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Reforma de la justicia: una Constituyente para sus grandes problemas

Escrito por Juan Manuel Charry
juan manuel charry

juan manuel charryLa política está judicializada, la justicia está politizada, las altas cortes tienen choques continuos y la administración de la rama judicial no funciona. Por eso una reforma por consenso con los magistrados no es posible y en su lugar necesitamos una Constituyente que restablezca la inmunidad parlamentaria, evite que magistrados y funcionarios se sigan eligiendo unos a otros, aclare quién decide las tutelas contra sentencias y no confunda los jueces con los gerentes.

Juan Manuel Charry

0145Por consenso no se puede

La administración de justicia colombiana, en la calificación del Banco Mundial en cuanto a cumplimiento de contratos, está entre las diez peores del mundo; los índices de impunidad son muy altos; la congestión y demora en resolver procesos represados es inmensa.

Reformar la justicia es pues urgente. Y sin embargo, como hace unos meses sostuve en esta misma revista no es posible una reforma en consenso con los magistrados de las máximas corporaciones judiciales, por la sencilla razón de que son jueces y partes.

Esto quedó demostrado desde que la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia declaró inexequibles los proyectos de reforma de la justicia que el Congreso había aprobado bajo los gobiernos de López Michelsen (1977) y Turbay Ayala (1979), lo cual desembocó en una cuasi-ruptura institucional para convocar la Asamblea Constituyente de 1991. En efecto:

  • La Rama Judicial está hipertrofiada con cuatro altas corporaciones, 78 magistrados, que difieren y se enfrentan.
  • La arquitectura constitucional es propicia para judicializar la política y politizar la justicia.

Los intentos de buscar consensos para reformar la justicia han demostrado la incapacidad de coordinación entre los altos tribunales y la imposibilidad de tramitar iniciativas legislativas o constitucionales, con excepción del Código Contencioso Administrativo.

Por eso, en lugar de un proyecto negociado con las Cortes, sería necesario convocar a una Asamblea Constituyente que se ocupe de corregir las grandes equivocaciones en el diseño mismo de la Rama Jurisdiccional, y que a mi juicio son cuatro principales:

  • judicialización de la política,
  • politización de la justicia,
  • jerarquía y conflicto entre las altas cortes,
  • judicialización de la administración.

1. Judicialización de la política

La Constitución del 91 abolió la inmunidad parlamentaria, esencial para el funcionamiento democrático, y en su lugar creó el fuero de los congresistas, para ser investigados y juzgados por la Corte Suprema de Justicia. Así como se estableció la pérdida de investidura de los congresistas, decretada por el Consejo de Estado.

La inmunidad no debe ser sinónimo de impunidad, debe ser una garantía para el buen funcionamiento del órgano de representación y deliberación. Con su abolición, la democracia colombiana ha funcionado con un Congreso sub-judice, unido a las perspicacias de que se investiga y se sanciona con criterios políticos.

Habida cuenta de la existencia del conflicto armado de múltiples frentes (guerrilla, paramilitarismo y narcotráfico) que afecta a la sociedad entera y a muchos órganos estatales, en donde no siempre es fácil distinguir entre identidades ideológicas lícitas y colaboraciones ilícitas, el juzgamiento penal de los políticos se torna más difícil y la neutralidad del juez se puede tornar más borrosa, porque también puede estar afectado por el conflicto.

Ahora bien, la Corte Suprema de Justicia despojada de su función de control de constitucionalidad, quedó reducida a una Corte de Casación, atrapada en sus propios formalismos, sin mayor relevancia social ni política. Si el recurso de casación se suprimiera, como pensamos algunos, la existencia de la corporación quedaría en entredicho. En estas circunstancias, la calidad de juez penal de los congresistas adquiere una dimensión inusitada.

De contera, el Congreso queda prácticamente inhabilitado para el juzgamiento político de los magistrados de las máximas corporaciones judiciales, pues cualquier intento de investigación sería presentado como una retaliación contra la Rama Judicial. El resultado es la irresponsabilidad de los magistrados, lo cual es inaceptable en un Estado de Derecho.

La solución: Retornar a la inmunidad parlamentaria, que funcionó desde los orígenes de la república hasta 1991, y establecer un órgano neutral que decida cuando cesan sus efectos. De otro lado, establecer controles efectivos para los magistrados de las corporaciones judiciales.

2. Politización de la justicia

Se distribuyeron competencias de elección: de un lado, magistrados elegidos por el Congreso, y de otro lado funcionarios estatales elegidos por los magistrados.

El Senado elige a los magistrados de la Corte Constitucional. El Congreso elige a los magistrados de la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura. De otra parte la Corte Suprema de Justicia elige al Fiscal General de terna conformada por el Gobierno. Los presidentes de la Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia y del Consejo de Estado eligen al Registrador Nacional, mediante concurso de méritos. Estas mismas corporaciones integran la terna para la elección de Contralor General por parte del Congreso en pleno. La Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado participan en la conformación de la terna para que el Senado elija al Procurador General.

Así las cosas, los distintos candidatos despliegan sus campañas, en ocasiones cayendo en las malas prácticas de ofrecimientos burocráticos y la perversa lógica de la contabilidad de los favores recibidos y debidos. Recomendados, parientes y amigos de unos aparecen en las plantas y entidades de otros, en un intrincado “roscograma” u organigrama clientelista, que compromete la idoneidad de las funciones de todos.

La solución: que los funcionarios judiciales no participen en el proceso de elección de funcionarios estatales, y fortalecer la carrera judicial y la cooptación limitada para elegir a los miembros de las máximas corporaciones.

3. Jerarquía y conflictos entre las altas cortes

Se ubicó a la Corte Constitucional en la Rama Judicial en igualdad jerárquica con la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado y el Consejo Superior de la Judicatura y no se precisó en cuanto a la procedencia de la acción de tutela contra sentencias judiciales en firme.

Parecería que el Constituyente de 1991 hubiera tomado la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia para convertirla en una corporación independiente dentro de la misma Rama Judicial, y de esa forma establecer un Tribunal Constitucional al estilo del sistema europeo. Sin embargo, en ese sistema los tribunales están por fuera y por encima de la ramas del poder público, lo que explica su superioridad.

De otra parte, en materia de acción de tutela, parecería haberse tomado parcialmente el modelo español, pero sin establecer el recurso de amparo para providencias judiciales.

Estas dos circunstancias, la igualdad jerárquica de la Corte Constitucional con la otra Corte y los Consejos de Estado y Superior de la Judicatura, y la falta de precisión en cuanto a la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, con un desarrollo contradictorio de la jurisprudencia de la misma Corte Constitucional que inicialmente la declaró inexequible y después dio paso a la doctrina excepcional de las vías de hecho, ha causado uno de los mayores desbarajustes de la organización judicial.

Ninguna de las corporaciones judiciales acepta que sus sentencias límite, que han hecho tránsito a cosa juzgada, puedan ser invalidadas por la Corte Constitucional, que con ello se convertiría en su superior funcional.

De aceptarse la procedencia de la acción de tutela contra sentencias, la situación de la Corte Suprema de Justicia se torna más incierta, pues ante un control de constitucionalidad de las providencias judiciales, informal, expedito, relativo a derechos constitucionales, la casación resultaría inoficiosa y una Corte para tales efectos innecesaria.

Las soluciones:

  •     Una posibilidad, la menos popular, podría ser excluir la tutela contra sentencias, y con ello mantener la misma jerarquía de las máximas corporaciones judiciales.
  •     Otra posibilidad, la que parece estar configurándose, sería colocar a la Corte Constitucional por encima de las demás corporaciones y permitir la tutela contra sentencias.
  •     Finalmente, una solución intermedia consistiría en crear un recurso de constitucionalidad de las sentencias dentro de cada jurisdicción.

4. Judicialización de la administración

Se creó el Consejo Superior de la Judicatura como órgano de administración de la misma Rama Judicial, dirigido por magistrados y no propiamente por un gerente. El Consejo Superior no ha sido eficiente, además ha sido víctima de la politización, la corrupción y el desprestigio. Muchos somos quienes consideramos que debe suprimirse.

Por su parte la función disciplinaria fue judicializada en mala hora para impedir el control superior de la Procuraduría: la profesión de abogado no requiere de un órgano constitucional para su control.

No es necesario restablecer el Ministerio de Justicia. Los ministros son jefes de la administración y voceros ante el Congreso, por lo tanto, no deben interferir en la administración autónoma de la Rama Judicial y no deben tener la vocería de ésta ante el Congreso, pues las corporaciones judiciales tienen iniciativa y por ende vocería ante el Congreso.

Las soluciones: Debe suprimirse el Consejo Superior de la Judicatura y crear un director administrativo equivalente a un ministro de justicia de la Rama, considerar restablecer el control disciplinario nuevamente en el Ministerio Público y atribuir el control de la profesión de abogado a un tribunal de ética o consejo profesional.

En síntesis

Para reformar la Constitución en materia de justicia, en donde no es posible logar consensos con las corporaciones judiciales, y respecto de las cuales podrían bloquearse las reformas, se debe convocar una asamblea constituyente conformada democráticamente para que con amplia legitimidad haga las profundas transformaciones requeridas.

* Abogado constitucionalista, exdecano de la Facultad de Derecho de la Universidad del Rosario. Fue Procurador Auxiliar, Asesor de la Asamblea Nacional Constituyente, Conjuez de la Corte Constitucional, el Consejo de Estado y el Consejo Superior de la Judicatura. Es autor de numerosas publicaciones.
Agradeceré comentarios: jcharry@charrymosquera.com

 

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