El episodio Benedetti- Sarabia: ¿el final de la gobernabilidad?
Foto: Twitter: Armando Benedetti

El episodio Benedetti- Sarabia: ¿el final de la gobernabilidad?

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El escándalo Benedetti-Sarabia podría ser el inicio de una crisis de grandes proporciones. Qué nos muestra este episodio, a cuáles otros se parece, y cómo afectará la agenda del gobierno y las elecciones de este año.

Camilo Cruz Merchán*

Una chispa en mal lugar

Este gobierno se ha distinguido por no transmitir un mensaje unificado a la nación. Así lo muestran, entre otros,

  • El uso indiferenciado de la cuenta de Twitter del presidente como espacio personal y espacio de comunicación gubernamental;
  • La visibilidad mediática de las disputas del presidente con la oposición, medios de comunicación e incluso con usuarios de redes sociales, y
  • Los constantes cambios o rumores de cambio en el gabinete.

En medio de este desconcierto, la figura de la secretaria de presidencia, Laura Sarabia, se había convertido en un referente de estabilidad.

Por eso la banalidad y al mismo tiempo la complejidad, el abuso de poder e inclusive las múltiples violencias detrás del escándalo y sus desarrollos posteriores dejan una marca imborrable en la gestión del gobierno. Y a esto se agrega la incertidumbre sobre el ingreso de dineros ilegales a la campaña del presidente Petro. Estos sucesos afectan la legitimidad y la capacidad de gobernar del mandatario.

Pero parece que no será fácil llegar a la verdad, debido a la falta de garantías sobre la transparencia o la apertura de investigaciones mediatizadas por parte de un fiscal que funge ahora como cabeza de la oposición al gobierno. A lo cual en su momento vendría a sumarse el carácter puramente político de un eventual juicio ante el Congreso.

Le recomendamos: El caso Laura Sarabia: la deslegitimación como estrategia de comunicación política

Respuestas iniciales

La reacción del gobierno ha sido como de costumbre: un período de silencio y reorganización de la estrategia. En este caso ha enviado mensajes dirigidos sobre todo a su base política, un territorio que el presidente conoce muy bien. Petro ha logrado aprovechar las marchas convocadas por algunas centrales obreras para reafirmar que cuenta con apoyo social.

Más importante todavía: su primera respuesta oficial fue emitida en un evento de las fuerzas armadas, lo cual de algún modo reafirma la legitimidad de su mandato.

¿Como Samper en Colombia o como Colom en Guatemala?   

Para algunos sectores de la oposición, la situación tiene parecidos con el ya distante “proceso 8.000”, escándalo de financiación ilegal de la campaña de Ernesto Samper (1994-1998).

Por eso la banalidad y al mismo tiempo la complejidad, el abuso de poder e inclusive las múltiples violencias detrás del escándalo y sus desarrollos posteriores dejan una marca imborrable en la gestión del gobierno.

Foto: Facebook: Gustavo Petro - El presidente aprovechó las marchas convocadas por algunas centrales obreras para refrendar la pervivencia de una base social.
Pero ese escándalo fue enfrentado por un presidente proveniente de un partido mayoritario, con mayorías en el Congreso, y un incipiente diseño institucional en transición al nuevo diseño de 1991. A la distancia, el proceso 8000 puede ser interpretado como un punto de inflexión en el dominio de los partidos tradicionales, o como la necesidad de garantizar el pluralismo político y controlar el riesgo de las economías ilegales para las elecciones.

Lo que se ve hoy, en cambio, podría asemejarse más al gobierno de Álvaro Colom en Guatemala (2008-2012). La llegada de Colom marcó la posibilidad de una alternancia efectiva y el acceso de la izquierda al poder por vía electoral, tras varias décadas de conflicto armado. Colom además apoyó el trabajo de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala -CICIG-, establecida en el 2006.

El gobierno de Colom se vería afectado por muchos problemas, entre ellos escándalos de financiación ilegal de la campaña, que serían investigados por la propia CICIG, e incluso el oscuro episodio de la muerte de uno de los testigos estrella de este proceso.

Sugerir que la crisis de confianza institucional y el retroceso democrático en Guatemala es producto único de los problemas de la administración Colom sería sobredimensionar las explicaciones, pero sí es cierto que este gobierno fue el comienzo de un ciclo de inestabilidad política que ha continuado hasta el día de hoy.

Un Congreso que comienza a enredarse

Por ahora hay dos espacios donde podremos observar las consecuencias de la crisis:  el primero es la relación entre gobierno y Congreso, y el segundo son las elecciones locales del próximo mes de octubre.

En el argot legislativo se llama “congelador” al proceso de sacar de la agenda un proyecto de ley, de tal manera que no sea negada directamente, sí no dejando vencer los plazos para su trámite en el Congreso. La crisis de gobernabilidad actual puede hacer que los proyectos reformistas de Petro sean objeto de un tratamiento semejante.

Una presidencia débil disminuye los incentivos de los partidos para mantenerse dentro de la coalición de gobierno. Pero dado que cada partido en Colombia debe declarar su posición oficial al comienzo del período, es más factible que la debilidad de la presidencia se refleje en falta de disciplina y cohesión entre los integrantes de las bancadas, más todavía cuando los intereses de los y las congresistas se entrecruzan con los de sus bases de cara a las elecciones locales.

La falta de disciplina comienza a verse entre los integrantes del Partido Verde ante los proyectos del presidente Petro. Estos gestos se habían dado con anterioridad entre los otros partidos de la coalición, pero si ésta se rompe hay el riesgo de que el gobierno pierda el respaldo de las presidencias de Senado y Cámara en la siguiente legislatura. El caso es que un gobierno débil es un estímulo a la autonomía del legislativo.

Otra muestra de la falta de disciplina en la bancada de gobierno se presentó durante la elección del remplazo de Roy Barreras como el presidente del Congreso. Aunque el nombre acordado había sido el del senador Alexander López, proveniente del PDA, hubo rumores de una candidatura alterna de Paulino Riascos, proveniente del Pacto Histórico. Y aunque el acuerdo inicial acabó por respetarse, este incidente bien puede ser una señal de lo que viene en la siguiente legislatura.

Las elecciones de octubre

Las elecciones subnacionales son un proceso complejo, tanto por la cantidad de cargos en disputa como por la diversidad de actores políticos y de contextos involucrados:

  • Un primer elemento a tener en cuenta es el criterio diferencial que los votantes suelen aplicar frente a las elecciones de alcalde o gobernador y las de candidatos al Congreso.
  • Por otra parte, aunque las alianzas locales suelen seguir el patrón de las alianzas nacionales, los socios de coaliciones locales tienden a ser más numerosos e involucrar también a fuerzas locales cuya ubicación con respecto al gobierno nacional no es tan fácil de definir.
  • Además, en nuestro sistema político, existe una división entre el sistema de partidos nacional y los sistemas subnacionales. Esa división se expresa tanto en la existencia de partidos locales fuertes, como en la mayor relevancia de los partidos minoritarios nacionales en las elecciones locales o en el uso estratégico de las candidaturas por firmas o independientes.

Todo lo anterior implica que en la elección de alcaldes o gobernadores pesa más la evaluación del contexto local que el voto de favor o de castigo a los partidos y autoridades nacionales.

La falta de garantías de transparencia en este caso es otra muestra del peligroso trasfondo de la crisis de gobernabilidad: la desconfianza en las instituciones y la imposibilidad de confiar en su actuación transparente dada la personalización percibida en las decisiones de las directivas de esas organizaciones.

Pero aun entonces, no se puede descartar el riesgo de que los escándalos de la presidencia perjudiquen a los candidatos del gobierno en las elecciones locales. Más aún cuando la fuerza principal, el Pacto Histórico, no ha probado su fuerza electoral sin la presencia y el arrastre de la figura de Gustavo Petro. Si la popularidad del  presidente sigue disminuyendo  como indican las encuestas, asociarse con el gobierno nacional no resultaría ser la mejor estrategia para ganar elecciones.

Chispa de última hora

Este viernes se reportó la muerte violenta del teniente coronel de la Policía Óscar Dávila, integrante de la unidad de seguridad de la Presidencia de la República y uno de los testigos del interrogatorio de Marelbys Meza, la exniñera de Laura Sarabia  cuyas denuncias detonaron el escándalo.

Esta muerte violenta obliga a que se exijan garantías efectivas para la investigación imparcial de todos estos hechos. Se necesita en especial exigir un mecanismo ad-hoc que garantice la no injerencia del ejecutivo ni del fiscal general.

La falta de garantías de transparencia en este caso es otra muestra del peligroso trasfondo de la crisis de gobernabilidad: la desconfianza en las instituciones y la imposibilidad de confiar en su actuación transparente dada la personalización percibida en las decisiones de las directivas de esas organizaciones.

Tal desconfianza puede desembocar en retrocesos graves para la democracia.

En últimas

Aún es temprano para determinar los efectos reales de la crisis, más todavía porque esto dependerá de la gravedad de las informaciones que se conozcan sobre el caso Benedetti-Sarabia .

Pero, a diferencia de otras ocasiones, existe ahora el riesgo real de que la gobernabilidad del ejecutivo se vea limitada por el escándalo, lo cual le obligaría a repensar su papel: no ya como un transformador en la política, sino como un ejecutor pasivo en tránsito a la próxima elección nacional.

Un nubarrón más oscuro, si las denuncias se agravan, sería que el primer gobierno de izquierda no lograra tramitar las reformas sociales cuya promesa condujo a su lección.

Lea en Razón Pública: Petro y el Congreso: ¿qué va a pasar con el gobierno del cambio en la arena legislativa?

Acerca del autor

Camilo Cruz Merchan

* Politólogo de la Universidad Nacional, doctor en Ciencia Política de la UNAM, investigador en el Instituto de Estudios Políticos de la Universidad Autónoma de Bucaramanga.

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* Politólogo de la Universidad Nacional, doctor en Ciencia Política de la UNAM, investigador en el Instituto de Estudios Políticos de la Universidad Autónoma de Bucaramanga.

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