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El petróleo contra el ecosistema y los trabajadores del Magdalena Medio

Escrito por Fernando Guerra
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Los abusos ambientales y laborales ejercidos por las grandes petroleras ponen en riesgo el futuro de esta región y el bienestar de los trabajadores.

Fernando Guerra Rincón*

Un poco de historia

La explotación de los crudos pesados del Magdalena Medio es uno de los ejes  de la política petrolera nacional y de Ecopetrol.

Esta actividad cobró fuerza en la región después de que la Texas Petroleum Company vendió el suelo y el subsuelo de sus campos del Territorio Vásquez, una posesión neocolonial ubicada en el centro de Colombia.

Casi inmediatamente después de su llegada al país en 1926, la Texas se dedicó a buscar petróleo en el Territorio Vásquez, que tenía como nodo central a Puerto Boyacá, un villorrio de veinte casas de barro y caña brava ubicadas en medio de una selva espesa y dilatada, a ambos lados del gran río donde abundaban el paludismo, los animales salvajes y las víboras. A finales de la década de los setentas, la Texas extendió sus trabajos al Magdalena Medio Central, concretamente a las localidades antioqueñas de Puerto Nare y Puerto Triunfo.

Posteriormente llegó a otras regiones del país, como las selvas del Caquetá y del Putumayo, los cerros del sur del Tolima y la Guajira, donde encontró gas, costa afuera. En el Putumayo construyó, con trabajadores curtidos de Puerto Boyacá y de otras partes del país, el oleoducto Trasandino: una gigantesca serpiente de acero de 310 kilómetros que partía de Orito, a 328 metros sobre el nivel medio del mar, hasta Tumaco.

Convertir el Territorio Vásquez en campos petroleros fue fundamental para el desarrollo colombiano del siglo XX. Sin la voluntad de hierro de ingenieros, geólogos, y trabajadores petroleros, esta transformación no habría tenido lugar.

Daños ambientales y abusos laborales

La explotación de Puerto Boyacá comenzó en 1949 y tan solo diez años tarde llegaron a extraer 40.000 barriles día, es decir, 1.200.000 al año. La época dorada del petróleo permitió convertirlo en un pueblo relativamente próspero, con posibilidades de futuro donde recalaron gentes de todo el país que huían de la violencia resultante del asesinato del líder liberal Jorge Eliecer Gaitán.

La Texas Petroleum Company operó en el Territorio Vásquez por fuera del atrasado sistema de concesiones porque actuó como dueña del suelo y del subsuelo. Por eso pagó muy pocos impuestos durante más de medio siglo. Si bien esta empresa norteamericana ofició como agente del orden en una región donde el Estado era sumamente precario, también causó serios daños a la naturaleza y a sus hombres.

Foto: Corpoboyacá - Hoy Puerto Boyacá vive un relativo declive por el agotamiento natural de este combustible fósil no renovable.

Los obreros de la Texas recibían un pago precario y eran víctimas de violencia física y psicológica. Además, la empresa destruyó la Ciénaga de Palagua, un humedal de enorme importancia para el ecosistema hídrico de la región que se convirtió en un desaguadero de los desechos del petróleo, lo cual perjudicó a centenares de familias pescadoras que dependían de esta actividad. Hace dos años, retiraron 499 metros de tubería petrolera que causaron un daño ambiental irremediable.

Sería justo demandar a la Texas por su desidia. OMIMEX Colombia Ltda y Mansarovar Energy también son responsables de este desastre ambiental y CorpoBoyacá pretendió redimir semejante atropello con la construcción de un muelle barato a orillas de la Ciénaga destruida.

Los obreros de la Texas recibían un pago precario y eran víctimas de violencia física y psicológica. Además, la empresa destruyó la Ciénaga de Palagua, un humedal de enorme importancia para el ecosistema hídrico de la región

Una política nefasta  

Hoy Puerto Boyacá está en declive por el agotamiento natural del petróleo, las emisiones de gases de efecto invernadero generadas por la industria petrolera y las reformas al sistema de regalías que obligaron al municipio a sacrificar ingresos que debían ser usados para atender las enormes presiones sociales provocadas por la actividad petrolera. No en vano, este municipio presenta los peores indicadores sociales del departamento de Boyacá.

Después de que la Texas vendió sus campos en 1994, varias multinacionales se apropiaron de ellos. Inicialmente, OMIMEX Colombia Ltda. compró el campo en una subasta en Nueva York y en 2006, Mansarovar Energy, cuyos propietarios son las compañías estatales ONGC-Videsh y SINOPEC se quedaron con ellos. Esta última es la empresa petroquímica más grande del mundo y ha convenido contratos de asociación para operar y administrar estos campos.

La política de Ecopetrol -que consiste en contratar compañías que operen los campos- es nefasta para los trabajadores contratistas y para la misma empresa. Es inaudito que la empresa más importante de Colombia sacrifique ganancias y ponga en riesgo a los trabajadores, quienes suelen tener contratos de prestación de servicios que no duran más de tres meses y duran varios meses desempleados hasta que las empresas vuelven a necesitar sus servicios.

Actualmente, los trabajadores petroleros contratistas y no contratistas de Mansarovar Energy viven esa encrucijada, pues están en proceso de entregar sus campos a Ecopetrol. La política de la empresa colombiana implica que varias empresas y aproximadamente 2.000 trabajadores de la región se quedarán sin contratos.

Puerto Boyacá, Puerto Nare y Puerto Triunfo se verán perjudicados por la pérdida de empleos y por la quiebra de las empresas contratistas que proveen servicios vitales de seguridad, transporte y servicios técnicos que quedarán en manos de Mecánicos Asociados SAS, empresa que pretende reemplazar las empresas contratistas de la región con empresas de otras partes del país.

Esta inoportuna política ejercida por Ecopetrol compromete de manera grave la paz y la tranquilidad de una región que está saliendo, con muchas dificultades, de difíciles ciclos de violencia y de la dureza de la pandemia.

Toda la ciudadanía de Puerto Boyacá, de Puerto Nare y de Puerto Triunfo debe cerrar filas para proteger a las empresas y los contratistas de la región, pues de lo contrario se convertirán en pueblos inermes, lánguidos, desesperanzados y con un futuro oscuro.

Una sesión del Congreso de la República en Puerto Boyacá, tal como fue propuesta por el senador Jorge Londoño, sería un buen comienzo para impedir esta codiciosa política de tercerización laboral que acabará por afectar a los trabajadores del petróleo. Si Ecopetrol quiere evitar una conmoción social y la ruina potencial de una región clave para la paz de Colombia, deberá asumir la operación directa y el desarrollo de estos campos.

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