Nueva Reforma a la Justicia: los problemas y los cambios necesarios - Razón Pública
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Nueva Reforma a la Justicia: los problemas y los cambios necesarios

Escrito por Juan Manuel Charry

Corte Suprema de Justicia

juan manuel charryUna mirada breve pero clara y completa a los grandes defectos de la justicia, a sus causas, a los remedios y al mecanismo para adoptarlos. La corrupción, la politización, los choques de poderes, la impunidad y la ineficiencia no dan tregua.

Juan Manuel Charry Urueña*

 

Vuelve y juega

Aún resuena en la memoria la estrepitosa caída de la reforma a la justicia.

El último intento de reforma naufragó porque los congresistas y magistrados de las altas cortes aprovecharon la oportunidad para introducir cambios favorables a sus propios intereses. Más todavía: hasta el momento no han concluido las investigaciones ni han sido sancionados los congresistas, como tampoco existe -sobra decirlo- una autoridad efectiva que investigue y sancione a los magistrados que fueron parte de aquel escándalo.   

El último intento de reforma naufragó porque los congresistas y  magistrados de las altas cortes aprovecharon la oportunidad para introducir cambios favorables a sus propios intereses. 

Y ahora un nuevo escándalo de corrupción en el Consejo Superior de la Judicatura vuelve a poner el tema sobre la mesa de las decisiones políticas, para que se proponga una vez más el trámite de una reforma constitucional, ignorando que las malas prácticas de los gobiernos y de los partidos son unas de las principales causas de los descalabros de la Justicia y que los involucrados en el escándalo probablemente quedarán impunes.

Judicatura
Consejo Superior de la Judicatura.
Foto: Rama Judicial del Poder Público

Se volvió politiquera

Las causas del pobre desempeño de la Justicia se originan en la ingenuidad del Constituyente de 1991, cuando creyó que la incidencia de los magistrados en la actividad política contribuiría a enaltecerla, y les confió el juzgamiento de los congresistas y la participación en las elecciones de Procurador y Contralor.

Lo cierto es que la influencia operó en sentido contrario, y las malas prácticas de la política se trasladaron a la Rama Judicial mediante la elección de magistrados del Consejo Superior de la Judicatura -la Sala Disciplinaria- y de la Corte Constitucional. De igual forma, mediante las presiones e intrigas de los congresistas para evitar sanciones y pérdida de investidura.

Los efectos fueron nefastos:

  • No tardaron en formarse grupos de poder dentro de las altas corporaciones judiciales
  • Se desataron guerras intestinas que bloquean las elecciones de los nuevos magistrados, llevándolas casi hasta el colapso.
  • Se produjo un carrusel de magistrados que han pasado de una corporación a otra.
  • Se  creó una mecanismo de intercambio de favores, por ejemplo  mediante nombramientos fugaces para aumentar el valor de las pensiones.

Los problemas centrales de la justicia colombiana

1. Te juzgo, pero no me controlas. Parece ser el lema. El diseño institucional de pesos y contrapesos resultó enfrentando el control político que debe tener el Congreso sobre los magistrados, con el juzgamiento de los congresistas por parte de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo de Estado. El descrédito del Congreso acabó por anular el control político y por exacerbar los controles judiciales y disciplinarios sobre los congresistas. El modelo se desbalanceó completamente ¿Acaso alguien se imagina unos magistrados con controles similares a los de los congresistas?

Las causas del pobre desempeño de la Justicia se originan en la ingenuidad del Constituyente de 1991, cuando creyó que la incidencia de los magistrados en la actividad política contribuiría a enaltecerla.

2. Choques de trenes. El diseño institucional ha ocasionado graves enfrentamientos entre poderes. Cuatro altas corporaciones judiciales -órganos de cierre en sus respectivas jurisdicciones- son cuatro cabezas sin capacidad de coordinación, que chocan y se contradicen. Esto se agrava con la acción de tutela contra sentencias judiciales, que pone en evidencia la lucha por la supremacía de las respectivas jurisdicciones, donde la Corte Constitucional ha salido ganadora. Se trata de una Rama Judicial hipertrofiada y disfuncional, que no logra cumplir con su función de administrar una pronta y cumplida Justicia.

3. Alta impunidad. De cada 100 homicidas solo condenan a ocho, lo cual  quiere decir que  la impunidad ronda el 92 por ciento para este delito grave – y claro, sería mayor para otros muchos delitos-. Del sistema semiacusatorio se pasó al sistema acusatorio puro, pero este no se ha consolidado y en opinión de muchos no está funcionando bien. Las investigaciones son lentas y engorrosas, e incluso parecería que solo avanzan cuando los medios de comunicación se fijan en algunas, o cuando hay intereses políticos de por medio. La Fiscalía reclama inversiones muy costosas, y sin embargo sostiene que no es objeto de control fiscal por parte de la Contraloría General.

4. Consejo Superior de la Judicatura. Este organismo es un sobreviviente a la fallida Reforma a la Justicia, pues se había llegado a un consenso para eliminarlo. El Constituyente de 1991, a mi juicio, cometió dos errores en el diseño de esta corporación:

El descrédito del Congreso acabó por anular el control político y por exacerbar los controles judiciales y disciplinarios sobre los congresistas. 

· El primero fue atribuir la administración de la Rama, garantía de su independencia y autonomía, a la Sala Administrativa, órgano colegiado y de cultura judicial muy poco apto para estas tareas. Y sin embargo esta Sala no se considera subordinada a las otras altas corporaciones judiciales.

· El segundo fue atribuir a la función disciplinaria un carácter judicial, de modo que la Procuraduría no controla a jueces y magistrados pero puede conocer acciones de tutela, con lo cual se suma a las posibles divergencias entre cortes y consejos. Además, en la conformación de la Sala Disciplinaria intervienen el Gobierno y el Congreso, que no le dieron la importancia merecida y los dividieron en cuotas partidistas al vaivén de los intereses de coyuntura.

5. Corte Suprema de Justicia. Se trata de una Corte de Casación, máximo órgano de la jurisdicción ordinaria, con funciones de investigación y juzgamiento para servidores públicos con fuero. La casación es un recurso elitista, formalista, técnico y obsoleto que ha sido desplazado por la acción de tutela contra sentencias judiciales, un control informal, expedito y que persigue la protección de los derechos fundamentales y no la salvaguarda de los tecnicismos judiciales. En relación con las investigaciones y juzgamiento de servidores con fuero, la Corte se enfrentó con el anterior gobierno y fue acusada de parcialidad política.

Se trata de una Rama Judicial hipertrofiada y disfuncional, que no logra cumplir con su función de administrar una pronta y cumplida Justicia.

6. Corte Constitucional. El Constituyente de 1991 pretendió independizar a la antigua Sala Constitucional en un órgano separado de la Corte Suprema de Justicia. Se inspiró parcialmente en el modelo español de Tribunal Constitucional, pero no la ubicó fuera de la Rama Judicial y trató de superar todas las diferencias jurisprudenciales tomando partido y elevándolas a norma constitucional, en aspectos tales como el control de las reformas y de los tratados.

Como la Corte Constitucional era por excelencia el órgano ejecutor de la nueva Constitución, sus decisiones iniciales fueron muy bien recibidas. Sin embargo fue ampliando sus funciones e invadiendo las legislativas y constituyentes; fue extendiendo los efectos de sus decisiones a través de los fallos condicionados, de la tutela contra sentencias, de los fallos con efectos interpares y de la declaratoria del estado de cosas inconstitucional.

 

Los componentes de una reforma

Estos problemas ameritan una reforma a fondo y algunos de sus componentes podrían ser los siguientes:

· La despolitización de la justicia, suprimiendo las funciones electorales de las corporaciones judiciales respecto de otros cargos del Estado.

· Es urgente establecer controles efectivos para magistrados de las altas corporaciones, en armonía con los que se aplicarían a los congresistas.

· Convendría considerar la supresión del Consejo Superior de la Judicatura y reemplazarlo por un órgano de administración apropiado, dejando los aspectos disciplinarios en términos similares a las otras ramas del poder público, con control preferente del Ministerio Público.

· No se justifica tener una Corte de Casación, existiendo acción de tutela contra sentencias judiciales. Cabe pensar en reemplazarla por un órgano de control político efectivo para los altos funcionarios y servidores de todos los poderes públicos.

· La Corte Constitucional debe tener límites en sus competencias y los magistrados controles ciertos.

· La investigación de los delitos merece especial atención, históricamente, no hemos logrado un sistema efectivo.

Gómez Méndez
El actual Ministro de Justicia, Alfonso Gómez Méndez.
Foto: Wikimedia Commons

La Asamblea Constituye es la mejor opción

Hay diversos caminos que pueden conducir a una reforma de la justicia.

Un cambio a través del Congreso es problemático. Como los congresistas son investigados por los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo de Estado y algunos de los magistrados del Consejo Superior de la Judicatura y de la Corte Constitucional son elegidos por los congresistas, resulta muy difícil e inconveniente que la reforma se haga mediante acto legislativo emitido por el Congreso. Abundarían los conflictos de intereses y se podrían repetir situaciones indeseables.

El referendo, en mi opinión, sería una vía inapropiada por la extensión de la reforma, su nivel técnico y por la inconveniencia de dividir cada uno de los aspectos, pues se trataría de una reforma integral, que no debería someterse a aprobaciones modulares.

el camino más apropiado sería convocar una asamblea constituyente, como un órgano especializado para estudiar y tramitar únicamente la reforma a la Justicia.

Por lo tanto, el camino más apropiado sería convocar una asamblea constituyente, como un órgano especializado para estudiar y tramitar únicamente la reforma a la Justicia. Los falsos temores consistentes en que abordaría otros temas como la reelección presidencial y asuntos relativos al proceso de paz se despejan cuando se entiende que se trata de un procedimiento regulado en los términos del artículo 376 de la Constitución, que tendría control por parte de la Corte Constitucional en su convocatoria como sobre el acto de reforma que expidiera.

*Abogado  constitucionalista, exdecano de la Facultad de derecho Universidad del Rosario.
jcharry@charrymosquera.con.co 

twitter1-1 @jmcharry

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