En vez de proponer reformas inútiles, debemos buscar soluciones realistas para los principales problemas de Colombia. Y Bogotá lleva treinta años de darnos el ejemplo en materia fiscal.
Carmenza Saldías*
Lo que no necesitamos
Se dice que pronto habrá una reforma tributaria porque hay que cumplir con los mandatos del Fondo Monetario Internacional (FMI) y de las calificadoras de riesgo, porque hay que llenar el hueco fiscal exacerbado por la pandemia, por la reforma de 2019, e incluso porque hay que compensar las pérdidas del último año…
¿Pero realmente es un buen momento para hacerla? Depende del tipo de reforma.
Si se trata de hacer una como las anteriores, la respuesta es un no rotundo. Los gobernantes cometerán un grave y costoso error si deciden gravar a una sociedad críticamente empobrecida para obtener más recursos de las rentas del trabajo, la propiedad urbana y el consumo. Sería aún peor si, como lo han hecho hasta ahora, perpetúan los privilegios de los grandes poseedores de tierra y capital, las empresas y los conglomerados financieros. En ese caso, los más ricos serían los únicos beneficiados. El gobierno se haría un harakiri, pues la contracción económica sería excesiva y el malestar social podría provocar movilizaciones populares e inestabilidad política.
Lo que sí necesitamos
En cambio, sí es un buen momento para hablar de una reforma fiscal de carácter estructural que atienda problemas de fondo como la asignación, la eficiencia y efectividad del gasto, la distribución de competencias y recursos entre los distintos ámbitos del gobierno y la reconfiguración de la organización territorial.
Es hora de que los municipios y regiones dejen de ser meros agentes burocráticos de las circunscripciones electorales del viejo sistema nacional y se convierten en entidades autónomas y suficientes para satisfacer los intereses de la población y las actividades de sus jurisdicciones.
Antes de proponer una nueva reforma tributaria, es necesario discutir los criterios de dicha reforma, definir qué tipo de pacto social y económico queremos, y establecer cuál debe ser el aporte de la ciudadanía en materia económica. Esto implica debatir sobre el carácter del sistema social y económico, sus principios, condiciones y objetivos. Solo así será posible que los agentes sociales, políticos, económicos y culturales tengan plena conciencia de sus responsabilidades y las consecuencias de sus actos.
Los gobernantes cometerán un grave y costoso error si deciden gravar a una sociedad críticamente empobrecida
En la medida de lo posible, también es importante avanzar en la construcción de acuerdos que permitan poner en marcha un sistema tributario progresivo donde primen los impuestos directos a las rentas de la tierra y el capital. Este sistema deberá garantizar los recursos necesarios para cumplir los objetivos de sostenibilidad, equidad y redistribución. Así mismo, es importante considerar la posibilidad de establecer una renta básica universal que permita que toda la población solvente dignamente sus necesidades de consumo básicas.
Antes de aceptar una nueva reforma tributaria, debemos recordar que en los últimos 25 años se han realizado más de 20 reformas, y ninguna ha logrado estabilizar los recaudos ni garantizar la sostenibilidad de las finanzas públicas. ¿Acaso necesitamos más pruebas de la incapacidad de los ministros de Hacienda para resolver nuestros problemas fiscales de manera definitiva?
Con respecto a las entidades internacionales, el gobierno debería revisar sus exigencias en vez de aceptar reformas casi anuales que han demostrado ser inútiles e insuficientes. Es difícil creer que cada nuevo ministro de Hacienda las admita por pura ingenuidad.
El ejemplo de Bogotá
Este fracaso reiterado de la nación –y de sus flamantes contratistas– contrasta con el caso exitoso de Bogotá, que padeció su última crisis fiscal entre 1992 y 1993. Desde entonces la ciudad ha presentado algunos impases producto de la escasez de recursos, pero no urgencias fiscales. No sobra recordar que en Colombia, donde abundan las brechas sociales y territoriales y las grandes deudas históricas, todos los recursos son escasos.
Sin embargo, Bogotá no tiene problemas fiscales y jalona al resto de la nación desde hace varias décadas, gracias a la gestión de los gobiernos de Jaime Castro y de Antanas Mockus. El primero contribuyó a preparar el Estatuto Orgánico de Bogotá y el segundo llevó a cabo el desarrollo y aplicación de los objetivos y mecanismos fiscales y tributarios orientados por los principios: “Todos ponen” y “Recurso público = Recurso sagrado”.
Las gestiones de ambos explican, en gran medida, el aumento sostenido de los ingresos tributarios de la ciudad durante casi 25 años, especialmente de impuestos como el predial –soportado en una gran fortaleza catastral–, el de industria y comercio y las contribuciones asociadas con el desarrollo inmobiliario y de infraestructura de la ciudad.
Antes de proponer una nueva reforma tributaria, es necesario discutir los criterios de dicha reforma, definir qué tipo de pacto social y económico queremos
Estas fuentes crecientes de ingresos propios han permitido que la ciudad invierta en los sectores sociales y urbanos con mayores carencias y que construya mecanismos de apoyo a la población en las demandas básicas, asimilables a la protección que brindan los Estados de Bienestar fuertes. En los últimos años, el nivel de vida de los bogotanos se ha elevado de forma casi generalizada.
El aumento en la tasa de tributación impuesta Bogotá después del Estatuto Orgánico y las contribuciones al sector inmobiliario no han detenido ni disminuido el crecimiento económico. De hecho, en los últimos cinco lustros, la economía bogotana solo se ha visto afectada en las crisis agudas de 1998, 2008 y seguramente 2020.
La fortaleza fiscal y tributaria de Bogotá ha jalonado intensamente la economía y las finanzas nacionales. Como la capital colombiana representa más de la mitad del trabajo formal y del mercado de consumo nacional, se ha convertido en el objetivo predilecto de la agencia tributaria nacional y en la contribuyente más importante a las arcas nacionales, muy por encima de su participación en el PIB del país. Esto quiere decir que buena parte de los recursos del Sistema General de Participaciones son producto de los aportes de Bogotá, lo cual corrobora su solidaridad interterritorial.
En definitiva, no es hora de llevar a cabo otra reforma tributaria, pero, sí es momento de abordar las grandes discusiones sociales, económicas y fiscales que nuestros gobernantes han evadido durante años. Ahora que se acercan las próximas elecciones, es necesario confrontar los problemas de fondo del país y proponer soluciones realistas y creativas que permitan construir una sociedad más equitativa, justa y sostenible.
