La crisis vuelve a sus niveles alarmantes, pero la solución ya había sido acordada: el gobierno tiene que cumplir las cosas que promete.
Luis Gilberto Murillo*
Violencia y abandono
Buenaventura, una ciudad única, con una población predominantemente negra/afrocolombiana, tiene uno de los puertos más modernos de América Latina y del Caribe: por ahí se mueve cerca del 40% del comercio exterior de Colombia.
Pero a pesar de la riqueza que circula por su territorio, Buenaventura tiene un grado de pobreza alarmante que exacerba la marginalidad y la inseguridad.
En estos días una vez más el país se sorprendió ante los hechos y denuncias de violencia en este municipio. Según los medios de comunicación, se registró un aumento del 200% en los homicidios durante el mes de enero comparado con el mismo período del año anterior.
Cabe destacar que este mismo fenómeno lo viven Quibdó, Alto Baudó, Tumaco, El Charco y la Tola, entre otros municipios de la región.
La gran mayoría de las víctimas de esta ola de violencia han sido jóvenes entre los 17 y 30 años. La población está atemorizada, no puede dormir y se encuentra entre fuegos cruzados. Centenares de familias están volviendo a vivir el flagelo del desplazamiento por cuenta de los ya cerca de 33 combates urbanos que se han presentado.
Lo más grave es esa percepción de infectividad de las acciones por parte de la fuerza pública para contener y doblegar a los grupos criminales, lo cual se une al silencio de varias entidades del Estado que tienen una alta cuota de responsabilidad por la ausencia de políticas y programas de protección, así como de desarrollo social.
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Las causas
Esta radiografía, que hoy registramos, es la que por mucho tiempo vienen denunciando líderes importantes de Buenaventura que concuerdan en que el deterioro de las condiciones de seguridad está asociado con la expansión de grupos criminales para ejercer mayor control territorial, con los históricos problemas sociales y de corrupción, pero también con las promesas incumplidas de decenas de gobiernos que los han sumido en el olvido.
Lo que sucede hoy en Buenaventura y el resto del Litoral Pacífico es inaceptable, menos cuando estas contrastan con la riqueza que allí se genera. No hay duda de que gran parte de esta situación se origina en la discriminación étnica y racial, así como en la segregación regional. Ahora con la Covid19, este panorama se agrava mucho más.
En Buenaventura se registró un aumento del 200% en los homicidios durante el mes de enero comparado con el mismo período del año anterior.
Parte de aquella complejidad se expresa en la configuración especial de las entidades territoriales con figuras clásicas como el departamento y los municipios que se conjugan con una nueva institucionalidad de territorios colectivos de comunidades negras/afrocolombianas y resguardos indígenas, estas con una clara visión de su desarrollo y una enorme legitimidad.
El proyecto político centralista de Colombia no coincide con el de las comunidades de esta región Pacífica, podría decirse que intenta asfixiarlo.
Tenemos un cuadro compuesto de injusticias que debe reconocerse de manera explícita. De allí que deba dejar claro que la solución de los problemas de Buenaventura recae en el abanico de la responsabilidad pública. Como Estado, hemos sido incapaces de materializar soluciones efectivas que mejoren las condiciones de vida de esta población y corrijan esas injusticias del pasado.
Una serie de esfuerzos constructivos
Lo anterior no quiere decir que no se hayan hecho esfuerzos, pero casi todos han ignorado la visión local y regional de las instituciones comunitarias.
La lista es larga, pero entre esos esfuerzos podemos contar:
- El Plan de Desarrollo de Buenaventura ejecutado por la CVC en los años setenta, que generó la poca infraestructura urbana que hoy tiene la ciudad;
- Las intervenciones del CORPES de Occidente, el Plan de Desarrollo Integral de la Costa Pacífica (PLADEICOP), el BID-Plan Pacífico, Biopacífico, el Plan Cólera para combatir esa epidemia y la Agenda Pacífico XXII.
- La aprobación de seis documentos CONPES para la región entre 2002 y 2008, así como los Contrato –Plan de Atrato Gran Darién, Norte del Cauca y Nariño.
Mientras que todas estas acciones se originaban en Bogotá, durante los años noventa en la región se iba gestando un movimiento impresionante de reivindicación social, que ha girado en torno a los mandatos del artículo transitorio 55 de la Constitución, y de la Ley 70 de 1993 que lo desarrolla.
Compromisos pendientes
En este contexto y con estos antecedentes, en el 2014 y 2015, el presidente Santos convocó a los funcionarios clave del gobierno para crear un nuevo modelo institucional que trabajara en la región y se basara en la evidencia y lecciones aprendidas. Fue así como se crearon la Comisión Intersectorial para el Desarrollo Integra del Litoral Pacífico, el equipo Pacífico del Gobierno Nacional y la Gerencia para el Pacífico en Presidencia de la República.
De este proceso nació El Patrimonio Autónomo Fondo para la implementación del Plan Todos somos PAZcífico, con un aporte inicial de 400 millones dólares de créditos con el Banco Mundial y el BID.
Este esfuerzo, sumado a las condiciones habilitantes de la negociación y firma del Acuerdo del Teatro Colón, permitió responder a las movilizaciones sociales de Buenaventura que terminaron en la firma de acuerdos que a su vez abrieron paso a un cambio de la relación entre el gobierno nacional y el Pueblo de Buenaventura. No cabe duda de que las condiciones de seguridad del momento y la apertura democrática producto del acuerdo de paz fueron elementos catalíticos.
La gran mayoría de las víctimas de esta ola de violencia han sido jóvenes entre los 17 y 30 años
El Acuerdo por la Vida y la Dignidad en el Territorio, firmado con el Pueblo de Buenaventura en 2017, incluyó las iniciativas propuestas por la comunidad y dos herramientas de ejecución, el Plan Especial para el Desarrollo de Buenaventura y el Patrimonio Autónomo para el Desarrollo de Buenaventura (FONBUENAVENTURA).
Infortunadamente, estos avances se han encontrado con varios obstáculos:
-El primero, el deterioro de las condiciones de seguridad en el país, con un impacto desproporcionado sobre la población de Buenaventura y del Litoral Pacífico.
– El segundo, la cultura institucional (en el Gobierno Nacional) de no cumplimiento de los acuerdos en general y en particular de los realizados con las comunidades, minando así la poca confianza que se hubiera construido.
-El tercero, la insuficiencia o falta de apropiación y transferencia de los recursos por parte del Ministerio de Hacienda,
-El cuarto, la eliminación del arreglo institucional de alto nivel en Presidencia de la Republica y en el Gobierno Nacional dedicado de manera prioritaria a los asuntos de Buenaventura y el Pacífico, el cual permitía un dialogo ordenado, fluido y sistemático.
El diseño institucional y las iniciativas producto de los acuerdos no se han puesto en marcha, lo cual causa frustración y erosiona la confianza de la ciudadanía. Superar estos obstáculos es condición necesaria, aunque no suficiente, para crear el ambiente propicio para cumplir la hoja de ruta que desde el 2017 se acordó con el Pueblo de Buenaventura.
Sin duda el tema en este municipio y el Litoral Pacífico no está nada fácil. Se necesitan liderazgo sostenido desde lo más alto del Estado, un sentido de urgencia y el apoyo de toda la ciudadanía.
Por último, cabe señalar que el éxito de esta coyuntura dependerá, en gran medida, de una premisa sencilla de la democracia, y es que los acuerdos, sean grandes o pequeños que hace el Estado con el pueblo y sus comunidades, son para cumplirlos.
