Cuando fracase la reforma de la justicia* - Razón Pública

Cuando fracase la reforma de la justicia*

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juan manuel charryUna reforma estructural por consenso entre los jueces no es posible porque son jueces y partes. Esa reforma tendría que hacerse mediante una Asamblea Constituyente.

Juan Manuel Charry Urueña*

Parece ser que con el nuevo gobierno se normalizarán las relaciones entre las ramas Ejecutiva y Judicial. Los 78 magistrados de las cortes y los consejos se declararon satisfechos con los ofrecimientos de la administración, en el sentido de crear una Mesa de Diálogo, restablecer el Ministerio de Justicia y adelantar una reforma consensuada.

No obstante no es fácil compartir su optimismo. Los asuntos de la justicia se han venido ventilando –y agudizando− desde el gobierno de Alfonso López Michelsen, quien propuso una Asamblea Constituyente para ocuparse del tema, pero el proyecto de convocatoria fue declarado inexequible.

Posteriormente, el gobierno de Julio César Turbay tramitó el Acto Legislativo Nº 1 de 1979, que, entre otros temas, se ocupó del nombramiento de un Fiscal General y de la organización del Consejo Superior de la Judicatura; estableció el período de ocho años para los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo de Estado; modificó las competencias de control de constitucionalidad de la Corte Suprema de Justicia y amplió el número de magistrados de la Sala Constitucional. Ese Acto Legislativo también fue declarado inexequible.

En su momento consideré, junto con otros articulistas, que la inexequibilidad declarada por la Corte Suprema de Justicia generó un bloqueo constitucional que propició la Asamblea Constituyente de 1991.

Desorden de siete suelas

La Constitución del 91 organizó la Fiscalía General de la Nación y el Consejo Superior de la Judicatura, propuestos en 1979, y creó la Corte Constitucional con buena parte de las competencias que se le entregaban a la Corte Suprema de Justicia en el frustrado Acto Legislativo. El gobierno de César Gaviria mejoró los salarios de los funcionarios de la Rama Judicial con el convencimiento de que mejoraría su productividad. Más tarde, se expidieron la ley 270 estatutaria de administración de justicia y las leyes 446 y 1285.

Pero las dificultades siguieron y, es más, parecieron agudizarse después de 1991:

  • Las diferencias alrededor de la acción de tutela contra providencias judiciales se mantienen a la orden del día;
  • La confrontación entre las cortes y los consejos sigue en sus trece;
  • El sistema penal se reformó hacia el acusatorio y oral, con resultados aún inciertos pero que parecerían apuntar hacia el fracaso.
  • El Consejo Superior de la Judicatura ha sido blanco de críticas y se ha propuesto su supresión.
  • La Corte Constitucional ha ampliado sus competencias e invadido atribuciones legislativas y constituyentes.
  • El recurso extraordinario de casación se muestra como formalista y elitista y se perfila como obsoleto.
  • La participación en la elección de altos funcionarios del Estado ha terminado por politizar a las corporaciones judiciales, más que por transmitir las bondades de la judicatura a otros órganos del poder público.

Más que una pelea con Uribe

Las diferencias del gobierno Uribe con la rama judicial se entenderían mal si se consideraran apenas desde un punto de vista personal. Hay varios puntos que ubican ese enfrentamiento dentro de otro contexto:

  • La interpretación de la ley de Justicia y Paz y, en particular, la situación del pie de fuerza ilegal;
  • La mal llamada “parapolítica”, que se centró sobre la forma y criterios con que se deben juzgar a los congresistas que colaboraron o toleraron a los grupos armados ilegales;
  • La mal llamada “Yidispolítica”, que de alguna forma implica la judicialización de la política;
  • La polémica elección del Fiscal General y las posiciones jurídicas que el elegido deba adoptar respecto de los temas anteriores.

Y a lo anterior tendría que sumarse la declaración del ex presidente de la Corte Suprema de Justicia sobre el advenimiento del “gobierno de los jueces”, en desmedro del Congreso y del Gobierno.

Más discrepancias que acuerdos 

Como se puede observar con facilidad, se trata de posiciones jurídicas, ideológicas y políticas de difícil consenso. Sólo a manera de ejemplo quisiera plantear algunas preguntas:

  • ¿Aceptaría la rama judicial la acción de tutela contra sentencias judiciales?
  • ¿Permitiría la supresión del Consejo Superior de la Judicatura?
  • ¿Consentiría limitar las atribuciones de la Corte Constitucional?
  • ¿Permitiría abolir la casación?
  • ¿Cedería las funciones políticas de elección de altos dignatarios y juzgamiento de congresistas?
  • ¿Propiciaría controles efectivos sobre las funciones judiciales?

Sinceramente, no creo que llegue a aceptar ninguno de esos puntos.

El nuevo gobierno ha presentado un proyecto de reforma constitucional que tendrá consensos parciales y  seguras divergencias, con excepción de la prolongación del período a doce años y la ampliación de la edad de retiro forzoso a setenta años, que todos aceptarán gustosos.

El proyecto propone suprimir el Consejo Superior de la Judicatura y reemplazarlo por el Consejo Superior Judicial. Ya los integrantes del primero se manifestaron en contra.

Se establece que los magistrados de las altas corporaciones judiciales y del Consejo Nacional Electoral, el fiscal general, el procurador, el defensor del pueblo, el contralor y el registrador no podrán aspirar a cargos de elección popular durante el respectivo período y durante cinco años más. Es posible que algunos magistrados no acepten esa limitación.

Tutelas, doble instancia, precedentes…
 
En materia de tutela:b Acepta y limita su ejercicio contra sentencias judiciales;

  • Impone la intermediación de abogado;
  • Establece una única instancia ante la misma corporación que expidió el fallo;
  • Mantiene la revisión eventual por parte de la Corte Constitucional con decisión de Sala Plena.

Se trataría de un respaldo a la doctrina de la Corte Constitucional y un duro golpe a la supremacía de la Corte Suprema de Justicia y de los consejos, que ellos muy seguramente no estarán dispuestos a aceptar.

En lo que hace al juzgamiento de miembros del Congreso, el proyecto acude a la exótica figura de la doble instancia dentro de la misma corporación, cuyo nefasto antecedente es el Decreto 1382 de 2000 para casos de tutela. En mi concepto la doble instancia no garantiza la autonomía ni la independencia que debería tener el juzgador de alzada y más bien desconfigura a la Corte Suprema. Pienso que se deben revisar los pronunciamientos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de manera que la garantía que quiere ofrecerse llegue a ser plena.

De otro lado se establece la posibilidad de que la ley señale los casos de obligatoriedad del precedente judicial. Es tan amplia la jurisprudencia de las corporaciones judiciales y tan diversas sus doctrinas que no parece fácil establecer tal obligatoriedad. Quisiera dar un ejemplo: en las sentencias C-975/02 y 1114/03 la Corte Constitucional motiva sus decisiones en el artículo 146 de Ley 5ª, declarado inexequible por la misma Corte en sentencia C-025/93. Con esta clase de errores, ¿cómo garantizar que se respeten las decisiones judiciales anteriores?

Por último, la propuesta de reforma parece incurrir en contradicción, o por lo menos en exceso, al mantener la responsabilidad política de los magistrados de las altas corporaciones judiciales ante el Congreso y establecer un control disciplinario exóticamente cruzado, de forma que los miembros de una corporación juzgan a los de otra.

Las obvias limitaciones

Todo lo anterior indica que hay una falta de consenso y que la reforma terminará por abordar, probablemente, materias de procedimiento, aumento de plazas, creación de jurisdicciones y de jueces especializados, mayor número de cargos de descongestión, tecnificación de funciones, suministro de elementos, mejora de salarios y temas similares. El Ministerio de Justicia restablecido se dedicará a tramitar requerimientos, a conseguir recursos y a impulsar proyectos de ley. Así, la reforma será de coyuntura y no resolverá los problemas estructurales.

Pienso que después del intento fallido de una reforma consensuada con los afectados en la administración de justicia, se deberá explorar la convocatoria de una Asamblea Constituyente, con legitimidad y respaldo democrático y con capacidad para modificar aspectos esenciales de la Constitución de 1991, con el fin de que sean las fuerzas políticas las que tramiten los cambios estructurales que necesita la justicia para superar fallas que la aquejan desde hace muchos lustros.

* Desarrollos de mi artículo en Ámbito Jurídico No. 304, agosto 23−septiembre 5, 2010.

** Agradeceré comentarios:
jcharry@charrymosquera.com

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