Los organismos de control actúan por razones políticas, no jurídicas. Así ha ocurrido con alcaldes innovadores como Mockus o Petro, pero la diferencia en sus reacciones es aleccionadora. A la izquierda le falta demostrar que también es capaz de gobernar.
Sin derecho a disentir
Que las osadías se pagan, es cosa sabida. Y en Colombia no hay atrevimiento mayor que entrar al territorio público, usualmente en manos de la política “tradicional”, y tratar de dar lecciones de gobierno a un establecimiento convencido de que, por herencia y genética, se las sabe todas.
El asunto es de vieja data. Después de los acuerdos políticos del Frente Nacional que resolvieron las diferencias entre los partidos Liberal y Conservador con la repartición por mitades de los puestos y contratos del sector público, en Colombia se eliminó el espacio de la oposición y el debate programático se redujo a tensiones momentáneas, muchas veces encaminadas a garantizar las cuotas de la torta estatal.
La confirmación de la intensidad que puede llegar a tener la “cacería a la oposición” puede encontrarse en los gobiernos de Antanas Mockus, cuyo equipo vivió una persecución sistemática y sostenida como pocos otros.
En ese contexto, toda discrepancia se volvió subversión y cualquier crítica se interpretó como un ataque al sistema, en un país en donde la gente solo confía en su familia y amigos, y ve enemigos en todo el que no sea de los círculos cercanos o apellidos conocidos.
De esto dan fe, por una parte, los miles de muertos que han puesto los movimientos sociales, políticos, intelectuales, culturales, cuyo mayor delito fue atreverse a pensar, proponer, opinar, convocar, por fuera de los canales tradicionales. Y, por otra parte, también hay evidencias que remiten al acoso, al matoneo, a la persecución sistemática, que ejercen los organismos de control –en gran medida, en manos de los políticos tradicionales.
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Mockus: administración asediada
Si una persona accede a cargos importantes con intenciones de cambiar, debe saber a qué se expone. Debe saber las implicaciones de tomar decisiones, hacerlo con certeza legal y con argumentos técnicos debidamente sopesados, con claridad y transparencia… Lo que no evitará las investigaciones, pero si garantizará que, a pesar de los excesos y abusos de algún órgano de control, al final de cuentas, los procesos no prosperen, por sustracción de materia, es decir, ausencia de delito o intención de daño.
La confirmación de la intensidad que puede llegar a tener la “cacería a la oposición” puede encontrarse en los gobiernos de Antanas Mockus, cuyo equipo vivió una persecución sistemática y sostenida como pocos otros, antes o después. Entre los miembros más cercanos a Mockus sumaron más de mil investigaciones, por centenas cada uno, al punto que él solía decir que éstas se debían entender y aceptar como medallas al mérito por hacer las cosas bien, aunque también podían ser equivalentes a la cantidad de “callos” pisados al establecimiento.
Considerando que los organismos de control son, por definición, kafkianos, es comprensible que los paseos por sus corredores y pasillos contengan señales poco amistosas. Cada cuestionario parece lleno de amenazas y cada carta o citatorio recibido en navidad, año nuevo, cumpleaños o fechas similares, puedan entenderse como parte de un proceso intencionado de intimidación. Sin embargo, a veces esta puede ser expresa, tanto como para preguntar: ¿Y le quedaron ganas de volver al gobierno? Porque si algún propósito tiene el acoso, es la disuasión, que nadie se acerque a esos feudos.
La persecución ejercida por medio de los organismos de control no es nueva ni única. Lo que sí está siendo novedoso es la manera como enfrenta su karma el Alcalde de Bogotá.
Aquel “drama” se vivió en un relativo silencio, eso sí, con una incesante atención a cada fase de tan eternos procesos, acatando los fallos y presentando los recursos con confianza en la maltrecha, pero al fin, justicia. Tanto así que, al cabo de los años, ningún caso pasó de ser un titular debidamente manipulado en algún medio, sin derecho a la rectificación, y no hay prácticamente fallo alguno en contra, a pesar de los embargos, los malos ratos y la inversión personal en una defensa claramente injustificada.
Después de un par de casos habrían debido concluir que, actuar en ley no era un azar sino la regla en ese gobierno.
Tal vez a eso se refiere J. Robinson cuando señala que Antanas Mockus fue un “ángel”. Y es que en un país donde incumplir la regla es lo usual, claro que suena exótico que alguien lidere equipos y programas encaminados a cumplir el deber y la ley. Solo que eso, más que ángel, lo hace ciudadano. Tal vez por eso él sigue siendo uno de los líderes más legítimos y que más contribuye a la construcción de una democracia real en Colombia.
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Petro: la oportunidad para avanzar
La persecución ejercida por medio de los organismos de control no es nueva ni única. Lo que sí está siendo novedoso es la manera como enfrenta su karma el Alcalde de Bogotá, que vulnera y destruye la frágil confianza en la justicia, que es uno de los pocos caminos valederos para obtener la paz.
Sin desconocer la pesadez de las investigaciones, sobre todo si estas provienen del Inquisidor Mayor, no parece proporcionado ni razonable querer supeditar la democracia del país al resultado de una investigación contra él. Eso de que el Estado soy yo o, peor aún, el dilema El Estado o yo, no son más que expresiones desafortunadas de una persona que no está para retar el Estado sino para dirigir la ciudad, dando ejemplo como el primer buen ciudadano.
Más aún, si él confía en sus decisiones y asesores, no debería armar tantos frentes políticos de defensa, en planos nacionales o internacionales. Porque si los organismos no encuentran mérito legal, no podrán seguir sus causas, en cuyo caso tanta alharaca seria innecesaria. Pero, si lo encontraran y procedieran, no por persecución sino porque dio papaya, su gestión política e internacional será un bumerán, muy poco conveniente.
Si los organismos no encuentran mérito legal, no podrán seguir sus causas, en cuyo caso tanta alharaca seria innecesaria.
Pero más grave aún es que, bien vistas las cosas, parecería, uno, que el Alcalde no ha entendido en qué contexto está metido. Dos, que cree posible, por ideología, desconocer el Estado de Derecho y actuar desde el gobierno bajo sus propias reglas. Tres, que reivindica un Estado de privilegios, en el cual a él, por ser quien es, se le debería permitir interpretar las leyes a su antojo, polemizar públicamente con los organismos de control y deslegitimar la justicia, todo lo anterior, sin consecuencias.
Pero todo esto va en contravía del hombre moderno, del gobernante progresista, de una actuación seria y responsable. Y más aún en la coyuntura actual. El debería tener sensatez, tranquilidad y confianza para esperar la actuación de los organismos de control, y para aceptar que, si llegaran a encontrar méritos para continuar procesos, no necesariamente será porque lo persiguen sino, también es probable, porque algo quedo mal hecho. Lo que no implica delitos y de ahí debería nacer su tranquilidad.
En este país se dice públicamente que el organismo de control es para el partido de oposición. ¡Eso da vergüenza! Un tribunal de cuentas debe ser independiente de la política.
Incluso, el Alcalde podría estar haciendo pedagogía sobre las fallas de los organismos de control, entre las cuales la más protuberante es algo que no existe en la mayoría de los sistemas de control del comportamiento de los funcionarios públicos: que en Colombia quien instruye los casos es también quien sanciona. La clave del sistema judicial, además de la ecuanimidad en el juicio que queda más garantizada cuando tales instancias son distintas, es su independencia frente a los otros poderes. Y los organismos de control, por el mecanismo de designación de la cabeza de la entidad, dependen de la política.
Posiciones discutibles
En este país se dice públicamente que el organismo de control es para el partido de oposición. ¡Eso da vergüenza! Un tribunal de cuentas debe ser independiente de la política en su diseño, debe estar conformado por profesionales.
Resulta que los miles de nombramientos están casados por el mecanismo de designación de la cabeza de la entidad, que depende del mismísimo diablo, el gigantesco caldo de cultivo de la corrupción: los cuerpos colegiados. La otra falla protuberante es que el alcalde de Bogotá no tiene instancia de apelación.
Pero no puede ser que Gustavo Petro, artífice de la investigación y judicialización de quienes integraron el carrusel de la contratación, sea quien se sienta ofendido y perseguido por las investigaciones que adelantan los organismos de control. No puede decir él, cuyas denuncias llevaron a la detención de un Alcalde, parlamentarios, funcionarios, contratistas, etc., que entonces primó la ley mientras que cualquier cosa que le pase a él es una persecución política. No puede seguir sosteniendo que si un organismo de control actúa contra otros es la ley y si lo hace contra él es un atentado a la democracia.
No es posible que alguien que está a cargo de la Alcaldía mas importante del país, después de haber recibido una amnistía por su pasado, pretenda tener licencia abierta para usar la ley.
Porque, la verdad sea dicha, ya los órganos de control, con o sin competencia, actuaron atendiendo sus instrucciones y denuncias, y destituyeron al Alcalde de la ciudad, también de un partido de la izquierda, y la ciudad, el país y la democracia no se cayeron. Creer que si a él le pasa algo las cosas serán a otro precio parece un exabrupto, que poco honor hace a su debido talante de estadista.
En medio de las discusiones de paz, de los aires de futuro que soplan, no es posible que alguien que está a cargo de la Alcaldía mas importante del país, después de haber recibido una amnistía por su pasado, pretenda tener licencia abierta para usar la ley, como si al retornar a la vida civil no hubiese adquirido una obligación con la constitución y las leyes. Tampoco es posible que evada la responsabilidad sobre las consecuencias de tomar decisiones y acuda a argumentos de la buena voluntad o los propósitos loables que estaban sustentando tales decisiones.
La izquierda: ¿buena en la oposición, pero mala para gobernar?
También debe saber que él se juega una carta muy importante de la izquierda colombiana: demostrar si, finalmente, puede gobernar o solo podrá ser minoría opositora.
Las elecciones nacionales, el futuro de la ciudad y la confianza de las nuevas generaciones en las instituciones demandan un ejercicio de gobierno más responsable y de mayor capacidad de sus integrantes para responder, con seriedad y mesura, por las consecuencias de sus decisiones.
Seguro que si el Alcalde no cometió ningún error intencional, nadie podrá juzgarlo, porque la ley y la justicia actúan, lo que al final demostrará que eran innecesarias las intimidaciones, que bien haría en superar ya sus actitudes ligadas a un pasado de confrontación armada o congresista.
* Cofundadora de Razón Pública; para ver perfil de la autora, haga click en este enlace.
