Entre la confusión y el cambio de narrativa | Carlos Andrés Ramírez
Foto: Centro de Memoria Histórica

Entre la confusión y el cambio de narrativa

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¿Qué pasó con la “Paz Total” del gobierno Petro y el acuerdo de paz de 2016? Un análisis sobre las perspectivas y proyecciones de ambos procesos para la esperada paz en Colombia.

Carlos Andrés Ramírez González*

Gobierno y acuerdo de paz

Este año se cumplen ocho años de la firma del acuerdo de paz que cerró, al menos de

manera formal, el conflicto entre el Estado colombiano y la guerrilla de las FARC. En este tiempo, la ejecución de lo pactado no ha sido sencilla. Numerosos impedimentos, tanto políticos como técnicos, no han permitido un desarrollo óptimo de las transformaciones sociales que se plantearon.

Adicionalmente, numerosos contradictores han puesto en tela de juicio las bondades de lo acordado y han tratado de minimizar o limitar el alcance de puntos esenciales como la reforma rural o los mecanismos de verdad, justicia y reparación. Sin embargo, un contradictor inesperado ha irrumpido con fuerza en el escenario político en los últimos meses: el gobierno de Gustavo Petro.

En mayo de este año, en un pronunciamiento confuso, el presidente anunció que iría ante la ONU para denunciar que el Estado colombiano no está cumpliendo el acuerdo de paz con las FARC. Aunque su idea parece cierta, resulta extraño que un jefe de Estado hable de denunciarse a sí mismo por el incumplimiento de lo pactado en 2016.

Esto es aún más difícil de entender si tenemos en cuenta que durante la campaña de 2022, el hoy presidente y su campaña tomaron la ejecución de dichos acuerdos como uno de los pilares sobre los cuales descansaba su propuesta programática. Como iniciativa complementaria a este planteamiento, se creó la idea de la “Paz Total” que, más que competir con lo acordado en 2016, parecía complementar su visión de la paz territorial. A casi dos años de gobierno, el panorama no podría ser más diferente: tanto el presidente como varios de sus altos funcionarios han discutido sistemáticamente los temas acordados y los avances realizados hasta el momento.

¿Acaso el gobierno Petro se está reinterpretando o distanciándose de los acuerdos firmados con las FARC? Si es así, ¿cuáles serán las implicaciones en el futuro?

La verdad y la justicia en disputa

El gobierno ha sido especialmente duro con la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). En octubre del año pasado, en una carta enviada a la ONU, el gobierno reafirmó su compromiso con los acuerdos, pero citó la necesidad de que la JEP aplicara su mandato dado que “evadirlo o esquivarlo” necesariamente acarrearía responsabilidades. La provocadora redacción de la carta llevó al presidente de la jurisdicción, Roberto Vidal, a pedir independencia en su accionar.

Más recientemente, el presidente Petro cuestionó a la JEP como tribunal de cierre y al problema que, según él, implica tener verdades fragmentadas en los tribunales. El problema con esto es que, como bien lo dijo Roberto Vidal en una entrevista, se desconoce el trabajo enorme del tribunal en la búsqueda de la verdad y se ataca directamente la efectividad de uno de los pilares de los acuerdos de paz.

Más graves aún fueron las declaraciones del entonces canciller Álvaro Leyva en el Consejo de Seguridad de la ONU a finales del año pasado, en donde dijo que la verdad se estaba limitando en el tribunal y que lo pactado se estaba “descarrilando”. Debe reconocerse que el gobierno no es el único protagonista de estas críticas, pues la falta de sentencias del tribunal ha levantado toda una ola de críticas a su accionar.

De la misma manera, el gobierno ha tenido una posición poco clara respecto al informe de la Comisión de la Verdad y a la construcción de la verdad después de la firma de los acuerdos.  María Gaitán, designada por el presidente en 2022 como directora del Centro Nacional de Memoria Histórica, ha manifestado en varios medios —incluyendo una entrevista dada a María Jimena Duzán en su podcast— que la verdad plasmada en el informe es limitada.

A raíz de la declaración, se han ocasionado tensiones con los excomisionados de la verdad y problemas con la inclusión de las conclusiones del informe al interior del Centro. Además, expertos han cuestionado el cambio hecho por Gaitán para registrar los hechos del conflicto anteriores a 1958 como se habían registrado tradicionalmente

Más allá de los debates, lo que se muestra en este punto es una necesidad de problematizar dos de los principales puntos del acuerdo por parte del gobierno, causando más dudas que certezas frente a su posición en ambos asuntos.

La arquitectura de la implementación

Respecto al diseño institucional encargado de la implementación, una de las primeras acciones del actual gobierno fue un revolcón total a la organización administrativa de la presidencia. Ese cambio implicó la desaparición de la Consejería para la Estabilización y la consolidación y la creación de la Unidad para la Implementación del Acuerdo de Paz, adscrita esta vez a la Oficina del Alto Comisionado para la Paz.

El mensaje resultó claro: la implementación del acuerdo de 2016 es una arista de varias al interior de la “Paz Total”. Sin embargo, esta nueva estructura ha resultado poco funcional, dado que hasta Gloria Cuartas, primera directora de la unidad, expresó su preocupación por la falta de relevancia de la implementación después de eliminar la consejería. Consejería que, en últimas, Cuartas propone reconstruirla.

En el marco de la política de “Paz Total”, el gobierno estableció la posibilidad —y casi que la necesidad— de poder negociar con las disidencias, tanto aquellas que firmaron el acuerdo y lo desconocieron, como aquellas que nunca entraron.

Foto: Unidad de Implementación del Acuerdo de Paz - La transformación implicó la desaparición de la Consejería para la Estabilización y la Consolidación y la creación de la Unidad para la Implementación del Acuerdo de Paz adscrita esta vez a la Oficina del Alto Comisionado para la Paz.

Situación similar sucede con los firmantes del partido Comunes que también han criticado la nueva arquitectura y la funcionalidad a la hora de implementar los puntos del acuerdo.

El acuerdo y las disidencias

En el marco de la política de “Paz Total”, el gobierno estableció la posibilidad —y casi que la necesidad— de poder negociar con las disidencias, tanto aquellas que firmaron el acuerdo y lo desconocieron, como aquellas que nunca entraron. Esta nueva visión, por supuesto, pone en entredicho la fuerza del acuerdo de 2016 y puede fomentar incentivos perversos de cara a los acuerdos futuros.

Esta tesis, defendida tanto por Humberto De la Calle, como por el expresidente Juan Manuel Santos, discute la posibilidad de entablar diálogos políticos con la Segunda Marquetalia y el —mal llamado— Estado Mayor Central, en vez de promover procesos de desmovilización colectiva como se ha tratado de hacer en contextos como Buenaventura y el Valle de Aburrá.

Que el gobierno siquiera contemple esta posibilidad habla justamente de una instrumentalización del acuerdo, volviéndolo un medio y no un fin en sí mismo.

Otra de las distorsiones creadas alrededor del acuerdo de 2016 refiere a su instrumentalización para conseguir otro tipo de objetivos políticos.  En lo que va del 2024, el presidente Petro ha propuesto la convocatoria de una Asamblea Constituyente que, primero, mediante un llamado al poder constituyente, seguido de un referendo y finalmente de una interpretación forzada del acuerdo firmado entre el Estado y las FARC.

Esta idea, planteada públicamente por el excanciller Leyva y el exfiscal Eduardo Montealegre hizo eco en algunos sectores políticos e incluso el presidente defendió la posibilidad de que este proceso se materializara. No obstante, los arquitectos del acuerdo de 2016 rechazaron tajantemente la idea e, incluso, refirieron a que era una de las líneas rojas durante la negociación.

Que el gobierno siquiera contemple esta posibilidad habla justamente de una instrumentalización del acuerdo, volviéndolo un medio y no un fin en sí mismo.  Además, la idea abre la posibilidad de que en otras mesas de diálogo sí se discuta la posibilidad de una constituyente, lo que puede resultar perjudicial.

Un panorama poco claro

De lo anterior pueden establecerse tres conclusiones. Primero, la posición del gobierno respecto de los acuerdos de 2016 no deja de ser confusa. Si bien en campaña se prometió un apoyo irrestricto a cumplir y defender el acuerdo, en dos años de gobierno no termina de ser claro el objetivo de los ataques y cambios narrativos que se han planteado.

Una situación es reconocer públicamente que la ejecución dista mucho de ser óptima y otra muy diferente es poner en duda si los puntos pactados efectivamente eran propicios para cerrar el conflicto con la extinta guerrilla de las FARC. Esto no implica que los acuerdos sean infalibles y perfectos, pero sí llama la atención sobre la visión de futuro del actual gobierno.

Segundo, la problematización del asunto también afecta la puesta en marcha de la política de “Paz Total”. Las dudas sembradas en temas como el manejo de las disidencias e incluso el alcance político y jurídico que pueden llegar a tener las mesas, tienen un efecto directo en los numerosos diálogos abiertos por el gobierno en todo el territorio nacional. Ser claros con los fines y metas de ejecución del acuerdo de 2016 es también aclarar los objetivos de la “Paz Total” y sus posibles efectos hacia el futuro.

Por último, a pesar de tener un panorama tan poco claro en materia de paz y postacuerdo, el gobierno sigue teniendo una ventana de oportunidad para avanzar de manera decidida en la ejecución de los acuerdos de 2016. Toda la confusión creada alrededor de este tema solo ocasiona mayores problemas en esta tarea y más dudas para las víctimas del conflicto y las partes interesadas que lo avalaron y hoy esperan su total cumplimiento.

Acerca del autor

Carlos Andres Ramirez Gonzalez

*Profesional en Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Sergio Arboleda, magíster en Estudios Políticos de la Universidad Nacional de Colombia. Profesor asociado y miembro del Grupo de Análisis Político (GAP) del programa de Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Sergio Arboleda. Director del semillero Democracia, Conflicto y paz.

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Carlos Andres Ramirez Gonzalez

*Profesional en Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Sergio Arboleda, magíster en Estudios Políticos de la Universidad Nacional de Colombia. Profesor asociado y miembro del Grupo de Análisis Político (GAP) del programa de Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Sergio Arboleda. Director del semillero Democracia, Conflicto y paz.

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