La amenaza

El posible ingreso de dineros del narcotráfico a la campaña presidencial de Gustavo Petro parece ser un escándalo que amenaza la legitimidad del presidente.

Este caso, además, tiene aristas que van desde la transparencia y confianza en la elección, los conflictos de interés por financiadores no declarados o la crisis dentro del núcleo familiar del presidente, hasta el riesgo de un largo proceso de juicio político.

El juicio político no es un procedimiento judicial, sino político, en donde lo juzgado es la legitimidad del gobernante para permanecer en su cargo y el interés del legislativo en reordenar o no temporalmente el equilibrio de poderes.

Los juicios políticos son un rasgo particular en los sistemas presidenciales, ya que abren la posibilidad de que el legislativo anule o delimite el poder presidencial, poder preeminente en ese tipo de sistemas debido a la legitimidad que otorga el proceso de elección directa y mayoritaria de la Presidencia frente a la elección colectiva y fragmentada de los legisladores.

Pese al cercano antecedente del llamado Proceso 8000, la tradición colombiana ha hecho respetar la Presidencia y bloquear los procesos de investigación contra quien ocupe este cargo.

Pero la distancia actual entre las fuerzas políticas y sociales tradicionales y la presidencia pueden cambiar este equilibrio. Por ahora, sin embargo, pasadas las horas iniciales del escándalo por la detención y aceptación de cargos por parte del hijo del presidente, no parece avecinarse un juicio que revoque al presidente.

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Congresos cada vez más activos

Según Pérez Liñán, las fuerzas armadas han dejado de jugar el papel de “árbitro” en las tensiones políticas en la región tras la última ola de democratización (1980-1990) —y son los Congresos quienes han asumido esa tarea—.

Tradicionalmente, los legislativos en América Latina eran vistos como instituciones pasivas o reactivas frente a las presidencias. Pero de manera progresiva los Congresos han ganado autonomía frente a los ejecutivos y son capaces de forzar procesos de conciliación con el gobierno. Además, en diversos momentos han sido fundamentales para la supervivencia o no de los gobiernos de la región.

Casos recientes son los procesos de juicio y destitución de Abdalá Bucarám en Ecuador (1996-1997), Dilma Roussef en Brasil (2011-2016) o Pedro Castillo en Perú (2021-2022). Pero también procesos desestimados, como los de Ernesto Samper en Colombia (1994-1998) o Luis Ángel González de Paraguay (1999-2003) son evidencias del papel del legislativo en la salida o continuidad de las presidencias en momentos de crisis política.

Para Pérez Liñán, la combinación entre escándalos altamente publicitados por los medios de comunicación, la movilización ciudadana contra el presidente y el tamaño de la coalición de gobierno en el Congreso son factores que explican la destitución o no de ejecutivos en América Latina. Sobre esta última condición, presidencias con coaliciones minoritarias o gobiernos divididos tienen menos posibilidades de evitar el trámite legislativo de un proceso de juicio legislativo.

La experiencia colombiana

El diseño de los juicios políticos pone en juego al sistema de división interna de poderes, que en el caso de Colombia incluye dos cámaras legislativas.

La cámara de representantes, en particular su comisión de acusaciones, es la encargada de deliberar sobre los méritos para iniciar un juicio político y sería la encargada de presentar tal solicitud ante el Senado — donde tendría lugar el juicio como tal—.

Como señalan Buitrago y López, el diseño moderno del juicio político en Colombia fue producto del intento de juicio político al expresidente y dictador Gustavo Rojas Pinilla. A partir de ese momento, se diseñó el sistema que comienza por una comisión particular encargada de investigar y acusar al presidente ante la Cámara en pleno — quien a su vez decide si acusa o no ante el Senado (y la Corte Suprema examina sus posibles delitos una vez que haya cesado en sus funciones)—.

Pero el proceso 8000 cambió los procesos del juicio político contemporáneo.  Como dice Jorge Iván Cuervo en esta misma revista, en la práctica del sistema colombiano es muy difícil que avance un juicio político, porque la Presidencia tiene mucho peso simbólico y porque el trámite del juico es sumamente complicado.

Las perspectivas de Petro

Por ahora, sobre el primer punto, resalta que un expresidente, César Gaviria, ha salido en defensa de la magistratura presidencial y haya respaldado al mandatario en ejercicio.

Según la Constitución, la ley y la jurisprudencia colombianas, los juicios políticos pueden ser iniciados por causales penales, faltas administrativas o faltas a la magistratura del cargo. Esta última causa resulta particular por la amplitud de la figura de “indignidad”, que no hace referencia a delitos formales sino a hechos contrarios a las expectativas de comportamiento por parte del presidente.

De forma resumida, el procedimiento es el siguiente: tras formular la acusación ante la Comisión, la mesa directiva propone una terna encargada de decidir si el proceso amerita avanzar o ser archivado. De encontrar méritos, el siguiente paso es la deliberación dentro de la Comisión sobre la presentación o no de la acusación ante la plenaria de la Cámara o su archivo.

De avanzar el proceso, será la plenaria de Cámara en mayoría la que tome la decisión de archivar o presentar el proceso en el Senado. Por último, será el Senado quien como juez definirá en mayoría absoluta si amerita la suspensión o destitución de la presidencia y la compulsión de copias a la Corte Suprema de Justicia para su investigación judicial.

En números, la Comisión no parece ser favorable para el ejecutivo. Por bloques, la composición de la Comisión es la siguiente:

• cinco integrantes pertenecen a la bancada de gobierno,
• tres a la oposición,
• ocho a los partidos que se han declarado en independencia, y
• dos a los grupos por curules de la Paz.

Actualmente, la mesa directiva de la Comisión es presidida por el representante Wadit Manzur, Conservador del departamento de Córdoba y la representante Verde por Bogotá, Olga Velázquez. La elección de Manzur como presidente fue señalada como una derrota para el ejecutivo, pues, por los acuerdos previos, la presidencia le correspondía a un representante de la bancada de gobierno.

Además de esto, es de esperar que el comportamiento y toma de decisiones de los y las integrantes de la comisión no dependan apenas de su cercanía con el ejecutivo, sino de la constatación de los hechos y de su percepción sobre los escenarios políticos probables. Por eso no tienen base legal los argumentos que ha sido usados para recusar a los y las congresistas de la bancada oficialista.

Ahora bien, de avanzar la causa dentro de la Comisión de Acusaciones, el siguiente paso sería la decisión por parte de la Cámara en pleno. A diferencia del Senado — donde el gobierno ha perdido su fuerza— en la Cámara cuenta con mayorías, incluso con el apoyo de integrantes de las bancadas independientes. Pero, una vez más, el cálculo electoral de los congresistas, la capacidad de negociación del ejecutivo y la percepción de la ciudadanía y los medios sobre la legitimidad del presidente jugarán un papel fundamental.

Escenarios posibles

La sensación de fragilidad de la presidencia durante los momentos más críticos de los escándalos siempre da la impresión de que el juicio político es inminente. Pero una vez cambia el foco de atención de los medios, la urgencia o visibilidad del tema disminuyen y se aquietan los rumores sobre un juico político.

Por ahora, la probabilidad dependerá del tamaño y contundencia de las pruebas que surjan más adelante. También, de la existencia o no de una expresión movilizada de descontento ciudadano y, por último, de la capacidad del ejecutivo para reconstruir o no sus relaciones con el legislativo.

• Sobre lo primero, serán la Fiscalía y los medios de comunicación quienes incidan más sobre el avance o cesación de las investigaciones. Por ahora, la confrontación entre la presidencia, los medios y el fiscal general auguran la permanencia del tema en la agenda pública.
• De su lado la movilización ciudadana, por ahora, no es mayoritaria, pero sí lo es la pérdida de respaldo en las encuestas de opinión. Falta ver si las marchas constantes se convertirán en una expresión masiva de descontento.
• Respecto de su fuerza ante el Congreso, el ejecutivo ha perdido progresivamente su capacidad de interlocución, como indican por igual la reducción de la bancada de gobierno, la incapacidad de tramitar sus proyectos bandera o la falta de influencia en la escogencia de la mesa directiva.

En este marco, el gobierno se ha propuesto reconstruir el Acuerdo Nacional, pero esta tarea resulta improbable en medio de los escándalos y con las elecciones locales a la vuelta de la esquina.

Por último, es difícil predecir si se iniciará o no un juicio político, pero el hecho mismo de que el tema sea objeto de discusión es preocupante y en todo c aso dejará una huella para el resto del mandato de Gustavo Petro.

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