Elección de magistrado en la Corte Constitucional - Razón Pública
Inicio TemasPolítica y Gobierno Elección de magistrado en la Corte Constitucional

Elección de magistrado en la Corte Constitucional

Escrito por Juan Manuel Charry
Juan_Manuel_Charry

Juan_Manuel_Charry

juan manuel charryHay mucho más en juego de lo que cree la gente. La Corte Constitucional se ha extralimitado por seis vías distintas, y hoy es el máximo poder en Colombia. Por eso hay quienes proponen reformarla. Pero no es cambiando la Constitución, sino cambiando a sus intérpretes, como se recuperará el equilibrio.

Juan Manuel Charry Urueña *

Juan_Manuel_Charry_Corte_Constitucional1

En Colombia se atribuyó a las máximas corporaciones judiciales más que controles y contrapesos. Pareciera estar convirtiéndose en una suerte de cogobierno de los jueces.

Cogobierno de jueces y choque de trenes

Desde la perspectiva de la teoría tradicional, el sistema político está compuesto por las tres ramas del poder, más el poder electoral y los partidos, en donde los jueces son la garantía de que el poder se ejercerá dentro de los cauces de la Constitución y de las leyes.

Sin embargo, en Colombia se atribuyó a las máximas corporaciones judiciales el control constitucional de las leyes, la garantía de los derechos fundamentales, la pérdida de investidura y el fuero penal para los congresistas, el control constitucional de los decretos: más que controles y contrapesos –o checks and balances– parecerían estar convirtiéndose en otra forma de ejercer el poder ejecutivo, configurando una suerte de cogobierno de los jueces.

Ahora bien, este nuevo y peculiar cogobierno sufre de tensiones y rivalidades internas: la más evidente, la supremacía de la Corte Constitucional sobre las otras Altas Cortes, mediante la acción de tutela contra sentencias judiciales.

Juan_Manuel_Charry_Corte

El profundo enfrentamiento entre el gobierno de Uribe y la Corte Suprema se originó, entre otras cosas, por el cambio de posición del presidente a favor de la Constitucional. Foto: Presidencia.

Fue precisamente esto lo que se desencadenó el llamado “choque de trenes”, que deja a la Corte Suprema de Justicia reducida a atender el recurso extraordinario de “casación”, una figura obsoleta y formalista. Es una corporación que solo justifica su existencia en el ejercicio del juzgamiento penal de los congresistas y otros altos funcionarios del Estado.

Conviene recordar aquí que el profundo enfrentamiento entre el gobierno de Uribe y la Corte Suprema se originó, entre otras cosas, precisamente en el cambio de posición del presidente a favor de la Corte Constitucional, en relación con la acción de tutela contra sentencias judiciales.

La clase política, juzgada y controlada desde distintas jurisdicciones, ha sabido penetrar estas instancias gracias al nombramiento de magistrados de la Corte Constitucional y de la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, con muy distintos efectos:

  • en el caso de la Corte, el resultado ha sido una corporación de tendencia social–demócrata que concede garantías y “modula” las leyes a costa del presupuesto, con obvia aceptación por parte de sus beneficiarios;
  • en el caso de las Sala Disciplinaria, se han proyectando los vicios de la política clientelista, con el resultado de que ahora se propone suprimir todo el Consejo Superior de la Judicatura.

De otro lado, las máximas corporaciones judiciales han sabido aprovechar sus competencias de nominación y nombramiento de altos funcionarios, tales como Procurador y Fiscal, para colocar allegados y exmagistrados, no siempre exentos de críticas, pues periódicamente se denuncian los nombramientos de familiares y recomendados de los magistrados en estos organismos.

En síntesis, se trata de un sistema político enormemente desbalanceado, con un órgano legislativo fraccionado y sobrecontrolado, en contraposición de un fuerte poder presidencial y ante la ausencia de controles efectivos sobre los altos magistrados, que cada vez acumulan mayores poderes. En otras palabras, un Congreso cooptado y sujeto a múltiples controles, cuya debilidad relativa fortalece las ramas ejecutiva y judicial del poder público.

 

La Corte se extralimita

En este panorama, la Corte Constitucional ha adquirido una proyección inusitada: se convirtió en el contrapeso de los gobiernos con tendencias neoliberales, en neutralizador efectivo de la última aventura de reelección presidencial, en juez hiperactivista y en coadministrador. Todo lo anterior, a costa de rebasar los límites y contenciones que previó el constituyente de 1991.

La sociedad colombiana se encuentra ante la imposibilidad de ejercer cualquier control distinto de la opinión y de la crítica, que no tienen impacto alguno sobre los juzgadores ni sobre sus benefactores y favorecidos.

La Constitución es clara en atribuir a la Corte Constitucional unas funciones precisas y estrictas, para evitar extralimitaciones. No obstante la corporación ha ido ampliando sus competencias paulatinamente, sin atender crítica alguna:

  • Amplió el control de constitucionalidad de los actos reformatorios de la Constitución, más allá de los vicios de procedimiento, mediante la tesis consistente en que las reformas no pueden implicar cambios esenciales en la propia Carta. Por esta vía el constituyente quedó sometido a los imprecisos criterios de la Corte, que se han aplicado a situaciones bastante discutibles, como la incorporación de empleados provisionales a la carrera administrativa o la atribución excepcional y sustituta de competencias legales al Consejo de Estado. Además, es el preludio de bloqueos a reformas constitucionales que afecten la administración de justicia.
  • Amplió la tutela de los derechos fundamentales a derechos económicos y sociales, primero con la tesis de la “conexidad” entre unos y otros, y luego con el argumento de que los existen elementos “fundamentales” en los derechos económicos y sociales.
  • También extendió los efectos particulares de los fallos de tutela a casos similares e impartió órdenes generales a las autoridades administrativas. Los casos de la salud y de las personas desplazadas son demostrativos. Pero ha ido mucho más allá, con el pretexto de garantizar el cumplimiento de las órdenes de tutela: se ha convertido en coadministrador de estos asuntos, incluso solicitando la aplicación de normas y criterios posteriores a la providencia judicial.
  • Amplió el concepto de Constitución con la figura de “Bloque de Constitucionalidad”, atribuyendo a los tratados internacionales una categoría que no tienen. Además, atribuyó a los convenios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) que tienen un tratamiento específico en la Constitución, la calidad de tratado y con ello la posibilidad de entenderlos como parte de dicho bloque. En otros términos, amplió el objeto de control y con ello su poder de incidencia.
  • Amplió el ámbito de normas objeto de control con el criterio de su contenido material, de manera que no solo conoce de leyes y de decretos–leyes, sino de otros actos y decretos que por su contenido puedan asemejarse a aquellos. Así, la Corte Constitucional invade campos de competencia del Consejo de Estado, tanto en cuanto a su jurisdicción constitucional residual como a la contencioso– administrativa.
  • Las sentencias moduladas son otra forma de ampliación de funciones, pues con el pretexto de garantizar principios, valores o disposiciones de orden constitucional se impone una forma de interpretación y aplicación de la ley y de la misma Constitución.

También ha incurrido en contradicciones, pues no se entiende cómo un juez garantista de los derechos, mediante la doctrina de la “inmediatez” limita la acción de tutela a un término “prudencial” para su ejercicio, so pena de negar la protección, desconociendo manifiestamente el mandato constitucional que permite intentar la acción en todo tiempo.

En fin, la autoridad que debía garantizar el cumplimiento de las disposiciones constitucionales para el ejercicio del poder político, se convirtió en un actor más que interpreta o desconoce las normas a favor de sus ámbitos de poder. El árbitro se convirtió en jugador con capacidad de cambiar las reglas de juego.

Cambiar a los intérpretes, no a la Constitución

Quienes consideran que esta situación debe corregirse han acudido a reformas constitucionales para oponerse a las interpretaciones de la Corte Constitucional. De ello da cuenta el acto legislativo de prohibición de consumo y porte de estupefacientes, que se opone a la sentencia de despenalización de la dosis personal. Se trata de un camino equivocado y contradictorio.

Juan_Manuel_Charry_suprema

La Corte Constitucional ha ido ampliando sus competencias paulatinamente, sin atender crítica alguna.

No se debe cambiar la Constitución para corregir a su intérprete. De ahí que la elección de los magistrados de la Corte Constitucional tenga tanta importancia y sea la vía más apropiada para corregir los excesos y los errores, pues se debe escoger a quien tenga claras posiciones en cuanto al ejercicio y alcance de las funciones de esta corporación, con precisas concepciones de su papel en el equilibrio institucional.

El Senado, como órgano político elector, debe traducir las tendencias mayoritarias de la sociedad, para nombrar a quien ofrezca calidades de estadista y ponderación en las decisiones, de manera que no caiga en la tentación de tomar el lugar de legisladores o gobernantes.

Si bien es cierto que quienes terminan sus mandatos o se retiran de la Corte Constitucional tienen derecho a incursionar en la actividad política o a ejercer otros cargos públicos, con este tipo de conductas dan una mala señal al permitir que se perciba esa dignidad como un paso que facilita y abre el camino político o burocrático.

No sobra mencionar que en esta ocasión el Consejo de Estado ha abierto un proceso de inscripción para las personas interesadas en ocupar la magistratura en la Corte Constitucional, seguramente con el propósito de democratizar la elección, pero corriendo el riesgo de que los candidatos promovidos por sí mismos vayan detrás del ejercicio de poder creciente y el reconocimiento público, en lugar de cumplir con la difícil tarea de ser árbitros discretos y serenos, que a veces deben adoptar decisiones ciertamente impopulares.

Juan_Manuel_Charry_congreso

Es un sistema político con un Congreso cooptado y sujeto a múltiples controles, cuya debilidad relativa fortalece las ramas ejecutiva y judicial del poder público.

Por último, no deberían tener cabida los cálculos políticos de posibles candidatos, que quisieran contar con personas de su confianza como miembros de la Corte Constitucional; debe evitarse la incidencia del proselitismo político y de los intereses de partido en la designación de los magistrados, pues ellos deberían representar el consenso de las fuerzas políticas y sociales en la aplicación autónoma e independiente de las disposiciones constitucionales que limitan el poder.

En resumen, será mediante la elección de los magistrados de la Corte Constitucional como se corregirán las extralimitaciones de este órgano y se garantizará la aplicación imparcial de las reglas del juego político.

 

 

 

* Abogado constitucionalista, exdecano de la Facultad de Derecho de la Universidad del Rosario. Fue Procurador Auxiliar, Asesor de la Asamblea Nacional Constituyente, Conjuez de la Corte Constitucional, el Consejo de Estado y el Consejo Superior de la Judicatura. Es autor de numerosas publicaciones. Agradeceré comentarios: jcharry@charrymosquera.com Esta dirección de correo electrónico está protegida contra los robots de spam, necesita tener Javascript activado para poder verla. Agradeceré comentarios: jcharry@charrymosquera.com

 

twitter1-1@jmcharry

 

 

Artículos Relacionados

Este sitio web utiliza cookies para mejorar tu experiencia. Leer políticas Aceptar

Política de privacidad y cookies