Este año Colombia se sumó al giro hacia la izquierda en América Latina. ¿Cuáles son los parecidos, las diferencias, los desafíos comunes a estos varios países, y que nos dicen sobre el futuro del gobierno Petro?
Camilo Cruz Merchán*
El nuevo giro
El gobierno de Petro y Márquez insertó a Colombia dentro del “nuevo giro a la izquierda en América Latina”. Un ciclo que, con diversas inestabilidades, ubica al país en sintonía con los gobiernos de sus principales socios políticos y comerciales en la región, pero también inserta al gobierno nacional en un papel de interlocutor poco común en nuestra historia contemporánea.
Este artículo abordará algunos hechos de los primeros meses del mandato de Petro, como indicadores de retos comunes a los gobiernos de izquierda en América Latina y también, lecciones del contexto regional importantes para estudiar los retos de gobernabilidad del gobierno colombiano.
Las izquierdas en 2022
Entre 2021 y 2022 la izquierda logró la victoria presidencial por márgenes estrechos en Chile, Colombia, Perú, Honduras y Brasil. Pero a diferencia de ocasiones anteriores, estos ejecutivos enfrentan una situación económica complicada; la existencia de unas oposiciones sólidas, pero también con matices; una menor dependencia de figuras personalistas y la existencia de una altiva sociedad civil, en parte responsable de su ascenso al poder, pero no vinculada a organizaciones políticas tradicionales.
Además, si pensamos en otros gobiernos, como los de Argentina y México, los debates ideológicos resultan más complicados. Siguiendo la división de los debates sociales propuestos por Fraser (2015) entre disputas por la redistribución y por el reconocimiento, podríamos agrupar en dos grandes bloques a las izquierdas regionales entre aquellas centradas en reclamos por la redistribución material de recursos y aquellas que se centran en agendas de reconocimiento de derechos y la inclusión.
Así, mientras los ejecutivos de Chile y Argentina ponen acento en las agendas de profundización de la democracia, reconocimiento de los derechos humanos y ampliación de derechos a minorías, mujeres y juventudes, los gobiernos de México, Perú, Bolivia y Honduras centran sus agendas en el mejoramiento del Estado y la estabilidad económica.
De allí que sus reacciones sean tan diferentes frente a temas complicados, como el reconocimiento de los gobiernos de Venezuela y Nicaragua, el manejo de la crisis institucional y el auto golpe de Perú o las reivindicaciones del movimiento feminista, aspecto fundamental de la acción colectiva en la región.
Entre 2021 y 2022 la izquierda logró la victoria presidencial por márgenes estrechos en Chile, Colombia, Perú, Honduras y Brasil. Pero a diferencia de ocasiones anteriores, estos ejecutivos enfrentan una situación económica complicada; la existencia de unas oposiciones sólidas, pero también con matices; una menor dependencia de figuras personalistas y la existencia de una altiva sociedad civil, en parte responsable de su ascenso al poder, pero no vinculada a organizaciones políticas tradicionales.
En este marco, el gobierno de Petro y Márquez navega entre ambos bandos al querer encabezar agendas progresistas, tales como la de adaptación al cambio climático, la transición energética, la transformación de la política antidrogas y una emergente agenda de vinculación con los reclamos afro diaspóricos y caribeños, tal como el canje de deuda por reparación de deudas históricas.
Lo anterior a la vez que se intenta recuperar iniciativas regionales comerciales como la Comunidad Andina, la pragmática recuperación de relaciones políticas con el ejecutivo de Maduro, la prudencia inicial en su relacionamiento con Nicaragua y el llamado a la CIDH para considerar a Castillo como víctima depersecución política.
Estas son muestras de la dificultad del gobierno Petro para salir de una lectura Estado-céntrica del poder e ir por una agenda que reconozca la protección de los derechos humanos y los valores democráticos.
Retos internos y externos
Pensar a Colombia en comparación a sus vecinos resulta complicado para la sociedad colombiana, en parte por la tradicional desconexión entre nuestros fenómenos políticos internos con los del resto de la región, pero también por una noción excepcionalista de nuestra realidad, en parte justificada por la complicada historia de violencia nacional. No obstante, los retos de gobernabilidad de Petro y Márquez brindan una aproximación a las tensiones regionales.
Los primeros meses del gobierno de Petro y Márquez han tenido como característica una complicada tensión entre las aspiraciones múltiples del electorado que eligió a la izquierda, las negociaciones entre la amplia coalición que conforman al gobierno, la dificultad para cubrir todos los cargos públicos y las señales de tranquilidad que está obligado a emitir el gobierno para la oposición, las élites empresariales y la comunidad internacional.
Para la campaña de Petro una dificultad fundamental fue la de conseguir atraer tanto al voto de las fuerzas políticas tradicionales como de los sectores alternativos y de los movimientos sociales. Como gobierno, la experiencia de los tradicionales ha sido fundamental para mantener una coalición legislativa eficaz, pero se avizoran algunos problemas con esta dependencia.
Por una parte, en momentos clave como la reforma tributaria o el debate de control a la ministra de minas se ha observado distancia o reticencias del Partido Conservador frente el resto de la coalición.
Además, la pugna por la reforma política ha hecho evidente la tensión entre organizaciones alternativas y dependientes de candidaturas personalistas, como ocurre en el Partido Verde, y el interés de los partidos tradicionales por reforzar el papel de sus liderazgos centrales a través de, por ejemplo, la obligatoriedad de la lista cerrada y bloqueada.
Por otra parte, uno de los lunares de la nueva administración ha sido la dificultad para cubrir cargos públicos. Se recuerdan las demoras en anunciar el gabinete ministerial y cargos directivos en la estructura burocrática especializada.
Así, por ejemplo, el sistema de medios públicos sigue con una dirección interina. Esto, en parte, era de esperarse debido a la falta de experiencia del gobierno de la izquierda. Sin experiencia previa resulta imposible contar con cuotas confiables, conocedoras del funcionamiento especializado de ciertas instituciones.
Esta inexperiencia ha sido aprovechada por la oposición para desgastar al gobierno a través del control estricto y el ataque a funcionarios con poca experiencia política, como ocurrió con la ministra de Minas y Energía, quien fue objeto de control, pero también de burlas en redes sociales. De todas formas, al principio la ministra tampoco logró dar un manejo efectivo a las crisis de comunicación autogestadas, pasando a ser responsabilidad de la presidencia el asumir el costo político de defender su permanencia en el cargo.
Por otro lado, la agenda legislativa mostró que para el ejecutivo era primordial el trámite de la reforma tributaria, tanto así que este proyecto concentró más esfuerzos iniciales que la elaboración del Plan de Desarrollo.
Asegurar el ingreso de recursos era necesario para tranquilizar a los mercados internacionales, pero ha dejado en un segundo plano reclamos como la creación del ministerio de la igualdad, la liberación de las personas detenidas en el marco de las protestas entre 2019 y 2021 y la inclusión de cuadros políticos comprometidos con los proyectos en cargos de dirección estatales. Reclamos que apenas comienzan a ser atendidos.
Guardadas las distancias, estas condiciones exponen lo difícil que resulta construir gobernabilidad para los nuevos ejecutivos de izquierda.
Los primeros meses del gobierno de Petro y Márquez han tenido como característica una complicada tensión entre las aspiraciones múltiples del electorado que eligió a la izquierda, las negociaciones entre la amplia coalición que conforman al gobierno, la dificultad para cubrir todos los cargos públicos y las señales de tranquilidad que está obligado a emitir el gobierno para la oposición, las élites empresariales y la comunidad internacional.
En un extremo, la caótica relación de Pedro Castillo con el Congreso es muestra de lo expuestas que se encuentran las izquierdas como gobiernos de minoría. Además, el fracaso de su iniciativa de cierre del legislativo es una advertencia para el resto de los gobiernos de la región de la fortaleza contemporánea de la división de poderes en la región y la imposibilidad de las salidas autoritarias, no solo por el rápido control institucional sino por la posterior activación de las calles como escenario de disputa.
En otro extremo, la reacción ante la derrota que, para el ejecutivo de Gabriel Boric implicó la no aprobación de la nueva Constitución, es una muestra de la necesidad de estos ejecutivos de crear alianzas con los partidos tradicionales para construir consensos con otros sectores de la sociedad que no se recogen en las propuestas de cambio gestadas desde las calles. Esto es muestra de que para estos ejecutivos es imposible concentrar toda su atención en la provisión única de las demandas de su electorado.
Por último, como constante en estos nuevos gobiernos se hace evidente su necesidad de lograr la confianza de la oposición en la lealtad a la democracia como proceso de acceso al poder.
De cara a la segunda vuelta presidencial en Colombia, desde ambas campañas se criticó la integridad de las autoridades electorales y por momentos se avizoraba una larga confrontación post electoral. El rápido reconocimiento de la victoria por parte de la candidatura evitó cualquier duda.
En el caso de Brasil, las tensiones electorales ocurridas en el proceso y la demora inicial del ejecutivo en reconocer la victoria alentó una serie de protestas que, aunque han disminuido, se mantienen y parecen avizorar la supervivencia de una oposición no leal a la democracia como contraparte al gobierno de Lula.
Por ahora en Colombia, este escenario no se vislumbra, más allá de algunos trinos salidos de tono frente a la situación en Perú o a la rápida emergencia de movilizaciones sociales contra el ejecutivo, pero donde las demandas se apegan al control ciudadano y al trámite institucional de las quejas.
No obstante, la falta de claridad sobre los contenidos de la Reforma Política en trámite o del fallido Código Electoral pueden convertirse en insumos que alimentan la desconfianza electoral. Experiencias de construcción de consenso como el de la Reforma Tributaria deben emplearse para evitar traer al escenario colombiano estas disputas que amenazan con dañar la confianza institucional.
Retos conectados
Los retos de gobernabilidad en los primeros meses de Petro y Márquez se conectan con lo que los gobiernos regionales de izquierda viven en este nuevo período.
Además, como pocas veces en momentos anteriores, las experiencias positivas o negativas de los ejecutivos de la región causan efectos sobre la percepción de la gestión de los gobiernos nacionales.
Por ahora, en Colombia el ejecutivo ha puesto un esfuerzo constante en mantener el respaldo de los partidos tradicionales a la vez que provee algunas de las demandas de las bases sociales, faltará en el mediano plazo ver qué tanta capacidad tiene para lograr gestionar las disputas entre ambas demandas. A nivel regional, falta ver la decisión del ejecutivo de girar hacia la izquierda más progresista o si prefiere acercarse más al bloque tradicional.
