El territorio en los programas de los candidatos

Se deben evaluar estas propuestas en su factibilidad real y su capacidad para construir un país donde los territorios dejen de ser espacios de desigualdad, conflicto y exclusión, para convertirse en escenarios de justicia, desarrollo sostenible y convivencia democrática.

En Colombia, la diversidad y la complejidad territorial son características que imprimen singularidades a su historia, cultura y desarrollo. La realidad económica, ambiental y social, que varía si se refiere a zonas rurales o urbanas, ciudades grandes, medianas o pequeñas, regiones centrales o periféricas, presenta desafíos particulares en cuestiones como justicia social, seguridad, desarrollo económico, capacidad fiscal y protección del medio ambiente. 

Por tanto, la cuestión territorial es fundamental en todo programa político, en especial en una campaña presidencial. Este artículo presenta el contexto actual de la descentralización y el desarrollo regional, y revisa los programas de los principales candidatos: Iván Cepeda, Abelardo de la Espriella, Paloma Valencia, Sergio Fajardo y Claudia López, para visibilizar sus propuestas frente a este reto y sus posibilidades de realización.

Estado actual del desarrollo territorial

El marco institucional y la realidad del desarrollo territorial han avanzado relativamente desde que se expidió la Constitución Política de 1991, aunque el ritmo y la profundidad de la descentralización no han estado al nivel de las necesidades y expectativas. Es evidente que permanecen las desigualdades territoriales, la debilidad institucional en muchos municipios y regiones, y los conflictos sobre el uso del suelo y los recursos naturales. 

Entre los avances, se fortaleció la descentralización política y administrativa, al otorgar mayor autonomía a departamentos y municipios, y disponer instrumentos como los Planes de Ordenamiento Territorial (POT). Pero, entre otros problemas, persisten la baja capacidad técnica de muchos municipios, la débil articulación entre la Nación y los gobiernos territoriales, la escasa coordinación regional, la poca continuidad en políticas públicas, la corrupción y el clientelismo. También hay algunas experiencias relevantes de planificación regional, áreas metropolitanas y esquemas asociativos territoriales.

En cuanto a la heterogeneidad regional, la concentración económica, institucional y poblacional se mantiene en la zona andina, en especial en Bogotá, Medellín, Cali y sus regiones circundantes, donde se dispone de infraestructura, empleo formal, universidades y servicios especializados. Por el contrario, amplias zonas rurales y periféricas –Pacífico, Amazonia y Orinoquia— aún carecen de vías, salud, educación y conectividad digital. Unos de los mayores problemas estructurales siguen siendo la brecha urbano-rural y la limitada capacidad administrativa y fiscal en muchos municipios que dependen de economías primarias de baja productividad y tienen mala conexión a los mercados.

El proceso de urbanización, acelerado y desequilibrado, produjo un resultado dual. Actualmente, la población vive mayoritariamente en ciudades —el 75%—, lo que generó expansión metropolitana, presión sobre la vivienda, la movilidad, los servicios públicos y los ecosistemas periurbanos. De un lado, las principales regiones metropolitanas enfrentan congestión y crisis de movilidad, expansión informal del suelo urbano, segregación socioespacial, déficit de espacio público, contaminación ambiental y presión sobre fuentes hídricas. De otro, muchas ciudades intermedias ganan relevancia como centros regionales de servicios, logística y educación, y contribuyen a diversificar la red urbana, pero se arriesgan a padecer los problemas de las grandes ciudades por la ambigüedad y la inadecuación de las leyes y normas territoriales, y el peso de los intereses particulares sobre las decisiones de ordenamiento territorial.

El territorio nacional sigue atravesado por los conflictos asociados a la concentración de la tierra, la minería legal e ilegal, los cultivos ilícitos, la deforestación, la expansión de las áreas ganaderas, la presencia de grupos armados y las disputas por los recursos naturales y el control territorial. En regiones como el Pacífico, el Catatumbo, el sur de Córdoba, Cauca y la Amazonia, la consolidación de procesos de desarrollo territorial sostenibles está limitada por la debilidad estatal. Tampoco se ha logrado la transformación estructural de muchos territorios afectados por el conflicto armado, por la implementación desigual del acuerdo de paz firmado tras el Acuerdo de Paz entre el gobierno colombiano y las FARC-EP.

Otro reto es armonizar el crecimiento económico y la sostenibilidad ambiental. Al respecto, es necesario atender el debate sobre la transición energética, el ordenamiento alrededor del agua y la protección de territorios campesinos y étnicos. Aunque el país posee una enorme biodiversidad y riqueza hídrica, problemas como la deforestación acelerada –p.e., en la Amazonia—, la degradación de páramos, la contaminación hídrica, la expansión extractiva y la vulnerabilidad al cambio climático deben abordarse con urgencia. 

Sobre el reconocimiento constitucional de las comunidades indígenas y afrodescendientes, se registra un avance importante con la ampliación de figuras de autonomía territorial como resguardos y consejos comunitarios. Pero persisten problemas de acceso a recursos, limitada inversión estatal, presión extractiva y presencia de economías ilegales.

El tema territorial en los programas de gobierno de los candidatos

Iván Cepeda: Territorio, Autonomía y Sostenibilidad Social y Ambiental

Su programa, “El poder de la verdad”, contempla el enfoque territorial más allá de su carácter administrativo. En cuanto a la descentralización, la concibe como un mecanismo crucial para fortalecer la democracia y garantizar una participación más activa y directa de las comunidades en la toma de decisiones sobre sus territorios. En su criterio, descentralizar significa transferir más poder y recursos a las regiones y gobiernos locales para que puedan gestionar sus asuntos de manera autónoma, en particular, en temas relacionados con la tierra, el medio ambiente y el desarrollo social.

Para transformar la relación entre el Estado y las comunidades en los territorios, propone la defensa explícita de los derechos colectivos de los pueblos campesinos, indígenas y afrodescendientes, lo que podría representar un avance real hacia la justicia social y la reparación histórica. También plantea garantizar la autonomía territorial, la titulación colectiva y la protección ambiental, para superar la vulneración histórica de los derechos territoriales de estas comunidades.

El territorio y su defensa, que entiende como un espacio geográfico y como un elemento central de la identidad, la cultura y la soberanía de estos pueblos, lo vincula con la paz, al señalar que los conflictos armados internos están fuertemente ligados a las disputas por el control del territorio.

Pero su apuesta tiene retos enormes. Es de esperar que reciba una fuerte oposición de sectores económicos que, tradicionalmente, han rechazado la autonomía territorial y la limitación de actividades extractivas; y que las dificultades institucionales impidan la implementación del enfoque de protección social y ambiental, y el alcance de las metas propuestas. Además, un enfoque que da prioridad a la búsqueda de justicia social y ambiental puede encontrar resistencias de diversos sectores que mantienen visiones extractivas y de concentración de la economía.

Abelardo de la Espriella: Seguridad y Desarrollo con Mano Firme

En su programa, el enfoque territorial hace énfasis en la seguridad y el control del territorio. Al prometer la recuperación del control en noventa días, mediante la mano dura de la fuerza pública, expone una visión de Estado que da prioridad al orden por encima del diálogo o la negociación. Su enfoque represivo y administrativo se observa, además, en su apuesta en infraestructura regional y megacárceles, con la que busca atacar las causas y los efectos del crimen y la violencia.

Al abordar la descentralización parece orientarse más a la gestión local de obras públicas y seguridad, que a garantizar una verdadera autonomía o participación social. Su programa parece carecer de una propuesta sobre la protección ambiental o la equidad territorial, especialmente porque el desarrollo regional que concibe se basa en modelos extractivos o poco sostenibles.

Este modelo de “mano dura” puede dar algún resultado en el corto plazo, pero ha recibido cuestionamientos en diversas latitudes por no resolver las causas estructurales de la violencia y, eventualmente, incrementar las tensiones sociales en las regiones, al introducir mayores dificultades a la construcción de una paz estable y duradera.

Paloma Valencia: Infraestructura y Seguridad con Perspectiva Económica

Su enfoque tiene la seguridad como pilar central. Al respecto, propone un aumento significativo en el pie de fuerza militar y policial, y altas inversiones en tecnología para el control territorial. A este nivel, menciona la construcción de vías terciarias y viviendas sociales, así como una promoción de actividades energéticas como el fracking, que pueden impactar el ordenamiento y el uso del suelo.

En su programa combina un modelo tradicional de derecha que apuesta por el control, y la construcción de infraestructura para el desarrollo económico. Aunque el resultado de esta mezcla puede ser un impulso a la conectividad regional y algún mejoramiento de las condiciones básicas de vida, las dudas surgen en términos de sostenibilidad ambiental y de respeto a las comunidades originarias, dado que el fracking es una actividad controvertida y afecta directamente muchas zonas rurales y de reserva natural.

Aunque su programa promete dinamismo constructivo y seguridad, esta visión puede reforzar las desigualdades y tensiones territoriales si no se acompaña de procesos de participación inclusiva y protección ambiental.

Sergio Fajardo: Gobernanza Local y Sostenibilidad Integral

El programa hace énfasis en la gobernanza local, la participación ciudadana y el desarrollo sostenible. Apuesta por una descentralización real, que implique dar poder efectivo y recursos a los territorios para que diseñen sus propias políticas adaptadas a sus características, lo que fomentaría la innovación en la gestión pública.

Su enfoque combina la promoción de la economía rural sostenible, el mejoramiento de la infraestructura para la conectividad, el impulso de energías limpias y la construcción de la paz territorial sustentada en la reconciliación social. Su propuesta responde a un modelo integral que busca atender tanto la seguridad como las causas estructurales de los conflictos territoriales.

Sin embargo, este modelo dependería de la voluntad política para fortalecer instituciones territoriales, y de mayor presupuesto para la descentralización, cuestiones que no son fáciles de lograr en contextos de resistencia burocrática o centralización histórica.

Claudia López: Autonomía Fiscal y Desarrollo Urbano Sostenible

Su programa aporta una visión que pone especial atención en la autonomía fiscal y política de los gobiernos locales y en el desarrollo urbano sostenible. Acudiendo a su trayectoria pública, promete un compromiso con la sostenibilidad ambiental, la movilidad sostenible y la participación ciudadana efectiva mediante herramientas digitales.

Entre los puntos centrales de su programa está la apuesta por reducir la brecha entre regiones mediante una descentralización que transfiera competencias y otorgue mayores recursos propios. Con su énfasis en la vivienda digna, la infraestructura básica y la inclusión social, busca transformar la relación entre territorio y bienestar.

Aunque su modelo es innovador, parece estar más orientado a lo urbano y a ciudades mayores e intermedias, lo que plantea interrogantes sobre cómo se abordarán las áreas rurales, los municipios pequeños y regiones como el Pacífico, la Amazonia y la Orinoquia, que requieren soluciones distintas. También está por aclararse cómo se gestionarán las tensiones entre desarrollo urbano y conservación ambiental.

Algunas conclusiones 

La revisión de los programas refleja distintas visiones de los candidatos sobre el papel del territorio:

– Si bien todos reconocen que es clave para la paz, la equidad y el desarrollo, divergen en las estrategias para afrontar ese reto, lo que probablemente condicionará el éxito o fracaso en la implementación de políticas territoriales.

– La “descentralización real y la autonomía fiscal” tienen prioridad para Cepeda, Fajardo y López, quienes proponen dar más poder y recursos a los gobiernos locales. Aunque, en términos prácticos, enfrentan el reto de un Estado centralizado y la fuerte resistencia institucional a la transferencia de poder.

– Hay diferencia entre los modelos que hacen énfasis en “la seguridad y el control militar”, representados por De la Espriella y Valencia; y los que abordan la “gobernanza local, la autonomía y la sostenibilidad ambiental”, que promueven Cepeda, Fajardo y López.

– La “participación social y las comunidades históricamente marginadas” se valoran de manera distinta. Cepeda busca, explícitamente, incluir y proteger a indígenas, afrodescendientes y campesinos, mientras que los otros no tienen un enfoque evidente al respecto.

– La “protección ambiental” tiene un lugar diferencial. Es central para Cepeda, Fajardo y López, no así para De la Espriella y Valencia, cuyas propuestas de seguridad dura y fracking pueden ser controversiales.

En definitiva, los votantes deben evaluar estas propuestas no solo en términos de intenciones o promesas, sino en su factibilidad real y su capacidad para construir un país donde los territorios dejen de ser espacios de desigualdad, conflicto y exclusión, para convertirse en escenarios de justicia, desarrollo sostenible y convivencia democrática.

Si hoy los principales retos son la reducción de brechas regionales, el fortalecimiento de capacidades locales, la consolidación de la paz territorial, el ordenamiento del crecimiento urbano, la protección de los ecosistemas estratégicos, la promoción de modelos productivos sostenibles e incluyentes, ¿quién puede ser la persona más indicada para atenderlos?

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