¿Acuerdo Nacional o Constituyente para la Paz? | Razón Pública 2024
Foto: Alcaldía de Santiago de Cali

¿Acuerdo Nacional o Constituyente para la Paz?

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El acuerdo de paz y su incumplimiento vuelven a la agenda pública, creando enfrentamientos entre este y los anteriores gobiernos. ¿Cuáles deben ser las verdaderas maneras para avanzar en su cumplimiento?

Camilo Cruz*

Las palabras de la guerra

En “Las palabras de la guerra”,  la profesora María Teresa Uribe señala que las guerras no son mudas; están imbuidas de palabras, de discursos cargados de retórica y poética, dirigidos a justificar y conmover. Y si abstraemos a la guerra, la paz también está cubierta de palabras y discursos. Es en ese terreno, no en el legal, en el que se desarrolla el debate en el que Álvaro Leyva y Juan Manuel Santos se han enfrascado. 

El objetivo de este artículo es el de discutir las posturas de las partes en conflicto, contrastándolas con el nivel de ejecución del acuerdo de paz. Se argumenta que, más allá de las posiciones extremas, la palabra «acuerdo nacional», incluida en uno de los documentos del acuerdo de paz, debe ser rescatada y traída al escenario público.

Esto amplía la discusión de si es necesario una Constituyente o de renovar la necesidad de un acuerdo nacional para acercar al país a una efectiva ejecución del acuerdo de paz.

La palabra de la discordia 

El exfiscal general de la nación, Eduardo Montealegre (2012-2016), con el excanciller del gobierno de Gustavo Petro, Álvaro Leyva Durán (2022-2024), consideran que al haber incluido dentro de la redacción del acuerdo la idea de un llamado a un gran “acuerdo nacional con los sectores políticos y sociales para su ejecución, y al estar el acuerdo de paz avalado por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, dicho acuerdo:

  1. Hace parte el bloque constitucionalidad por ser un tratado con fuerza internacional.
  2. Dentro del Acuerdo se incluye la obligación de la convocatoria a una Constituyente como expresión del acuerdo nacional.

Dicha tesis resulta oportuna para el gobierno nacional que ha venido expresando la necesidad de una Constituyente como vía de garantizar no solo el acuerdo, sino el cumplimiento del mandato ciudadano que eligió al gobierno nacional.  

Como se ha señalado en otras ocasiones, a diferencia de la postura de Montealegre y Leyva, la postura de Gustavo Petro se basa en la definición de la constituyente como un proceso de politización activa de la ciudadanía como mandante primario.  

Marco teórico que resulta confuso para una sociedad profundamente legalista como la colombiana, y el presidente estratégicamente se ocupa de no explicar o traducir, haciendo transparente el marco teórico desde el cual construye la idea. Aun cuando en sus redes por momentos difunde materiales que interpretan el fenómeno.

Frente a la idea de una Constituyente normativa, no se hizo esperar la respuesta del exmandatario Juan Manuel Santos (2010-2018). Para quien el espíritu del acuerdo está siendo malinterpretado con la intencionalidad de utilizar el acuerdo de paz como una herramienta, desde los sectores afines al ejecutivo, para viabilizar una agenda constituyente en el marco de la crisis del gobierno.  

Para el gobierno actual la paz implica la transformación de estructuras sociales, mientras que, para la institucionalidad previa el acuerdo desmonta a un grupo armado y al tiempo genera transformaciones territoriales para evitar nuevos levantamientos armados y el resurgimiento de la violencia.

Estas dos posturas reflejan posiciones diferentes. Para el gobierno nacional, o para sus aliados, el acuerdo necesita cambios estructurales que pasan por una transformación constitucional o al menos por un proceso constituyente, es decir, una movilización política ciudadana para transformar estructuras políticas y sociales.

Para el exmandatario, y en general para las posturas oficiales de los gobiernos anteriores, los acuerdos políticos firmados establecieron una ruta de ejecución con unas metas de cumplimiento que deben ser seguidas y vigiladas por parte de las Naciones Unidas, pero las cuales, más allá del compromiso en su garantía, no involucran a la estructura social del país. 

Para el gobierno actual la paz implica la transformación de estructuras sociales, mientras que, para la institucionalidad previa el acuerdo desmonta a un grupo armado y al tiempo genera transformaciones territoriales para evitar nuevos levantamientos armados y el resurgimiento de la violencia.

¿En qué va el acuerdo de paz?

Entre estas posturas hay una realidad y es que, aunque el acuerdo firmado en el 2016 ha tenido avances, hay unos puntos significativos en los cuales los avances son menores. Especialmente en los temas que no se refieren a marcos normativos, sino que implican transformaciones de los problemas que en su momento se consideraron causantes o agravantes del conflicto: la participación política, la reforma rural, las garantías a las víctimas y la atención frente al problema del narcotráfico.

Gráfica 1. Porcentaje de implementación del acuerdo de paz (2023)

Los datos del instituto Kroc muestran que, según su metodología de medición, hay un 37,89 % de los compromisos que tienen una ejecución mínima y un 11,25 % que a septiembre de 2023 no han iniciado puesta en marcha.

Por cada uno de los puntos del acuerdo se observa que donde hay menor ejecución son aquellos que implican acciones no jurídicas. Es decir, el Estado ha cumplido con la expedición de una serie de normativas producto del acuerdo, pero en la ejecución los resultados han sido mínimos.

Los puntos de apertura democrática, acuerdo sobre las víctimas, reforma rural integral y solución al problema de las drogas presentan porcentajes de ejecución mínima que fluctúan entre un 36 % de los acuerdos sobre víctimas del conflicto, a un 66 % con respecto a la reforma rural integral. 

Los puntos en donde hay mayor número de acciones no comenzadas son: apertura democrática para la paz, con el 27 %, y acuerdos respectivos sobre víctimas del conflicto y fin del conflicto, con el 12 %.

Gráfica 2. Porcentaje de implementación por punto del acuerdo de paz (2023)

Los datos agregados y desagregados revelan una situación de incumplimiento o de lentitud en la consumación del acuerdo de paz. Así, más allá de si es acertado el argumento del excanciller o del expresidente, lo cierto es que la institucionalidad colombiana le ha fallado al acuerdo, acumulando inacciones de los tres gobiernos involucrados en la ejecución.

Gráfica 3. Firmantes de paz asesinado/as (2017-2024)

Por último, no resulta menor el dato de la seguridad y la protección de la vida de los y las firmantes de paz. Como lo revelan los datos de INDEPAZ, los asesinatos de firmantes, aunque han disminuido del escenario trágico del 2019 y 2020 donde se registraron mayor número de asesinatos, continúan y son la muestra más palpable de la falta de cumplimiento del Estado.

De la hermenéutica a la praxis

Las discusiones entre el excanciller, el exfiscal y el expresidente no deberían valorarse por quién tiene la razón, sino como expresiones del fetichismo legalista colombiano. Este hace que mientras una postura considere que el acuerdo directamente demanda una Constituyente, para la otra, lo firmado y lo ejecutado está en marcha sin una revisión crítica de los problemas que, desde el inicio, enfrenta el proceso en su consumación. Ambas posiciones, a pesar de extremas, reflejan la postura de que lo jurídico resuelve lo político, tan común a nuestra institucionalidad.

La realidad es que, si bien el acuerdo de paz implicó una transformación significativa de las condiciones de seguridad de Colombia y un cambio histórico en nuestra trayectoria nacional como país en conflicto, hay una serie de elementos incluidos en el acuerdo que van más allá de la simple desmovilización y reinserción de los combatientes.

No hay temas vedados de la discusión pública, pero las discusiones públicas deben ir encaminadas a ampliar la garantía de derechos y no a generar incertidumbres.

Estas transformaciones implican un acuerdo nacional, la voluntad de la sociedad, del Estado, de las instituciones y de los partidos para transformar los conflictos rurales, reformar la relación del país con el narcotráfico, garantizar la reparación a las víctimas y la democratización de manera transversal de la sociedad.

En medio de estas posturas, voces sensatas de senadores como Iván Cepeda (2014-2024), y otros integrantes de sectores interesados en el cumplimiento del acuerdo, invitan a reflexionar sobre el espíritu de la noción de acuerdo nacional y la importancia de retomar el diálogo en torno a las obligaciones del país. 

No hay temas vedados de la discusión pública, pero las discusiones públicas deben ir encaminadas a ampliar la garantía de derechos y no a generar incertidumbres. La paz es un propósito nacional que debe ser reflexionado e integrado a nuestra discusión pública, pero no por la vía de la constituyente.

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Camilo Cruz Merchan

Escrito por:

Camilo Cruz Merchan

* Politólogo de la Universidad Nacional, doctor en Ciencia Política de la UNAM, investigador en el Instituto de Estudios Políticos de la Universidad Autónoma de Bucaramanga.

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