Carmenza Saldías, autor en Razón Pública
Foto: Pixabay - Lejos esta Colombia de un momento de renovación parecido. Y no porque no lo merezca, lo haya esperado y necesite el país.

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Mientras que Chile avanza en la renovación política, Colombia sigue atrapada en la política caudillista

Carmenza Saldías*

El caso chilenoFESCOL 

La posesión del Presidente Gabriel Boric en Chile contrasta con las elecciones colombianas. Y aunque ambos contextos tienen particularidades y las comparaciones son odiosas, las diferencias entre los dos países son evidentes.

La edad de Boric muestra que las generaciones mayores permitieron la emergencia de nuevos liderazgos sin satanizarlos. Además, las nuevas generaciones fueron responsables, pacientes, persistentes, lo cual les permitió seducir a la mayor parte del electorado en tan solo una década. Es innegable que la clase política chilena se está renovando y está impulsando proyectos programáticos serios que cuentan con el apoyo de distintos sectores de la sociedad.

Aún gobiernan señores mayores que no promueven nuevos liderazgos ni creen en la importancia de incluir jóvenes y mujeres en sus equipos.

Es importante resaltar la solidez del equipo de Boric, compuesto por profesionales íntegros que fueron activistas estudiantiles, líderes gremiales y parlamentarios. Aunque han tenido crisis y existen diferencias importantes entre los miembros, el equipo ha logrado mantenerse unido y hacer del relevo generacional una experiencia poco traumática.

La forma en la cual se conformó el gabinete permite avizorar que el gobierno chileno abogará por una sociedad incluyente, sostenible, cuidadora, equitativa y justa. Es especialmente valioso que el presidente reconozca el progreso logrado por los gobiernos anteriores y procure construir sobre lo construido.

Puede leer: Gabriel Boric: el inicio de la segunda transición

El caso colombiano

Colombia está lejos de vivir un momento de renovación parecido pese a que el país lo merece, lo espera y, sobre todo, lo necesite.

En primer lugar, en Colombia prima la gerontocracia. Y no solo es cuestión de edad, sino de mentalidades anacrónicas. Aún gobiernan señores mayores que no promueven nuevos liderazgos ni creen en la importancia de incluir jóvenes y mujeres en sus equipos. El relevo generacional aún se ve muy lejano en nuestro país.

En segundo lugar, los equipos suelen armarse y desarmarse rápidamente. Prueba de ello es que los partidos, las alianzas y las coaliciones rara vez superan la inmediatez de las elecciones y casi nunca van más allá del protagonismo mediático. A sus integrantes les sobra ego y les falta astucia, compromiso, rigor y liderazgo.

En tercer lugar, reina el “adanismo”, lo cual significa que todos los gobernantes niegan los logros de sus predecesores y creen que son los primeros, los únicos y los mejores. Esto impide desarrollar procesos de mediano y largo plazo.

Aquí parece imposible que prospere un acuerdo social verdaderamente incluyente, pues en el establecimiento nadie lo propone ni lo lidera. La claridad programática está ausente y prima la confusión sobre las competencias y ámbitos de intervención de los distintos niveles del gobierno. Justamente por eso, los alcaldes quieren tener facultades propias de los presidentes y no hay equipos sino coaliciones coyunturales que carecen de visión de mediano y largo plazo.

Para resolver los asuntos que afectan el interés general, es necesario contar con personas confiables que vayan más allá de la vanidad personal y sepan dialogar y tejer socidad. Lamentablemente, en el país sobran los líderes desubicados e improvisados y faltal los líderes virtuosos, serenos y convocantes.

Los hombres que tienen visibilidad en la esfera pública tienen comités de aplausos en vez de equipos sólidos y confiables, lo cual facilita que sus ideas sean alabadas y aprobadas así sean inviables, indeseables o descabelladas.

Del bipartidismo a la “polarización”

Durante muchos años, en las elecciones colombianas solo hubo dos opciones: votar por el partido conservador o por el liberal, lo cual era prácticamente lo mismo. Esto ocurría porque, para acabar una guerra por el control del país, los líderes de ambos partidos decidieron compartir el gobierno, pero el fracaso de la fórmula reforzó el clientelismo y la corrupción y dejó vulnerable el sistema económico y social ante el narcotráfico. Tristemente, hasta el día de hoy ninguno de los partidos reconoce su responsabilidad.

Aunque el Frente Nacional tenía fecha de vencimiento (1974), quedó registrado en la institucionalidad colombiana y, por eso, su ADN sigue estando presente en las Cortes, Consejos y otras entidades. Lo cierto es que ni siquiera la Constitución de 1991 permitió superarlo. La creación de organizaciones y partidos alternativos y la reorganización de las fuerzas tradicionales no han sido suficientes para darle fin a esta tendencia. Prueba de ello es que el presidente del Partido Conservador lleva más de 50 años en el ejercicio político y su  yerno es el actual Contralor General, militante del Partido Liberal y avalado por el presidente de esa agrupación.

En ese entonces lo más inusual que ocurría era la existencia de  disidencias                            –especialmente del Partido Liberal– que se autodenominaban de izquierda. Estos grupos eran perseguidos, lo cual dificultó que hubiese avances progresistas durante varias décadas.

La existencia de un partido de derecha e izquierda es sinómino de democracia, no de polarización.

A diferencia de lo que ocurrió durante mucho tiempo, en estas elecciones una coalición de izquierda tiene posibilidades reales de ganar la presidencia. El Pacto Histórico tiene opciones porque ha logrado capitalizar el descontento y el deseo de cambio presente en gran parte de la ciudadanía.

En contraste, el centro político –que parece estar entre los partidos tradicionales– ha construido una narrativa sobre la “polarización” que daña la cultura política por las siguientes razones:

  • Critica la aparición y consolidación de un partido de izquierda acusándolo de “polarizar” al electorado. Esta es una postura típica de la derecha que interpreta el surgimiento de otras fuerzas políticas como una “ofensa”;
  • Si con “polarizar” se refieren a reducir el debate a dos partidos u opciones políticas, estarían desconociento el pilar de la teoría de partidos según la cual la existencia de más partidos no necesariamente descalifica ni amenaza los dos tradicionales. La existencia de un partido de derecha e izquierda es sinómino de democracia, no de polarización;
  • Afirmar que “los extremos son iguales” es un error analítico, pues la asimetría entre la extrema derecha y la izquierda democrática y reformista es evidente.
  • Si se equipara izquierda y derecha porque Petro fue guerrillero hace más de 35 años, habría que preguntarse cuál es la capacidad de perdón y olvido del centro y la sociedad colombiana. ¿Acaso seguirán estigmatizándolo por siempre?;
  • Criticar y estigmatizar la aparición de partidos de izquierda acerca el centro a la derecha y al bipartidismo tradicional, pues ambos grupos han usado esas estrategias para desprestigiar a la izquierda.
La política electoral en el 2022
Foto: Twitter: Pacto Histórico - En esta ocasión ha entrado en el juego político un nuevo partido con vocación de izquierda definida, que ha venido emergiendo como resultado de un proceso orgánico de años.

Puede leer: La consulta del Pacto Histórico

¿Por qué no avanza Colombia?

En Chile, la política avanza. Hace 50 años, un socialista ganó la presidencia, pero fue derribado por un golpe militar impulsado por un dictador que, posteriormente, fue juzgado democráticamente. Una coalición de centro izquierda alternó con la derecha durante varios años y ahora el socialismo regresa al poder.

En contraste, Colombia parece seguir en la época del oscurantismo, pues confunde demandas sociales y los derechos humanos con extremismo. Así mismo, descalifica y estigmatiza grupos y líderes sociales.

Lo cierto es que aunque muchos indicadores han mejorado, el Estado sigue ausente en gran parte del territorio colombiano. La justicia, la seguridad y la paz están en crisis, las reformas políticas no prosperan, las finanzas públicas son inciertas, le economía crece, pero los recursos no se distribuyen de forma justa y los riesgos ambientales se agravan día tras día. Todo esto pese a que, en las últimas décadas, se reformó la Constitución, se hicieron 50 reformas a la nueva Constitución, se expidieron centenares de leyes, se eliminaron viejas entidades y se crearon nuevas, pero el futuro sigue sin llegar.

Todo esto pone en evidencia que las instituciones son sumamente precarias, lo cual explica que que los ciudadanos desconfíen de ellas, especialmente de los partidos políticos tradicionales y sus representantes.

Es importante señalar que en las últimas décadas ha habido intentos válidos y exitosos de organizaciones políticas distintas del bipartidismo, pero las reacciones del establecimiento han sido desdemedidas. Los miembros de la UP fueron perseguidos y asesinados, los esfuerzos de Antanas Mockus fueron triviliazados y manipulados. Finalmente, nunca logró que reconocieran la validez de sus firmas para proseguir con la organización política. Mientras tanto, algunos partidos aparecen con firmas y votos de la nada y a otros se les esfuman los votos, como ocurrió en el caso del Pacto Histórico.

Cuando el bipartidismo se diluyó en el Frente Nacional y se borraron sus diferencias o especificidades programáticas, los discuroa de los partidos se vaciaron de conenido y perdieron la capacidad de motivar, animar, interpelar y convocar a las mayorías.

La ausencia de partidos relevantes con programas claros y diferenciados a nivel nacional y territorial con capacidad de movilizar a la ciudadanía dificulta establecer objetivos de mediano y largo plazo que vayan más allá de las promesas momentáneas.

El ejercicio político ha caído en los personalismos. Hay partidos nombrados en honor a sus líderes y la política partidista ha sido sustittuida por un nuevo caudillismo que permite que cada uno tenga su propia clientela y espacio politico.

Y así la ciudadanía ha quedado en manos de candidatos que se dicen líderes, pero no son más que caudillos populares. Siendo realistas, la mayoría de la baraja tiene poca o ninguna trayectoria para aspirar a las que llaman “altas dignidades”.

A modo de conclusión

En definitiva, el relevo generacional y los avances significativos en el proceso político aún parecen lejanos en Colombia. Sin embargo, no es posible desconocer que, por primera vez en la historia, una fuerza política de izquierda tiene posibilidades reales de llegar al poder.

Aunque el Pacto Histórico no es tan diverso ni tan sólido como el movimiento encabezado por Boric, sí representaría un cambio importante en el juego político colombiano porque propone ideas novedosas e incluye voces y actores que han sido ignorados durante décadas.

A diferencia de otras coaliciones presentes en el debate, alentadas por las presiones y afanes de la coyuntura y el “miedo enfermizo” a perder el control del poder y el Estado, el Pacto Histórico es más orgánico y organizado. Además, a juzgar por las encuestas y los resultados de las legislativas, parece contar con más respaldo ciudadano que las demás coaliciones.

Independientemente de que Gustavo Petro gane o no, es difícil que la situación mejore mientras persista el bipartidismo expreso, vergonzante y anacrónico; se  confundan caudillos populistas con líderes públicos y se promuevan acciones por fuera de las organizaciones responsables y rigurosas que garanticen la continuidad de los grandes propósitos programáticos.

Para lograr un verdadero cambio es necesario conformar nuevos partidos y organizaciones políticas rigurosas que persigan objetivos claros de mediano y largo plazo. Tal vez mirar al sur sea útil para avanzar en esa dirección.

*Este texto forma parte de la Alianza Poder y Territorio establecida entre la Friedrich Ebert Stiftung en Colombia (Fescol), el concejal Diego Cancino y un grupo de académicos conformado por Carmenza Saldías, Andrés Hernández, Mario Noriega, Alex Araque, José Salazar y Angélica Camargo. Esta alianza busca discutir asuntos territoriales en el contexto de las elecciones a la presencia de 2022.

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Carmenza Saldías

Escrito por:

Carmenza Saldías

Cofundadora de Razón Pública.

Economista de la Universidad Jorge Tadeo Lozano y Magíster en Planificación y Administración del Desarrollo Regional de la Universidad de los Andes. Alcaldesa encargada, Secretaria de Hacienda, Secretaria de Planeación y Consejera para temas de Región y Competitividad de la Alcaldía de Bogotá; Secretaria de Planeación de Manizales; Asesora para la Modernización fiscal y de planeación de la Gobernación de Cundinamarca. Fue fundadora y directora del Centro Regional de Estudios Cafeteros y Empresariales CRECE, y ha estado vinculada como experta al Centro Iberoamericano de Desarrollo Estratégico Urbano-CIDEU (Barcelona). Es investigadora, asesora, consultora y docente universitaria. Autora de numerosos estudios y artículos de carácter urbano y regional.

Foto: Alcaldía de Bogotá - Un POT debe ser un documento de altísima calidad técnica.

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Tres veces fracasaron los intentos de actualizar el POT de Bogotá. Finalmente, Claudia López lo expidió por decreto, pero su fragilidad y falta de legitimidad pueden hacer que se caiga en los tribunales.

Carmenza Saldías*

Por fin se cambió el POT

Antes de la Constitución de 1991, el desarrollo de las ciudades era un asunto de interés casi exclusivo de algunos técnicos. El urbanismo se reducía a un plan de obras y un código de construcciones, y el ordenamiento territorial no pasaba de ser un conjunto de formalismos legales.

La Constitución incorporó el concepto de función social y ecológica de la propiedad, las bases para la planificación territorial y las directrices para establecer un sistema de cargas y beneficios urbanísticos. Finalmente, la Ley 388 de 1997  —aunque con limitaciones— estipuló las bases del sistema de ordenamiento territorial y los instrumentos para aumentar el control estatal sobre el suelo.

Bogotá adoptó su primer Plan de Ordenamiento Territorial (POT) en el 2000, plan que fue objeto de una revisión extraordinaria en 2003, ambos en años de elecciones distritales. Desde entonces se han dado cuatro intentos de revisar o cambiar el POT, bajo los gobiernos de Samuel Moreno, Gustavo Petro, Enrique Peñalosa y Claudia López. Esta última por fin logró cambiarlo, pero el nuevo POT apenas comienza su prueba ante los tribunales.

¿Por qué ha sido tan difícil tramitar el POT de Bogotá? ¿Qué tiene de particular el aprobado recientemente? ¿Cuáles son las perspectivas para la ciudad y el actual gobierno?

Una propuesta muy cruda

Varias décadas de planeación territorial han contribuido a formar, de un lado, académicos, técnicos y expertos en la materia y, del otro, una ciudadanía cada vez más enterada y apropiada de sus territorios.

Por eso la ciudad de Bogotá exige que el nuevo POT sea de altísima calidad técnica y que de veras mejore el ordenamiento de la ciudad. Esto no significa que no quepan los debates y las modificaciones al documento que presente la Alcaldía. Pero los cambios deberían ser pocos, para no comprometer la consistencia y solidez del instrumento planteado originalmente.

El POT que presentó la administración de Claudia López hizo mucho ruido: desde el principio abundaron las críticas sobre su calidad, rigor y coherencia. Este no es el espacio para revisar tales defectos, pero sí para recordar que el debate comenzó con un documento que no parecía del todo terminado y que la Alcaldía no parecía capaz de defender.

Lo anterior fue un problema grave, porque el POT no es un documento que se pueda armar a medida que avanza el debate. Para eso existen las etapas de planeación, participación y formulación, que deben preceder al debate como tal en el seno del Consejo responsable de aprobarlo.

Estos problemas pudieron haber obedecido a tres razones:

  • La inestabilidad en la Secretaría de Planeación y por lo mismo en el trámite del POT. Los cambios de secretaria, con movimientos de asesores, consultores y demás, causan disrupciones que se traducen en problemas técnicos.
  • La ausencia de liderazgo técnico. Casi siempre, la alcaldesa asumió su defensa y eso hizo que un ejercicio que debe ser eminentemente técnico se convirtiera en político.
  • La adopción de un sistema de consultorías externas, que desconocen y excluyen a quienes tienen el mayor conocimiento y experiencia sobre el territorio.

Lo cierto es que las críticas a la propuesta de POT llegaron desde todos los frentes: el académico, el ciudadano, el técnico, el político, el empresarial, etc. Y, si bien es de esperar que un tema tan sensible sea discutido con amplitud, sorprende que este documento haya recibido tantas críticas: fueron miles de objeciones y comentarios, desde todos los sectores. La crítica casi unánime no debería ser ignorada ni malinterpretada.

Puede leer: EL POT de Bogotá: ¿qué es y cómo puede mejorarse?

¿Un POT ilegítimo?

La segunda condición para aprobar exitosamente un POT es garantizar un proceso de participación inobjetable.

La legitimidad del instrumento depende del respaldo de la ciudadanía. No se trata apenas de convocar y registrar la presencia de personas en eventos masivos, sino de crear consensos verdaderos durante la etapa de construcción del proyecto.

En este caso, el proceso de participación resultó mal, porque la secretaria de Planeación no tenía un planteamiento inicial sobre el cual construir los consensos. Además, quiso imponerse sobre el Consejo Territorial de Planeación del Distrito (CTPD) –la instancia consultiva de la capital en materia de planeación– en lugar de darle el protagonismo y la responsabilidad que merece.

Claudia Lopez y el POT de Bogotá
Foto: Alcaldía de Bogotá - Resulta fundamental revisar las condiciones de vida y laborales de soldados y policías.

La Alcaldía no entendió adecuadamente ni le dio la importancia debida a la etapa de participación del proyecto.

El proceso de participación ciudadana empezó casi desde la formulación del proyecto y al principio contó con amplia acogida y buena representatividad territorial. Pero el cambio de secretaria de Planeación y la inestabilidad del proyecto dieron lugar a cambios que dejaron sin valor los esfuerzos iniciales. Finalmente, muchos tuvieron la percepción de que el proyecto original había sido abortado y que la nueva propuesta no había sido consultada entre la ciudadanía.

De hecho, al presentar el proyecto para su concepto al CTPD, prácticamente se volvió a abrir otra fase de consulta. Las respuestas fueron tantas que desbordaron la capacidad de la administración para darles tramite, incluirlas e incorporarlas al proyecto de POT.

Adicionalmente, la propia conformación del CTPD, con la presidencia y la vicepresidencia en cabeza de entidades gremiales en lugar de ciudadanas, creó un ambiente difícil para la discusión.

En suma, la Alcaldía no entendió adecuadamente ni le dio la importancia debida a la etapa de participación del proyecto. Por eso muchos dijeron que el POT contrariaba los intereses de las comunidades locales y barriales y desconocía las decisiones ya adoptadas por las comunidades. La insatisfacción ciudadana aumentó con el tiempo, y esto tuvo un efecto demoledor: el CTPD emitió un concepto ambiguo, que no le dio legimitidad ni base social al POT.

En ese contexto, muchos sectores políticos pidieron aplazar la radicación del POT, pero la Alcaldía no los escuchó.

El controversial paso por el Concejo

La Alcaldía debió reiniciar el proceso, reformular el documento con un trabajo más participativo y aplazar la radicación. Pero no lo hizo.

De esta manera el POT de López desconoció la tercera condición para garantizar un debate ordenado y exitoso: llegar al Concejo con seguridad técnica y respaldo ciudadano suficiente.

A lo cual vino a sumarse la pérdida de credibilidad causada por el retraso en la presentación del POT, que se había anunciado desde el primer día de la administración en enero de 2020. La Alcaldía creía tener las mayorías para aprobar el documento, más allá de las críticas y las objeciones. Por eso, ante las objeciones de los concejales, el secretario de Gobierno optó por hacer sumas y restas, y acomodar agentes. Esto deslució, intoxicó y desvirtuó la legitimidad del proceso.

En otras palabras, a pesar de la gran mayoría de voces que le pedían tiempo y más trabajo para construir un acuerdo consensuado, la alcaldesa prefirió jugarse políticamente, sin entender que al hacerlo sería más difícil corregir el rumbo y ganaría más opositores.

En el Concejo, casi todos los debates fueron procedimentales o cosméticos. La discusión sobre el fondo del POT no se dio y los concejales ni siquiera llegaron a votar el articulado. También en esta instancia aparecieron centenares de propuestas, objeciones e interrogantes, que no fueron resueltos por la administración en una sesión formal sobre el asunto, ni aprobados para su incorporación a un posible decreto de POT.

El POT aún podría caerse

La expedición del Decreto 555 de 2021, mediante el cual se adoptó el POT, tendrá consecuencias muy negativas para el gobierno distrital.

La alcaldesa se defiende argumentando que los dos POT anteriores también fueron expedidos por decreto, pero este argumento es errado, porque desconoce las condiciones particulares de los documentos anteriores.

El POT de 2003, sobre el cual puedo hablar por conocer de primera mano el proceso, pasó por la concertación con la Corporación Autónoma Regional (CAR) de Cundinamarca y por un proceso de participación que concluyó con el respaldo al POT. Esta instancia defendió el documento en el debate en el Concejo, con la responsabilidad de la palabra y la acción empeñadas en la construcción del documento.

En el Concejo, el proyecto se debatió y votó en la Comisión de Plan y fue aprobado por la mayoría de la Comisión que, con algunos pocos ajustes aceptados en el proceso de discusión, lo envió a la Plenaria. Allí, por razones políticas, se agotó el tiempo antes de la votación, lo que dio la base legal para expedirlo por decreto.

Del interés de López por dejar un legado imborrable en el ordenamiento territorial de la ciudad solo quedará la frustración y la evidencia de su incapacidad para construir acuerdos sobre asuntos fundamentales.

La situación del POT presentado en 2021 es muy distinta. Prácticamente ningún actor de ningún sector ni escala aprobó ni compartió la propuesta y, en términos concretos, ni el CTPD ni el Concejo le dieron el respaldo de legitimidad y legalidad necesarios.

Por eso es probable que vengan demandas que pidan la nulidad de la norma y, si un juez así lo estima, el POT podría caerse y la tan ansiada renovación de este instrumento podría fracasar por cuarta vez.

Le recomendamos: Los “pecados” del POT de Bogotá

Mientras tanto, el tiempo pasará y la administración se irá quedando sin margen para tramitar un nuevo POT. Tanto 2022 como 2023 serán años electorales, lo que hará difícil que pueda presentarse y gestionarse otro POT en estos años. No porque sea imposible, sino porque la alcaldesa misma asumió un argumento que le bloquea esa opción, a menos que reconozca que estaba equivocada.

Del interés de López por dejar un legado imborrable en el ordenamiento territorial de la ciudad solo quedará la frustración y la evidencia de su incapacidad para construir acuerdos sobre asuntos fundamentales. También quedará la certeza de que los acuerdos que propone pueden estar más cerca del statu quo que del cambio.

Nada de lo anterior es buen augurio para las aspiraciones y coqueteos de López, cada vez más vaporosos, de llegar a sentarse en la silla presidencial.

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Carmenza Saldías

Escrito por:

Carmenza Saldías

Cofundadora de Razón Pública.

Economista de la Universidad Jorge Tadeo Lozano y Magíster en Planificación y Administración del Desarrollo Regional de la Universidad de los Andes. Alcaldesa encargada, Secretaria de Hacienda, Secretaria de Planeación y Consejera para temas de Región y Competitividad de la Alcaldía de Bogotá; Secretaria de Planeación de Manizales; Asesora para la Modernización fiscal y de planeación de la Gobernación de Cundinamarca. Fue fundadora y directora del Centro Regional de Estudios Cafeteros y Empresariales CRECE, y ha estado vinculada como experta al Centro Iberoamericano de Desarrollo Estratégico Urbano-CIDEU (Barcelona). Es investigadora, asesora, consultora y docente universitaria. Autora de numerosos estudios y artículos de carácter urbano y regional.

Foto: Pixabay - Se habla de una nueva reforma tributaria, ¿es buen momento para hacerla?

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Carmenza Saldias

En vez de proponer reformas inútiles, debemos buscar soluciones realistas para los principales problemas de Colombia. Y Bogotá lleva treinta años de darnos el ejemplo en materia fiscal.

Carmenza Saldías*

Lo que no necesitamos

Se dice que pronto habrá una reforma tributaria porque hay que cumplir con los mandatos del Fondo Monetario Internacional (FMI) y de las calificadoras de riesgo, porque hay que llenar el hueco fiscal exacerbado por la pandemia, por la reforma de 2019, e incluso porque hay que compensar las pérdidas del último año…

¿Pero realmente es un buen momento para hacerla? Depende del tipo de reforma.

Si se trata de hacer una como las anteriores, la respuesta es un no rotundo. Los gobernantes cometerán un grave y costoso error si deciden gravar a una sociedad críticamente empobrecida para obtener más recursos de las rentas del trabajo, la propiedad urbana y el consumo. Sería aún peor si, como lo han hecho hasta ahora, perpetúan los privilegios de los grandes poseedores de tierra y capital, las empresas y los conglomerados financieros. En ese caso, los más ricos serían los únicos beneficiados. El gobierno se haría un harakiri, pues la contracción económica sería excesiva y el malestar social podría provocar movilizaciones populares e inestabilidad política.

Lo que sí necesitamos

En cambio, sí es un buen momento para hablar de una reforma fiscal de carácter estructural que atienda problemas de fondo como la asignación, la eficiencia y efectividad del gasto, la distribución de competencias y recursos entre los distintos ámbitos del gobierno y la reconfiguración de la organización territorial.

Es hora de que los municipios y regiones dejen de ser meros agentes burocráticos de las circunscripciones electorales del viejo sistema nacional y se convierten en entidades autónomas y suficientes para satisfacer los intereses de la población y las actividades de sus jurisdicciones.

Antes de proponer una nueva reforma tributaria, es necesario discutir los criterios de dicha reforma, definir qué tipo de pacto social y económico queremos, y establecer cuál debe ser el aporte de la ciudadanía en materia económica. Esto implica debatir sobre el carácter del sistema social y económico, sus principios, condiciones y objetivos. Solo así será posible que los agentes sociales, políticos, económicos y culturales tengan plena conciencia de sus responsabilidades y las consecuencias de sus actos.

Los gobernantes cometerán un grave y costoso error si deciden gravar a una sociedad críticamente empobrecida

En la medida de lo posible, también es importante avanzar en la construcción de acuerdos que permitan poner en marcha un sistema tributario progresivo donde primen los impuestos directos a las rentas de la tierra y el capital. Este sistema deberá garantizar los recursos necesarios para cumplir los objetivos de sostenibilidad, equidad y redistribución. Así mismo, es importante considerar la posibilidad de establecer una renta básica universal que permita que toda la población solvente dignamente sus necesidades de consumo básicas.

Antes de aceptar una nueva reforma tributaria, debemos recordar que en los últimos 25 años se han realizado más de 20 reformas, y ninguna ha logrado estabilizar los recaudos ni garantizar la sostenibilidad de las finanzas públicas. ¿Acaso necesitamos más pruebas de la incapacidad de los ministros de Hacienda para resolver nuestros problemas fiscales de manera definitiva?

Con respecto a las entidades internacionales, el gobierno debería revisar sus exigencias en vez de aceptar reformas casi anuales que han demostrado ser inútiles e insuficientes. Es difícil creer que cada nuevo ministro de Hacienda las admita por pura ingenuidad.

Foto: Secretaría Distrital de Hacienda - Ese fracaso reiterado de la Nación y sus flamantes funcionarios contrasta con el caso exitoso de Bogotá.

Puede leer: Pandemia, reforma tributaria y protección social

El ejemplo de Bogotá

Este fracaso reiterado de la nación –y de sus flamantes contratistas– contrasta con el caso exitoso de Bogotá, que padeció su última crisis fiscal entre 1992 y 1993. Desde entonces la ciudad ha presentado algunos impases producto de la escasez de recursos, pero no urgencias fiscales. No sobra recordar que en Colombia, donde abundan las brechas sociales y territoriales y las grandes deudas históricas, todos los recursos son escasos.

Sin embargo, Bogotá no tiene problemas fiscales y jalona al resto de la nación desde hace varias décadas, gracias a la gestión de los gobiernos de Jaime Castro y de Antanas Mockus. El primero contribuyó a preparar el Estatuto Orgánico de Bogotá y el segundo llevó a cabo el desarrollo y aplicación de los objetivos y mecanismos fiscales y tributarios orientados por los principios: “Todos ponen” y “Recurso público = Recurso sagrado”.

Las gestiones de ambos explican, en gran medida, el aumento sostenido de los ingresos tributarios de la ciudad durante casi 25 años, especialmente de impuestos como el predial –soportado en una gran fortaleza catastral–, el de industria y comercio y las contribuciones asociadas con el desarrollo inmobiliario y de infraestructura de la ciudad.

Antes de proponer una nueva reforma tributaria, es necesario discutir los criterios de dicha reforma, definir qué tipo de pacto social y económico queremos

Estas fuentes crecientes de ingresos propios han permitido que la ciudad invierta en los sectores sociales y urbanos con mayores carencias y que construya mecanismos de apoyo a la población en las demandas básicas, asimilables a la protección que brindan los Estados de Bienestar fuertes. En los últimos años, el nivel de vida de los bogotanos se ha elevado de forma casi generalizada.

El aumento en la tasa de tributación impuesta Bogotá después del Estatuto Orgánico y las contribuciones al sector inmobiliario no han detenido ni disminuido el crecimiento económico. De hecho, en los últimos cinco lustros, la economía bogotana solo se ha visto afectada en las crisis agudas de 1998, 2008 y seguramente 2020.

La fortaleza fiscal y tributaria de Bogotá ha jalonado intensamente la economía y las finanzas nacionales. Como la capital colombiana representa más de la mitad del trabajo formal y del mercado de consumo nacional, se ha convertido en el objetivo predilecto de la agencia tributaria nacional y en la contribuyente más importante a las arcas nacionales, muy por encima de su participación en el PIB del país. Esto quiere decir que buena parte de los recursos del Sistema General de Participaciones son producto de los aportes de Bogotá, lo cual corrobora su solidaridad interterritorial.

En definitiva, no es hora de llevar a cabo otra reforma tributaria, pero, sí es momento de abordar las grandes discusiones sociales, económicas y fiscales que nuestros gobernantes han evadido durante años. Ahora que se acercan las próximas elecciones, es necesario confrontar los problemas de fondo del país y proponer soluciones realistas y creativas que permitan construir una sociedad más equitativa, justa y sostenible.

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Carmenza Saldías

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Carmenza Saldías

Cofundadora de Razón Pública.

Economista de la Universidad Jorge Tadeo Lozano y Magíster en Planificación y Administración del Desarrollo Regional de la Universidad de los Andes. Alcaldesa encargada, Secretaria de Hacienda, Secretaria de Planeación y Consejera para temas de Región y Competitividad de la Alcaldía de Bogotá; Secretaria de Planeación de Manizales; Asesora para la Modernización fiscal y de planeación de la Gobernación de Cundinamarca. Fue fundadora y directora del Centro Regional de Estudios Cafeteros y Empresariales CRECE, y ha estado vinculada como experta al Centro Iberoamericano de Desarrollo Estratégico Urbano-CIDEU (Barcelona). Es investigadora, asesora, consultora y docente universitaria. Autora de numerosos estudios y artículos de carácter urbano y regional.

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Carmenza SaldiasEstos son los retos en planeación, finanzas e inversión pública para atender la emergencia de la COVID-19 y asegurar un futuro post-pandemia en los territorios.

Carmenza Saldías Barreneche* Continue reading «Cómo gobernar el territorio en la pandemia»

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Economista de la Universidad Jorge Tadeo Lozano y Magíster en Planificación y Administración del Desarrollo Regional de la Universidad de los Andes. Alcaldesa encargada, Secretaria de Hacienda, Secretaria de Planeación y Consejera para temas de Región y Competitividad de la Alcaldía de Bogotá; Secretaria de Planeación de Manizales; Asesora para la Modernización fiscal y de planeación de la Gobernación de Cundinamarca. Fue fundadora y directora del Centro Regional de Estudios Cafeteros y Empresariales CRECE, y ha estado vinculada como experta al Centro Iberoamericano de Desarrollo Estratégico Urbano-CIDEU (Barcelona). Es investigadora, asesora, consultora y docente universitaria. Autora de numerosos estudios y artículos de carácter urbano y regional.

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Carmenza SaldiasEl desarrollo, la equidad y el bienestar dependen en gran medida de un adecuado ordenamiento territorial. Pero Colombia no lo ha hecho – y no parece muy interesada en hacerlo-.

Carmenza Saldías*

Continue reading «Ordenamiento territorial: un tema ausente pero urgente en Colombia»

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Cofundadora de Razón Pública.

Economista de la Universidad Jorge Tadeo Lozano y Magíster en Planificación y Administración del Desarrollo Regional de la Universidad de los Andes. Alcaldesa encargada, Secretaria de Hacienda, Secretaria de Planeación y Consejera para temas de Región y Competitividad de la Alcaldía de Bogotá; Secretaria de Planeación de Manizales; Asesora para la Modernización fiscal y de planeación de la Gobernación de Cundinamarca. Fue fundadora y directora del Centro Regional de Estudios Cafeteros y Empresariales CRECE, y ha estado vinculada como experta al Centro Iberoamericano de Desarrollo Estratégico Urbano-CIDEU (Barcelona). Es investigadora, asesora, consultora y docente universitaria. Autora de numerosos estudios y artículos de carácter urbano y regional.

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Presidente reunido con Alcaldes y Gobernadores. Enfoque territorial del Acuerdo de Paz

Carmenza Saldías BarrenecheNació como una promesa y hoy es un foco de corrupción. Pero resulta que la descentralización no se hizo como mandaba la Carta del 91 y que una malla de intereses oscuros frustró y torció el proceso hasta su estado actual. Esta es la historia poco conocida de un fracaso que no debió ocurrir.         

Carmenza Saldías Barreneche*

Continue reading «La descentralización: ¿dónde está el problema?»

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Economista de la Universidad Jorge Tadeo Lozano y Magíster en Planificación y Administración del Desarrollo Regional de la Universidad de los Andes. Alcaldesa encargada, Secretaria de Hacienda, Secretaria de Planeación y Consejera para temas de Región y Competitividad de la Alcaldía de Bogotá; Secretaria de Planeación de Manizales; Asesora para la Modernización fiscal y de planeación de la Gobernación de Cundinamarca. Fue fundadora y directora del Centro Regional de Estudios Cafeteros y Empresariales CRECE, y ha estado vinculada como experta al Centro Iberoamericano de Desarrollo Estratégico Urbano-CIDEU (Barcelona). Es investigadora, asesora, consultora y docente universitaria. Autora de numerosos estudios y artículos de carácter urbano y regional.

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Hoy las ciudades son el escenario de las transformaciones, Margareth Flórez.

Carmenza Saldías conversa con Margareth Flórez sobre el impacto que tienen las ciudades en problemas como el cambio climático y como los territorios nos han permitido construir comunidad.

Publicast es presentado por Lucho Sarmiento by Akorde FD.

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Carmenza Saldías

Cofundadora de Razón Pública.

Economista de la Universidad Jorge Tadeo Lozano y Magíster en Planificación y Administración del Desarrollo Regional de la Universidad de los Andes. Alcaldesa encargada, Secretaria de Hacienda, Secretaria de Planeación y Consejera para temas de Región y Competitividad de la Alcaldía de Bogotá; Secretaria de Planeación de Manizales; Asesora para la Modernización fiscal y de planeación de la Gobernación de Cundinamarca. Fue fundadora y directora del Centro Regional de Estudios Cafeteros y Empresariales CRECE, y ha estado vinculada como experta al Centro Iberoamericano de Desarrollo Estratégico Urbano-CIDEU (Barcelona). Es investigadora, asesora, consultora y docente universitaria. Autora de numerosos estudios y artículos de carácter urbano y regional.

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Plaza de Bolívar

Carmenza Saldías Barreneche

Convulsión, inestabilidad e incertidumbre mientras se deciden o ejecutan el mayor presupuesto y algunas de las obras más importantes para el futuro de la capital. Un año difícil para Bogotá.

Carmenza Saldías Barreneche*

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Carmenza Saldías

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Cofundadora de Razón Pública.

Economista de la Universidad Jorge Tadeo Lozano y Magíster en Planificación y Administración del Desarrollo Regional de la Universidad de los Andes. Alcaldesa encargada, Secretaria de Hacienda, Secretaria de Planeación y Consejera para temas de Región y Competitividad de la Alcaldía de Bogotá; Secretaria de Planeación de Manizales; Asesora para la Modernización fiscal y de planeación de la Gobernación de Cundinamarca. Fue fundadora y directora del Centro Regional de Estudios Cafeteros y Empresariales CRECE, y ha estado vinculada como experta al Centro Iberoamericano de Desarrollo Estratégico Urbano-CIDEU (Barcelona). Es investigadora, asesora, consultora y docente universitaria. Autora de numerosos estudios y artículos de carácter urbano y regional.

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Carmenza Saldías

Los organismos de control actúan por razones políticas, no jurídicas. Así ha ocurrido con alcaldes innovadores como Mockus o Petro, pero la diferencia en sus reacciones es aleccionadora. A la izquierda le falta demostrar que también es capaz de gobernar.

Carmenza Saldías*

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Economista de la Universidad Jorge Tadeo Lozano y Magíster en Planificación y Administración del Desarrollo Regional de la Universidad de los Andes. Alcaldesa encargada, Secretaria de Hacienda, Secretaria de Planeación y Consejera para temas de Región y Competitividad de la Alcaldía de Bogotá; Secretaria de Planeación de Manizales; Asesora para la Modernización fiscal y de planeación de la Gobernación de Cundinamarca. Fue fundadora y directora del Centro Regional de Estudios Cafeteros y Empresariales CRECE, y ha estado vinculada como experta al Centro Iberoamericano de Desarrollo Estratégico Urbano-CIDEU (Barcelona). Es investigadora, asesora, consultora y docente universitaria. Autora de numerosos estudios y artículos de carácter urbano y regional.

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Carmenz4__SaldiasLos avances hacia la autonomía de las entidades territoriales que permitió la Constitución del 91 han sido desmantelados en forma sistemática. El gobierno central controla el recaudo y dicta cómo y en qué pueden gastar las regiones.

Carmenza Saldías*

Carmenza Saldías recentralización Bogotá capital gobierno central

Foto: Candor

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ISSN 2145-0439

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