El jurista recuenta el escándalo y encuentra su raíz en la Carta del 91: congresistas y magistrados como jueces recíprocos, escogencia de tutelas para ser revisadas por la Corte, injerencia de magistrados en nombramientos políticos…Urge hacer la reforma.
Juan Manuel Charry Urueña*
El escándalo
A raíz de la elección de Jorge Pretelt Chaljub como presidente de la Corte Constitucional se ha desencadenado un escándalo de grandes proporciones.
Para empezar, su elección se consiguió con una escasa mayoría de cinco votos, en lugar de la unanimidad acostumbrada. Esta vez tres magistrados votaron en blanco y uno votó en contra, pues al parecer tenían dudas sobre el candidato. Poco antes, el exmagistrado Nilson Pinilla también había manifestado sus reservas sobre Pretelt.
Al poco tiempo se presentó una denuncia del magistrado Mauricio González Cuervo ante la Comisión de Acusaciones, donde da cuenta de la versión del abogado Víctor Pacheco sobre la selección y revisión de un expediente de tutela de la empresa Fiduciaria Petrolera S.A (FIDUPETROL), por las cuales Pretelt habría pedido o recibido una suma millonaria. En este proceso también resultaron involucrados Alberto Rojas Ríos y el exmagistrado Rodrigo Escobar Gil.
La denuncia sobre los lamentables hechos ocurridos en la Corte Constitucional no se esclarecerá y no se impondrá sanción alguna a los magistrados involucrados.
Pretelt se defendió diciendo que él no intervino en la selección de la tutela, que la decisión fue adoptada por unanimidad por la Sala Plena de la corporación y que hace más de seis meses fue fallada en contra de los intereses de la parte representada por el abogado.
Después vino la reacción de los magistrados de la Corte Constitucional, que separaron de la presidencia a Pretelt por un término no definido o mientras se esclarecen los hechos, y anunciaron que revisarán los criterios para seleccionar acciones de tutela, que invitarán a las salas de selección a un representante de la Defensoría del Pueblo, que presentarán un proyecto de reforma de poderes para suprimir las funciones electorales de la corporación y que se harán públicas las declaraciones de renta de los magistrados.
Como si fuera poco, durante el curso de las investigaciones se hicieron públicas las escalofriantes declaraciones de Nilson Pinilla, quien dijo que Pretelt era capaz de “mandarlo a matar” por enfrentarse a él.
Sin embargo, quedan varios interrogantes por aclarar: ¿Por qué no presentó la denuncia el abogado Pacheco? ¿Por qué se revelan tan tarde las supuestas irregularidades? ¿Por qué no las denunciaron los demás magistrados?
 Palacio de Justicia en la Plaza de Bolívar de Bogotá. Foto: Iván Erre Jota |
La peor crisis
En las mediciones de confianza y credibilidad, la justicia colombiana aparece con una imagen negativa superior a la del Congreso, quien tradicional y casi invariablemente había tenido las peores calificaciones.
La imagen desfavorable de la justicia no es gratuita. Incidentes como el carrusel de pensiones, los cruceros judiciales, la “puerta giratoria” que permite a los magistrados pertenecer sucesivamente a varias cortes, las relaciones con personajes dudosos, el tráfico de influencias y algunos otros escándalos, explican esta percepción.
Además, las fallas estructurales que revelan la politización de la justicia, la judicialización de la política, la hipertrofia de la Rama Judicial, los “choques de trenes”, la congestión y la impunidad, han llevado a los ciudadanos a descreer de sus jueces.
La magistratura en las máximas corporaciones judiciales ha sido identificada como el “trampolín” para el éxito profesional, económico o político de sus miembros, lo que ha socavado sus fundamentos y viciando sus decisiones. Los intereses particulares y las agendas personales, en muchos casos, han prevalecido por encima de las competencias estatales.
Las denuncias recientes sobre irregularidades en la Corte Constitucional son otro hecho que se suma a la más aguda crisis de la justicia de la que se tenga memoria.
Yo te juzgo, tú me juzgas
Pero el problema viene de la Constitución de 1991, que diseñó un sistema de controles equivocado.
- Por una parte, sometió a los congresistas a un estricto régimen de inhabilidades, incompatibilidades y prohibiciones que se hace efectivo con la pérdida de investidura y conlleva la muerte política, sin perjuicio del juzgamiento penal por parte de la Corte Suprema de Justicia.
- Pero de otro lado se mantuvo el régimen de responsabilidad política para los magistrados de las altas corporaciones, así que las denuncias se tramitan en la Comisión de Acusaciones y son juzgadas por el Senado.
Este cruce de controles, en la práctica, produjo una todavía mayor ineficacia del control político, pues cualquier investigación en este campo sugiere que puede tratarse de una retaliación política contra los jueces que han fallado contra los congresistas.
A esto se suman la tremenda debilidad del Congreso, su permeabilidad a las presiones y a los distintos intereses de ocasión. En este sentido, las solicitudes gubernamentales para que la Comisión de Acusaciones acelere los trámites resultan discriminadoras si se tiene en cuenta que cientos de denuncias han estado paralizadas por decenas de años y no ha habido decisiones de responsabilidad efectivas.
Así las cosas, lo más probable es que la denuncia sobre los lamentables hechos ocurridos en la Corte Constitucional no se esclarecerá y no se impondrá sanción alguna a los magistrados involucrados. Solo quedará el escándalo.
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Selección de tutelas
Además, siguiendo el modelo norteamericano la Constitución de 1991 estableció que la Corte Constitucional, a su arbitrio, podría revisar algunos fallos de tutela.
A la Corte llegan mensualmente más de veinte mil tutelas, entre las cuales se seleccionan para revisión alrededor de cinco por cada mil. En estas condiciones, obtener la selección de un expediente para revisión de la Corte se convirtió en un verdadero privilegio y en una posibilidad para el uso de influencias, el pago de favores o corrupciones mayores.
Creadas las condiciones, no es de extrañar que este caso no haya sido el único y que en el pasado ya se hayan hecho denuncias y señalamientos al respecto.
Politización de la justicia
Se ha dicho con razón que el constituyente de 1991 fue ingenuo al pretender que los jueces incidieran favorablemente sobre las elecciones de los altos funcionarios del Estado, tales como procurador, contralor, defensor y registrador.
El efecto fue inverso: las malas prácticas políticas se proyectaron en las corporaciones judiciales y no tardaron en conformarse alianzas políticas y grupos rivales, y usar los nombramientos para el pago de prebendas.
Se deben rescatar los altos cargos judiciales, para que no sean presa de oportunistas e inescrupulosos.
Como la Corte Constitucional participa en la elección del procurador general de la Nación y del registrador nacional del Estado Civil, con la particularidad en este último caso que los electores son solamente los presidentes de las corporaciones, la influencia de un presidente de la Corte Constitucional puede ser determinante.
Por eso, alrededor del incidente Pretelt está también la circunstancia de que este año se debe elegir registrador y de que hay diversos intereses que hubieran podido estar detrás de la situación y del escándalo.
Rescatar la justicia
Las presidencias de las corporaciones judiciales son una dignidad que los miembros de la institución confían a uno de sus miembros por períodos anuales para que cumpla con funciones administrativas y de vocería que incluyen la programación y conducción de las salas, así como las declaraciones a medios de comunicación y la asistencia a actos oficiales.
Estas presidencias no implican un reconocimiento académico o intelectual, ni un voto calificado, como tampoco la posibilidad de reelección, pues se someten a acuerdos que suponen la rotación entre distintos grupos, dependiendo de criterios políticos, regionales y hasta de procedencia universitaria. Se ha llegado a sostener que la posibilidad de gozar de pasaporte diplomático es uno de los elementos apetecidos entre los beneficios de la dignidad.
La presidencia de Jorge Pretelt obedecía al desarrollo de ese tipo de acuerdos y no debía ofrecer dificultad de ninguna índole, hasta que se atravesó el abogado Víctor Pacheco.
Las alarmas sobre el mal estado de la administración de justicia están encendidas de tiempo atrás, y se requieren medidas urgentes y profundas que rescaten la dignidad y majestad de esta función estatal.
Reformar la Constitución
En el Estado de Derecho no deben existir cargos públicos sin controles efectivos. La urgencia de evitar que la delincuencia organizada incursionara en política justificó estrictos controles a congresistas, pero en la práctica produjo la más completa impunidad respecto de las faltas y desmanes de los magistrados de las altas corporaciones.
Ha quedado ampliamente demostrado que la participación de los magistrados en la elección de otros altos cargos del Estado lleva a esas corporaciones judiciales malas prácticas políticas.
Si bien es cierto que la acción de tutela ha sido un importante instrumento de garantía de los derechos constitucionales, la revisión eventual al arbitrio de la Corte Constitucional abre espacios para los corruptos, por lo cual se debe modificar, aunque sin caer en formalismos y tecnicismos que la conviertan en otro recurso extraordinario de casación.
En síntesis, la noticia criminal en la Corte Constitucional indica, mírese por donde se mire, que se deben rescatar los altos cargos judiciales, para que no sean presa de oportunistas e inescrupulosos, dispuestos a venalidades para lograr realizar sus intereses personales.
*Abogado constitucionalista, ex decano de la Facultad de Derecho Universidad del Rosario. jcharry@charrymosquera.con.co y
@jmcharry
