propia a partir de datos de Registraduría Nacional del Estado Civil
Los votos no marcados representan más del 10 % de las opciones en seis de los 32 departamentos. La cifra es particularmente alta en Bolívar, con un 15,77 % de boletas electorales no marcadas.
En Atlántico y Bolívar los porcentajes de voto en blanco y no marcados son superiores al 10 %. En el primer caso, los votos en blanco son el 11,43 % y los no marcados son el 11,94 %. Mientras que en Bolívar la cifra de votos en blanco es de 12,68 % y la de votos no marcados del 15,77 %. Una muestra del descontento de parte del electorado con las candidaturas presentadas.
¿Y las mujeres?
Los datos parciales muestran una variación en la representación de las mujeres en cargos de elección popular. Los datos de corporaciones públicas en Bogotá, Bucaramanga y otras ciudades exponen una disminución en el número de mujeres concejales y en algunas asambleas.
Estos datos parciales parecen indicar que la representación de las mujeres ha sido fuertemente afectada por la fragmentación de las fuerzas políticas. Y es que el 30 % exigido por la ley representa una cuota muy débil que pierde efectividad en un contexto de dispersión electoral.
Cuando se revisan los resultados anteriores para alcaldías capitales y gobernaciones, se observa una tendencia a la disminución de mujeres en cargos en el ejecutivo local y un aumento de las victorias en cargos de gobernación.
Esta disparidad en el comportamiento muestra, por un lado, la ruptura progresiva del techo de cristal de las autoridades departamentales y, por otro lado, la dificultad que tuvieron las mujeres de lograr las alcaldías locales en 2023.
Los caminos hacia alcaldías y gobernaciones
Las curules para la oposición estrenadas en las elecciones de 2019 parecen convertirse en una ruta factible para posteriormente alcanzar el poder ejecutivo local, particularmente para alcaldías. Los datos del preconteo de estas elecciones muestran que siete de las 32 nuevas autoridades municipales de las capitales de departamento –incluida Bogotá– corresponden a candidaturas que en las pasadas elecciones obtuvieron el escaño reservado para la oposición.
Por ahora esta no es una ruta efectiva para las gobernaciones. Solo una de las nuevas autoridades departamentales proviene del escaño reservado para la oposición en la asamblea del departamento –caso de San Andrés, donde la gobernación es también la autoridad municipal de la isla—.
En 2023 las rutas más efectivas para la gobernación fueron las carreras previas en la gobernación y la experiencia en el nivel legislativo, particularmente en la Cámara de Representantes. Por lo menos seis gobernadores repiten en el cargo, pero podrían llegar a ser siete u ocho si se cuenta a uno con experiencia como gobernador encargado. Además, dos de las nuevas autoridades tienen experiencia previa en el Senado y seis en Cámara de Representantes.
Los ascensos de cargos locales a departamentales fueron menos comunes. Tan solo dos candidatos lograron ascender de la alcaldía a la gobernación y cuatro de la asamblea a la gobernación.
Los datos muestran la continuidad del esquema de interconexión entre el legislativo y el poder local departamental; existe una interacción entre estos dos espacios y las autoridades que repiten en los cargos o que ya han tenido experiencias previas tienen una ventaja y fortaleza.
Sin embargo, esta interconexión es menos usual entre cargos municipales y departamentales o nacionales. Por ejemplo, en los datos de las capitales de departamento solo se encuentran cuatro mandatarios electos con experiencia previa como gobernadores, tres como alcaldes, uno como asambleísta y dos como representantes.
Violencia político electoral
En el marco del proceso electoral, uno de los temas más polémicos fue la facultad del Consejo Nacional Electoral (CNE) para desestimar candidaturas por incumplimiento de los requisitos. Aunque esta es una función competente al CNE, en esta ocasión el problema fue la cercanía de algunas anulaciones con los procesos electorales.
En casos como la desestimación de candidatos para las gobernaciones del Valle y Santander a pocos días o semanas de las elecciones era previsible un aumento de la votación en blanco (como ocurrió en Valle del Cauca). También era de esperarse la falta de representación de un porcentaje de votos marcados en favor del candidato inhabilitado, como ocurrió con un 10% que emitió su voto en favor de Rodolfo Hernández para la gobernación de Santander.
Sin duda, el evento más trágico y lamentable fue el ocurrido en el municipio de Gamarra, César, donde las tensiones producto de la anulación de una candidatura causaron una asonada contra la Registraduría y la muerte de una funcionaria de la entidad. Otros episodios de violencia se registraron durante la jornada electoral como respuesta de descontentos frente a posibles fraudes o saboteos del proceso.
Estos hechos de violencia político-electoral muestran la necesidad de implementar mecanismos de autoridad electoral territorializados. Su función debería ser evaluar los procesos de anulación en un marco temporal más idóneo; también atender y responder a las demandas de transparencia o a las quejas ciudadanas durante el proceso electoral con la garantía de poder tener control sobre el proceso.
Al revisar los datos desagregados de votos en blanco o no marcados para las elecciones a la gobernación, se observa que en siete de los 32 departamentos el voto en blanco fue superior al 10 %.
Los procesos de “justicia electoral” funcionan para las elecciones nacionales, pero en este caso son insuficientes debido al volumen de candidaturas y a la gran diferencia entre los distintos distritos sometidos a elección; por lo cual, los entes territorializados electorales son una necesidad. Es tiempo de plantear esta discusión y encontrar soluciones.
Miradas necesarias
Cada uno de estos elementos merece más atención. Sin duda, los tiempos políticos obligan a analizar la competitividad de los partidos –especialmente el nuevo partido de gobierno nacional–, pero es necesario fijarse también en otros procesos que expresan transformaciones en el sistema de partidos y, por tanto, ajustes para el sistema electoral.
No pueden pasarse por alto temas como la crisis de representación en las gobernaciones, la inequidad en la representación de las mujeres y la violencia política. También debe ser de interés estudiar los efectos positivos a nivel local del estatuto de oposición y las garantías que parece consolidar para alternancias locales.
