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Cauca: guerra por la tierra y guerra contra las drogas

Escrito por Fernando Guerra
Incautación de Marihuana

Incautación de Marihuana

Fernando GuerraEn el Cauca aún no se respira paz. ¿Qué hacer con la pobreza, la pelea por la tierra y los cultivos de hoja de coca y marihuana?

Fernando Guerra*

Un problema histórico

Como se afirmó recientemente en Razón Pública, la paz no ha llegado aún al departamento del Cauca. La concentración de la tierra, la guerra contra las drogas, el conflicto armado y la ausencia del Estado siguen influyendo en la cotidianidad de los caucanos.

Pero el problema no viene “de ahora”. En el siglo XIX, el Estado Soberano del Cauca era la región administrativa más extensa de Colombia y abarcaba el territorio que hoy conforman los departamentos de Amazonas, Caquetá, Guainía, Vaupés, Putumayo, Nariño, Cauca, Valle, Chocó, Quindío, Risaralda, parte de Caldas, la región del Urabá antioqueño y terrenos que hoy pertenecen a Venezuela, Perú, Brasil y Ecuador.

Gran parte del territorio del departamento no tiene vocación productiva.

Desde entonces, las élites veían al Cauca como una tierra baldía y como una carga. Hoy, gran parte del territorio del departamento no tiene vocación productiva. Más de la mitad de sus suelos tiene limitaciones productivas y las zonas de vocación agrícola no tienen carreteras pavimentadas.

Violencia y concentración de la tierra

Indígenas de Silvia, Cauca.
Indígenas de Silvia, Cauca. 
Foto: Ministerio del Interior

Cauca es uno de los departamentos con más concentración de la tierra. Esto a pesar de que 84 resguardos indígenas tienen títulos colectivos sobre 519.850 hectáreas, es decir, el 17.7 por ciento del departamento.

Por su parte, las comunidades negras tienen 17 títulos colectivos sobre 574.615 hectáreas: el 19.6 por ciento del área total, lo que hace que el 37.3 por ciento del territorio caucano sea de propiedad colectiva. A pesar de lo anterior, los indígenas y las comunidades negras afirman que esas tierras no tienen vocación productiva.

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Macizo colombiano. Fuente: Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC)

Veintitrés de los cuarenta y dos municipios que integran el departamento del Cauca son Zonas Más Afectadas por el Conflicto Armado (ZOMAC).

Los habitantes originarios se sienten desplazados de lo que consideran sus tierras ancestrales, que consideran les fueron arrebatadas durante el proceso de colonización y poblamiento del territorio.

Durante los años setenta y ochenta, una gran cantidad de invasiones de haciendas en el valle del río Cauca, al nororiente de Popayán, aceleraron la venta de tierras a narcotraficantes. Ese cambio de adversarios sociales aumentó la intensidad de la violencia contra los indígenas, con masacres como la de El Nilo, en Caloto en 1991.

Por eso, los indígenas afirman que los grandes terratenientes les arrebataron la tierra a la fuerza y los relegaron a las montañas para apropiarse de los valles fecundos y alfombrarlos de cañaduzales y que, por lo tanto, los pueblos originarios tienen derecho a recuperar (pues no estarían invadiendo) sus antiguos resguardos.

Un vocero indígena le dijo a El Tiempo recientemente lo siguiente: “así siembren comida en lugar de caña lo volverán monocultivo no lo vamos a permitir. Es la liberación de la Madre Tierra. Lucharemos hasta que el sol se apague, así nos toque pagar con la vida”.

En el norte del Cauca, algunas comunidades campesinas afrodescendientes se vieron obligadas a vender sus propiedades a los ingenios azucareros, y pasaron a ser trabajadores asalariados como corteros. Perdieron sus propiedades y migraron hacia los poblados cercanos como Puerto Tejada, Corinto, o hacia las principales ciudades como Cali y Bogotá.

Pobreza y drogas

Municipio de El Tambo, Cauca
Municipio de El Tambo, Cauca
Foto: Alcaldía de El Tambo 

Ligada a la alta concentración de la tierra, la pobreza invade todo el departamento. La inmensa mayoría de sus habitantes, sin importar su ubicación o etnia, enfrentan una dura realidad de carencias básicas. Popayán y Puerto Tejada son los únicos municipios con un índice de Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) por debajo del 20 por ciento. En el anverso, en Argelia, Almaguer y Guapi el NBI es de más del 80 por ciento. En total, la mayoría de los municipios caucanos tienen un NBI de entre el 50 y el 80 por ciento

En el caso de Argelia, lo anterior se une a la pobreza, la violencia y la economía ilegal de la región. Por el municipio pasa el río San Juan de Micay, que constituye el eje fundamental de la región. El cañón por el que avanza el San Juan va desde la cordillera Occidental hasta las costas del Pacífico: un corredor estratégico del narcotráfico. El cañón del río San Juan es una vía de conexión entre los departamentos del Valle, Cauca y Nariño. Del cultivo de hoja de coca se sostiene el 90 por ciento de la economía de ese municipio.

A solo 33 kilómetros de Popayán, El Tambo está en el listado de los diez municipios colombianos con más área de coca sembrada. En el Cauca se produce más del 50 por ciento de la marihuana del país. Toribío produce el 21 por ciento, Caloto el 9 por ciento, Santander de Quilichao el 8 por ciento, Miranda el 3 por ciento y un 22 por ciento se produce en los alrededores de Popayán, según el Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos (SIMCI). Muchas de estas siembras están en áreas de resguardos indígenas.

¿Qué sigue?

Como en muchas regiones cocaleras del país, la violencia ha vuelto aparecer en Cauca en los últimos meses. En mayo, las disidencias de las FARC asesinaron a una ciudadana argentina que vivía desde hace años en Cali y que promocionaba entre ciudadanos extranjeros un tour de cannabis en Corinto.

Entre enero y julio, han sido asesinadas once personas en los corregimientos de El Plateado y Desiderio Zapata del municipio de Argelia, la mayoría relacionadas con el negocio del narcotráfico. Además, la población civil de la región ha sufrido constantes amenazas.

Entre el lunes seis y el martes siete de agosto, víspera de la posesión de Iván Duque, como nuevo presidente de los colombianos, las fortalecidas disidencias de las FARC interrumpieron la paz que durante cuatro años se vivía en el norte del Cauca al atentar contra puestos de policías y entidades oficiales en Corinto, Santander de Quilichao, Padilla y Guachené. Algunos policías resultaron muertos y una veintena de civiles quedaron heridos.

Los indígenas afirman que los grandes terratenientes les arrebataron la tierra a la fuerza.

Para el pacífico colombiano, del que hace parte el departamento del Cauca, es necesaria la consolidación del Acuerdo de paz con las FARC, que llama a solucionar dos grandes problemas nacionales: (1) el problema de la tierra y (2) el problema de las drogas ilícitas ligadas a la condición de pobreza de todo el departamento.

Desarrollar cabalmente los puntos uno y cuatro del Acuerdo le introduciría a la sociedad y a la economía colombiana elementos de modernidad e inclusión y le permitirían al Cauca, como dice su Plan de Desarrollo, constituirse verdaderamente en un territorio de paz.

Lamentablemente, las perspectivas con el nuevo gobierno no son buenas: la austeridad económica que pregona no es compatible con un buen desarrollo del acuerdo. Reducir en un 24 por ciento los recursos para el sector rural para 2019 y en un 62 por ciento los dineros de la Agencia Nacional de Tierras es peligroso, por decir lo menos.

En la práctica, darle una solución militar a problemas estructurales del campo colombiano, incluido el problema de las drogas, es propiciar la continuación de la guerra. Es decir, volver trizas el Acuerdo de Paz.

*Economista, magíster en Estudios Políticos y Económicos de la Universidad del Norte, profesor universitario y autor de varios libros, entre ellos, La geopolítica del petróleo y el cambio climático, Universidad de Antioquia, 2010.

 

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