Convulsión, inestabilidad e incertidumbre mientras se deciden o ejecutan el mayor presupuesto y algunas de las obras más importantes para el futuro de la capital. Un año difícil para Bogotá.
Año nuevo, incertidumbres y certezas
Para Bogotá el nuevo año llega cargado de incertidumbre. El eje de las dudas lo constituye la permanencia o la suspensión del actual gobierno, con las consiguientes implicaciones sociales, políticas, económicas y administrativas que representan cada una de las alternativas.
También hay incertidumbre sobre las posibilidades de continuidad de la izquierda al frente del gobierno y sus efectos en la coyuntura electoral nacional y local. La continuidad o la interrupción del gobierno de izquierda en Bogotá podrían afectar las conversaciones de paz, si se considera que “gobernar la capital” es a la vez un mensaje de modernidad y que la democracia puede ser una opción para los actores armados. Pero también puede ser una señal de triunfo para quien quede al frente de la ciudad al finalizar el proceso de paz, o una derrota para una izquierda que habría demostrado que no puede gobernar, si finalmente sale el alcalde y en su reemplazo no se elige un representante de esta misma tendencia ideológica.
La incertidumbre sobre el rumbo y la estabilidad de la administración es tanta como la certeza de que la ciudad está convertida en arena de una vieja contienda política nacional y será botín de guerra en las negociaciones de paz. Sus arcas despiertan todos los apetitos y pueden ayudar a asumir los costos del postconflicto.
 Protestas ciudadanas en Bogotá. Foto: Alexis López |
El alcalde, ¿destituido, revocado o ratificado?
La incertidumbre es producto de la confluencia de varios factores: un sistema político dispuesto a eliminar a la oposición por cualquier medio; una estructura institucional que concentra la autoridad y la responsabilidad del control administrativo casi exclusivamente en la cabeza del Alcalde; y un estilo de gobierno que expone su estabilidad.
La situación actual debe tener contentos a quienes pretender actuar como Torquemada, pero también a los que aspiran a convertirse en mártires. En el medio están la ciudad y la ciudadanía que padecen las consecuencias de tan insólita cruzada, que si algo logra es paralizar y enrarecer el quehacer del aparato administrativo.
La incertidumbre sobre la suspensión e inhabilidad impuesta a Gustavo Petro permanecerá hasta que se pronuncie el procurador y el momento en que lo haga es muy importante porque de él dependerá la continuación o no del proceso de revocatoria. Entretanto, habrá transcurrido el primer trimestre del año, durante el cual el Alcalde dedicará su tiempo a defenderse de la procuraduría, preparar el terreno para la votación por la revocatoria y apoyar indirectamente (?) a su partido en la búsqueda de las curules en el Congreso y a asegurar una fuerza electoral suficiente para las elecciones presidenciales. En resumen, demasiadas y complejas tareas que poco tiempo le dejarán a él, a su equipo y a sus seguidores para atender los asuntos distritales.
De retractarse o retrasarse la decisión de la Procuraduría, quedará pendiente la votación por la revocatoria, que solo ocurrirá en los primeros días de marzo. Ésta puede ser a favor de la permanencia del Alcalde, lo que fortalecería temporalmente su posición ante una eventual decisión en contrario de la Procuraduría. O puede ser en contra, en cuyo caso se iniciará un proceso de elecciones atípicas, que estaría concluido hacia el mes de agosto del presente año. Y aún en el evento de que Petro salga airoso en la votación y la Procuraduría se retracte o modere, es probable que alguno de los otros procesos en curso contra el alcalde prospere: el que se inició por la expedición del POT, el generado por los incumplimientos del Sistema Integrado de Transporte –SITP-, entre otros. Así las cosas, la inestabilidad podría permanecer, incluso si el Alcalde llegara al final de su periodo.
Una soga, ¿para salvar o para ahorcar?
El respaldo que ha buscado el Alcalde a nivel internacional puede ser un salvavidas muy rentable.
La continuidad o la interrupción del gobierno de izquierda en Bogotá podrían afectar las conversaciones de paz
Si la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) determina que fueron vulnerados los derechos de Gustavo Petro, a la Procuraduría le irá mal, incluso al país. Y aún si el alcalde estuviera para entonces destituido, el rédito político de un pronunciamiento de esta instancia en pleno debate electoral puede ser muy alto, tanto como para esperar que se traduzca en curules y votos presidenciales, y hasta en la elección de otro alcalde de la izquierda en Bogotá si se dieran las elecciones atípicas.
Pero, ¿si no le fuera favorable el pronunciamiento? Puede ser demoledor: para él, para la alianza Verde-Progresistas, para la izquierda, e incluso para la credibilidad de muchos actores de primera línea en el proceso de paz.
Más favorable parece ser la situación del alcalde ante la Fiscalía, que se ha convertido en su defensora a ultranza y las declaraciones del fiscal general expresan sus compromisos políticos, poniendo en evidencia la forma cómo estas entidades pueden ser amigas de los amigos y útiles contra los enemigos.
 Respuesta ciudadana en favor de Gustavo Petro. Foto: Alexis López |
Escenario extremo: incertidumbre hasta diciembre… de 2015
Bien sea que el alcalde resista todos los embates o que pierda alguna de las batallas decisivas, la administración distrital parece haber entrado en la inercia del final del periodo, con un buen trecho por recorrer y con el sol a las espaldas. La sensación de “todo se acabó” que empezó a sentirse desde el día en que se conoció el fallo del Procurador cubre casi totalmente al aparato distrital y se mantendrá, pase lo que pase, hasta la llegada de un alcalde en propiedad en el año 2016.
Si se mantiene la destitución del alcalde o este pierde en el proceso de revocatoria, la ciudad entrará en la dinámica de las elecciones atípicas por el tiempo restante del periodo, es decir, hasta final del 2015. En el medio, el presidente deberá designar un alcalde encargado, que tendrá a su cargo -cuando menos- el manejo de la ciudad durante proceso electoral nacional y deberá prepararla a Bogotá para su propia elección.
De realizarse, las elecciones serán en agosto y el nuevo alcalde deberá adelantar las acciones propias de la transición, entre ellas, el ajuste del Plan de Desarrollo. Es decir, que cuando la administración haya recuperado una relativa estabilidad habrá llegado el fin de año, o casi, pues estaremos en octubre y en camino de hacer la planeación y el presupuesto del último año de la administración.
En medio de tanta inestabilidad e incertidumbre se estarán tomando las decisiones sobre el mayor presupuesto de la ciudad en toda su historia, los proyectos de mayor envergadura para la movilidad, un endeudamiento sin precedentes, las acciones que darán cuenta del cumplimiento del Plan de Desarrollo, entre otros temas de interés crucial. Queda la duda sobre la capacidad del aparato para maniobrar en ausencia de su autoridad, sobre todo por la opacidad y la demostrada ineficacia de la gestión de la mayoría de los integrantes del gabinete distrital actual.
Presente y futuro, en manos ciudadanas
A pesar de tan oscuro panorama, la ciudad no es solo gobierno y en la coyuntura es oportuno preguntarse: ¿en dónde están los demás actores de la sociedad? ¿Qué piensan los habitantes de la ciudad, los que pagan impuestos que financian la casi totalidad de sus demandas? ¿Qué piensan los empresarios, los que generan las dinámicas económicas, el empleo, las inversiones? ¿Qué están haciendo las organizaciones sociales, comunitarias, barriales?
La situación actual debe tener contentos a quienes pretender actuar como Torquemada, pero también a los que aspiran a convertirse en mártires
Probablemente están trabajando, cada quien en lo suyo, para mantener la ciudad y las dinámicas fiscales que garantizan que el aparato público funcione frente a los asuntos más estructurales.
Cabe esperar que la sociedad distrital haya madurado, hasta el punto de ser capaz de mantener cierta estabilidad social, económica y aún institucional. Si la construcción ciudadana funciona y sigue pagando sus impuestos y tarifas, el aparato público no tendrá disculpa para no cumplir con su parte, en tanto hay procesos, planes, mecanismos e instrumentos que no dependen de quien gobierna, sino que son políticas distritales estables.
En cualquier caso, la ciudadanía y el sector productivo y los actores sociales y comunitarios deberán evaluar cuáles son los mejores mecanismos para mostrar su cohesión, estar vigilantes y ejercer -como nunca antes- el control social para garantizar que la ciudad siga funcionando.
El respaldo que ha buscado el Alcalde a nivel internacional puede ser un salvavidas muy rentable.
Así se demostrará cuánto ha madurado la sociedad distrital para que, en lo sucesivo, la política se ejerza de cara a la responsabilidad con las agendas de la ciudad y las expectativas ciudadanas y no desde su utilización por parte de la política convencional, que pretende imponer a la ciudad sus gastadas agendas, plagadas de propuestas caudillistas y programas sectarios.
Bogotá debe probar que puede funcionar aún sin alcalde, como ya lo ha venido haciendo a pesar de las inestabilidades de los últimos años. Asimismo, que no han cesado ni revertido sus dinámicas económicas y fiscales a pesar de todo pronóstico en contrario por la crisis de sus malogrados alcaldes.
* Cofundadora de Razón Pública. Para ver el perfil de la autora haga click en este enlace.
