Una denuncia analítica y altamente preocupante sobre lo que hay detrás de los roces entre el gobierno central y el distrital – y sobre lo que ellos implican para la ciudad.
Carmenza Saldías Barreneche*
Con sus actuales decisiones, improvisadas e irracionales, el Alcalde está poniendo en riesgo los logros sociales, él que se dice defensor de los intereses populares.
Foto: Gustavopetro.com
Ciudad en riesgo
Después de dos décadas de una relativa y frágil seguridad sobre el rumbo de la ciudad, hoy reaparece la incertidumbre en el horizonte, y se expresa en dos frentes: el del gobierno nacional y el del propio gobierno distrital. Ambos están convirtiendo a Bogotá en un escenario de debates de interés político, nacional o electoral, pero alejados de las realidades y necesidades de sus habitantes.
Teniendo en cuenta la trascendencia de las discusiones y decisiones en curso, sorprenden el poco interés de la ciudadanía, la débil reacción de las organizaciones sociales y comunitarias y la inacción del sector productivo, que parecen ver la situación como un asunto ajeno a unas y otros. Sin embargo, solo una participación oportuna e incidente podrá evitar que las amenazas se concreten, y preservar el rumbo autónomo de la ciudad en el marco de una adecuada construcción y gestión regional, tal como corresponde a los tiempos que corren.
El gobierno nacional al ataque
El gobierno Santos tiene dos tipos de intereses de corto plazo en Bogotá: uno, demostrar que la ciudad está mal como resultado del fracaso del “modelo alternativo” que la ha gobernado y, dos, ocupar sus espacios para ganar respaldo electoral y garantizar tanto la reelección presidencial como una eventual recuperación de la Alcaldía para los partidos que le son afines.
Para demostrar que la ciudad va mal están unidos el gobierno nacional, los organismos de control y la clase política tradicional:
- Es usual que funcionarios nacionales de segundo o tercer orden, empleados del presidente y no pares del alcalde, refuten, discutan o desvirtúen públicamente las acciones y actuaciones del gobierno distrital. Siendo veraces, a veces con causa justa.
- No pasa una semana sin que los titulares registren declaraciones de órganos de control sobre los líos de entidades distritales, mientras omiten aludir a problemas similares en otras ciudades –por ejemplo, el transporte masivo con iguales o peores retrasos y sobrecostos y con los mismos agentes nacionales, públicos y privados, involucrados en tales desastres.
- La forma despectiva y atrevida como se refieren a la ciudad, en realidad, a su ciudadanía, los líderes nacionales, que aluden a ella como si fuera la responsable de decisiones y equivocaciones de los gobiernos o funcionarios distritales, pero sobre todo del mal manejo del Estado Nacional. Ellos saben que alimentar la malquerencia contra Bogotá, y la confusión entre la ciudad y la capital, siempre rinde réditos.
En ese contexto, la creación de la Consejería para Bogotá (y la región) es una interferencia directa y excesiva del gobierno nacional, considerando que la ciudad es la central de energía “nuclear” de la economía y el desarrollo nacional (lo de locomotora es obsoleto para indicar su verdadera fuerza). Pocas ciudades con similar peso –poblacional, económico, fiscal, político, global- reciben tal intromisión nacional, excepto Caracas, dividida y fragmentada para gloria del poder central. Por el contrario, en torno a ciudades como Bogotá se están organizando las propuestas federales y regionales más interesantes e innovadoras del mundo.
En cuanto a las razones que se aducen para crear la Consejería, de un lado indicarían que el propio gobierno central no espera mayor efecto de la mal llamada ley orgánica de ordenamiento territorial y sigue necesitando más instancias para hacer gestión regional y, de otro lado, que tales razones son mas pertinentes para otras regiones del país, con menor autonomía política, fiscal y económica que Bogotá, y con tensiones sociales y de seguridad bastante más intensas que las nuestras.
Ahora bien, el presidente al nombrar como consejera a Gina Parody, aunque no lo reconozca, pone en escena sus intereses políticos y declara la oposición decidida, de cara a los próximos procesos electorales.
- Primero, porque la consejera parte de sus propuestas de campaña o de la visión nacional sobre asuntos donde se sabe de antemano que el Alcalde o la visión distrital son distintos, de suerte que en vez de diálogo no hay más que controversias permanentes.
- Segundo, porque la discusión no se reduce a los temas a cargo de la Consejería sino que implica a otras entidades del orden nacional –los ministerios de Vivienda, de Transporte, de Salud…- que tienen sus propias agendas, lo que garantiza un ataque permanente y simultaneo desde varios frentes. Y en algunos temas, enfrentamientos o posiciones distintas entre los funcionarios nacionales, que hacen vistosos los debates y dan la sensación de que la ciudad está en sus manos, no en las del alcalde y sus funcionarios.
- Tercero, porque el gobierno nacional tiene una gran capacidad para manipular los términos de tales debates, y con la fuerza de la prensa oficialista “demuestra” fácilmente las bondades de sus propuestas y la inconveniencia de las propuestas y actuaciones del Alcalde y sus colaboradores.
- Cuarto, porque de tema en tema, el presidente ha venido armando una agenda para Bogotá con metas de seguridad, familias en acción, vivienda, servicios públicos, salud, movilidad, etc., que le ayuda a penetrar y seducir el mercado electoral distrital.
- Quinto, porque al integrar a Parody a su equipo capitaliza no solo su espacio político en Bogotá, sino que se apropia de alguna porción de lo construido por Antanas Mockus, que lo enfrentó en las elecciones de 2010 y apoyó a Parody en 2011, neutralizándolo y cooptando su discurso y resultados en Bogotá para sostener la campaña reeleccionista en 2014 y la recuperación de la ciudad por los partidos tradicionales vestidos con nuevos ropajes en 2015.
- Sexto, porque al debilitar a los actores que demuestran que otros caminos son viables para la ciudad, el establecimiento podrá reforzarse y consolidarse, fortalecido a la hora de abordar el proceso de paz.
En el juego del poder, este capítulo parece perdido para la autonomía de la ciudad: en el corto plazo, ella será parte del margen de maniobra en las elecciones presidenciales y, al mediano plazo, la hija prodiga que vuelve al redil de la clase política tradicional, después de renegar de las “aventuras” políticas, convenientemente deslegitimadas sin haber sido nunca realmente reconocidas ni valoradas.
¿Y tú también, Petro?
El llamado a defender la ciudad, sus logros y resultados de las últimas décadas, es el gobierno distrital, como líder de la ciudad y heredero de los errores de sus copartidarios. Sin embargo, ahora es el primer en desconocerlos, en renegar de las mejoras, en ignorar las decisiones precedentes, en malinterpretar las causas y el contexto de estas, en atribuir a un inexistente neoliberalismo los males de la ciudad y en no reconocer que, en parte, estos se deben a los devaneos populistas y clientelistas de sus allegados políticos.
Gina Parody pone en escena intereses políticos de Santos y declara la oposición decidida, de cara a los próximos procesos electorales. Foto: Presidencia |
Para agravar las cosas, tampoco está entendiendo el contexto de las decisiones actuales y está generando presiones innecesarias e inconvenientes sobre los contribuyentes, inflando expectativas asistenciales entre los usuarios de servicios hasta niveles que empiezan a poner en duda la capacidad fiscal para atenderlas, reversando asuntos estructurales, como el fortalecimiento de la capacidad regulatoria y la reducción de la operación directa de algunos servicios públicos y sociales, que son las razones fundamentales de las mejoras que se registraron al respecto.
Con sus actuales decisiones, improvisadas e irracionales desde muchos puntos de vista, el Alcalde está poniendo en riesgo los logros sociales, él que se dice defensor de los intereses populares. En cuanto a los servicios públicos –como el agua, el aseo y el transporte-, debería saber que si en otras épocas fueron el dolor de cabeza de la ciudad, en mucho se debía al carácter publico de las empresas prestadoras, que debían escoger entre generar empleos y realizar actuaciones para mantener el caudal político y clientelista o servir a los usuarios como la Constitución y la ley ordenan.
A estos problemas se suma una pérdida de confianza de la ciudadanía en el aparato público, que viene desde el gobierno anterior, pero que el Alcalde, un año después de haber sido elegido, no ha logrado contrarrestar; tampoco ha acumulado más respaldo que el que obtuvo en las urnas, y más bien puede profundizar el escepticismo por las decisiones actuales, con efectos fiscales, sociales, económicos e internacionales muy preocupantes, no solo para la ciudad sino también para el país.
Regresar a la época en que la institucionalidad distrital era un lastre y no un factor de impulso creativo y productivo para la ciudadanía puede representar un riesgo excesivo para la economía pública y privada de la ciudad, para su prestigio global y la atracción de inversiones; para su fiscalidad, que es la bolsa que todos desean. Si en vez de fortalecer la autonomía sobre la base de una organización distrital fuerte, coherente y seria, se debilitan las capacidades regulatorias y de control por ocuparse de la operación, el Alcalde expone su institucionalidad a la intervención del gobierno nacional, como ya está ocurriendo con la Superintendencia de Puertos en Transmilenio, o a la acción de los órganos de control, que mantienen especial adicción a los asuntos distritales. Y hacer aparecer la ciudad como subordinada de la Nación es regresarla a las épocas anteriores a la Constitución de 1991, cuando la ciudad dependía de su acción tutelar, con los efectos entonces padecidos.
Antes que contribuir al fortalecimiento de la imagen de la ciudad en el plano global, este trato de “subordinada” afectara la confianza internacional en la ciudad y aun en el país, porque no se puede olvidar que ambas imágenes se retroalimentan.
Y ahora, ¿quién podrá defenderla?
Entre tanto, ¿quién responde por el rumbo de la ciudad? Pocos sabían hacia donde iba, a pocos parece interesarles, la mayoría está desinformada, y sin embargo es claro que ese rumbo había permitido los buenos resultados que están a la vista.
La creación de la Consejería para Bogotá |
Entonces, ¿por qué desconocerlo? ¿Por qué cambiarlo? ¿Por cuál cambiarlo? La ciudad traía un norte incluyente, que era hacer la mejor ciudad en el sur y el occidente, y las mejores ciudades y los campos más productivos en el entorno regional. Todo indica que se está logrando. Pero el salto al vacío que proponen, tanto la izquierda como la derecha, desde el pasado feudal y agrario no debería ser el camino. La ciudadanía tiene el deber de hacer valer su derecho a participar en estas decisiones.
Es más, hacer un ejercicio de autonomía desde la ciudadanía, el gobierno, el sector privado, las organizaciones comunitarias, podría ser el principio de la solución no solo para la ciudad sino para todas las ciudades y regiones del país. Al respecto, podría ser interesante que se gestionara un referendo como los propuestos en Cataluña, Escocia y otras regiones europeas, no tanto para ser aprobado de inmediata, como para poner en evidencia que la ley 1454 de 2011, mal llamada de ordenamiento territorial, no resuelve las aspiraciones de una distribución equilibrada de competencias, recursos y capacidad de decisión entre los distintos niveles de gobierno. Es decir, que la discusión sigue abierta.
En fin, es la hora de la gobernanza y no de la gobernabilidad. No es el Presidente el que gobierna en la ciudad, pero tampoco es el Alcalde quien marca autoritariamente su destino. Son la historia y el presente de la ciudad los que le indican al Alcalde qué debería hacer y es el Alcalde quien debe ayudar a proteger la ciudad de los ánimos centralistas que quieren imperar de nuevo. En esta coyuntura, su deber es defender la ciudad, no facilitar que se pierda.
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