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Propuestas de reforma a la Justicia

Escrito por Juan Manuel Charry

Mano extendida insertando voto en la urnaAl lado de la paz y la seguridad ciudadana, la crisis judicial es una urgencia sentida por los colombianos. Los candidatos propusieron muy diferentes fórmulas al respecto, pero ninguno abordó los problemas neurálgicos.

Juan Manuel Charry Urueña*

Los  problemas

Mucho se ha dicho de la fracasada reforma a la Justicia, y se ha debatido sobre aumentar la edad de ingreso y retiro de los magistrados, suprimir las funciones electorales de las altas corporaciones judiciales, suprimir el Consejo Superior de la Judicatura y reformar la manera como se escogen y eligen los magistrados, entre otras cosas.

Además, no cesan los escándalos en la administración de justicia, se denuncian carruseles de pensiones, viajes en crucero de aspirantes con magistrados electores, tráfico de influencias y corrupción, intrigas y enfrentamientos para nombrar a los nuevos magistrados, choques de trenes, congestiones en los despachos y demoras de meses y años para decidir los procesos.

El reciente caso del alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, donde se acudió a una avalancha de tutelas para lograr la protección contra el fallo de la Procuraduría, trajo propuestas para reformar la acción de tutela.

Los problemas de la Justicia pueden dividirse en dos grupos: unos relacionados con la  organización de la Rama Judicial y otros con el acceso y eficiencia de la función jurisdiccional.

En cuanto al diseño constitucional del sistema los problemas consisten en la politización de la Justicia, las decisiones u órganos vulnerables a las influencias políticas, la judicialización de la política, la hipertrofia de la Rama Judicial, las cuatro altas corporaciones judiciales que chocan con decisiones contradictorias y la carencia de controles y responsabilidades efectivas en la conducta de los magistrados.

Por otro lado, los problemas de acceso y eficiencia de la función jurisdiccional incluyen la congestión en los despachos judiciales. Por eso se demoran las decisiones y suelen ser de mala calidad, también por eso hay altos índices de impunidad en materia penal.

Por último, no puede olvidarse que las negociaciones de paz pasan por la administración de justicia, no solo porque los acuerdos se someterían a referendo (lo cual implicaría controles por parte de la Corte Constitucional) sino porque los miembros de los grupos guerrilleros estarían sujetos a la justicia transicional.

Por todo eso habría sido de esperar que los candidatos presidenciales hubieran presentado y debatido extensamente sus propuestas para mejorar la administración de  justicia. Veamos.


El candidato Oscar Iván Zuluaga propone asegurar
el fuero militar y reformar la justicia penal militar.
Foto: Ronald Dueñas

Clara López Obregón

Considera que la justicia se ha deteriorado y que debe fortalecerse, manteniendo su independencia.

Propone un presupuesto creciente, promover la tecnificación y la capacitación, fortalecer el sistema de información del Consejo Superior de la Judicatura, introducir el sistema oral en todas las jurisdicciones y simplificar los procedimientos tomando como referente la experiencia de la tutela.

También propone la participación de las facultades de derecho y las organizaciones de jueces, fiscales y sociedad civil en la elección de fiscal, procurador y defensor, así como de magistrados de la Sala Jurisdiccional del Consejo Superior de la Judicatura y en lo cargos que correspondan al gobierno para integrar la Corte Constitucional.

Propone intensificar la labor investigativa de la Policía y orientar la cooperación judicial con Estados Unidos hacia la plena verdad y reparación de los delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra cometidos en Colombia.

Pero sus propuestas carecen de coherencia y parecen más una lluvia de ideas, algunas interesantes como “tutelizar” los procedimientos, y otras extrañas como tratar de  reorientar la cooperación judicial de Estados Unidos.

Poco o nada se dice sobre la responsabilidad y elección de los magistrados de las altas corporaciones, sobre las funciones electorales de las cortes, sobre la incidencia judicial en las decisiones políticas, o sobre los choques de trenes, y se trata más bien de una propuesta pobre que acude a lugares comunes.

Marta Lucía Ramírez

Propone agilizar los procedimientos, acabar con la politización de la justicia mediante el restablecimiento de la cooptación en las altas cortes, de manera que el Congreso no elegiría magistrados, así como suministrar infraestructura física y tecnológica para que la justicia sea ágil, transparente y auditable por los ciudadanos.

Propone descentralizar la justicia, que los CAI reciban denuncias, sustituir el Consejo Superior de la Judicatura por un Tribunal Disciplinario, eliminar el Consejo Nacional Electoral, adoptar la colegiatura para vigilar a los abogados, fortalecer la acción de tutela, e imponer límites para presentar acciones contra sentencias judiciales.

Al igual que en la propuesta anterior, se trata más de una lluvia de ideas, sin explicar cómo ejecutarlos. Llaman la atención el restablecimiento de la cooptación, la supresión del Consejo Nacional Electoral y el referirse a las acciones de tutela contra sentencias judiciales, que es uno de los temas más polémicos de la justicia.

Sin embargo, se trata de un programa sin estructura que no alude a las responsabilidades de los magistrados, a las competencias de juzgamiento y control de los congresistas, ni a las funciones de la comisión de acusaciones de la Cámara de Representantes.

Enrique Peñalosa

Propone suprimir las funciones electorales de las altas cortes. En cuanto a la paz, seguiría las directrices de la Corte Constitucional, en el sentido de que no se pueden suspender todas las penas, y se concentraría en las garantías de no repetición de los delitos.

La justicia no tiene un apartado especial dentro del programa de Peñalosa, y sus  propuestas se presentan en relación con temas tales como la corrupción, la salud o la  paz. Prácticamente, el candidato no tiene una propuesta sobre administración de Justicia.


​Clara López propone la elección popular del Fiscal 
General, el Procurador y el Defensor del pueblo.
Foto: Procuraduría General de la Nación​

Oscar Iván Zuluaga

Propone asegurar el fuero militar y reformar la justicia penal militar. Señala una impunidad del 95 por ciento, denuncias de solo el 24 por ciento de los delitos, demoras en la ejecución de contratos de 1.345 días, congestión de procesos de 6.337 por 100.000 habitantes, así como una población reclusa de 30,8 por ciento sindicada y 69,2 condenada.  

En relación con el proceso de paz insiste en la justicia con verdad y reparación. En materia de justicia propiamente señala 10 puntos: Ministerio de Justicia como diseñador de políticas, mejorar la situación carcelaria, modernizar el sector justicia, fortalecer la Fiscalía, corregir fallas del sistema penal acusatorio, descongestionar los despachos poniendo como meta una disminución del 50 por ciento, justicia para la mujer, fortalecer el sistema de responsabilidad penal del adolescente, fortalecer la defensa judicial del Estado y promover las colonias penales agrícolas.

Esta propuesta está bien organizada, se apoya en diagnósticos y recurre a fuentes. Además se ocupa de la justicia penal militar y de la justicia transicional, propone soluciones y metas en temas tales como descongestión, y se preocupa por la impunidad. Sin embargo, nada dice sobre la responsabilidad de los magistrados y su forma de elección, como tampoco sobre competencias de control de congresistas, ni judicialización de la política.

Juan Manuel Santos

En el sitio web de la campaña no se encontró una propuesta referente a la justicia. Pero el presidente-candidato  aludió al tema en varias ocasiones registradas en los medios de comunicación, donde propone reformar la acción de tutela y modificar las funciones electorales de las altas corporaciones judiciales. Sin embargo, se confunden las declaraciones presidenciales con las propuestas programáticas para el próximo gobierno.

Así las cosas, no parece haber una propuesta específica en materia de justicia, sino, como el caso de otros candidatos, una serie de ideas sobre aspectos puntuales, sin abordar los temas de fondo relacionados con la responsabilidad y elección de los magistrados, controles judiciales a congresistas, incidencia judicial en la política y choques de trenes.

Conclusión

Las propuestas y programas de gobierno carecen de organización, de diagnóstico y de soluciones sistemáticas, que señalen fuentes de financiación, metas y controles. Tal vez, el mejor esfuerzo sea el de Oscar Iván Zuluaga, quien intentó un diagnóstico y organizó las propuestas.

En cuanto a la politización de la justicia, algunos coinciden en suprimir las funciones electorales de las altas cortes, pero no dicen quiénes deberían asumirlas.  Ramírez propone volver a la cooptación, que en las actuales circunstancias parece inconveniente pues requeriría la revocatoria de los actuales magistrados.

Ningún candidato tiene propuestas sobre la judicialización de la política y las competencias cruzadas de control a congresistas y juzgamiento político a magistrados, con excepción de Santos, quien se ha referido a la posible creación de un órgano de control para altos funcionarios.

Ningún candidato se ocupó de la existencia de cuatro altas cortes y los choques entre ellas. Hay referencias tangenciales a la acción de tutela contra sentencias, pero no se propone suprimir el Consejo Superior de la Judicatura, con excepción de Ramírez, quien propone sustituirlo por un Tribunal Disciplinario.

Hay menciones genéricas sobre congestión de los despachos y se propone tecnificar y agilizar los procesos, aunque resultan interesantes las propuestas de López para “tutelizar” los procedimientos y de Zuluaga para bajar las congestión en 50 por ciento.

En cuanto a la impunidad, hay referencias generales y propuestas para fortalecer la Fiscalía. Zuluaga trata de hacer la mejor propuesta, e incluye el tema carcelario y de género, sin embargo, no profundiza en las causas y soluciones de la impunidad.

Peñalosa y Zuluaga hacen mención expresa de la justicia transicional. También lo hace   por supuesto, el presidente Santos, aunque en este caso se confunden sus papeles de gobernante y de candidato.

Los retos en materia de reforma a la justicia para el próximo periodo son muy grandes. Concertar con los magistrados podría ser un error, pero hacer las reformas sin ellos puede ser un preludio de bloqueo constitucional.

Imponer controles a los magistrados es una necesidad que despierta resistencias, y la vía de reformas a través del Congreso demostró ser inadecuada, pues sus miembros tienen intereses en relación a los controles judiciales y a procesos particulares. Pero una asamblea constituyente ha demostrado tener muchos opositores.

Los candidatos y el propio presidente han preferido pasar por alto estos asuntos y no debatirlos en la campaña electoral, con lo cual impiden que los electores respalden una propuesta de solución concreta.

 

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