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Ni reforma a la justicia ni equilibrio de poderes

Escrito por Juan Manuel Charry
Fachada del palacio de justicia

Fachada del palacio de justicia

Juan Manuel CharryEl experto resume el proyecto del Gobierno, identifica sus tímidos avances, señala sus faltantes, apunta sus peligros, y desmenuza sus propuestas críticas, como decir el tribunal de aforados o el sustituto del Consejo Superior de la Judicatura.

Juan Manuel Charry Urueña*

 

El porqué de la reforma

El ambicioso proyecto de reforma constitucional que el Gobierno presentó a estudio del Congreso se explica, entre otras cosas,  

– Por el fracaso estruendoso de la reforma a la justicia;

– Por las muchas críticas a la reelección presidencial que aconsejan su eliminación;

– Por la falta de instituciones y procedimientos que asignen responsabilidades efectivas a los magistrados de las altas corporaciones judiciales o a otros altos funcionarios como el fiscal o el procurador; y

– Por criticadas prácticas políticas como la doble instancia en el juzgamiento de congresistas, el voto preferente y la circunscripción nacional para Senado.  

Es claro que la imagen de la administración de justicia se ha deteriorado dramáticamente y que su desprestigio ha llegado a superar el del Congreso.

Es claro que la imagen de la administración de justicia se ha deteriorado dramáticamente y que su desprestigio ha llegado a superar el del Congreso, lo cual contrasta con el supuesto “gobierno de los jueces”, que no es más que la judicialización de las decisiones políticas y fiscales.

Han sido muchos los escándalos que ayudan a este desprestigio: el carrusel de las pensiones, el turismo judicial, los choques de trenes, las descalificaciones hechas por magistrados salientes, el clientelismo y la politización.

Pero hay que decir que algunos de los mecanismos que esta propuesta quiere reformar vienen de la Constitución de 1991, como la circunscripción nacional para Senado y el juzgamiento de congresistas y magistrados.  Otros en cambio provienen de decisiones más recientes, como la reelección presidencial y las limitaciones al Consejo Superior de la Judicatura para el control disciplinario a magistrados de las altas corporaciones.

Magistrados con el presidente en la sala del consejo de estado
​Sala del Consejo de Estado.
Foto: Señal Radio Colombia

Equilibrio de poderes y reforma a la justicia

El gobierno ha pretendido articular los diferentes temas en una sola propuesta de “equilibrio de poderes y reajuste institucional”, que se podría entender como una reforma en cuatro frentes:

– Prohibir la reelección de cargos uninominales nacionales.

– Tribunal de responsabilidades para altos funcionarios del Estado.

– Reforma a la justicia.

– Reforma política.

En la Rama Judicial, el cambio más importante sería suprimir las funciones electorales de las cortes en relación con otros altos funcionarios. En cuanto a la administración de justicia el proyecto propone:

· Elegir por cooptación a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo de Estado, por mayoría de tres quintas (3/5) partes de sus miembros.

· 20 años de experiencia para ser magistrado.

· Retiro de los magistrados por calificación insatisfactoria a por cumplir 70 años.

· Imposibilidad de elegir a quienes hayan sido magistrados, durante el año siguiente a su retiro, en la Rama Judicial u otros altos cargos (supresión de la llamada “puerta giratoria”).

· Creación del Sistema Nacional de Gobierno y Administración Judicial.

Errores en el proyecto

El proyecto incurre en el error que la reforma a las corporaciones judiciales se hace a partir de órganos existentes. En otras palabras, serán los mismos magistrados que han incurrido en las prácticas censurables quienes se encargarán de elegir a sus colegas, gobernar y permanecer en los cargos hasta la edad de retiro. Así las cosas, se mantiene una forma de captura de las corporaciones por los mismos funcionarios criticados.

La mayoría calificada de tres quintas partes hará que sea muy difícil elegir a los nuevos magistrados y dará un inmenso poder de veto a las minorías. En el pasado, las corporaciones judiciales se han enfrascado en largos debates y pujas de poder, y las elecciones han llegado a demorar más de un año. Con la fórmula propuesta se mantendría esta situación y se dificultarán aún más las elecciones.

Más bien, habría que pensar en la revocatoria de los actuales magistrados y en una composición de las cortes completamente nueva.

Por otra parte, aumentar la experiencia para ser magistrado de diez a veinte  años es una propuesta ingenua que confía en mejorar la calidad de las personas mediante la exigencia de requisitos formales. Lo único que se logrará será que las cortes estén compuestas por personas de mayor edad.

En cuanto al aumento de la edad de retiro forzoso a los setenta años, parece conveniente y pondría fin a la absurda jurisprudencia de la Corte Constitucional que no aplica la limitación de retiro forzoso por edad a las corporaciones judiciales creadas por la Constitución de 1991, mientras que sí lo hace a las que existían entonces.

La supresión de la llamada puerta giratoria es muy tímida al establecer tan solo un año de inhabilidad para ocupar otros cargos. Si se quiere que la magistratura sea la culminación de carreras ejemplares en la academia, el ejercicio de la profesión o la judicatura, se debe ampliar el término a cinco o más años.

El llamado Sistema Nacional de Gobierno y Administración Judicial, además de construirse a partir de las desprestigiadas corporaciones existentes, pone las decisiones esenciales del gobierno y la administración en manos de los presidentes de las cortes y en otros funcionarios judiciales, cuando deberían estar en un órgano especializado e independiente.

Además, aunque la propuesta no suprime expresamente el Consejo Superior de la Judicatura, deja su existencia sujeta a la subrogación de artículos o a la derogatoria tácita, lo cual resulta inconveniente en un entorno de múltiples interpretaciones e inseguridad jurídica.

Tampoco se refiere al resto de la jurisdicción disciplinaria ni a la suerte que correrá el control de los abogados. En resumen, esta propuesta carece de disposiciones transitorias para evitar traumatismos y confusiones.

Sobre el tribunal de aforados

El elemento central de la propuesta parece ser el “tribunal de aforados”, que vendría a corregir la irresponsabilidad histórica de los altos funcionarios del Estado, con excepción de varios de los contralores generales que han sido condenados penalmente.

El que sería el nuevo tribunal de responsabilidades para altos funcionarios del Estado estaría integrado por siete miembros elegidos por el Congreso en pleno, para un período de ocho años e investigaría y sancionaría conductas por responsabilidades penal, disciplinaria y fiscal.

Esta medida parecería abolir la responsabilidad política a cambio de fundir en un solo órgano las demás responsabilidades. Este no reconocería las indicaciones del presidente de la República, quien se mantendría en el régimen anterior de la comisión de acusaciones y juzgamiento por el Senado, junto con los magistrados de este nuevo tribunal.

Por eso cabe preguntar cuál sería la naturaleza de dicho tribunal y dónde se ubicaría en la estructura del Estado, pues tiene funciones de distintas naturalezas y su procedencia sería política, lo que podría conllevar una violación de principios esenciales de la Constitución, además de ser inconstitucional por “sustituibilidad” en los términos establecidos por la jurisprudencia de la Corte Constitucional.

Serán los mismos magistrados que han incurrido en las prácticas censurables quienes se encargarán de elegir a sus colegas.

Atribuir funciones de responsabilidad fiscal parecería obedecer más a la coyuntura de discusión entre la anterior contralora y el actual fiscal general, con lo cual no solo se desarticularía el esquema dispuesto por la Constitución de 1991, sino que se crearía un órgano de naturaleza híbrida, que sería una cabeza más que le surgiría a la Rama Judicial.

De otra parte, se aplicaría al “tribunal de aforados” la muy criticable tesis de atribuir segunda instancia a la misma corporación u órgano, una solución peculiar establecida en el Decreto 1382 de 2000 para la tutela contra sentencias de las altas corporaciones judiciales.

A esto se suma que quiere dividir las funciones de investigación y juzgamiento en el mismo organismo, pretendiendo otorgar garantías que resultan puramente formales.

El Presidente Santos en el Consejo Superior de la Judicatura.
El Presidente Santos en el Consejo Superior de la
Judicatura.
​Foto: Presidencia de la República

Un mal proyecto

Como se puede ver, el proyecto es un texto improvisado que pretende resolver un problema esencial del orden constitucional – establecer las responsabilidades de los magistrados y demás altos funcionarios del Estado- pero sin encontrar una fórmula afortunada.

Por lo demás, el proyecto en su conjunto propone tímidos ajustes en la administración de justicia pues, como dije, suprime las funciones electorales de las cortes, establece una cooptación con mayoría calificada para elección de magistrados, eleva a 20 años de experiencia el requisito para ser magistrado, eleva la edad de retiro a 70 años y suprime la llamada “puerta giratoria”. 

Sin embargo, la reforma no resuelve los choques de trenes causados por la tutela contra sentencia; mantiene el control judicial a los congresistas, que es un factor básico de politización de las corporaciones judiciales; y no adopta medida alguna contra la congestión ni la impunidad.

Además, la propuesta para establecer responsabilidades de los magistrados aún es confusa y, en cambio, parecería contribuir más a la hipertrofia de judicial.

En síntesis, la propuesta de equilibrio de poderes es una limitada reforma a la justicia que deja los cambios en manos de los mismos que causaron la crisis, no resuelve algunos de los más graves problemas y propone un riesgoso régimen de responsabilidad para magistrados que no parece muy eficaz.

 

Abogado constitucionalista, ex decano de la Facultad de Derecho de la Universidad del Rosario. jcharry@charrymosquera.com.co

@jmcharry

 

 

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