Cambio climático e infraestructura deficiente

Se celebra el quinto aniversario del Acuerdo de París sobre el cambio climático; Colombia asume la presidencia de la Alianza del Pacifico.
Mientras tanto, hubo que cerrar el recién reinaugurado túnel de La Línea por dos meses o más: una montaña se le vino encima, con lo que se inutilizó la desvencijada carretera que articula la producción colombiana. Esta se reparte irracionalmente entre lo alto de las montañas andinas y el abandonado puerto de Buenaventura, ubicado en el Pacífico colombiano.
Este hecho pone de presente dos realidades incontestables:

• el enorme atraso del país en términos de infraestructura;
• la ausencia de una política seria ante las preocupaciones del mundo sobre el cambio climático.

El túnel de La Línea

La dirigencia nacional ha sido inmensamente inferior al reto de equipar al país con una infraestructura moderna y eficiente. Colombia está en un área del planeta dotada de una diversa, rica y difícil geografía, con tres cordilleras, que le impone serias restricciones a su desarrollo. Superar estas dificultades es nuestra responsabilidad.

El país sigue desconectado entre los centros productivos y los puertos, en términos de lo que exige la competitividad internacional. No tenemos una infraestructura acorde con las posibilidades que permiten los altísimos niveles de la ingeniería actual, que resuelve los pasos más difíciles por mar o por tierra con puentes que parecen imposibles, con túneles extraordinarios y extensos, que se hacen como con magia. Se desata el conjuro y aparece la obra —por ejemplo, China—.

El túnel de La Línea hace parte de la doble calzada Bogotá-Buenaventura. Hace poco lo reinauguró un presidente que, irresponsablemente, puso una placa con su nombre en la piel de la montaña. Funciona en apenas una dirección. Y, desde que se concibió, se ha demorado un siglo en construirse.

Se trata de una obra que hay que cerrar cada vez que cae una gota, porque las montañas se derriten sobre la carretera que las contiene. Este absurdo ocurre porque no hemos hecho lo que el mundo moderno resolvió hace tiempo: donde hay una montaña, hay un túnel; donde hay un río, hay un puente.

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El peligro de las malas carreteras

Bogotá y Medellín —los centros urbanos, industriales y comerciales más importantes— están unidos por una carretera que, con todos los inviernos, le aporta muertos a esta estela de sangre que vive la sociedad colombiana. Cuando se escribió este artículo, se le vino el mundo encima a la llamada autopista Medellín- Bogotá, cerca del municipio antioqueño de San Luis; el alud enterró a dos colombianos que osaron transitar tan peligroso carreteable.

Un derrumbe inutilizó la carretera que conduce de Medellín a los puertos colombianos del Caribe, cerca de Puerto Valdivia, en la madrugada del pasado 23 de noviembre; cegó la vida de siete colombianos, y se desconoce la suerte de otras 20 personas que se encontraban en el lugar del derrumbe.

La carretera sigue la montaña como si fuese un camino de herradura.

En la Ruta del Sol siguen los escándalos de Odebrecht; en grandes tramos ni siquiera hay actividad. Esa vía lleva más de treinta años construyéndose, y todavía no se avizora su conclusión. Su destino se define más en los tribunales que en la sapiencia ingenieril.

Por otra parte, Buenaventura sigue sin una doble calzada que conduzca eficientemente las mercaderías a su puerto, pues las obras llevan más de un año suspendidas; tampoco tiene tren.

Vías terciarias y abandono estatal

La Orinoquía —esa promisoria región— seguirá desconectada esperando que el gota a gota de las políticas de austeridad la conecte con el Pacífico y con la región más dinámica de la economía mundial; quizá, esto ocurra en un siglo.

Pasa igual con las vías terciarias, contenidas en los planes de desarrollo con enfoque territorial: se ha invertido menos del 2 % de lo que debería invertirse. De otro modo, se podría construir la paz y conectar con los mercados a esas diezmadas economías campesinas.

Así lo reconoce “Vías terciarias, las grandes olvidadas”, editorial del 18 de febrero de 2019 del diario La República: “Si las llamadas 4G están frenadas por cierres financieros y problemas de corrupción, al igual que muchas departamentales por oposición a sus fórmulas de financiamiento, las terciarias o veredales son presas del olvido ya ancestral. Nadie responde por casi 142.284 kilómetros de estas carreteras que tienen la función de llevar desarrollo a más de 1050 municipios de Colombia”.

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Cambio climático e ineptitud gubernamental

Los problemas del túnel de La Línea y las dificultades de nuestra ineficiente red vial se relacionan con la escasa importancia que los distintos gobiernos le han dado a la adaptación al cambio climático. A pesar de los discursos, cada invierno es y será una tragedia para las distintas regiones. Esta vez, la Colombia insular sufrió el paso del huracán Iota, del cual fueron advertidas las autoridades nacionales; pero le prestaron poca atención.

Ante la falta de políticas serias de adaptación y de mitigación del cambio climático, el invierno y las inundaciones destruyen vidas y enseres, con lo que agravan las condiciones de pobreza de las gentes en ciudades y pueblos. Esto ocurrió en San Andrés y Providencia, en Cartagena y en todo el Caribe colombiano, en Antioquia, en Chocó, donde las inundaciones han dejado más de 40.000 damnificados: en total, 25 departamentos y más de 250 municipios.

A cinco años del Acuerdo de París, no pueden tomarse en serio los compromisos del Gobierno colombiano ante la comunidad internacional:

• Se compromete a reducir en un 51 %, desde ahora hasta el 2030, las emisiones de gases con efecto invernadero; por otro lado, se mantiene aferrado a la locomotora minero-energética —que destruye y amenaza los páramos, las fuentes de agua y la vida misma—, como fórmula para recuperar la economía tras la pandemia de COVID-19.
• Parecemos empeñados en destruir las fuentes de agua —que comienza a cotizarse en Wall Street como un activo de los más preciados—.
• Las muertes a raíz de actividades mineras son una cruda realidad: están en los niveles más altos en diez años; en 2020 van 110 muertos en extracción de carbón.

Se piensa en rehabilitar el sistema férreo, pero las absurdas políticas de los distintos gobiernos han destruido esta posibilidad. Fundamentalmente, solo se ha planteado en función de las actividades extractivas. Es difícil que se logre algún día: desde 2010, los niveles de inversión promedio no llegan al 1,8 % del PIB en esta infraestructura vital para una economía sostenible.

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Una economía consecuente con el cambio climático

Si se sigue pensando que solo el fracking puede salvar del naufragio a la economía nacional, si se continúa con la demencial carrera de asperjar con veneno las áreas de los llamados cultivos ilícitos, si las tasas de deforestación continúan acelerándose en lugares clave para la sostenibilidad ambiental del planeta —como la Amazonía—, si seguimos deforestando las orillas de nuestras cuencas para abrirles paso a ganaderías extensivas y altamente contaminantes…, ¿qué sucederá?

Las tribulaciones de cada invierno no cesaran en las vías mientras el país no le dedique esfuerzos serios, continuados, sin corrupción, a dotarse de una infraestructura sólida y moderna que conecte las regiones con los principales centros urbanos y con sus mercados cercanos.

Los esfuerzos actuales son insuficientes y lentos. Sobre todo, es necesario impulsar un cambio en la matriz energética que la aleje de la dependencia de los combustibles fósiles y que nos convirtamos en una sociedad empática e incluyente, en carrera hacia la modernidad y hacia el cuidado de la naturaleza.