Un problema histórico

El gobierno nacional y la gran prensa han definido la ola de violencia que vive Buenaventura desde hace varias semanas como un problema exclusivamente de seguridad.

La explicación de las balaceras y los desplazamientos masivos —dicen— es el enfrentamiento entre bandas armadas que se disputan el territorio para el control de la producción y exportación de cocaína.

Y el remedio es el mismo que siempre se ha aplicado desde Bogotá: enviar ejército y policía para atrapar a los bandidos. El pasado 7 de febrero el presidente Iván Duque anunció la llegada de 120 nuevos policías a Buenaventura, y el 15 de febrero se conoció que la seccional Valle de la Fiscalía se trasladaría de Buga a Buenaventura para enfrentar la situación.

Pero tanto la explicación como la solución son reduccionistas. Buenaventura tiene problemas históricos que hacen de ella un puerto opulento pero una ciudad empobrecida, olvidada, segregada y fragmentada.

Aparte de la pobreza, la violencia vuelve cada tanto a Buenaventura en forma de asesinatos y miedo generalizado. Entre 1991 y 2013, Buenaventura experimentó una de las tasas promedio más elevadas de homicidios en el país: 69,58 por cada 100 mil habitantes, por encima del promedio nacional que fue de 50.

Mientras tanto, el olvido estatal lleva a decenas de jóvenes sin oportunidades de empleo ni estudio a jugarse la vida —como dice el poema de León de Greiff, porque de todas formas la llevan perdida— y hacer parte de estos grupos ilegales.

Y como la oferta de los grupos armados y las economías criminales superan la del Estado —en buena medida ausente— “la gente siente que la autoridad son los bandidos”, como dijo el obispo de Buenaventura hace unos días.

Guerra contra las drogas y corrupción

El otro problema con la respuesta estatal a la violencia en Buenaventura es la fijación en el narcotráfico como su principal motor.

El gobierno dice buscar una paz con legalidad, pero eso no solo es imposible sin ingresos permanentes y dignos para la población, sino que en el fondo es una declaración de hostilidades contra el proceso de paz en dos de sus aspectos centrales: la política de tierras y la solución al problema de las drogas ilícitas.

Este último, el gobierno lo ha reducido a la guerra contra las drogas y la fumigación con glifosato. Es decir, la guerra contra los campesinos cocaleros: el primer eslabón y el más débil, así el negocio viva una bonanza.

Pero los campesinos cocaleros van a defender a muerte la única actividad de la región que les ofrece ingresos, el gobierno no les deja otra alternativa. Como escribió William Ospina en una columna reciente: “la sangre no se va a secar sobre los campos de Colombia”.

Buenaventura es uno de los escenarios de esa guerra contra las drogas, cada vez más extendida en la geografía nacional. Pero si se tienen en cuenta las condiciones de pobreza y miseria, y que el narcotráfico es para muchos la única actividad rentable en la zona, en realidad se trata de una cruzada contra una población atrapada entre el fuego cruzado y sus infames condiciones de vida.

Buenaventura sufre además la corrupción. A las buenas o a las malas, las prebendas del narcotráfico han sido constantes en la dirigencia política tradicional. Los gobernantes locales se han visto desbordados por las economías criminales, que controlan todo y son responsables del estado del puerto.

También, muchos de los miembros de la policía son cooptados por los señores de la droga de la región, que controlan el puerto. El Estado pierde la guerra contra las drogas en toda la línea.

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Paros y acuerdos incumplidos

Los bonaverenses, en su inmensa mayoría descendientes de la diáspora africana, han peleado desde siempre contra la pobreza producto del legado colonial y de la incapacidad de los distintos gobiernos a todos los niveles para cambiar tan aberrante condición.

En 1964 se realizó el primer paro o movimiento cívico registrado en el puerto y de 1975 a 2015 hubo 253 luchas sociales. Las reivindicaciones han sido más o menos las mismas, incluso durante el paro por la Dignidad de Buenaventura en el 2017.

El factor común es que los acuerdos a lo que ha llegado la población con el gobierno nacional han sido incumplidos o cumplidos a medias. Lo mismo ha pasado con los diferentes documentos Conpes, diseñados al calor de los reclamos, pero llevados a cabo a exasperantes pasos de tortuga.

Entre tanto, la población sigue viviendo en condiciones de pobreza y miseria, sin viviendas dignas, sin agua potable ni alcantarillado. Y sin empleo: la tasa de desempleo es mayor al 60% y la mayoría de la población se desenvuelve en la informalidad.

Por ejemplo, como producto del paro de 2017 se creó la ley 1872 de 2017, mediante la cual se creó el Fondo para el Desarrollo Integral del Distrito Especial de Buenaventura. Su objetivo era la realización de una serie de obras prioritarias, que sin embargo se han quedado en el papel:

• En algunos sectores llega agua día de por medio y en otros no llega y la surten por carga.
• Cuatro años después del acuerdo, la ciudad de medio millón de habitantes solo tiene un hospital de cuarto nivel.
• Los colegios están en mal estado y no tienen escenarios deportivos ni culturales.
• El dichoso fondo aún no cuenta con gerente.

¿Qué se necesita?

Al contrario de más policías y más ejército, lo que Buenaventura y el pacífico colombiano necesitan es una intervención masiva del Estado, vía un Plan Marshall, como ha reclamado con clarividencia el padre de Roux para la región.

Lejos de las políticas de austeridad del gobierno, lo que se necesita es una amplia emisión de dinero del Banco de la Republica para invertir ya mismo en la región. El drama es humano, no puede esperar a que a Carrasquilla le cuadren las cuentas del equilibrio fiscal.

Desarrollar integralmente las regiones cocaleras hubiera podido ser el único punto de las negociaciones de La Habana —aparte de la seguridad y el desarme de los combatientes y la justicia con reparación— porque la transformación de las regiones cocaleras arrastra toda la reforma rural integral.

Mientras exista y persista este tratamiento de guerra contra las drogas ilícitas no habrá programas de desarrollo con enfoque territorial que valga, ni habrá paz en las regiones.

Por lo pronto y urgente, todo el pacífico colombiano requiere un esfuerzo fiscal importante para garantizar a la inmensa mayoría de la población una renta básica universal que le abone ingresos básicos y dignidad de vida.

Las perspectivas, desafortunadamente, no son optimistas.