Seguridad Jurídica: ¿Regla de juego o juego de reglas? - Razón Pública
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Seguridad Jurídica: ¿Regla de juego o juego de reglas?

Escrito por Juan Manuel Charry
Juan Manuel Charry

Juan Manuel Charry

La  destitución e inhabilidad del alcalde Petro han producido múltiples acciones jurídicas y diversas interpretaciones de las normas, a veces contradictorias. ¿Quién tiene la razón? ¿Hay alguna salida razonable para este caos?

Juan Manuel Charry Urueña*

protesta pro Petro

La polarización

La destitución del Alcalde Gustavo Petro y su inhabilidad para ejercer funciones públicas durante 15 años impuestos por la Procuraduría General de la Nación causaron variadas reacciones jurídicas y políticas que han puesto a prueba la seguridad jurídica del país.

Por una parte, algunos descalificaron al Procurador General por sus creencias religiosas y plantearon que se trataba de una persecución política que, además, violaba la Convención Americana de Derechos. Dijeron también que solo el Presidente de la República podía destituir al Alcalde y que se violaba el derecho de los ciudadanos a elegir.

Lo anterior produjo una compleja estrategia de defensa, en los campos jurídico, político y de medios de comunicación. Se recusó al Procurador, se interpuso recurso de reposición contra la destitución, se instó a los ciudadanos a interponer acciones de tutela (“tuteletón”), se convocó a distintas manifestaciones contra la decisión, se arengó para defender la democracia y la paz, amenazadas por la destitución, y se acudió a la Comisión Interamericana de Derechos. En fin, se armó todo  un remolino político y noticioso.

Este caso muestra lo difícil que es para los ciudadanos comprender el sistema jurídico y tener certeza sobre que debe ocurrir con este tipo de situaciones, que suscitan muchas preguntas. 

Por otra parte, se dijo que se trataba del ejercicio de una atribución constitucional autónoma, por la extralimitación de funciones del Alcalde, por la violación de las leyes que regulan el servicio público, que no obedecía a intenciones políticas ni ideológicas, que se contaba con centenares de antecedentes de sanciones a otros funcionarios electos por voto popular que habían sido estudiados por la Corte Constitucional y hallados ajustados a las normas superiores y a los convenios internacionales de derechos humanos. También se argumentó que el afectado gozaba de garantías jurídicas para oponerse a la destitución y que no procedía la protección internacional.

Lo cierto es que hasta la fecha no se ha notificado la confirmación de la destitución e inhabilidad al Alcalde, quien sigue en ejercicio del cargo, mientras que se presentaron cientos de acciones de tutela, algunas de las cuales prosperaron y ordenaron suspender las sanciones.

seguridad juridica
La destitución del Alcalde Gustavo Petro, por el
Procurador General desató gran controversia.

Foto: Caballerísimo 

Revocatoria e inhabilidad

A lo anterior se suma que para la misma época se inició el trámite de revocatoria del mandato, por considerar que el alcalde Petro no había cumplido con los programas de gobierno y que era altamente ineficiente como administrador. Una vez más, la estrategia de defensa fue interponer multitud de recursos y presentar cientos de peticiones que obstruyeran el procedimiento de participación ciudadana, junto con un discurso altisonante y provocador.

La estrategia cambió cuando el Alcalde obtuvo amplió respaldo popular por la destitución de la Procuraduría, entonces, se allanó a la convocatoria a elecciones para el próximo dos de marzo y estuvo de acuerdo en que se realizara prontamente, con el mensaje implícito de “si no hay revocatoria no debe haber destitución”.

También se tramitaba una demanda por pérdida de investidura de la época cuando Petro era senador, pesaba sobre él pena privativa de la libertad por el delito de porte ilegal de armas impuesta en 1985 por la Justicia Penal Militar, que lo inhabilitaría para ejercer cargos públicos. Aquí la estrategia de defensa fue el silencio en medios de comunicación. El Consejo de Estado negó la solicitud, pues a pesar de estar probado que estuvo en la cárcel, no se probó la existencia de sentencia proferida por un juez de la Rama Judicial, además, se dijo, que para la época se trataba de una contravención y no de un delito, y aún si lo fuera, sería de naturaleza política.

El Procurador General de la Nación tiene la facultad constitucional para desvincular del cargo al funcionario público que infrinja de manera manifiesta la Constitución o la ley. 

La incertidumbre

Este caso muestra lo difícil que es para los ciudadanos comprender el sistema jurídico y tener certeza sobre que debe ocurrir con este tipo de situaciones, que suscitan muchas preguntas. Algunas de ellas son:

  • ¿Tiene la Procuraduría atribuciones para destituir e inhabilitar funcionarios de elección popular?
  • ¿Se vulnera la Convención Americana de Derechos Humanos con la destitución del Alcalde y la inhabilidad impuesta por la autoridad disciplinaria?
  • ¿Cuál jurisdicción debe resolver los interrogantes anteriores?
  • ¿Podían los ciudadanos presentar centenares de acciones de tutela para la protección de sus derechos a elegir y el derecho de ejercer funciones del Alcalde?
  • ¿Podría un fallo de tutela dejar sin efectos la destitución e inhabilidad impuesta al Alcalde?
  • ¿Tiene el Presidente de la República atribuciones para decidir si aplica o no la destitución?
  • ¿Qué incidencia tendría la revocatoria o no del mandato en la destitución del Alcalde o de ésta en aquella?

Además de los interrogantes, el caso ha producido propuestas de reformas a las facultades disciplinarias, a la acción de tutela, incluso algunos piden que se revise integralmente la Constitución.


La exsenadora Piedad Córdoba.
Foto: Marcha Patriótica

Mi diagnóstico y mis respuestas

El caso del alcalde Petro podría ser otro de tantos que han sido destituidos por la Procuraduría, pero hay varios factores que le dan una mayor importancia: que se trate de la ciudad capital, que el alcalde sea una persona procedente de la guerrilla y del proceso de paz exitoso con el M-19, la coexistencia de las negociaciones de paz con las FARC en la Habana, la estrategia de solicitar protección internacional, y la actividad política de plaza pública y arenga popular que acaparó la atención de los medios de comunicación, transformaron el asunto en un hecho de gran transcendencia.

Sin duda, el alcalde puso las acciones y recursos jurídicos -algunos en forma prematura- al servicio de sus intereses políticos, con lo cual produjo la impresión de desorden e inestabilidad jurídicos.

El Procurador General de la Nación tiene la facultad constitucional para desvincular del cargo al funcionario público que infrinja de manera manifiesta la Constitución o la ley. En este caso, el alcalde ha aceptado errores, por lo tanto, el debate parecería estar centrado en la proporcionalidad y razonabilidad de la sanción.

La Convención Americana de Derechos Humanos establece que la ley puede regular los derechos y oportunidades del ejercicio de funciones públicas  exclusivamente por razones de edad, nacionalidad, residencia, idioma, instrucción, capacidad civil o mental, o condena, por parte del juez competente y en proceso penal. La Corte Constitucional, en el caso de la senadora Piedad Córdoba, recabó que la misma Corte Interamericana también avala las sanciones administrativas bajo las garantías del debido proceso.

La Jurisdicción de la Contencioso Administrativo es la competente para conocer de la nulidad y restablecimiento del derecho, respecto de los actos del Procurador General de la Nación expedidos en ejercicio del poder disciplinario. Además, dentro del proceso se pueden dictar medidas cautelares.

Por otra parte, la acción de tutela procede cuando no existe otro mecanismo de defensa judicial, o existiendo, se pretende evitar un perjuicio irremediable. El titular del derecho fundamental es quien puede ejercer la acción, excepcionalmente, podría ejercerse para la protección de un tercero, como agente oficioso, siempre que se acredite la imposibilidad de ejercer la acción directamente.

En mi criterio, se acudió equivocadamente a la acción de tutela, incitando a los ciudadanos a pedir la protección de su derecho a elegir, cuando éste se agota con el sufragio y el elegido responde por el ejercicio de sus funciones dentro del marco jurídico correspondiente. Que algunos jueces hayan accedido a conceder la tutela, se explica por la autonomía e independencia que gozan; sin embargo, corresponde a la Corte Constitucional unificar la jurisprudencia.

No sobra anotar que el juez de tutela puede dejar sin efectos los actos disciplinarios, al igual que los administrativos y, excepcionalmente, los judiciales. Podría llegar a expedir las decisiones que correspondan para garantizar la protección de los derechos tutelados, si ese fuera el caso.

Según el Estatuto Orgánico de Bogotá, el Presidente de la República destituye al alcalde mayor cuando así se lo solicite el Procurador General de la Nación. En armonía con lo previsto en el Acto Legislativo 02 de 2002, debe nombrar al encargado y convocar a elecciones dentro de los dos meses siguientes. La Corte Constitucional se había pronunciado anteriormente, sobre una norma similar del Régimen Municipal, declarando inexequible la disposición que se refería al presidente de la república o gobernador, con el argumento de que el poder disciplinario es una atribución constitucional autónoma, cuyas decisiones pueden aplicarse directamente.

Lo cierto es que con este caso, las instituciones fueron objeto de un fuerte embate político que las puso a prueba.

Los procedimientos de participación ciudadana son de naturaleza política y completamente diferentes de los controles disciplinarios; por lo tanto, deben ser considerados separadamente. No obstante, si se cumpliera con la destitución del Alcalde, la revocatoria del mandato carecería de objeto. Diferente sería la situación en el caso de no prosperar la revocatoria, pues entonces debería aplicarse la destitución.

La inconveniencia de las reformas de coyuntura

Durante la vigencia de la Constitución no se había cuestionado el alcance de las atribuciones del Procurador General de la Nación, ni el uso abusivo de la acción de tutela. Así las cosas, esta particular coyuntura no debería ser la causa de reformas a esas instituciones.

Distinta sería la situación si se hace un análisis frío y ponderado del diseño de las instituciones constitucionales de 1991, con el propósito de corregir inconsistencias y lograr un desempeño más armónico y eficiente.

Lo cierto es que con este caso, las instituciones fueron objeto de un fuerte embate político que las puso a prueba, el resultado final indicará si fueron consistentes y cumplieron con su cometido, esto es, de servir de reglas para el juego político, o si por el contrario, estas reglas se convirtieron en parte del juego.

 

* Abogado  constitucionalista, exdecano de la Facultad de derecho Universidad del Rosario. jcharry@charrymosquera.con.co  

@jmcharry

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